Todas las mañanas, Jay Fonseca te pone al día con las noticias más importantes para Puerto Rico y el mundo.
Los demócratas del Congreso censuraron la decisión del Supremo federal que determinó que es constitucional negar el acceso de Puerto Rico y otros territorios al Seguro Social Suplementario (SSI). El congresista Ritchie Torres dijo que “solo con acción del Congreso y la estadidad se podrá proveer plena igualdad legal al pueblo de Puerto Rico. ¡El Congreso debe actuar ya!”.
Mientras otros como el presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, Richard Neal (Massachusetts), con jurisdicción primaria sobre el SSI, dijo que esta decisión perpetúa la idea dañina de que los puertorriqueños y los residentes de otros territorios de los Estados Unidos son estadounidenses de segunda clase”.
En tanto, Nydia Velázquez condenó la postura del la Administración Biden.
En los pasados días han proliferado anuncios que ponen a la disposición de inversionistas adinerados áreas ricas en valor ecológico sin especificar sus limitaciones de uso.
El planificador Pedro Cardona opinó que las tergiversaciones en los anuncios, combinado con los precios onerosos podrían abrir la puerta a que compradores busquen sacarle provecho monetario a estas tierras sin saber que son terrenos protegidos y con uso comercial limitado. Primera Hora reportó que todos los anuncios de venta mencionados en esta nota, conglomerados en el portal cibernético de The Corcoran Group, fueron eliminados ayer, jueves, justamente antes de que se publicara la historia.
Fuente: Primera Hora
Bad Bunny, cuyo nombre de pila es Benito Martínez, puso a la venta su Bugatti Chiron por $3.5 millones en Clasificados Online, pero como parte de una estrategia publicitaria para promocionar su nuevo álbum.
Cuando llamas al número en el anuncio, sale un pedazo de su canción nueva y luego te envía un mensaje de texto agradeciendo por escuchar y anunciando que su próximo álbum se titula “Un verano sin ti”.
Ni un solo proyecto de Luma Energy cuenta con la aprobación de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), para la reconstrucción de la red eléctrica de Puerto Rico, según una comunicación escrita enviada ayer a Cuarto Poder Wapa-TV por parte del ente federal.
Esa aprobación es crucial para asegurar el desembolso de los $9,500 millones destinados para reparar el sistema eléctrico afectado por el huracán María.
La formulación de proyectos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y Luma Energy se hace ante FEMA una vez reciben el aval del Negociado de Energía de Puerto Rico.
Tal como comunicó la agencia federal la semana pasada solo se han aprobado dos proyectos de los 187 sometidos por Luma Energy y la AEE para la asignación de fondos.
Los dos proyectos son de la AEE; el primero es el PREPA Architecture and Engineering a un costo de $438 millones y el segundo, Mayagüez Hydro-Gas Power Plant que asciende a $16.4 millones.
Hay otros dos proyectos de la Corporación Pública bajo la evaluación de FEMA. Uno busca la reconstrucción de un tanque de agua en la central de Palo Seco y el otro corresponde a unos generadores portátiles de emergencia que se usan para suplir energía en caso de surgir un apagón.
De acuerdo con FEMA, ambos cuentan con los alcances de trabajo (“Scope of Work”) pero la agencia federal sostuvo que, “no se ha completado el proceso” para poder comenzar a construirse porque ambos están siendo evaluados por la división de Conservación Ambiental e Histórica de la Región 2 de FEMA.
En tanto, otros 26 proyectos cuentan “con la documentación necesaria” porque ya presentaron el “Scope of Work”, pero esperan por la evaluación de FEMA para poder comenzar a construirse.
Anteriormente, se había comunicado que, hasta inicios de abril, la AEE y Luma Energy habían sometido 20 proyectos con toda la documentación o “Scope of Work”. Pero ayer esa cifra subió de 20 a 26.
El ente federal reiteró que “FEMA solo puede evaluar proyectos que contengan la documentación requerida y estipulada bajo FAASt (Obligación Acelerada)”. Explicó que no basta con que los proyectos estén registrados en el portal de subvención de FEMA”.
De los 26 proyectos que se presentó el alcance del proyecto o “Scope of Work” y que esperan por la evaluación de FEMA, 16 corresponden a Luma Energy en las áreas de transmisión y distribución mientras 11 a la AEE que tiene a cargo de la generación.
“Los proyectos de transmisión y distribución iniciados por LUMA ante FEMA hasta el presente, son para luminarias y postes de luz, con la excepción de un proyecto de la planta Cambalache,” sostuvo FEMA en la comunicación escrita.
Mientras tanto, 161 proyectos siguen pendientes a que AEE y Luma Energy completen la documentación necesaria para iniciar la evaluación por parte de FEMA.
