La exgobernadora Wanda Vázquez Garced participó en un esquema de sorborno para financiar su campaña electoral junto al banquero venezolano Julio Herrera Velutini, la presidenta de Bancrédito, Frances Díaz y el consultor político John Blakeman, de acuerdo a un pliego acusatorio presentado hoy por la Fiscalía Federal.
Vázquez Garced enfrenta siete cargos federales por supuestamente aceptar un soborno en febrero de 2020 exigir la renuncia del comisionado de Instituciones Financieras a cambio de nombrar el favorito de Herrera Velutini a cambio de un pago de más de $300,000 a consultores políticos para la campaña de la entonces primera ejecutiva.
Hoy se diligenciaron órdenes de arresto contra Herrera Velutini y Mark T. Rossini, exagente y supervisor del FBI; ambos están fuera de la jurisdicción federal y se encuentran en Reino Unido y España, respectivamente. Rossini fue convicto en el pasado por extraer información de la base de datos del FBI, confirmó el jefe de la Fiscalía Federal, W. Stephen Muldrow. Se informó que a la 1:00 p.m. estos acusados no habían sido detenidos.
Los acusados enfrentan dos cargos por conspiración, tres cargos por fraude a un programa federal, y dos cargos por fraude electrónico.
Muldrow aseguró que Vázquez Garced tenía total conocimiento de los sobornos cuando la Prensa le preguntó si la exmandataria podía estar ajena al esquema.
Vázquez Garced se expone a 20 años de prisión, indicó la Fiscalía Federal.
Según la acusación, a partir de 2019, el banco de Herrera Velutini fue objeto de un examen por parte de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) de Puerto Rico, una agencia reguladora que supervisa las instituciones financieras que operan en Puerto Rico.
A través de intermediarios, Herrera Velutini y Rossini supuestamente prometieron proporcionar fondos para apoyar la campaña electoral para gobernadora de 2020 de Vázquez Garced a cambio de que Vázquez Garced despidiera al Comisionado de la OCIF y nombrara un nuevo Comisionado a elección de Herrera Velutini.
La acusación formal alega que Vázquez Garced aceptó la oferta de un soborno y, en febrero de 2020, tomó medidas oficiales para exigir la renuncia del Comisionado de la OCIF y, en mayo de 2020, para nombrar a un nuevo Comisionado para la OCIF, un ex consultor del banco internacional propiedad de Herrera Velutini – quien había sido seleccionado personalmente por Herrera Velutini.
A cambio, Herrera Velutini y Rossini supuestamente pagaron más de $300,000 a consultores políticos en apoyo a la campaña de Vázquez Garced.
La acusación formal alega además que luego de la derrota en las elecciones primarias de Vázquez Garced en agosto de 2020, Herrera Velutini trató de sobornar a su sucesor, el Funcionario Público A, es decir, el gobernadora Pedro Pierluisi, ofreciendo fondos en apoyo de la campaña a cambio de que terminara la auditoría del banco de Herrera Velutini por parte de la OCIF en condiciones favorables a Herrera Velutini.
Según la acusación, entre abril de 2021 y agosto de 2021, Herrera Velutini supuestamente utilizó intermediarios para transmitir su oferta de soborno a un testigo que se presentaba como representante de Pierluisi, pero que en realidad actuaba bajo la dirección del FBI.
Como se señala en la acusación formal, el testigo actuó bajo la dirección del FBI durante este período de tiempo y en realidad no sirvió como intermediario ni actuó en nombre de Pierluisi.
Tanto Díaz como Blakeman enfrentan hasta cinco años de prisión.
