Proyecto para restringir el aborto parece no tener los votos en la Cámara

  • 23/06/2022

El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, informó que representantes del Partido Popular Democrático (PPD) que le han confirmado que no respaldarán el proyecto que busca restringir el aborto hasta las  22 semanas de gestación.

Hoy habrá dos reuniones, la primera entre Cámara y Senado para especificar las medidas prioritarias en este cierre de sesión. Mientras que la segunda será del caucus de la delegación del PPD, donde se discutirá el futuro del Proyecto 693 del Senado sobre el aborto.

El presidente de la Cámara confirmó que “no hay votos suficientes en una sola delegación para aprobar” la medida. “¿Qué va a pasar con la medida? Yo ahora mismo no puedo decir porque verdaderamente nadie ha visto la medida como quedó, y yo quisiera escuchar a los compañeros”, adelantó.


Fuente: El Vocero

Agencias deben más de $200 millones por sus facturas de la luz

  • 23/06/2022

Un total de 89 oficinas o dependencias de gobierno debían hasta el 1ro. de junio un total de $210.5 millones por concepto de consumo de energía eléctrica.

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) encabeza la lista de entidades gubernamentales con una deuda de $84.6 millones, según información recopilada por el consorcio LUMA Energy.


Fuente: El Vocero

Fiscalía busca orden de mordaza para Sixto George

  • 23/06/2022

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico radicó una moción confidencial en el caso contra el productor Sixto Díaz Colón, después de que éste hiciera expresiones sobre su caso en televisión y en redes sociales, lo que apunta a la posibilidad de que sea encontrado en desacato por violar, por segunda vez, la orden de mordaza.



Fuente: Noticel

Circula sondeo dentro del PPD que atribuyen a Charlie Delgado

  • 23/06/2022

Un sondeo que se llama “Sentir Popular’ y que se atribuye al exalcalde de Isabela, Charlie Delgado Altieri, según fuentes de El Nuevo Día, intenta saber el sentir de la gente sobre la propuesta de José Luis Dalmau para hacer una consulta en la que se elija a los miembros de la Junta de Gobierno del PPD y que se escoja entre un Estado Libre Asociado (ELA) mejorado o la libre asociación. Busca conocer cuánto apoyo tiene esa propuesta y cómo votaría la persona encuestada. Delgado no contestó llamadas del rotativo para confirmar o negar la información.

Fuente: El Nuevo Día

Jueces federales resuelven que la Junta puede tumbar leyes que van contra el plan fiscal

  • 22/06/2022

El Circuito de Apelaciones concluyó hoy que la Junta de Control Fiscal (JCF) tiene el poder para revisar y descartar leyes o medidas que van en contra del plan fiscal del gobierno, , que exige un estudio de impacto fiscal y económico antes de su aprobación.

De esta manera ratificó las determinaciones de la jueza Laura Taylor Swain que atiende la quiebra gubernamental y quien rechazó cuatro leyes, que el Ejecutivo y que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal buscaban revocar argumentando que el ente fiscal actuó de “forma arbitraria y caprichosa” al objetar estos estatutos.

La decisión llega a dos días de que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia firmara la reforma laboral, una pieza legislativa que la Junta advirtió era inconsistente con la ley federal Promesa y los planes fiscales certificados.

“El Congreso tuvo que tomar decisiones difíciles al redactar Promesa y responder a la crisis fiscal de Puerto Rico. Una de esas decisiones fue darle a la Junta la autoridad para revisar y bloquear la implementación de las leyes promulgadas por la legislatura de Puerto Rico “si “perjudican o anulan los propósitos de” Promesa. Reconocemos las objeciones del Estado Libre Asociado a esta estructura única. Pero esa es la estructura de gobierno que aplica aquí. La Junta no actuó “arbitraria y caprichosamente” al ejercer su autoridad bajo Promesa”, apuntaló el panel de jueces.

Con esta decisión, quedarán en veremos la Ley 82 del 2019, conocida como la Ley Reguladora de los Administradores de Beneficios y Servicios de Farmacia; la Ley 138 de 2019, que limita la capacidad de los planes médicos para excluir a proveedores de salud de sus redes preferidas de servicios; y la Ley 176 de 2019 que aumentó los días de licencia de enfermedad y de vacaciones de los empleados públicos.

También quedó en el aire la ley 47 de 2020 que enmendó el Código de Incentivos para incluyó a los profesionales médicos en el beneficio contributivo del 4%.

Denuncian pagos tardíos de Educación a escuelas charter (Documentos)

  • 22/06/2022
Suministrado

Los administradores de las escuelas públicas alianza (EPA’s) crearon la Asociación de Escuelas Públicas Alianza de Puerto Rico (AEPAPR).

