Tras recibir un voluminoso expediente de 117 páginas los fiscales especiales independientes Leticia Pabón y Miguel Colón determinaron referir a la Oficina de Etica Gubernamental (OEG) a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, al exsecretario de la Gobernación, Antonio L. Pabón Batlle, a la exsecretaria interina de Justicia, Wandymar Burgos Vargas, a la exdirectora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de ha Familia (ADSEF), Surima Quiñones Suárez, y a la exsceretaria del Departamento de ha Familia, Glorimar Andújar Matos.

La investigación reveló además que la exsecretaria del Departamento de la Familia —a quien, de forma fulminante, se le obligó a renunciar, lo cual fue una de las bases para la investigación preliminar realizada por ci Departamento de Justicia—, también enfrentará un referido a la OEG, informó el Panel del FEI.

El referido de Andújar Matos no está relacionado con su queja ante Justicia, sino con una serie de situaciones que surgieron como parte de la prueba recopilada en cuanto a estos hechos, de los cuales se obtuvo prueba en el curso de la pesquisa.

A la luz de la prueba recopilada, a dichos exfuncionarios se les atribuyen actuaciones que, sin duda, pueden ser constitutivas de violaciones a la Ley 1-20 12, (Ley Habilitadora de la OEG) establece la Resolución del Panel.

“En síntesis, los FEI manejaron tres investigaciones entrelazadas: (1) los hechos denunciados por la exsecretaria de la Familia, Glorimar Andújar Matos, sobre la acción en su contra, tras remover de su puesto a Quiñones Suárez; (2) todos los hechos relacionados con la fallida entrega de este caso al PFEI con la violación de la confidencialidad del informe; (3) un conflicto de intereses de Burgos Vargas del que se advino en conocimiento por documentos recibidos tras una acción judicial en el Tribunal Federal de San Juan.

Sobre el despido de Andújar Matos, los FEI encontraron resistencia en la exsecretaria para sostener lo declarado bajo juramento ante el Departamento de Justicia.

“Su testimonio distó mucho de la contundencia expresada anteriormente y no pudo aportar prueba que sustentara la misma”, informó el Panel en su Resolución.

Se hace el referido a la OEG deVázquez Garced, Pabón Bathe, Quinones Suárez y Andújar Matos, por considerar que la prueba recopilada durante la investigación a fondo contiene actuaciones constitutivas de violaciones a la Ley 1-20 12.

En la ampliación de la investigación contra Burgos Vargas, también se hizo un referido a la OEG, por su intervención al aprobar facturas de labores realizadas por su hermano, bajo contrato en el Departamento de Justicia, según consta en documentos de una demanda ante el Tribunal de Distrito Federal que fueron obtenidos en el transcurso investigativo.

De otra parte, entre los investigados figuró la exsenadora Evelyn Vázquez Nieves por alegaciones de beneficio politico, tras su participaciôn en la distribución de alimentos de ADSEF. De la prueba obtenida no surgió que, a los politicos presentes en la actividad se les hubiera permitido repartir los alimentos de ADSEF. Tampoco surgió pérdida de alimentos o que se hayan beneficiado a unas personas más que a otras por consideraciones polltico partidistas.

La conducta señalada a la exsenadora, entre otras, el dar instrucciones a empleados de ADSEF, y contradecir órdenes dadas previamente por los supervisores de dichos empleados, podría ser constitutiva de infracciones éticas.

Sin embargo, “las infracciones de carácter ético de los legisladores son de la jurisdicción de los cuerpos legislativos”.

En vista de que la exsenadora no resultó electa, es inoficioso referirla a la Comisión de Ética del Senado porque carecen de jurisdicción sobre ésta”, se establece en la Resolución del Panel.

Finalmente, el Panel dijo que del resultado de la investigación, no surge prueba que los lleve a proceder contra José A. Galarza Vargas ni Maria Teresa Zayas Gierbolini, ambos empleados de ADSEF, por lo cual se dispuso el archivo del caso contra estos.

El juez federal Gustavo Gelpí será ascendido a juez del Primer Circuito de Apelaciones de Boston en los próximos días, según adelantaron tres fuentes por separado con conocimiento en el tema.

Esta designación dejaría abierta una vacante en el Tribunal Federal Distrito de Puerto Rico a la que se suma la vacante de la juez Carmen Consuelo Vargas de Cerezo.

Entre los nombres que son mencionados para ocupar las vacantes en el Tribunal Federal Distrito de Puerto Rico está el de la jueza del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Gina Méndez Miró y el ex presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico, Roberto Prats.

Sin embargo, ambos letrados dijeron a este portal de noticias que no han hecho gestión, ni han recibido acercamiento alguno sobre el particular.

Méndez Miró tiene un Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, una Maestría en Lenguas Romances y Literatura de la Universidad de Princeton, fue jefa de personal de la Oficina del entonces Presidente del Senado, Eduardo Bhatia y exasesora principal y exdirectora de la Oficina de Asuntos Legales de OAT.

Mientras, Prats estudió en Cornell University, donde obtuvo un Bachillerato en Gerencia Política y completó su Juris Doctor en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

Entre los juristas evaluados para ocupar la vacante que dejó la muerte del juez Juan R. Torruellas en el Circuito de Apelaciones de Boston estuvo la presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz, pero las fuentes aseguran que fue descartada.

“Maite Oronoz nunca corrió con apoyo local, pero tampoco lo buscó”, aseguró una fuente que sostuvo que Gelpí logró cartas de recomendación de los tres exgobernadores populares Sila Calderón, Alejandro García Padilla y Aníbal Acevedo Vilá.