El gusto por la escolta se pega.
El exjefe de la Compañía de Fomento Industrial, Antonio Medina, tiene un séquito de tres agentes de la Policía a su disposición sencillamente por ser miembro de la Junta de Control Fiscal (JCF) y residir en la isla. Punto.
No ha recibido amenazas, pero esa escolta que lo acompaña a todas partes le cuesta a los puertorriqueños y puertorriqueñas $17,452 mensuales. Este monto también excede los casi $62,000 que gastó en viajes a Estados Unidos cuando era jefe de PRIDCO bajo la administración de Alejandro García Padilla.
No acaba ahí.
Es más cara que la escolta de Natalie Jaresko, directora ejecutiva del ente fiscal, quien consume $14,268 mensuales en gastos de seguridad. Jaresko dejará el cargo el 1 de abril. Queda por verse si la persona que la sustituirá mantendrá la escolta y el chofer.
Por ambos contratos, la Junta paga al Negociado de la Policía $31,720 al mes por la seguridad de ambos funcionarios, una cifra que excede el salario anual de una maestra, un policía o un bombero. También saca de circulación a seis policías que podrían dedicarse a investigar o esclarecer delitos. Esa partida no contempla el exorbitante desembolso de “overtime”, que en los pasados años superó el medio millón solo en el pago de horas extras a los agentes que brindaban seguridad al pasado presidente de la Junta, José Carrión III, que vivía en San Juan.
Ni Medina, ni Jaresko han radicado querellas por amenazas ante la Policía, confirmó la portavoz de esa agencia, Damarisse Martínez.
Aunque Medina ocupó un cargo ejecutivo en la administración de García Padilla, su rostro no es ampliamente reconocido en el país, ni ha tenido un rol protagónico dentro de la Junta contrario a la figura de Jaresko. La exministra de finanzas de Ucrania se ha ganado la antipatía de muchos y muchas en Puerto Rico por impulsar las medidas de austeridad del ente fiscal en medio de la quiebra gubernamental y su imagen aparece con frecuencia en los pasquines de las protestas ciudadanas, que reclaman la salida de la Junta por su naturaleza colonial.
Hasta ahora la escolta de Medina había pasado inadvertida, pero hace unas semanas el exdirector de la Autoridad de Puertos, Anthony Maceira Zayas, colgó una foto suya caminando por un centro comercial de Guaynabo acompañado de un agente de la Policía vestido de civil.
Maceira Zayas tuvo escolta cuando dirigió Puertos y los datos del Negociado de la Policía indican que en el 2019 los agentes que le ofrecían seguridad cobraron $2,007 en “overtime”.
¿POR QUÉ LA DIFERENCIA?
Ante preguntas sobre la seguridad de los miembros de la Junta, la portavoz de prensa del ente fiscal explicó a Cuarto Poder que todos sus integrantes tienen escolta cuando visitan Puerto Rico, pero que Medina y Jaresko cuentan con escolta para su devenir diario porque viven en Puerto Rico.
“La Junta paga esos servicios de su propio presupuesto. La Junta de Supervisión no comenta sobre ningún asunto relacionado con la seguridad”, indicó Sylvette Santiago Luciano en declaraciones escritas.
El presupuesto de la Junta sale de las arcas del gobierno de Puerto Rico.
En el caso de Jaresko, su seguridad inicialmente recaía sobre la empresa privada ESC Security Division. La Junta canceló este contrato y en noviembre pasado firmó un contrato con el Negociado de la Policía para el dispositivo de seguridad de la funcionaria, que cuenta con tres agentes que rotan horarios.
Pero hasta ahí.
La Junta no entró en los detalles de las dos contrataciones con el Negociado de la Policía, ni en la diferencia en las cuantías entre los contratos de seguridad de Medina y de Jaresko. En el pasado, la Policía ha explicado que el salario de cada agente que sirve de escolta toma en cuanto su rango.
