De los 359 comedores escolares del Departamento de Educación se tuvieron que decomisar alimentos en 308, confirmó Francheska Reyes de la Autoridad Escolar de Alimentos.
La directora de la Administración federal de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Denise Foster, invitó a la comunidad de Las Mareas en Salinas a denunciar cualquier irregularidad en el área luego que el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández dijo en una vista ocular que la reserva natural Bahía de Jobos es controlada por el bajo mundo. En una entrevista con el Noticentro (Wapa TV), la titular no afirmó ni negó que haya una investigación en curso en el lugar donde personas han invadido el área y poseen agua y luz sin los debidos procesos para las conexiones.
Fuente: Metro
El Negociado de Energía comenzó una investigación sobre las causas del apagón de la semana pasada que dejó a Puerto Rico a oscuras por varios días. El ente regulador asimismo le ordenó a Luma Energy a presentar un informe inicial el martes, 12 de abril y uno final el lunes, 18 de abril antes de las 12:00 pm.
La orden fue emitida el viernes, 8 de abril y fue firmada por el presidente del Negociado, Edison Aviles y solo tres comisionados asociados ya que el comisionado asociado, Ángel Rivera de la Cruz concurrió en parte y disintió en parte
Rivera de la Cruz, sostuvo que favorece la investigación del Negociado sobre lo qué ocurrió el pasado miércoles pero entiende que el tiempo otorgado a Luma para el informe inicial no es suficiente porque al momento de emitir la orden “aún no se había restaurado el servicio eléctrico a casi el cincuenta por ciento de los clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico.”Agregó, que el enfoque tanto para AEE y Luma era restablecer el servicio de energía.
“Hubiese esperado hasta que se normalizara el servicio eléctrico para solicitar a LUMA los referidos informes”, explicó Rivera de la Cruz en su escrito.
JetBlue Airways planea reducir su calendario de vuelos de verano para evitar interrupciones durante dicha temporada de viajes, mientras intenta contratar personal adicional ante lo que anticipa será un periodo intenso de movimiento de viajeros, según CNBC.
En una comunicación escrita a su equipo de trabajo -a la cual el medio tuvo acceso-, la presidenta de la aerolínea Joanna Geraghty indicó que “ya hemos reducido la capacidad de mayo entre un 8 y un 10 % y pueden esperar un retiro de capacidad similar durante el resto del verano”.
La aerolínea, que viaja entre la Isla y los destinos más frecuentados por los boricuas en Estados Unidos, canceló más de 300 vuelos durante el fin de semana, una semana después de que el mal tiempo en Florida provocara cientos de cancelaciones y retrasos en diversas aerolíneas.
Después de las medidas de confinamiento impuestas por la pandemia del COVID-19, JetBlue y otras aerolíneas realizan malabares para manejar el incremento en pasajeros reportado en las temporadas de primavera y verano en medio de la escasez de personal, que el verano pasado causó atrasos y cancelaciones, que las empresas procuran evitar este año.
El juez Anthony Cuevas Ramos del Tribunal de San Juan acogió esta tarde una solicutd del presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, y dio un plazo de 24 horas a 10 representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) para que entreguen la información relacionada al Fondo de Mejoras Municipales o el antiguo barrilito, que por legislación aprobada a toda prisa a final de cuatrienio pasado, pasó a la Autoridad de Tierras.
Mediante una resolución, de 6 páginas, Cuevas Ramos declaró ha lugar la petición y emitió una orden dirigida a:
1) Hon. Yashira M. Lebrón Rodríguez (Distrito 8);
2) Hon. Joel Franqui Atiles (Distrito 15);
3) Hon. Luis Pérez Ortiz (Distrito 7);
4) Hon. Gabriel Rodríguez Aguiló (Distrito 13);
5) Hon. Carlos J. Méndez Núñez (Distrito 36);
6) Hon. Juan 0. Morales Rodríguez (Distrito 3);
7) Hon. Jorge Navarro Suárez (Distrito 5);
8) Hon. Ángel Morrey Noble (Distrito 6);
9) Víctor Parés Otero (Distrito 4); y
10) Ángel Bulerín Ramos (Distrito 37)
“Las personas nombradas deberán, en un término final de 24 horas a partir de la notificación de la presente orden, producir y entregar todos los documentos solicitados y contestar las preguntas cursadas como parte de la investigación de la Cámara de Representantes”, apuntó el togado en la orden.
“El incumplimiento o desobediencia a Ia Orden aquí dictada será castigada por este Tribunal como un desacato civil. Aclaramos que, cualquier cuestionamiento se tendrá que atender en la vista de desacato”, abundó.
