El juez Alfonso Martínez Piovanetti del Tribunal de San Juan resolvió que el Proyecto Dignidad y luego la Cámara de Representantes no tienen legitimación activa (no pueden demandar) al gobernador para obligarlo a detener decisiones de gobierno durante la pandemia sin la aprobación de la Legislatura que afectan al gobierno y al sector privado.
El juez no entró en los méritos de si el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia puede seguir dando órdenes sin aprobación legislativa, sino que se enfocó en que quienes demandaron no pueden llevar dicho pleito y le corresponde al sector privado llevar una demanda contra restricciones que le aplique el gobernador sin aprobación legislativa.
Proyecto Dignidad argumentaba que, aunque el gobernador ya quitó restricciones contra el Covid, se resguardó el poder restaurarlas en cualquier momento conforme a la propia Orden Ejecutiva aprobada y por delegación directa al secretario de Salud.
Lo cierto es que aquí hay un serio problema de separación de poderes donde el gobernador de turno puede seguir gobernando a dos años de una pandemia con poderes especiales y sin previa autorización legislativa de medidas que afectan el día a día de la gente. En otros países a esto se le consideraría dictadura, pero en PR la gente parece no molestarle que este tipo de poder y autoridad gubernamental se ejecuten con exigencias como vacunación, aforo, mascarillas, otras y que estas ocurran sin aprobación legislativa.
Ampliamos ya mismo, pero hay que ver si la Cámara de Representantes o la senadora y representante de Proyecto Dignidad van a llevar el pleito al Supremo. Hasta ahora, el Senado de Puerto Rico no se ha unido a dicho pleito donde literalmente los poderes del Senado y Cámara se han visto mermados ante el gobernador aprobar Estados de Emergencia y Órdenes Ejecutivas sin previa autorización legislativa.
Tras conocerse la decisión, el Proyecto Dignidad anticipó que impugnará la sentencia ante el Tribunal Supremo mediante un recurso de certificación.