El contrato que aparece en la página web de la JCF identificado con las siglas del nombre de Medina estipula un pago mensual por los tres agentes de $17,452 para un monto anual de $209,430. Este contrato tiene una vigencia del 2 de julio de 2021 al 31 de mayo de 2022. Menciona los tres nombres de los agentes. No ofrece rango.
El segundo contrato, que corresponde a la seguridad de Jaresko, establece un pago mensual de $14,268 para un total anual de $114,147. Tiene una vigencia del 3 de noviembre de 2021 al 30 de junio de 2022. Identifica los nombres de los agentes, pero no detalla su rango.
Según ambos contratos, firmados por Jaresko, cada agente trabajará 8 horas diarias, pero podría cobrar hasta “un máximo de 60 horas de trabajo mensuales adicionales a la jornada de trabajo por cada agente”.
Pese a la proliferación de escoltas en el país, en otros lugares no es así. Los estados de New Jersey y Pennsylvania, cuyo presupuesto triplica el presupuesto isleño, conceden escoltas a sus exgobernadores solo los primeros seis meses tras abandonar el cargo. Texas despide a sus exgobernadores con un plan médico y un modesto estipendio. Nada de guardaespaldas o escoltas.
No hay que ir tan lejos.
En Puerto Rico, los jueces federales, los jueces superiores y los fiscales, que procesan criminales peligrosos, guían sus propios vehículos y caminan sin escoltas.
COSTO DE LAS ESCOLTAS
Los puertorriqueños y puertorriqueñas ya han pagado miles de dólares en el “overtime” de las escoltas para los miembros de la Junta que residen en la isla y los funcionarios públicos del gobierno de Puerto Rico.
El pasado presidente de la Junta, José Carrión gastó $565,467 en “overtime” del 2017 al 2020, según datos que ofreció el Negociado de la Policía en octubre pasado como parte de una primera investigación de Cuarto Poder (WAPA-TV) sobre la jauja de las escoltas. Carrión había recibido amenazas, según la Policía, y en varias ocasiones fue increpado por personas que rechazaban las medidas de ente fiscal y su imposición sobre el gobierno electo de Puerto Rico.
Christian Sobrino Vega, el representante ante la Junta del entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares también gastó $182,933 del 2017 al 2019.
Además, el año pasado, los datos preliminares que ofreció la Policía, indicaban que en tiempo extra se pagaron $69,471 en horas extras de las escoltas del ente fiscal.
Del 2016 al 2021, el gobierno pagó casi $10 millones en horas extras a los agentes de la Policía que trabajan como escoltas de exgobernadores, funcionarios electos y servidores públicos. Esa cifra no toma en cuenta el pago de gasolina y mantenimiento de las flotas, ni el salario de estos agentes.
GOBERNADOR DEFIENDE LAS ESCOLTAS
A pesar del rechazo generalizado a las escoltas por el costo que suponen para un país quebrado, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia descartó convertir en Ley una medida que hubiera eliminado ese privilegio que gozan el exgobernador Rosselló Nevares y la exgobernadora Wanda Vázquez Garced. La medida vetada prohibía asignar escoltas a gobernantes que no hubieran cumplido un término de cuatro años.
“Yo veté es proyecto porque eso de tú venir a decir no puedes dar seguridad y protección al exgobernador Rosselló, a la exgobernadora Wanda Vázquez no me parece correcto porque puede haber una situación de seguridad y protección”, respondió el gobernador ante preguntas de Jay Fonseca en el programa Cuarto Poder.
“Yo entiendo que el gasto no es tan significativo como el que tú indicas”, agregó.
Hace meses que este medio solicitó al Negociado de la Policía información detallada sobre los salarios y los otros gastos en que incurren los agentes que sirven de escoltas para estimar el cálculo real del presupuesto que se destina a este privilegio, pero la agencia ha ofrecido a este medio información fragmentada que dificulta la tarea de realizar el cálculo.
Mira el reportaje aquí: ¿Quiénes tienen derecho a escoltas por ley?