En febrero pasado, el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, despidió a la entonces directora ejecutiva de la Autoridad de Tierras, Dorally Rivera Martínez, en medio de diferencias por el manejo del llamado Fondo de Mejoras Municipales, que la Oficina de la Contralora recién comenzaba a auditar. El mes pasado y ante la sospecha de posible comisión de delito, González Beiró refirió al Departamento de Justicia los expedientes de tres organizaciones sin fines de lucro que recibieron fondos de ese pote para la realización de obras y repartición de ayudas en diferentes municipios, según reportó El Nuevo Día.
La Cámara de Representantes también investiga el asunto.
A pesar de que Luma Energy aseguró que la transparencia será el norte de su investigación para conocer qué fue lo que provocó el apagón de la semana pasada, los portavoces de la empresa y su CEO Wayne Stensby, no quisieron contestar si ellos ordenaron el retraso del mantenimiento en agenda en el patio de interruptores en la Central de Costa Sur.
“No vamos a especular,” insistió Stensby ante la insistencia de los periodistas que participaron de una conferencia de prensa que se citó para hablar sobre la “falla catastrófica” del miércoles pasado.
El Centro de Periodismo Investigativo divulgó que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), sí tenía previsto realizar mantenimiento en la zona de los interruptores en Costa Sur. Según documentos del Negociado de Energía y de FEMA, a los cuales el CPI tuvo acceso, la entrada de LUMA retrasó ese proceso para febrero de 2023.
Sin embargo, Stensby reconoció que esta información sí será necesaria y suministrada para la investigación forense que llevará a cabo una entidad independiente para saber qué pasó y provocó el cortocircuito en el interruptor 82.
Sobre este tema, Mario Hurtado, vicepresidente de Asuntos Regulatorios de LUMA, más temprano en Radio Isla, no quiso entrar en los detalles sobre por qué se pospuso el mantenimiento y repitió que había una investigación en curso y que no iba a especular.
Luma Energy no pudo precisar si este apagón pudiera repetirse y recalcó que sometieron ante FEMA unos 180 proyectos para su evaluación.
Enfatizaron que en los próximos meses comienzan algunos proyectos de reconstrucción.
En la extensa conferencia de prensa, la Dra. Shay Bahramirad, vicepresidenta ingeniería de LUMA informó que la empresa va a recurrir a la contratación de una firma de arquitectos e ingenieros para diseñar y efectuar los arreglos del patio de interruptores que será pagados con fondos de FEMA. Esta contratación es adicional a la evaluación independiente que contará con el apoyo de Georgia Tech.
“Varios pasos deben ocurrir para completar esta investigación” sostuvo Bahramirad al detallar que es sumamente importante la recopilación de datos de múltiples fuentes.
El Negociado de Energía comenzó una investigación sobre las causas del apagón y le ordenó a Luma a presentar un informe inicial el martes, 12 de abril y uno final el lunes, 18 de abril antes de las 12:00 pm.
El juez Anthony Cuevas Ramos del Tribunal de San Juan no desestimó hoy la demanda incoada por el Departamento de Justicia para destituir a la cabildera por la estadidad, Elizabeth Torres Rodríguez.
Pero por su línea de preguntas parece inclinado a desestimar el recurso legal al amparo de la doctrina decuestión política.
Durante la vista virtual, que se trasmitió a través del canal de YouTube del Poder Judicial, el togado reconoció la vaguedad de la Ley que creó la Delegación Congresional y que no cuenta con parámetros claros para medir el cumplimiento con el objetivo principal de los seis delegados que consiste en trabajar a tiempo completo para exigir al Congreso de Estados Unidos que admita a Puerto Rico como un estado de Estados Unidos. El estatuto, aprobada a toda prisa a final del cuatrienio pasado cuando el Partido Nuevo Progresista (PNP) dominaba el Ejecutivo y el Legislativo, ni siquiera elabora el formato de los informes, que los delegados deben someter cada 60 días al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia. Hasta el momento, Torres Rodríguez ha sometido dos informes escritos y uno en formato de video. En el primero, describió a la delegación congresional como un embeleco y solicitó a Pierluisi Urrutia que la disolviera. Poco a poco, los informes han subido de tono y acusado al PNP y al propio gobernador de corrupción.
En un momento de la vista, que se extendió 51 minutos, Cuevas Ramos preguntó a la abogada Susanne Lugo Hernández de la División de lo Civil de Justicia, si debía creer por fe los alegatos de incumplimiento que realizaba el Estado. Al inicio de la vista, el togado mencionó que no contaba con los informes sometidos por Torres Rodríguez.
