Tribunal deja para el martes discusión sobre alegada violación de derechos constitucionales por vacunación obligatoria en escuelas

El juez Alfonso Martínez Piovanetti declaró no ha lugar la petición de entredicho provisional a los padres y madres que acudieron al Tribunal de San Juan alegando que se han violado sus derechos constitucionales y los de sus hijos, cuando el Estado exige la vacunación del estudiantado a pesar que la Administración Federal de Alimentos y Drogas (FDA, por sus siglas en inglés) solo emitió una Autorización de Uso de Emergencia para las vacunas contra COVID-19 en menores de 18 años.

El juez pautó para el próximo martes 3 de agosto de 2021 una vista de injunction preliminar y los demandantes deben indicar antes del lunes 2 de agosto de 2021 a las 4:00 p.m. su legitimación activa en este caso.

Además, la parte demandante debe notificar a los demandados hoy antes de las 5:00 p.m. la moción de injunction preliminar y debe emplazar al gobernador Pedro Pierluisi y al secretario de Salud, Carlos Mellado.

Ayer, la parte demandante acudió al tribunal “para revindicar sus derechos humanos, civiles y constitucionales, al ser objetos de discrimen, marginación y persecución por el Gobierno de Puerto Rico, por haber decidido no participar del experimento en curso que llevan las farmacéuticas con su asistencia”.

La demanda presentada por 126 familias padres de estudiantes agrega que “se está obligando el uso indiscriminado de estos productos de vacunas, sin habérseles otorgado una aprobación y licencia de mercado, distribución y sello “F.D.A Approved”.

“La Fase 3 del estudio actual en la población está proyectado a terminar a finales del año 2023, momento en el cual, el pleno del panel F.D.A. estará en condiciones para dirimir si aprobarlas oficialmente o retirarlas”, reza el documento judicial.

En la demanda de 62 páginas, llama la atención que el punto 119 se establece que una pareja de empresarios vecinos de Guaynabo tienen dos hijos menores de grado 10 y 12 que “ya firmaron el contrato y enviaron la aportación”.

El recurso judicial fue presentado por los licenciados Adrián O. Díaz Díaz, Cynthia Torres Torres y Atabey Lamela Gandía.

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