La jueza Alfrida M. Tomey Imbert encontró no causa para arresto contra el senador Albert Torres Berríos por cargos de soborno, represalia e interferencia con testigos.
Durante la vista de Regla 6 celebrada en la mañana de hoy, martes, en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, los fiscales especiales independientes (FEI) Zulma Fúsier Troche y Ramón Mendoza Rosario presentaron como prueba ocho declaraciones juradas, que incluyen una del secretario del Departamento de Agricultura, Ramón González Beiró, empleados y exempleados de la oficina de Torres Berríos y otros funcionarios del Senado. En esta etapa de los procedimientos, la ley exige solo un cintilo de evidencia para encontrar causa.
En julio de 2022, el Departamento de Justicia recomendó la designación de un FEl contra el senador por el distrito de Guayama luego de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (Dipac) concluyera que existe causa suficiente para creer que este incurrió en conducta delictiva al infringir varias leyes especiales y el Código Penal.
En agosto del mismo año, el presidente la Cámara Alta y del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau, relevó de la presidencia de la Comisión de Recreación y Deportes a Torres Berríos.
Esta trama comenzó en agosto de 2021, cuando una querella anónima presentada ante la Comisión de Ética del Senado alegaba que el novato legislador había elaborado un esquema de sobornos en su oficina que consistía en financiar gastos personales. En aquel momento, este negó las acusaciones y la Comisión determinó que no tenía jurisdicción sobre las mismas.
La investigación del Departamento de Justicia inició luego de que Alba M. González Rivera, una empleada de Agricultura que trabajaba en destaque en la oficina de Torres Berríos, declaró en octubre de 2021 que el senador popular utilizó recursos públicos y empleados para asuntos político-partidistas, solicitó dinero a sus empleados para atender asuntos personales y que, además, tomó represalias en su contra por haber presentado una querella de acoso laboral ante la Oficina de Recursos Humanos del Senado.