Como parte de su argumentación, Lugo Hernández indicó que Torres Rodríguez solo tenía cumplir con dos objetivos: entregar los informes cada 90 días y realizar gestiones ante el Congreso reclamando la estadidad para Puerto Rico. En su caso, según la abogada, la delegada incumplió con ambos requisitos. No sometió el tercer informe porque la agencia no reconoce el vídeo como un cumplimiento con el requisito.
“No es las (gestiones) que sean como dice el compañero. Son las que sean frente al Congreso, si ella entiende que echarle agua a las matas del Congreso podría mover a que el Congreso aceptara a Puerto Rico como un estado, pues mire que vaya al Congreso y eche agua y lo ponga en el informe, que esa fue la gestión que ella hizo como congresista y como delegada congresional, pero no se trata de eso”, apuntó Lugo Hernández.
“Ciertamente se trata de que ella no está cumpliendo con su deber. Estamos hablando de fondos públicos. Ciertamente la protección de los fondos públicos tiene que ver que en este país se paga al trabaja, al que hace su gestión, la gestión que le toca hacer. El compañero dice que después que ella llene un papel y ponga ahí lo que sea, el tribunal no puede entrar ni siquiera entrar a leer ese documento porque sería una cosa política. No juez eso es ridículo”, abundó.
Desde su oficina y en compañía de Torres Rodríguez, el licenciado Michael Corona Muñoz planteó que Justicia utilizaba esta demanda para obligar al juez a elaborar los parámetros y el reglamento que la Ley no contiene. Enumeró en varias ocasiones las gestiones que otros cabilderos hacen como pararse frente al Congreso con pancartas exigiendo la estadidad.
Indicó que su representada cumplió con el deber de presentar los informes, pero que sus reportes no son del agrado del secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, quien aseguró se mueve por una agenda política. También reiteró la vaguedad de la Ley que ni siquiera confiera facultades al Secretario de Justicia para evaluar el trabajo de los delegados y delegadas, ni tampoco establece un proceso de destitución más allá de mencionar que el Secretario de Justicia podrá incoar un recursos ante el tribunal de primera Instancia para destituir al delegado si se demuestra su incumplimiento.
Destacó que Torres Rodríguez es una delegada electa por el voto directo del pueblo y que todavía se encuentra al inicio de su término, que acaba el 31 de diciembre de 2024.
“Con esta Ley no se puede destituir a nadie”, apuntó Corona Muñoz.
“Este caso no pasa de la política de nuestra judicatura de abstención del tribunal, de no pasar juicio sobre esto, porque se trata de un asunto que los tribunales pueden adjudicar. La Constitución y la jurisprudencia de Puerto Rico sabiamente han delineado que este tipo de asunto está fuera del alcance de la Rama Judicial y debe estar fuera porque -en este caso se está pidiendo- que no cumpliéndose con la letra clara de la Ley. Se está pidiendo que se especule y se indique si una gestión política es efectiva y agradable a quien la escucha”, afirmó el licenciado Corona Muñoz.
Al finalizar la vista, Cuevas Ramos señaló que esperará por la réplica de Justicia ante la moción de desestimación siguiendo la doctrina de la cuestión pública. Luego resolverá por escrito.
El alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz compareció ante un Gran Jurado federal el pasado 31 de marzo, confirmó una fuente de Cuarto Poder (WAPA-TV).
Desde ese momento, no habla con nadie.
El político había mantenido comunicación con sus allegados aún después de recibir la carta en la cual las autoridades federales le informaban que era objeto de una investigación por corrupción gubernamental. Tras recibir esta comunicación, el alcalde contrató a la abogada Laura Maldonado.
La fuente indicó que luego de la comparecencia ante el Gran Jurado Cruz dejó de responder las llamadas y los textos incluso a sus amigos y allegados. Ya había cortado comunicación con la legislatura municipal, reportó El Vocero hace dos semanas.
Previamente, Cuarto Poder y El Vocero habían informado que Cruz primero recibió una citación para presentarse al Negociado de Investigaciones Federales (FBI, en inglés). Otros medios informaron que había recibido una citación para presentarse ante el Gran Jurado.
Esta citación ocurre a casi cuatro meses del arresto de su mano derecha y vicealcalde Radamés Benítez Cardona. El pasado 8 de diciembre, un Gran Jurado federal acusó a Benítez Cardona de recibir sobornos para garantizar la contratación de la empresa Waste Collection, que presidía el ahora convicto federal Oscar Santamaría Torres.
La acusación, de siete páginas, detalla que recibió un soborno mensual de $17,250 mientras ocupaba un cargo en el ayuntamiento. Benítez Cardona también cobró un depósito de $200,000. Especifica que Raymond Rodríguez Santos, presidente de la empresa J.R. Asphalt y cooperador del gobierno federal, negoció el soborno con el funcionario a nombre de Santamaría Torres, otro cooperador.
