Unos 20,000 ciudadanos tendrán que devolver los $1,200 de estímulo federal que cobraron doble. Estas personas fueron las que solicitaron el incentivo mediante el portal del Servicio de Rentas Internas (IRS) y posteriormente recibieron otro desembolso por parte del Departamento de Hacienda. Aquellas personas que no lo hagan se exponen a pagar intereses y penalidades del IRS.
Fuente: Primera Hora
Un proyecto de la Cámara presentado por el representante, Joel Franqui Atiles, propone que a partir de julio de 2021 el salario mínimo en la Isla sea de $8.50. De ser aprobada la medida beneficiaría a más de 300,000 empleados. En caso de que se el aumento de $15 de salario mínimo federal tenga luz verde, este pasaría a ser el salario que prevalecería en Puerto Rico.
Fuente: El Vocero
El gobernador, Pedro Pierliusi, todavía se encuentra evaluando posibles candidatos para llenar las vacantes disponibles en la Oficina del Contralor y el Tribunal Supremo. Según fuentes de El Nuevo Día, el nombre del excontralor electoral y exsecretario del Senado Manuel Torres suena como una de las opciones que Pierluisi tiene ante su consideración para Contralor de Puerto Rico. Se alega que el primer mandatario considera al juez superior de Bayamón, Eduardo Rebollo Casalduc, y el de la jueza del Tribunal de Apelaciones Ivelisse Domínguez.
Fuente: El Nuevo Día
La hermana del Gobernador, Caridad Pierluisi, no tendrá que someter informes financieros en su nombramiento como jefa de la Oficina del Gobernador. Aunque Pierluisi no recibirá salario, fue clasificada por la Oficina de Ética Gubernamental como “servidora pública” ”sujeta a todas las obligaciones de la ley y a la jurisdicción de la Oficina. La abogada que trabajó la autorización por parte de Ética Gubernamental ahora trabaja en La Fortaleza.
Fuente: Noticel
El gobernador, Pedro Pierluisi, le solicitará a la secretaria del Departamento de la Familia, Carmen Ana González, que solicite un permiso para que beneficiarios del PAN puedan utilizar los fondos del programa en restaurantes. En el pasado, específicamente bajo el gobierno de Luis Fortuño, este programa fue aplicado en la Isla.
Fuente: El Vocero
De $20,000 mensuales será el presupuesto de aquellos representantes que presidan comisiones en la Cámara. Mientras, se informó que legisladores de minoría tendrán una asignación de $13,000 mensuales. Se espera que ahora el proceso de contratación en este cuerpo legislativo tome fuerza ya que se conoce los fondos con los que cada oficina cuenta.
Fuente: El Nuevo Día
A partir del 29 de enero reiniciarán los Mercados Familiares en la Isla. Se espera que de enero a marzo, 29 municipios lleven a cabo la actividad que promueve la compra de productos locales con fondos del PAN. Los mercados operarán de 7:30 de la mañana a 2:00 de la tarde.
Fuente: Metro PR
Luego que un proceso de reconciliación de los costos de combustible que realiza la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) cada tres meses dejara un aumento de 0.8 centavos en el costo kilovatio/hora, la secretaria de la Gobernación, Noelia García, dijo que la única alternativa para evitar futuros ajustes tarifarios es cumpliendo con los objetivos de uso de fuentes renovables.
La Ley de Política Pública Energética (Ley 17-2019) dispone que, tan pronto como en 2025, el país deberá producir al menos el 40 por ciento de su electricidad mediante fuentes de energía renovable, como el sol o el viento.
García reconoció que las metas establecidas son sumamente agresivas, considerando que, al momento de aprobarse el estatuto, las fuentes de energía renovable producían solo entre 2 y 4 por ciento de la electricidad.
Fuente: Metro
La senadora por acumulación del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, presentó una medida para que los patronos no puedan discriminar contra ex convictos.
La medida establece que un patrono podrá pedir un certificado de antecedentes penales a la hora de reclutar trabajadores sólo después de presentada una oferta laboral.
La senadora Rodríguez Veve explicó la medida incluye algunas excepciones como por ejemplo que un ofensor sexual no pueda trabajar como maestro o en tareas relacionadas con menores y mantener fuera del Gobierno a personas que hayan sido convictas por corrupción, entre otras.
La legisladora dijo que el proyecto de ley busca que las personas con antecedentes penales tengan la oportunidad de rehabilitarse y reinsertarse en el campo laboral y así impedir que terminen en la economía informal.
“Se busca más allá de añadir una categoría protegida un complemento normativo que viabiliza un propósito noble y beneficioso para la sociedad consignado en nuestra Constitución: la promoción de la rehabilitación social a través de la inclusión y la no discriminación”, sostuvo Rodríguez Veve.
Esta medida pasaría a la consideración de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales presidida por la senadora de Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassen.
La Oficina del Inspectora General de Puerto Rico (OIG), identificó deficiencias de controles y posibles irregularidades luego de un examen realizado en los cajeros de los terminales de lanchas de las islas de Vieques, Culebra y Municipio de Ceiba.
De acuerdo a un informe de la inspectora general, en el Terminal de Lanchas de Vieques, la caja fuerte se encontraba ubicada justo al lado de la puerta de entrada de la boletería y ambas puertas se encontraban abiertas y en el Terminal de Lanchas de Culebra, la caja fuerte estaba ubicada dentro del baño de la boletería y ambas puertas se encontraban abiertas.
Como parte del proceso de análisis, la OIG identificó al menos 11 situaciones relacionadas a la pérdida de fondos públicos en el terminal de lanchas de Vieques, que pudieron provocar pérdidas en fondos de casi $20,000.
La investigación se produjo ante el recibo de una queja por posible pérdida de fondos públicos y falta de controles adecuados.
Por su parte, la directora ejecutiva de ATM, Mara Pérez, dijo a este medio digital, en comunicación escrita, que su administración cooperó con la investigación de la OIG y tras los hallazgos se hicieron cambios en los terminales y se instalaron cámaras de seguridad.
Aunque la OIG no especificó el período en que ocurrieron las irregularidades, Pérez aseguró los incidentes se produjeron en 2018 bajo la administración del entonces director ejecutivo Luis Abreu.