El pasado 3 de noviembre, el juez superior y designado a presidir la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jorge Rafael Rivera Rueda, votó en un precinto en Cidra a pesar de que reside en el municipio de Caguas.
La información sobre el sufragio de Rivera Rueda en las elecciones generales afloró durante las entrevistas que realizaron los comisionados electorales a la terna de candidatos sometida para evaluación por el gobernador y presidente del Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi Urrutia.
“Se entrevistaron a los tres candidatos que el Partido Nuevo Progresista trajo. De esas conversaciones y preguntas, surge la inquietud de que el juez, el mismo admite, de que no votó donde tenía que votar. Que votó en otro municipio distinto a donde residía”, afirmó la Lillian Aponte Dones, comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).
“Tengo entendido que reside en Caguas y votó en Cidra… Tenía vínculos familiares en Cidra y nunca hizo la transferencia”, agregó.
Esta infracción al Código Electoral vigente, a juicio de Aponte Dones, incapacita al juez de Ponce para ocupar el puesto del regente del ente electoral. Rivera Rueda ocupó el puesto de asesor legislativo del entonces presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y también laboró en la división legal de la Oficina del Contralor Electoral.
“Cuando estamos hablando de la persona que va a dirigir la Comisión, estos factores juegan un peso mayor y más con alguien que se supone tenga ese conocimiento electoral, que tenía que saber que debió hacer ese cambio de dirección”, apuntaló.
“Esto es un elemento básico de honestidad”, agregó
Aponte Dones indicó que después de la entrevista con los comisionados electorales, el juez Rivera Rueda realizó el trámite para que el lugar de votación y de residencia coincidan.
Pero no se trata solo de esta situación.
Desde que inició el proceso para escoger a los sustitutos del actual presidente Francisco Rosado Colomer y la presidenta alterna Jessika Padilla Rivera, el MVC denunció falta de transparencia en la selección. Los términos de Rosado Colomer y Padilla Rivera expiraron el 30 de junio.
Hoy, la comisionada electoral del MVC objetó que Pierluisi Urrutia enviara para la consideración del Senado y de la Cámara de Representantes el nombramiento del juez municipal de San Juan, Edgar Figueroa Vázquez, para el cargo de presidente alterno, un nombramiento no pasó por el crisol de los comisionados electorales.
“La primera vez que yo escuché ese nombre fue ayer (martes). Nosotros ni lo evaluamos. ¿De dónde salió? Tenían ese nombre y no lo quisieron dar. Fue algo a última hora. No sabemos”, indicó
Más allá de someter un candidato desconocido, Aponte Dones censuró que se solo se presentaran candidatos varones y de ideología estadista puesto que el pueblo en las pasadas elecciones envió un mensaje de pluralidad de voces.
“Estas personas deben ser representantes de todos y todas. Entonces la única característica no puede ser que sea afiliando al penepé. Hay otras características”, indicó.
A tenor con el Código Electoral, Pierluisi Urrutia ayer envió ambos nombramientos para el consejo y consentimiento de la Asamblea Legislativa luego de que los comisionados electorales del MVC, Partido Independentista Puertorriqueño, Partido Popular Democrático (PPD) y Proyecto Dignidad no lograran consenso en torno a los candidatos y candidata evaluada.
La Cámara y el Senado, dominada por el PPD, tienen 15 días para confirmar a estos nombramientos. De lo contrario, la decisión recaerá sobre el Tribunal Supremo, que cuenta con una mayoría de jueces y juezas estadistas.
