Ya hay fila de jueces y juezas para retirarse antes del 15 de marzo

Once jueces y juezas notificaron que se jubilarán antes del 15 de marzo, fecha en que entra en vigor el Plan de Ajuste a la Deuda (PAD) que congela sus beneficios de retiro, indicó la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT).

Pero esa cifra de retirados podría exceder los 20 estimó Carlos Salgado Schwarz, presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura y juez del Tribunal de Apelaciones.

“Yo anticipo que hay un éxodo. Se podrían ir entre 20 y 25 en todos los niveles”, apuntó el juez.

Actualmente hay 356 jueces y juezas activos en el Poder Judicial.

La OAT no desglosó las jubilaciones, pero este medio -a través de un censo informal que realizó- encontró que al menos cuatro jueces y juezas que atienden salas superiores y salas de recursos especiales en San Juan dirán adiós en las próximas semanas. En el Tribunal de Carolina, otros tres o cuatro podrían colgar la toga y otros tres a nivel del Apelativo, que ya funciona con un déficit de siete jueces.  A finales del año pasado, se retiró el juez Héctor Vázquez Santisteban y en enero jublió la jueza Nereida Cortés González. Los nombres de ambos todavía aparecen en el lista de jueces del Apelativo en la web del Poder Judicial.

La salida de golpe de estos jueces y juezas con experiencia, indicó Salgado Schwarz, podría afectar las operaciones diarias en los tribunales del país y, de paso, robaría al sistema judicial de esa experiencia y modelaje, que guía a los togados de nuevo ingreso a la judicatura.

En entrevista con este portal de noticias, el presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura planteó que los jueces y juezas están tomando la decisión de retirarse con escasa información e incertidumbre sobre el impacto real de los cambios de beneficios de retiro contemplados en el PAD. Algo similar ocurrió a las maestras y maestros del sistema público que tras la aprobación del PAD abarrotaron las líneas de información del Sistema de Retiro para auscultar la posibilidad de jubilarse antes de la entrada en vigor del congelamiento del plan de beneficios definidos.

Ante la confusión generalizada, Salgado Schwarz emplazó a la jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez a organizar sesiones informativas para que los jueces y juezas puedan tomar la decisión y evaluar su situación en un contexto correcto.

“(Lo que ocurre) entiendo que -en parte-  es debido a la falta de información de parte de nuestro patrono”, afirmó el juez.

Luego de que la jueza federal Laura Taylor Swain aprobó el PAD, más de 5,500 educadores llegaron al Sistema de Retiro en Hato Rey para orientarse sobre los cambios en su retiro. Solo 11 jueces y juezas solicitaron una cita.

“Al final del día quien tiene que notificarnos a nosotros cómo nos afecta cada uno de los ítems en el Plan de Ajuste, es nuestro jefe. Todos los que están en la Rama Ejecutiva tienen técnicamente una gran división de Recursos Humanos. Nosotros aquí nuestro jefe es tribunales. Es la OAT y la jueza presidenta. La realidad es que el flujo de información no está llegando. Muchos jueces están tomando las decisiones asustados. Aquí tenemos una oficina de apoyo a jueces que se supone que haga esta gestión, pero la oficina de apoyo a jueces no está completamente documentada para el trámite que esto conlleva”, precisó Salgado Schwarz.

“Me encantaría que se hiciera un tour de parte del Poder (Judicial) para que orienten a los jueces en todos esos ítems que nos afectan porque vamos a tener muchos jueces que tienen menos de 45 años y quieren buscar las alternativas en otra profesión y van a hacerlo sin saber que en el término que les queda pueden acumular el seguro social suficiente para complementar lo que tenían acumulado antes en la judicatura y eso con el nuevo plan de retiro que provee la ley 106, te compensa el recorte”, agregó.

Los maestros y maestras, que tienen un salario menor y peores condiciones de trabajo, enfrentan el mismo dilema. Con el PAD, el plan de retiro de beneficios definidos queda congelado. A partir de ese momento, los educadores y togados comenzarán a cotizar para el seguro social y realizarán aportaciones a un plan similar a un 401K, que funciona con la inversión de las aportaciones que realizará cada empleado o empleada.

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