El juez Alfonso Martínez Piovanetti del Tribunal de San Juan resolvió que el Proyecto Dignidad y luego la Cámara de Representantes no tienen legitimación activa (no pueden demandar) al gobernador para obligarlo a detener decisiones de gobierno durante la pandemia sin la aprobación de la Legislatura que afectan al gobierno y al sector privado.
El juez no entró en los méritos de si el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia puede seguir dando órdenes sin aprobación legislativa, sino que se enfocó en que quienes demandaron no pueden llevar dicho pleito y le corresponde al sector privado llevar una demanda contra restricciones que le aplique el gobernador sin aprobación legislativa.
Proyecto Dignidad argumentaba que, aunque el gobernador ya quitó restricciones contra el Covid, se resguardó el poder restaurarlas en cualquier momento conforme a la propia Orden Ejecutiva aprobada y por delegación directa al secretario de Salud.
Lo cierto es que aquí hay un serio problema de separación de poderes donde el gobernador de turno puede seguir gobernando a dos años de una pandemia con poderes especiales y sin previa autorización legislativa de medidas que afectan el día a día de la gente. En otros países a esto se le consideraría dictadura, pero en PR la gente parece no molestarle que este tipo de poder y autoridad gubernamental se ejecuten con exigencias como vacunación, aforo, mascarillas, otras y que estas ocurran sin aprobación legislativa.
Ampliamos ya mismo, pero hay que ver si la Cámara de Representantes o la senadora y representante de Proyecto Dignidad van a llevar el pleito al Supremo. Hasta ahora, el Senado de Puerto Rico no se ha unido a dicho pleito donde literalmente los poderes del Senado y Cámara se han visto mermados ante el gobernador aprobar Estados de Emergencia y Órdenes Ejecutivas sin previa autorización legislativa.
Tras conocerse la decisión, el Proyecto Dignidad anticipó que impugnará la sentencia ante el Tribunal Supremo mediante un recurso de certificación.
La Corte Suprema de Estados Unidos revocó hoy el caso de Vaello Madero, que buscaba extender el Seguro Social Suplementario (SSI, en inglés) a Puerto Rico.
En una decisión que contó con 8 votos a favor y 1 voto en contra, la Curia concluyó que el gobierno de Estados Unidos no viola la cláusula de igual protección al excluir a los residentes de Puerto Rico del programa de seguridad social para personas discapacitadas, ciegas o mayores de 65 años. La jueza de ascendencia boricua Sonia Sotomayor fue la única voz disidente.
El juez Brett Kavanaugh escribió la opinión de la mayoría, que revocó la decisión que emitió inicialmente el juez Gustavo Gelpí, cuando formaba parte de la Tribunal Federal en Puerto Rico. El Primer Circuito de Apelaciones ratificó la decisión de Gelpí al concluir que esa exclusión al programa violentaba la cláusula constitucional de igual protección de las leyes.
La corte atendía la controversia surgida ante la demanda de recobro por $28,000 presentada por el gobierno federal en contra del puertorriqueño José Luis Vaello Madero, quien recibió el beneficio del SSI por incapacidad mientras residía en Nueva York del 1985 al 2013. El hombre continuó recibiendo ese pago hasta el 2016 a pesar de que se había mudado a la isla. Esta ayuda suplementaria solo está disponible para los residentes de los 50 estados, no así para los territorios, un criterio que el caso retaba.
“La Constitución otorga al Congreso una amplia discreción sobre cómo estructurar los programas federales de impuestos y beneficios para residentes de los territorios. Ejerciendo esa discreción, el Congreso podrá extender los beneficios de la Seguridad de Ingreso Suplementario a los residentes de Puerto Rico. De hecho, el Procurador General ha informado a la Corte que el Presidente apoya tal legislación como una cuestión de política. Pero la pregunta ante este Tribunal es si, en virtud de la Constitución, el Congreso debe extender la Seguridad de Ingreso Suplementario a residentes de Puerto Rico en la misma medida que a los residentes de los estados, la respuesta es no. Por lo tanto, revocamos la sentencia del Primer Circuito de Apelaciones”, reza la opinión.
De inmediato, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia reacción a la decisión.
“La decisión del Tribunal Supremo en el caso de Vaello Madero sobre el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) una vez más comprueba que la condición territorial de Puerto Rico es discriminatoria para los ciudadanos americanos en la Isla y le permite al Congreso hacer lo que quiera con nosotros. Claramente nuestro pueblo, particularmente los más vulnerables, sufren las consecuencias de ese trato desigual bajo la bandera americana. Lo mismo ocurre en otros programas transcendentales, tales como Medicaid, Medicare y asistencia nutricional. Basta ya de este estatus colonial que nos discrimina y afecta nuestra calidad de vida. La única y la mejor solución es la Estadidad”, afirmó el mandatario.
Todas las mañanas, Jay Fonseca te pone al día con las noticias más importantes para Puerto Rico y el mundo.