La secretaria de la Familia, Carmen Ana González Magaz, confirmó a Primera Hora que en mayo se acaban los fondos adicionales asignados durante la pandemia del COVID-19, por lo que bajará la aportación mensual a los participantes del Programa de Asistencia Nutricional (PAN).
Los recortes serán significativos. Por ejemplo, un solo beneficiario del PAN dejará de recibir $58 mensuales y una familia de tres personas se quedará corta por $144. Además, una de cinco ya no tendrá $205.
Según el diario, con el ajuste una persona recibirá $140 mensuales en vez de los $198. La familia de tres personas tendría asignado $368 en vez de $512 y el núcleo familiar de cinco obtendría $556 en vez de $761.
Fuente: Primera Hora
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reafirmó su reclamo al Congreso para que otorgue paridad a Puerto Rico en la asistencia alimentaria, Medicaid y la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).
En el proyecto de presupuesto para el año fiscal federal 2023, que envió para la aprobación del Congreso, propuso aumentar a $2,633 millones las asignaciones para Puerto Rico bajo el Programa de Asistencia Nutricional (PAN). Esto constituye un aumento de $131 millones en comparación con el año 2022, que termina en septiembre.
Fuente: El Nuevo Día
El representante Héctor Ferrer adelantó que presentará legislación para eliminar gradualmente el Impuesto de Ventas y Uso (IVU) al cannabis medicinal, una propuesta que surgió ayer durante el primer día de las vistas públicas de un proyecto que regularía el uso de la marihuana en adultos.
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El representante indicó que presentará esa pieza legislativa cuando culmine el análisis del Proyecto de la Cámara 1191, que establecería el marco regulatorio para el uso controlado del cannabis para adultos mayores de 21 años.
Explicó que la medida para eliminar el impuesto se radicará de forma separada para evitar que el proyecto que regula la marihuana se descarrile ante la oposición de la Junta de Control Fiscal, a una medida que tenga un impacto fiscal.
Fuente: El Vocero
Ya aumentó el precio en la gasolina, pero en los próximos meses comenzarán a sentirse las otras consecuencias del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.
Expertos anticiparon que los productos aumentarán de precio y habrá menos variedad en las góndolas. Descartaron, sin embargo, una escasez de alimentos como advirtió el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la semana pasada.
Fuente: El Vocero
Ante el alza en casos de contagios del COVID-19, el Departamento de Salud hizo un llamado a la prudencia y a continuar con las medidas de prevención para evitar la propagación del virus.
Ayer, la agencia reportó que la tasa de positividad alcanzó el 6.13%. Este es uno de los indicadores que utiliza Salud para declarar que la Isla está ante otro repunte del virus. Esta mañana, ese índice subió a 6.49%.
A tono con las medidas preventivas, la principal oficial médico de Salud, la doctora Iris Cardona, y la principal oficial de epidemiología, la doctora Melissa Marzán, recalcaron la importancia de continuar con las pruebas de detección del virus y de recibir la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 y
El epidemiólogo Luis Mayol Vélez, quien labora en el programa de rastreo de casos en la Universidad de Puerto Rico (UPR), coincidió en que la Isla se encamina a otro repunte de coronavirus, pero planteó que era muy prematuro establecer si la curva será igual de empinada que la reportada en la pasada época navideña.
Fuente: El Vocero
El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia presentó hoy una medida de administración que busca atender el aumento significativo en el costo del petróleo que ha provocado un impacto en el precio de la gasolina como consecuencia del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.
La medida, que será radicada por las delegaciones del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes y el Senado, establece una suspensión en el cobro del arbitrio a la gasolina y al “diesel oil”, conocida como la crudita, a la vez que identifica la fuente de repago.
“En ánimo de buscar soluciones inmediatas a la crisis en el aumento vertiginoso del petróleo y la gasolina como resultado del conflicto bélico en Ucrania, estoy presentando una medida de Administración que busca poner en pausa el cobro del arbitrio por 45 días. Pero esta misma iniciativa identifica la fuente de repago para cubrir el impacto fiscal, lo que cumple con el principio de neutralidad fiscal que establece PROMESA”, sostuvo el gobernador en declaraciones escritas.
