El representante por acumulación por el Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Santiago, junto al presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, y los representantes Deborah Soto, Juan José Santiago y Ángel “Tito” Fourquet, radicó en el día de hoy dos proyectos para transformar las agencias encargadas de combatir la corrupción pública.
El primero de dos proyectos, procura transformar el sistema actual a través de una reingeniería de las agencias encargadas de velar por una sana administración pública. La segunda medida crea un nuevo y verdadero Código Anticorrupción, dijeron los representantes en un parte de prensa.
“Durante los pasados años hemos sido víctimas de cómo el servicio público se ha visto empañado por casos de corrupción en todas las esferas. Los ciudadanos no solo han perdido la confianza en estos funcionarios sino que también le han perdido la fe a los entes encargados de velar por el mas estricto cumplimiento de la leyes. El sistema anticorrupción actual, promueve unos esfuerzos obsoletos, aislados e ineficientes, construido sobre capas de burocracia que promueven la impunidad y que han perpertuado una política pública local de que el que le falla al pueblo, no paga por ello”, indicó Ferrer Santiago.
Datos recopilados de las propias agencias evidenciaron la duplicidad, la inefectividad y el gasto que representan estos entes que son los facultados de velar por el buen uso de los recursos públicos. Actualmente las cuatro oficinas representan un gasto aproximado de más de $180,000,000.00 en los últimos diez años.
El proyecto promueve una reingeniería de los esfuerzos gubernamentales que hoy están aislados en cuatro entes de Gobierno y deroga las leyes orgánicas de la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Panel del Fiscal Independiente, la Oficina del Inspector General y el Departamento de Justicia para crear Oficina de Anticorrupción e Integridad Pública (OAIP).
El propósito de esta medida es buscar menos burocracia, más eficiencia y más economías en la investigación, litigación y procesamiento de crímenes de corrupción y violaciones a la ética gubernamental; la facultad de pre intervención mediante auditorías periódicas sobre la operación gubernamental y prevenir conducta contraria al interés público, en una única entidad verdaderamente autónoma e independiente; establecer dicha oficina con plena autonomía administrativa, presupuestaria y operacional para liderar el procesamiento de delitos de alto perfil consumados por servidores y ex servidores públicos.
“Es momento de devolver la confianza al pueblo en sus instituciones y combatir la concepción actual de que no hay castigo. Es momento de reducir al máximo la burocracia, establecer mayor eficiencia y economía en la lucha contra la corrupción gubernamental”.
