El Circuito de Apelaciones concluyó hoy que la Junta de Control Fiscal (JCF) tiene el poder para revisar y descartar leyes o medidas que van en contra del plan fiscal del gobierno, , que exige un estudio de impacto fiscal y económico antes de su aprobación.
De esta manera ratificó las determinaciones de la jueza Laura Taylor Swain que atiende la quiebra gubernamental y quien rechazó cuatro leyes, que el Ejecutivo y que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal buscaban revocar argumentando que el ente fiscal actuó de “forma arbitraria y caprichosa” al objetar estos estatutos.
La decisión llega a dos días de que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia firmara la reforma laboral, una pieza legislativa que la Junta advirtió era inconsistente con la ley federal Promesa y los planes fiscales certificados.
“El Congreso tuvo que tomar decisiones difíciles al redactar Promesa y responder a la crisis fiscal de Puerto Rico. Una de esas decisiones fue darle a la Junta la autoridad para revisar y bloquear la implementación de las leyes promulgadas por la legislatura de Puerto Rico “si “perjudican o anulan los propósitos de” Promesa. Reconocemos las objeciones del Estado Libre Asociado a esta estructura única. Pero esa es la estructura de gobierno que aplica aquí. La Junta no actuó “arbitraria y caprichosamente” al ejercer su autoridad bajo Promesa”, apuntaló el panel de jueces.
Con esta decisión, quedarán en veremos la Ley 82 del 2019, conocida como la Ley Reguladora de los Administradores de Beneficios y Servicios de Farmacia; la Ley 138 de 2019, que limita la capacidad de los planes médicos para excluir a proveedores de salud de sus redes preferidas de servicios; y la Ley 176 de 2019 que aumentó los días de licencia de enfermedad y de vacaciones de los empleados públicos.
También quedó en el aire la ley 47 de 2020 que enmendó el Código de Incentivos para incluyó a los profesionales médicos en el beneficio contributivo del 4%.
