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El juez Jimmy Ed Sepúlveda encontró causa para juicio luego de escuchar las partes hoy.
Lisha Ramón tendrá que enfrentar un proceso judicial el 29 de enero de 2024.
Lisha admitió que tenía heridas en las manos.
Más temprano, la jueza Nerisvel Durán declaró ha lugar la moción urgente de la fiscalía para revocar la libertad bajo fianza de Lisha Ramón tras ser acusada de golpear con una botella a una mujer en un colmado de la calle sagrado corazón.
Los hechos ocurrieron el pasado 8 de octubre de 2023.
La jueza Nerisvel Durán declaró ha lugar la moción urgente de la Fiscalía para revocar la libertad bajo fianza de Lisha Ramón tras ser acusada de golpear con una botella a una mujer en un colmado de la calle Sagrado Corazón.
Los hechos ocurrieron el pasado 8 de octubre de 2023.
Lisha Ramónllegó al tribunal y no emitió comentarios y posteriormente fue arrestada en la sala 1104 del Tribunal de San Juan.
Cuarto Poder con Jay Fonseca (Wapa TV) recibió un Suncoast Emmy por el trabajo investigativo “Entre el Limbo y el Luto/ El Caso de Shannel Colón” producido por Hermes Ayala Guzmán, María Ramos y el equipo de Jagual Media.
La investigación periodística se trató del caso de Shannel Colón, una joven que murió en la cárcel y cuya familia clama para que se esclarezca si se trató de un asesinato o un suicidio.
Además, Ayala Guzmán fue reconocido de manera independiente en la categoría Writer – Spot Announcement por su trabajo “Swing que no Acaba/Never-Ending Swing” para La Maza CRL/Rimas.
Los premios se otorgaron el sábado 2 de diciembre de 2023 en el Diplomat Beach Resort en Hollywood, FL. ¡Felicidades al equipo!
George Santos, congresista republicano, históricamente se convirtió en el sexto miembro expulsado de la Cámara de Representantes de Estado Unidos.
Su expulsión resultó por mentir sobre su currículum y estar imputado por 23 delitos graves, incluyendo fraude y robo de identidad. Este inventó parte de su historial, alegar falsa herencia judía y hasta que su familia fue víctima del holocausto.
Santos utilizó fondos de campaña para gastos personales como Only Fans y procedimientos estéticos (Botox), incluyendo compras en tiendas de lujo y sitios para adultos, según informe.
A pesar de dos votaciones previas de expulsión, Santos se negó a renunciar. Su vacante será cubierta en una elección especial en un distrito equilibrado entre republicanos y demócratas.
A pesar de las revelaciones y críticas, Santos continuó ostentando su posición como congresista, siendo una distracción para la Cámara.
Santos ha sido imputado desde mayo por delitos que limitaron sus movimientos y requirieron permisos para trasladarse entre Nueva York y Washington.
En octubre, enfrentó cargos adicionales, alcanzando un total de 23 delitos graves.
La jueza federal Silvia Carreño Coll impondrá una mordaza en el caso de la exrepresentante María Milagros Charbonier luego de las expresiones de los abogados de defensa Francisco Rebollo Casalduc y Anita Hill Adames.
La determinación la tomó en una vista de mostrar causa que citó a última hora.
Rebollo Casalduc representa a la exlegisladora PNP y Hill Adames representa a su esposo Orlando Montes Rivera.
“Los cité hoy porque les quiero decir que no voy a tolerar esto. Esto no es conducta que voy a tolerar y la próxima vez voy a imponer sanciones y voy a imponer una mordaza”, apuntó la togada molesta luego de leer en corte abierta y en español las declaraciones que ambos realizaron a la prensa.
Más temprano a su salida de una vista con antelación al juicio ante la togada, Rebollo Casalduc y Hill Adames revelaron que la Fiscalía Federal se encontraba en el proceso de desestimar los cargos contra Orlando Gabriel Montes Charbonier, hijo de la exlegisladora.
Los detalles de este trámite no se habían divulgado hasta ese momento porque se manejan en mociones selladas, pero a preguntas de Cuarto Poder (WAPA-TV) sobre el comportamiento en sala de los abogados de Montes Charbonier, los togados explicaron que respondía a que se encontraban en el proceso de “pretrial diversion” o desvío.