El primer ejecutivo explicó que “la medida que estamos presentando autoriza a que la Asociación de Suscripción Conjunta emita un dividendo por $50 millones y que el Departamento de Hacienda le imponga una contribución de 50%, lo que generaría $25 millones, que es el costo estimado que tendría la suspensión del cobro del arbitrio por 45 días”.
El Proyecto también indica que el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, informará en 15 días luego de que se convierta en ley, a ambos cuerpos legislativos, así como al gobernador, el cumplimiento con todas las gestiones realizadas para reducir el impacto de este arbitrio a la población.
El gobernador Pierluisi Urrutia expresó que esta propuesta atiende el impacto fiscal de suspender el arbitrio y cumple con el Plan Fiscal, por tanto, la Junta de Control Fiscal no debería la medida.
“Estamos actuando con sentido de urgencia y de manera pragmática para lograr resultados lo antes posible en beneficio del pueblo, con un lenguaje que no debe tener resistencia de la Junta y salvaguardando la responsabilidad fiscal que tenemos como Gobierno. Esta propuesta presenta una solución necesaria y urgente que puede atenderse de manera inmediata para poder brindar un alivio al pueblo que se ha visto afectado por las consecuencias de la guerra en Ucrania”, afirmó.
El presidente del Partido Popular Democrático y del Senado, José Luis Dalmau Santiago, presentó una medida similar solo que propuso que el costo de la medida se sufragara con un aumento en los ingresos que el Departamento de Hacienda proyectó para el año fiscal en curso.
La propuesta del Ejecutivo se produce un día después de que la Junta de Control Fiscal volvió a rechazar otra propuesta para darle acceso al fondo de emergencias para paliar al aumento en el costo del combustible que utiliza la red eléctrica para producir energía en el archipiélago. El Negociado de Energía tiene ante un consideración un aumento de 4 centavos en el kilovatio hora, que se traduce a un aumento de un 16% en la factura de luz a nivel residencial.
Puerto Rico se prepara para recibir ciudadanos ucranianos que huyen del conflicto bélico en su país, confirmó hoy Félix Lizasuaín Martínez, secretario de Estado Adjunto para Relaciones Exteriores.
El abogado, en entrevista con Jay Fonseca en Los datos son los datos (WAPA-TV), explicó que el gobierno evalúa la forma y manera en que integraría a estos ciudadanos a la fuerza laboral en momentos en que existe escasez de capital humano para trabajar en áreas que van desde la salud hasta la agricultura.
“Eso es correcto. Es de conocimiento general que en Puerto Rico hay una escasez de mano de obra. Que el gobierno de Puerto Rico ha estado trabajando activamente desde que yo entré en la administración del gobernador Pedro Pierluisi para poder identificar la forma y manera de traer ciudadanos extranjeros de manera legal a trabajar y formar parte de la fuerza laboral de Puerto Rico”, apuntó Lizasuaín Martínez.
“En el caso, por ejemplo, de los ciudadanos de Ucrania, el presidente de Estados Unidos anunció que Estados Unidos va a abrir las puertas a 100,00 ciudadanos ucranianos para que, a través de un proceso regulado, de manera legal, éstos puedan ingresar a territorio de Estados Unidos. Puerto Rico como parte de los Estados Unidos también va a formar parte de ese proceso, en donde vamos a identificar la forma y manera de cómo vamos a insertar estos ciudadanos”, agregó.
El jueves pasado, el presidente estadounidense Joe Biden anunció que este país recibirá a 100,000 ucranianos ante el éxodo masivo de personas que abandona el país báltico tras la invasión de Rusia a Ucrania el pasado 24 de febrero.
