El Departamento de Justicia entregará hoy un referido a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente relacionado al alcalde de Mayagüez, José Guillermo “Guillito” Rodríguez y la jefa de finanzas del ayuntamiento Yahaira M. Valentín Andrades.
El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli acogió la recomendación de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) y envió hoy un informe de 188 páginas sobre la investigación preliminar realizada en la agencia, que concluyó que existe causa suficiente para creer que el alcalde, en concierto y común acuerdo con la gerente de Finanzas del municipio, llevaron a cabo acciones que podrían constituir incumplimiento del deber y malversación de fondos públicos.
Se alega que las actuaciones de ambos funcionarios constituyen violaciones al artículo 4.2(b) de la Ley Núm. 1-2012, según enmendada, conocida como la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico de 2012, y también podrían constituir violaciones a los artículos 262 y 264 del Código Penal de Puerto Rico de 2012.
De acuerdo con la investigación, entre los años 2012 y 2015, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico asignó, mediante resolución conjunta, la partida de $9.8 millones de fondos públicos estrictamente para renovar y mejorar el Centro de Trauma de Mayagüez. Sin embargo, el alcalde y la gerente de Finanzas municipal autorizaron el uso de dichos fondos para realizar transacciones de inversión fuera de la isla. Dicha actuación, contraria a la ley y al mandato legislativo, provocó la pérdida de fondos públicos.
Además, la investigación demuestra que transfirieron propiedades inmuebles de dominio público a MEDI con el propósito deliberado de que dicha corporación municipal las utilizara como garantía de préstamos hipotecarios, colocando en riesgo el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez y el Hospital San Antonio. Esto, a su vez, ha provocado gastos innecesarios de fondos públicos para tratar de recuperar las propiedades en peligro de ser ejecutadas por acreedores. El uso de las propiedades municipales para fines no autorizados y contrarios a la ley pudo constituir malversación de fondos públicos e incumplimiento del deber de asegurar una sana administración y el manejo correcto de las operaciones del Municipio.
El secretario de Justicia también acogió la recomendación de la DIPAC de referir para la consideración de la OPFEI la presentación de un informe preliminar a la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD). Dicha unidad, adscrita a la OPFEI, tiene el deber de recomendar al Panel el curso de acción a seguir en torno a los procesos disciplinarios contra alcaldes y alcaldesas, lo que pudiera culminar en su suspensión o destitución, conforme al Artículo 14 de la Ley Núm. 2 de 1988, mejor conocida como la Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.
“La responsabilidad que tiene un funcionario público es tan grande y valiosa, sobre todo cuando es electo por el pueblo que le otorga su confianza, que conlleva una obligación mayor de actuar con rigor y asegurar el uso correcto de los fondos públicos. El Departamento de Justicia continuará velando por el cumplimiento de la ley y tomando las acciones correspondientes, de manera justa y sin distinción de persona”, expresó el secretario.
Como parte de la investigación, que contó con la colaboración de la Oficina del Contralor de Puerto Rico y agentes del Negociado de Investigaciones Especiales, se solicitaron y expidieron órdenes de allanamiento a oficinas municipales, a una de las casas del alcalde también utilizada como oficina, cuentas bancarias, teléfonos celulares y cuentas de correo electrónico. Las órdenes de allanamiento fueron diligenciadas por los agentes del Negociado de Investigaciones Especiales junto a personal del Instituto de Ciencias Forenses. Además, se entrevistó y tomó declaración jurada a 30 testigos aproximadamente, y se examinaron cientos de documentos.
Los hallazgos del informe no fueron revelados por la fuente a este portal de noticias, pero aseguró que se trata de un expediente voluminoso. En los pasados meses, el primer ejecutivo municipal ha estado bajo la lupa pública debido a una transacción de inversiones con fondos públicos que involucró a la corporación Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI).
En julio pasado, el Departamento de Justicia allanó diversas dependencias del ayuntamiento, incluyendo un inmueble que el alcalde usaba como oficina.