Como parte del trámite, el ministerio público presentó los documentos ante la Oficina de Probatoria Federal y si Montes Charbonier cumple ciertas condiciones en un término particular todos los cargos serán desestimados.
“Estoy alarmada, sorprendida y decepcionada”, soltó Carreño Coll al filo de las 5:15 p.m.
Visiblemente incómoda apuntó que al final de la vista de antelación al juicio había informado que no impondría una orden de mordaza y que había pedido a las partes que actuaran con decoro y siguiendo las reglas que aplican a estos procedimientos.
“Indiqué que el juicio se ventilaría en sala y no fuera del tribunal”, apuntaló en su exposición.
“Minutos después los licenciados Rebollo y Hill hablaron con la prensa y desinformaron al público”, agregó.
Pese a que estuvieron presentes en sala durante la vista con antelación al juicio, los licenciados Edwin Mora Rolland y José David Rodríguez González de la Oficina del Defensor Público Federal, quienes representan al hijo de la exlegisladora, no argumentaron ante la jueza Carreño Coll y se acercaron a su estrado sin la compañía de los abogados Rebollo Casalduc y Hill Adames, un comportamiento inusual en este tipo de proceso.
Como parte del regaño, la jueza leyó las declaraciones en español mientras un intérprete las traducía al inglés para que formaran parte del récord del caso.
En voz alta y firme leyó las expresiones de Rebollo Casalduc: “El caso del hijo de la exrepresentante Tata Charbonier y del licenciado Orlando Montes se está desestimando, que quiere decir que estos fiscales del Departamento de Justicia Federal (de Washington), no estoy hablando de los fiscales de Puerto Rico, radicaron cargos contra este joven de 21 años en aquel momento, que inclusive lo llevó a perder su empleo y el joven evidentemente para lo que lo estaban acusando era para doblarle las rodillas a su mamá y a su papá. El joven le salió duro y su mamá y su papá le salieron más duro todavía. Le desestimaron el caso al hijo y se lo debieron haber desestimado a los padres, pero no lo han hecho. Por eso, estamos aquí”.
Apuntó que Hill Adames aseguró a la prensa que el trámite era oficial y un hecho. Luego leyó una cita de la abogada.
En la vista de mostrar causa, la jueza aclaró que las discusiones ante su estrado se habían hecho de forma separada porque se trababa de asuntos que solo competían a Montes Charbonier.
“Ustedes desinformaron al público y a la prensa”, insistió la jueza porque algunos medios publicaron que los cargos ya se habían desestimado cuando el proceso de desvío del hijo de la exlegisladora todavía se está en curso y no se han desestimado los cargos todavía.
“Esta mañana la licenciada Hill mencionó el frenesí mediático que ha causado este caso y que afectaba tanto a su cliente como al cliente de Rebollo, pero sus expresiones apoyan ese frenesí”, abundó.
Ambos abogados se disculparon.
Rebollo Casalduc aseguró que solo trataba de aclarar las preguntas de la prensa para evitar que se siguiera propagando información incorrecta que afecta a sus representados.
“Han publicado que Frances Acevedo es testigo en este caso y llevamos como 10 días en eso y eso no es correcto”, apuntó.
“Mi respuesta fue ante a una pregunta de la prensa, que notó la separación de los abogados sino iba a tener que esperar a que dijeran que el hijo también sería testigo en este caso. Ofrecí información que sentí aclaraba, no sé qué se dio en el conferencia confidencial ante el estrado (esta mañana). Lo que sé lo sé por hablar con el abogado antes de esa vista y con mi cliente. La información que ofrecí no es confidencial”, argumentó.
Hill Adames también planteó que los abogados no podían controlar la forma en que la prensa reportaba la información, ni si le daban un giro incorrecto.
El 7 de agosto de 2020, un Gran Jurado federal emitió una acusación en contra de la entonces legisladora del PNP, su esposo y el hijo de la pareja por participar en un alegado esquema de cobro de comisiones ilegales a empleados legislativos. Imputó cargos por lavado de dinero, conspiración y transferencia ilegal de dinero.
La exempleada Frances Acevedo Ceballos se declaró culpable tras alcanzar un acuerdo con la fiscalía federal, pero no servirá de testigo durante el juicio que arranca el 11 de diciembre.