Reclaman que se atienda la falta de transparencia y la petición de participación de las instituciones en a la toma de decisiones sobre el presupuesto que se les asigna, los retrasos de los desembolsos de fondos por parte del Departamento de Educación (DE), las dificultades para brindar servicios a la corriente de educación especial, así como el acceso a otros recursos que reciben las demás escuelas y la necesidad de más personal capacitado y dedicado a la Oficina de Escuelas Públicas Alianza.

En la investigación presentada por Cuarto Poder (WAPA-TV) algunos administradores de estas escuelas expresaron las vicisitudes que han pasado para sostener las instituciones ante lo tarde que han llegado los fondos por parte del DE.

 “Aquí durante todo un año y el departamento no aporto un solo centavo”, sostuvo el doctor Roque Díaz Tizol quien administra la Corporación de Servicios Educativos de Yabucoa (COSEY), que tiene a cargo las escuelas charter Camino al Éxito en dicho municipio y la Escuela Cacica Yuíza en Loíza.

Por otra parte, Edjoel Aragones, director de la Academia de Ciencia y Tecnología en Bayamón, declaró que “se estableció un presupuesto de casi $600 mil para la escuela y actualmente pues nos deben poco más de 200 mil”.

Tanto Díaz Tizol como Aragones expresaron que en un inicio no estuvo claro si el desembolso de fondos funcionaría por adelanto o como reembolso.

Según confirmó el DE a Cuarto Poder, “los cuatro pagos trimestrales que se realizan son a manera de reembolso y deben incluir el informe de gastos correspondiente a los adelantos otorgados en los trimestres anteriores”. 

Pero los administradores de las EPA’s entrevistados por Cuarto Poder indicaron que la manera que en que se deben dar los fondos es por adelanto y que del segundo pago en adelante los fondos se reciben luego de que cada entidad someta un informe de gastos cubiertos con el monto recibido en el plazo anterior.

Sin embargo, la Ley 85, que dio paso a las escuelas charter, se limita a explicar que los fondos se dividirán “en cuatro plazos trimestrales sustancialmente equivalentes, comenzando el primer día de operaciones del mes de julio y posteriormente cada cuatro meses”, no especifica si los desembolsos deben realizarse como reembolsos o adelantos.

Inconvenientes con los servicios de Educación Especial para las EPA’s

La asignación de recursos para la corriente de Educación Especial tampoco estaba clara, declararon varios administradores. “Había este desconocimiento en agosto y septiembre en algunas personas del Departamento de si este servicio se iba a ofrecer en esta escuela o no porque entendían que era una institución privada, así que hubo que educar a muchas personas en el departamento”, explicó Aragones.

Pero incluso teniendo los maestros de Educación Especial ya asignados, las escuelas se enfrentan a ciertas limitaciones ya que estos son empleados del DE y no de la entidad que administra la escuela. “Los recursos que provee el Departamento no se reportan a las escuelas, y las escuelas no tienen autonomía para controlar su calidad o supervisar desempeño”, dicta el documento de la AEPAPR.

Mientras tanto, la portavoz del Comité Timón de Padres de Estudiantes de Educación Especial, Carmen Warren aseguró que “lo que ha ocurrido es que muchos de los padres que han matriculado finalmente a estudiantes de educación especial en escuelas charter ni siquiera han informado a la escuela charter que el estudiante era de educación especial. Cuando llega el momento, entonces tenemos muchas de estas escuelas charter llenas, su matrícula mayormente es del programa de educación especial a estos estudiantes y en esas escuelas, no se les están brindando los servicios”.

Warren también habló de su preocupación sobre los estudiantes que han recibido vales educativos pues, según explicó, el dinero asignado a estos vales no alcanza a cubrir los costos de las escuelas privadas, lo que obliga a los padres a cubrir la diferencia o a llevar a sus hijos de regreso a la escuela pública.

Además, señaló que más allá de ser una propuesta que promueve la igualdad, según se describe en la ley, lo que sucede es que la escuela privada se convierte en un ambiente excluyente para los estudiantes que vienen del sector público, pues no pueden participar de las actividades extracurriculares que implican costos adicionales no contemplados en los vales.

Tanto las escuelas alianza, como los vales forman parte de la Reforma Educativa de 2018. Se esperaba que a la fecha habrían cerca de 87 de estas escuelas en la isla, pero actualmente hay siete EPA’s.

Mientras que, en 2020 el entonces secretario de Educación, Eligio Hernández, expuso que alrededor de 2,500 estudiantes se beneficiarían de los vales educativos, pero al momento se han entregado 878, confirmó el DEPR.

