El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia favoreció la renegociación del acuerdo de reestructuración de la deuda (RSA, en inglés) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), mientras dejó entrever que el pacto alcanzado entre la Junta de Control Fiscal (JCF) y los bonistas es insostenible, aunque La Fortaleza no quiso aclarar el alcance de las expresiones del mandatario.
Pierluisi Urrutia también rechazó el impuesto al sol y el impuesto de transición contenidos en el acuerdo logrado en el 2019 y que reduce la deuda de unos $8,500 millones de la corporación pública.
Como parte de su análisis, planteó que el pago de la deuda debe presupuestarse anualmente y no garantizarse de antemano a través de impuestos fijos. Además, enfatizó que corresponde al Negociado de Energía aprobar los presupuestos de la AEE, que tiene a su cargo el sistema de generación, y de LUMA Energy, que administra el sistema de transmisión y distribución.
“Primero, no favorezco que se le imponga un cargo a los consumidores de la Autoridad de Energía Eléctrica a base de la generación propia. Estoy en contra de eso. Obviamente, todo el que se conecte a la red eléctrica tiene que pagar un cargo. Segundo, en Puerto Rico la entidad que fija la tarifa y sus componentes es el regulador independiente que tenemos, que es el Negociado de Energía. Así que yo no estoy de acuerdo con el cargo de transición que se negoció en aquel entonces”, apuntó el primer ejecutivo a preguntas de la prensa para ofrecer detalles de incentivos contributivos federales que se pueden reclamar en este ciclo contributivo.
“Aquí lo que hay que hacer pienso yo, es que la Junta junto al gobierno de forma colaborativa obtenga un mejor acuerdo de reestructuración que no incluya ese cargo por generación propia, que puede ser generación utilizando placas solares, y que tampoco incluya ese cargo por transición que generó tanta polémica en aquel entonces”, agregó.
La Junta alcanzó un acuerdo con el 90% de los tenedores de bonos de la AEE que permitiría reducir $3,000 millones a la deuda a lo largo de 10 años. Los bonistas recobrarían cerca del 67% de lo que defienden como acreencias aseguradas y el repago sería sufragado con un alza en la tarifa de la luz y un impuesto al sol, que se cobraría a quienes produzcan su propia electricidad con sistemas fotovoltaicos. Desde el primer momento, el acuerdo generó malestar y la desaprobación de los grupos ambientales que impulsan métodos de energía renovable.
Hoy, Pierluisi Urrutia explicó que rechaza ese acuerdo de reestructuración, que la Junta defiende y aseguró que está dispuesta a aprobar sin la intervención de la Asamblea Legislativa, porque se apoyó en premisas equivocadas.
“Pienso que estamos en otra etapa. Ahora las proyecciones de crecimiento económico para Puerto Rico son sustancialmente mejores que las que había en aquel entonces. ¿Qué significa eso? Que si hay mayor crecimiento económico en Puerto Rico, va a haber mayor demanda de energía o de electricidad a la que se vislumbró en el 201”, destacó el gobernador.
“Ahora con el auge de los vehículos eléctrico se anticipa, y esto es un fenómeno mundial, que va a haber mayor demanda de electricidad como resultado de ello. Eso no se tomó en consideración, por lo menos no a ese nivel en el 2019. ¿Y por qué eso es importante? Porque cuando se estaba negociando, uno de los factores en la negociación es la capacidad de repago que puede tener la Autoridad de Energía de Energía Eléctrica”, abundó.
La semana pasada, la Cámara de Representantes presentó una moción ante la jueza federal Laura Taylor Swain rechazando una solicitud de los bonitas para que nombre a un mediador y se reestructure la deuda de la AEE sin acción legislativa. Ayer, luego de reunirse con el caucus de la pava, el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez reclamó apoyo para aprobar legislación que garantice una reducción de la deuda entre 40% y 50% del dinero adeudado.
Esa pieza legislativa también estipularía reducir la tarifa de la luz, cambiar hacia un combustible más barato y limpio, no dar paso a impuestos y proteger el sistema de retiro de los empleados de la corporación pública.
“No he descartado en ningún momento que la Asamblea Legislativa tome cartas en este asunto. Si la Asamblea Legislativa quiere tomar cartas en este asunto que lo haga. Que exprese su sentir. Yo estoy expresando el mío. Eso sí, voy a participar de este proceso. Tengo la intención de participar por conducto de Aafaf (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal) en cualquier negociación que ocurra con acreedores de la Autoridad, así como en cualquier mediación que ocurra bajo la jueza (Barbara) Houser”, indicó Pierluisi Urrutia.
La jueza Houser medió durante la negociación de la deuda del gobierno central.
Al rechazar los impuestos fijos incluidos en el actual acuerdo de reestructuración, Pierluisi Urrutia argumentó que lo esencial era lograr una reducción de la deuda que la corporación pública pueda manejar.
“Es que se tiene que incluir en el presupuesto de la Autoridad el costo de servicio de la deuda. Es igual que gobierno central. Aquí lo que tenemos que lograr es que el costo de servicio de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica sea el menor posible y que todos los años eso se incluya en el presupuesto. ¿Y qué se incluye en el presupuesto además? Los costos operacionales de la Autoridad, los costos de mantenimiento y cada tres meses el Negociado es quien establece el monto de la factura de la luz porque está pendiente de la compra de energía que puede variar y compra de combustible que puede variar por cosas que están pasando, como ahora que por el conflicto bélico en Ucrania, el costo del petróleo se ha disparado”, respondió el gobernador sobre el método de pago de la deuda.
“Este impuesto sobre la generación propia fue precisamente una manera de asegurarse una demanda o protegerse por una pérdida de demanda en la Autoridad y esa pérdida de demanda yo no la veo venir como se veía venir antes porque aquí lo importante es llegar a una cantidad. La deuda es excesiva. Hay que llegar a un balance. A los acreedores no les conviene que se llegue a un acuerdo por una cantidad que no sea pagable, que no sea sostenible, porque nadie quiere que la Autoridad vuelva a caer en quiebra y por otra lado a la Autoridad le conviene, y al pueblo de Puerto Rico es que la cantidad que se acuerde sea la menor posible. Es lo mismo que hicimos a nivel del gobierno central. Es lo que hay que hacer aquí. Lo que dijo es que no hay que reestructurar el acuerdo de la manera que lo reestructuraron. Es el Negociado el que establece la tarifa. Es el Negociado el que establece cada tres meses lo que se paga por la luz. Lo importante es que se reduzca esa deuda lo más posible y que tengamos ese servicio de deuda acordado y que lo podamos presupuestar de año en año”, concluyó.
