El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia vetó hoy una medida que establecía un protocolo para el manejo de las escuelas públicas cerradas o, en proceso, de cerrarse, luego de que grupos comunitarios clamaran por su aprobación.
Esta mañana, el Centro para la Reconstrucción del Hábitat urgió al primer ejecutivo a firmar el Proyecto del Senado 274, que creaba un rango de prioridades públicas y comunitarias al destinar un nuevo uso a más de 500 escuelas cerradas en Puerto Rico.
En un parte de prensa, Pierluisi Urrutia indicó que mediante carta, a los presidentes legislativos que ya existía un procedimiento para la atención de los planteles en desuso a través del Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI), lo que quedó evidenciado con tres medidas que convirtió en ley hoy y que transfieren escuelas a los municipios de Isabela y Arecibo.
El primer ejecutivo sostuvo que la creación de la Comisión Multisectorial para el Manejo de las Escuelas Cerradas, además de representar duplicidad de esfuerzos y mayor burocracia en el trámite de los planteles escolares en desuso, tenía un impacto fiscal en los gastos del gobierno que no estaba contemplado en el Plan Fiscal ni en el Presupuesto del Año Fiscal 2023 para el Gobierno de Puerto Rico, pues la medida no identificaba recursos.
En esa línea, Pierluisi Urrutia expresó que es política pública de su administración agilizar los trámites ante el CEDBI y que ha dado instrucciones en esa dirección. De hecho, desde la creación del CEDBI y hasta octubre de 2022, se han aprobado 362 transacciones de arrendamientos o usufructos para planteles escolares en desuso a favor de entidades públicas y privadas. Además, el CEDBI ha autorizado 51 transacciones de compraventa para planteles escolares en desuso a favor de entidades públicas y privadas y actualmente tiene otras 51 transacciones de planteles escolares en proceso con entidades públicas y privadas.
Con respecto a la Resolución Conjunta del Senado 127, a través de la cual se ordenaba al DTOP transferir libre de costo, incluyendo cualquier deuda, la finca 6095 al municipio de Morovis, el gobernador comentó que la medida contiene errores técnicos y procesales que imposibilitan su firma más sin embargo indicó que por la vía administrativa comenzará, en cumplimiento con las leyes aplicables, el proceso para que las familias que residen en esos predios puedan recibir sus respectivos títulos de propiedad, sin el riesgo de que los problemas técnicos de esta medida pudieran afectar los propósitos de inscripción en el Registro de la Propiedad.