Este conflicto bélico ha obligado a más de 3.8 millones de personas a abandonar del país, según los datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados divulgados ayer. La organización anticipa que esta cifra aumentará hasta llegar a los cuatro millones en los próximos días. Además, hay al menos otros 6.5 millones de personas desplazados dentro del país, que han tenido que dejar sus hogares y moverse a otros puntos de Ucrania huyendo de los ataques. Ucrania tenía una población de 44.3 millones.
“Eso requiere un esfuerzo colaborativo de todos los entes y agencias gubernamentales del gobierno de Puerto Rico que ya estamos trabajando en identificar bien porque no es solo es traerlos en el caso específico de los ciudadanos de Ucrania. Tenemos que asegurarnos que los recibimos y que les proveemos los servicios de salud, educación y servicios psicológicos tomando en consideración la diferencia cultural y que podamos con empatía recibirlos e incorporarlos a nuestro pueblo de manera que puedan aportar”, apuntaló Lizasuaín Martínez.
Mira la entrevista aquí: ¿Puerto Rico podría recibir refugiados ucranianos?
El secretario de Recursos Naturales, Rafael Machargo Maldonado, no ha presentado querellas ante la Policía o el Departamento de Justicia por las amenazas que han recibido funcionarios de la agencia que han intervenido con las personas que residen en la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía de Jobos en Salinas.
En rueda de prensa hoy para dar detalles sobre un operativo en San Juan, el secretario de Justicia Domingo Emanuelli Hernández y el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, indicaron que hasta el momento no han recibo información o querellas que les permita tomar cartas en el asunto.
Emanuelli Hernández apuntó que el pasado viernes dio instrucciones a la Fiscalía de Guayama para que atienda con premura cualquier reclamo o denuncia que reciba. La semana pasada, Machargo Maldonado reconoció en varias entrevistas que funcionarios de su agencia que han visitado el lugar han recibido amenazas de los residentes que identificó como “invasores”. Esta información trascendió luego de que surgieron denuncias de que en el lugar se comenten posibles delitos ambientales debido a la destrucción y relleno de los manglares.
¿No se va a hacer algo con la primera amenaza?, preguntó la prensa.
“Lo que pasa es que tiene que llegar una amenaza ante fiscalía. Yo no puedo actuar en atención a lo que dice la prensa o lo dice una persona en particular. Para probar esa amenaza tiene que haber una persona en particular: la persona que recibe la amenaza, qué tipo de amenaza fue y eso se procesa”, apuntó el titular de Justicia.
López Figueroa afirmó que tampoco han recibido denuncias de amenazas que provoquen la movilización de agentes como pasó durante las manifestaciones que ocurrieron por la construcción de una piscina en una zona marítimo terrestre en Rincón.
“A mí no me han notificado nada”, respondió ante una pregunta sobre si la Policía ofrecía escolta a empleados de las agencias públicas que llegaban al lugar para conectar o desconectar los servicios de agua y luz.
Sobre la posible comisión de delitos ambientes por la destrucción de la reserva natural, Emanuelli Hernández señaló que Justicia espera por referidos de Recursos Naturales para poder actuar, que la agencia con el peritaje para realizar ese tipo de análisis.
Apuntó que la agencia otorgó una dispensa al Departamento de Recursos Naturales en abril del 2021 para que contratara a un bufete privado para que demande y desaloje a las personas que residen en la zona.
“Como parte de esa dispensa, nosotros le exigimos que tan pronto se radiquen los recursos, la demanda de desahucio o de reivindicación tienen que notificarnos y mantenernos informados en todo momento”, apuntó.
Machargo Maldonado y la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón, se encuentran bajo fuego por la lenta respuesta en atender la emergencia ambiental. En parte de la reserva ecológica se han cortado mangles y colocado relleno para desarrollar un área con campers o casas rodantes, que aparentemente no cuentan con los permisos requeridos.
La Reserva Nacional de Bahía de Jobos es la segunda área estuarina más amplia de Puerto Rico. Discurre entre los municipios de Guayama y Salinas. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales adquirió los terrenos en el 1981. Poco después la región fue designada como Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía de Jobos por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés), según el portal del Departamento de Recursos Naturales.