Culminada la sesión legislativa surgieron alegaciones de que el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez supuestamente empujó una enmienda para beneficiar a los agrimensores y tasadores, industria con la que estaba relacionado antes de ser electo como representante.
Se trata del Artículo 86 del Proyecto 1367 que fue convertido ya la Ley 52 del 30 de junio de 2022 por el gobernador Pedro Pierluisi que dispone que toda transacción de compraventa, donación, cesión, permuta, traslado, segregación, agrupación se requiera una tasación de la propiedad realizada por un tasador licenciado y un plano de mensura que tendría que hacer un agrimensor.
Sin embargo, el líder cameral rechazó estas alegaciones, a preguntas de Cuarto Poder (WAPA-TV), y explicó que se incluyó la enmienda en el proyecto Omnibús debido a que hay un 5 por ciento de transacciones en efectivo de las cuáles no se incluye una tasación o estudio de título ni se divulga información.
De acuerdo a Hernández Montañez con esta enmienda se busca combatir la evasión contributiva e identificar el lavado de dinero.
Pero la presidenta de la Puerto Rico Association of Realtors, Ruby González levantó preocupación porque a su juicio “este nuevo requisito en las ventas en efectivo limita las mismas, porque no todas las ventas en efectivo son iguales”.
Indicó además que las ventas en subastas que hace los municipios, las ventas de propiedades reposeidas que hacen los bancos, las ventas judiciales que hace un tribunal son ventas en efectivo, o las ventas “shortsales” ahora con el nuevo estado de derecho se podrían afectar a tal grado que no se pudieran realizar hasta tanto se cumpla con este nuevo requisito, afectándose así el desarrollo económico en la industria de los bienes raíces.
