El director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Luis Pérez Vargas informó que no se encontró evidencia sustancial para establecer que la delegada congresional Elizabeth Torres Rodríguez, pretendiera obtener una ventaja o ejerciera alguna influencia indebida para obtener un beneficio para su pareja, por lo que se procede al archivo de la investigación.
No obstante, de surgir información concluyente en el futuro, en esta o en cualquier otra investigación culminada en la Oficina, los abogados de la OEG pueden iniciar un nuevo proceso de investigación, señaló Pérez Vargas.
De acuerdo a la declaración de los testigos, la delegada sostuvo una reunión en La Fortaleza el 18 de junio de 2021, para conversar sobre la función que realizarían los delegados congresionales a favor de la estadidad a partir de 1 de julio de 2021, fecha en que según la Ley para crear la delegación congresional de Puerto Rico, Ley Núm. 167 de 2020, iniciarían sus funciones como servidores públicos.
Al finalizar la reunión la delegada Torres Rodríguez, trajo a discusión el tema sobre una petición de modificación del indulto a su pareja.
Cada testigo entrevistado que tuvo alguna comunicación o reunión con la Delegada sostiene que la petición la realizó como cualquier ciudadano que agota un trámite permitido en ley y no en función de su cargo, lo que hubiera podido representar una violación a la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico.
Según los testimonios recabados como parte de la investigación, cualquier persona puede presentar una solicitud de clemencia ejecutiva.