Luego del regaño, ninguno de los abogados respondió preguntas de la prensa.
“La existencia de la orden de mordaza me impide contestarles preguntas”, indicó Rebollo Casalduc.
En un giro inesperado, la Fiscalía Federal pedirá desestimar los cargos que pesan en contra de Orlando Gabriel Montes Charbonier, el hijo de la exrepresentante María Milagros “Tata” Charbonier Laureano, a poco más de una semana para que empiece el juicio por corrupción pública.
El asunto no se discutió en corte abierta durante la vista con antelación al juicio que se celebró esta mañana ante la federal jueza Silvia Carreño Coll, pero los abogados Francisco Rebollo Casalduc y Anita Hill Adames adelantaron la información a preguntas de Cuarto Poder (WAPA-TV).
Ya entrada la tarde la jueza federal Carreño Coll citó a los abogados de defensa a sala a las 4:45 p.m. ante una posibilidad de sanciones por adelantar al público la posible desestimación de cargos por parte de la Fiscalía federal contra el hijo de la exlegisladora.
“El caso del hijo de la exrepresentante Tata Charbonier y del licenciado Orlando Montes se está desestimando, que quiere decir que estos fiscales del Departamento de Justicia Federal (de Washington), no estoy hablando de los fiscales de Puerto Rico, radicaron cargos contra este joven de 21 años en aquel momento, que inclusive lo llevó a perder su empleo y el joven evidentemente para lo que lo estaban acusando era para doblarle las rodillas a su mamá y a su papá. El joven le salió duro y su mamá y su papá le salieron más duro todavía”, respondió Rebollo Casalduc ante una pregunta sobre el comportamiento de los abogados del hijo de la exlegisladora.
“Le desestimaron el caso al hijo y se lo debieron haber desestimado a los padres, pero no lo han hecho. Por eso, estamos aquí”, añadió.
Explicó que la defensa de Montes Charbonier y la fiscalía se encuentran el proceso de “pretrial diversion” o desvío. Como parte del trámite, el ministerio público presentó los documentos ante la Oficina de Probatoria Federal y si Montes Charbonier cumple ciertas condiciones en un término particular que desconocen, todos los cargos serán retirados.
El 7 de agosto de 2020, un Gran Jurado federal emitió una acusación en contra de la entonces legisladora del PNP, su esposo Orlando Montes Rivera y el hijo de la pareja por participar en un alegado esquema de cobro de comisiones ilegales a empleados legislativos. Imputó cargos por lavado de dinero, conspiración y transferencia ilegal de dinero.
Pese a que estuvieron presentes en sala, los abogados Edwin Mora Rolland y José David Rodríguez González de la Oficina del Defensor Público Federal, quienes representan al hijo de la exlegisladora, no argumentaron ante la jueza Carreño Coll y se acercaron a su estrado sin la compañía de los abogados Rebollo Casalduc y Hill Adames, un comportamiento inusual en este tipo de proceso.
El juicio contra la exrepresentante y su esposo inicia el próximo 11 de diciembre, pero sus abogados solicitaron una vista con antelación al juicio para discutir sus objeciones a la admisibilidad de 66 grabaciones telefónicas que el ministerio público pretende usar durante el proceso judicial, que según la fiscalía debería tomar unos 10 días.
Se trata de 16 grabaciones hechas por un testigo, que la defensa identificó como el exempleado de Charbonier, Johnathan Alemán, bajo el ojo de las autoridades federales y otras 50 grabaciones de conversaciones interceptadas por las autoridades federales.
Los abogados defensores argumentaron en sala que las grabaciones de Alemán ocurrieron un año después de su despido y que en ellas uno de los “acusados”, que parece tratarse de Charbonier, lo que hace es quejarse. También plantearon que estas conversaciones se grabaron en coordinación con las autoridades mucho tiempo después de la alegada conspiración imputada en la acusación. Además, cuestionaron las traducciones al inglés de esas conversaciones que sometió la fiscalía federal.
“Nuestra postura es que la gran mayoría de esas llamadas son inadmisibles”, afirmó Rebollo Casalduc a su salida del juzgado federal en Hato Rey.
“La inmensa mayoría (de las llamadas) son prueba exculpatoria y lo que contienen las que van a usar -ustedes va a ver- primero que no son admisibles, y segundo que es ínfimo”, abundó.
