En casi 10 años, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) nunca auditó a las 3,311 personas acogidas a la Ley 22, a pesar de que tenía la obligación de hacerlo desde el 2015, según el estatuto.
La agencia no verificó los informes anuales que cada beneficiario debe rendir cada año, su única herramienta de fiscalización. Esta semana, el DDEC envió por primera vez 1,086 notificaciones de incumplimiento a beneficiarios de Ley 22 por no entregar estos informes, reconoció la agencia al Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
Una muestra al azar de 304 beneficiarios de este incentivo, un 10% de los 3,040 decretos otorgados desde que empezó en el 2012 hasta junio de 2020, refleja que la mayoría apenas crean empleos y representan un impacto mínimo en la economía local.
Entre los negocios que sí han creado se repiten las pequeñas compañías de asesoría financiera, manejo de inversiones o bienes raíces, domiciliadas en casas y apartamentos, revela la investigación del CPI. De las casi 400 empresas identificadas en la muestra, un 27% fueron canceladas o disueltas al poco tiempo de haber sido creadas. Y hay 115 beneficiarios, o un 37%, que no tienen ningún negocio registrado bajo su nombre en el Departamento de Estado.
Además, se identificó que al menos 91 “inversionistas residentes” de la muestra tienen familiares que también obtuvieron decretos de Ley 22 a título personal solo por estar emparentados con el inversionista principal, sin que el Gobierno conociera en qué invierten, si en algo. Hay personas retiradas y empleados de compañías de tecnología, bienes raíces, financieras, startups y bufetes que se mudan a la Isla para trabajar remoto, sin realizar mayores inversiones o ningún negocio aquí.