El ahora exalcalde de Guayama, Eduardo Edgardo Cintrón Suárez, se declaró culpable el viernes pasado de un cargo por conspirar para recibir sobornos a cambio de aprobar facturas y de extender contratos gubernamentales a una empresa de asfalto.
La directora ejecutiva de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC), Hannia Rivera Díaz, aseguró hoy que, contrario a lo expresado por representantes de Luma Energy, los consumidores sí tienen derecho a reclamar por los posibles daños que hayan sufrido como consecuencia del apagón.
“Es muy importante que el consumidor sepa que, en caso de haber sufrido algún daño tiene derecho a presentar una reclamación ante Luma. Si bien es cierto que existe un relevo de responsabilidad a favor de Luma, este no es absoluto. En aquellos casos en que haya mediado negligencia crasa, dolo o conducta temeraria, el consumidor tiene derecho a recibir compensación por daños directos incluyendo daños a la propiedad. La investigación en este caso no ha concluido, por consiguiente, es incorrecto aseverar que los consumidores no tienen derecho a reclamar”, dijo Rivera Díaz en expresiones escritas.
La directora ejecutiva enfatizó en el hecho de que actualmente existe un proceso para la reclamación de daños ante la utilidad, por lo cual Luma no puede negarse a atender los reclamos que presenten los consumidores.
- Debe redactar una carta explicando los daños.
- Llenar la hoja de reclamación que ofrece Luma en sus oficinas comerciales.
- Presentar evidencia de compra o arreglo de equipo que se afectó.
La funcionaria indicó que la OIPC velará por el cumplimiento de Luma Energy y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para con su responsabilidad con los consumidores.
Rivera Díaz recordó que para conocer el detalle de los servicios que ofrece la OIPC, los consumidores pueden acceder https://oipc.pr.gov/ . También pueden llamar al 787-523-6962 o escribir a [email protected] .
El Departamento de Justicia se defendió hoy de las críticas recibidas por procesar a una mujer de 22 años que dejó a su bebé recién nacido en el patio de la residencia del padre de la criatura y no usar la misma vara con el hombre de 41 años, que no había asumido su responsabilidad con la bebé.
En declaraciones escritas, la jefa de los Fiscales, Jessika Correa González, argumentó que Elianni Bello Gelabert incurrió en conducta delictiva y que corresponde al Departamento de la Familia proveer los servicios de apoyo que necesita la mujer, que no contaba con ayuda para cuidar a la bebé.
“El pasado sábado, 9 de abril, una jueza del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto por un cargo de negligencia contra la madre de una bebé de tres meses, quien dejó a la menor sola en horas de la madrugada en el patio frontal de una residencia en Santurce. Debido a que la imputada, Elianni Bello Gelabert, era quien tenía la niña a su cargo cuando la dejó sola frente a la residencia, el Ministerio Público, conforme a su responsabilidad en ley, radicó el cargo de maltrato por negligencia”, afirmó Correa González.
“Según la investigación, el padre de la niña no se encontraba en el lugar en ese momento y, hasta ahora, no ha surgido que haya cometido alguna conducta que constituya delito”, agregó.
Destacó que el ministerio público solo atiende el ámbito penal y que los otros aspectos de este caso deben por el Departamento de la Familia, agencia que asumió la custodia de emergencia de la bebé.
“Como parte del proceso, el Departamento de Justicia se asegurará de que la imputada reciba un trato humanitario y justo. No en todos los casos radicados se persigue una pena de cárcel, sino que la conducta ilegal no se repita; en este caso el poner en peligro la vida de una menor de tres meses de nacida. Existen alternativas para llevar a un menor a un lugar seguro cuando los padres no pueden cumplir con su responsabilidad”, señaló Correa González.
Agentes municipales de San Juan arrestaron a Bello Gilabert la madrugada del viernes después que dejó a su hija de tres meses en un asiento protector para infantes, frente a la residencia del padre en Barrio Obrero en Santurce.
La jueza Brenda Sala Rivera del Tribunal de San Juan encontró causa para su arresto. La mujer se encuentra sumaria en el Complejo Correccional de Bayamón porque no pudo presentar la fianza de $50,000.
Desde que trascendió la noticia, las organizaciones de mujeres han censurado la respuesta del Estado a este caso.
La Colectiva Feminista aseguró que este caso dramatiza la vulnerabilidad de las mujeres pobres y la falta de apoyo para sostener una maternidad responsable y deseada en momentos en que se discute limitar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
El Observatorio de Equidad de Género también censuró la postura oficial y cuestionó que no se presentaran cargos en contra del padre de la criatura, que resaltó casi duplica la edad de la mujer, que tampoco cumplía con su deber.