Ante la jueza Carreño Coll, el fiscal Jonathan Edward Jacobson señaló que la mayoría de las llamadas eran del celular de la exrepresentante y que las llamadas que involucran a otra acusada, a quien no nombró pero que se trata de Frances Acevedo Ceballos, no se podrán utilizar porque esta persona aunque participó de la conspiración “no está disponible”.
Fuera de sala, a preguntas de este medio, Rebollo Casalduc confirmó que Acevedo Ceballos se declaró culpable pero que no será testigo del ministerio público en este juicio. Aseguró también que esa alegación de culpa no afecta su caso.
“De ninguna forma. Todo el que tenga miedo a enfrentarse a los federales que se declare culpable y se salga del medio”, apuntaló.
En su alegación de culpa, Acevedo Ceballos aceptó que a principios de 2017 Charbonier infló su salario como asistente en la comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes de $800 a $2,100 para quedarse con una tajada de su sueldo. Siguiendo el mismo esquema, en septiembre de 2019 elevó su salario a $2,900 mensuales.
La ahora convicta pagaba el “kickback” a Charbonier a través de su esposo y de su hijo o mediante transacciones electrónicas de ATH Móvil. La alegación de culpa también sostiene que pagó a la exrepresentante de $1,000 a $1,500 bisemanales. Charbonier recibió $100,000 entre septiembre de 2017 hasta el 2020, según la acusación.
Durante la vista de hoy Jacobson indicó que la fiscalía federal sentará a declarar de 20 a 25 testigos. Esa lista, según los abogados defensores, incluye a Alemán, que trabaja actualmente en el Departamento de Corrección, al licenciado Luis Gierbolini, exempleado de Charbonier y expresidente de la Cámara de Comercio, el convicto exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado y su esposa Roxanna Sifre, quien trabajó en la Oficina de Charbonier.
“Si el Cano Delgado viene y dice la verdad lo que tiene que decir sobre la licenciada Charbonier es exculpatorio. Ojalá y lo llamen como testigo”, afirmó Rebollo Casalduc.
Negó también las alegaciones contenidas en una moción de la fiscalía federal que procuraba una especie de mordaza en su contra por supuestamente hacer argumentaciones finales impropias.
“Estos fiscales y estos no son de la fiscalía federal de Puerto Rico son fiscales del Departamento de Justicia, pero los fiscales en general nunca aceptan cuando pierden en buena lid y cuando pierden como pierden repetidamente en años recientes con este servidor pues están buscando una razón, tratando de hacer una imputación de alguna conducta impropia, lo cual no es cierto”, respondió.
“En esos juicios si le lee las transcripciones nunca se objetaron las alegadas argumentos que son impropios, según ellos, y nunca ningún tribunal ha determinado que es impropio. A mí lo que diga un fiscal federal me tiene totalmente sin cuidado así que el hecho de ellos aleguen en un documento de que yo hice argumentaciones impropias no tiene ninguna consecuencia. Vamos a argumentar este caso con la misma pasión y la misma vehemencia que siempre hemos visto, con una pasión y vehemencia que estos fiscales nunca han visto y quisieran nunca haber visto”, agregó.
La jueza Carreño Coll no aceptó una petición para aplazar el inicio del juicio o conceder un periodo de descanso de dos o tres semanas si el juicio se extiende más allá del 22 de diciembre. Tampoco impuso una mordaza a las partes.
Agentes de la División de Vehículos Hurtados de la Policía llevaron a cabo un allanamiento en el dealer Auto Gallery en Caguas, como parte de una investigación sobre diversas modalidades de fraudes que se estima superan el millón de dólares.
La agente Carmen González Ortiz y el teniente Joaquín de la Cruz Santiago ejecutaron las órdenes para confiscar documentación relacionada con las ventas de autos, computadoras y otros equipos relevantes para la investigación.
Además, se incautaron alrededor de 50 automóviles en colaboración con el fiscal Francisco González de la Fiscalía de Caguas. La investigación también cuenta con la participación de agentes de la división de Inteligencia y Fraude Contributivo del Departamento de Hacienda. La orden de allanamiento fue emitida por la Jueza Yaritssa Santiago San Antonio del Tribunal de Caguas.