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Desperfecto en carretera provoca la muerte de una mujer y su familia se entera tres meses más tarde

  • 22/06/2022

Zulma Betancourt Boria de 83 años, murió atropellada luego de tropezarse con una protuberancia en la calle Guarionex en San Juan y no ser vista sobre el pavimento por un conductor que atravesaba la intersección con la Avenida Juan Ponce de León.

Los sucesos ocurrieron el pasado 14 de marzo, pero la familia de la víctima supo qué originó el accidente tres meses más tarde tras una investigación de Cuarto Poder (WAPA-TV).

Originalmente los hechos fueron cubiertos por la prensa como un accidente vehicular, pero un video obtenido por este medio muestra el momento en que Betancourt Boria tropieza con el desperfecto e intenta pararse sin éxito antes de ser arrollada.

Inicialmente la mujer permaneció con vida y consciente por lo que pudo pedir ayuda e indicarles a las personas que se acercaron a socorrerla, que tomaran su teléfono celular y contactaran a su familia. Más tarde fue trasladada en condición delicada al Centro Médico donde falleció el mismo día.

En la actualidad, la familia Betancourt continúa a la espera de conocer quién atropelló a su pariente. Según explicó su hermana, Carmen Betancourt, las autoridades se han limitado a informarles que el conductor no vio a Zulma tirada en el suelo, pero no especificaron el porqué.

Mientras, aguardan por una nueva fecha para reunirse con la fiscalía, ya que la primera cita fue pospuesta por motivos de salud de la fiscal de San Juan, Ivette Nieves, quien está a cargo del caso.

“Tristemente nos cancelaron de ahora para ahora y no se han vuelto a comunicar. No tenemos ningún detalle, más allá de que simplemente nos citaron y nos cancelaron”, expresó Mariluz Morales Betancourt, sobrina de la perjudicada.

Cuarto Poder ha estado en comunicación con el Departamento de Justicia para obtener más detalles sobre el caso y estará ampliando a través de este portal.

Los accidentes son la orden del día

Por otro lado, varias personas aseguraron que existen múltiples querellas ante el municipio y la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico, ya que los accidentes en la zona son constantes no solo por la protuberancia en la calle, sino también por desniveles en la acera y el tránsito vehicular que frecuenta el área y cruza la intersección desde diferentes puntos simultáneamente.

Por su parte la Autoridad de Carreteras aclaró que le corresponde al municipio hacer las reparaciones pertinentes en la calle, aunque están dispuestos a asistir en el proceso.

Mientras que el municipio no ha emitido reacciones al respecto luego de que este medio solicitara información para corroborar las querellas que varios entrevistados aseguraron que existen.

“Esto se ha reportado, la Policía tiene conocimiento porque aquí viene mucho la policía del municipio de San Juan que es la que atiende las reclamaciones”, recalcó el licenciado Carlos Carrillo quien conoce bien el área pues es propietario de un edificio aledaño.  Además, comentó que en la intersección ocurren, por lo menos, dos accidentes mensuales.

VEA EL REPORTAJE DE CUARTO PODER AQUÍ

Jueza Presidenta del Supremo usa escolta para caminar su mascota

  • 22/06/2022
Dos alguaciles acompañan a la presidenta del Supremo, Maite Oronoz, y a su esposa, la jueza del Apelativo Gina Méndez, mientras caminan a su mascota. (Foto captura)

De las escoltas de los políticos y funcionarios públicos se ha hablado mucho y han llovido propuestas para eliminarlas o reducirlas.

Pero hay otras escoltas que pasan por debajo del radar y sin fiscalización.

La jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, va con escolta a todas partes, pero rehusó ofrecer a Cuarto Poder (WAPA-TV) información detallada de ese gasto.

El uso de las escoltas para tareas mundanas, como para caminar la mascota familiar o cargar la compra a su apartamento, provocó que vecinos molestos se comunicaran con este medio para  denunciar la situación y reclamar que se investigue esa erogación de fondos públicos en momentos en que empleados y empleadas del Poder Judicial reclaman mejores condiciones de trabajo.

Los vecinos también compartieron fotos y un vídeo que muestra a dos alguaciles escoltando a Oronoz Rodríguez y a su esposa, la también jueza del Apelativo, Gina Méndez Miró, mientras caminan a su mascota. La perrita, según una vecina de un edificio contiguo, se llama “Rua”. Otras veces, corresponde a un alguacil sacar a la mascota a hacer sus necesidades.

Varios residentes de esta comunidad sanjuanera señalaron que dos alguaciles pasan horas largas acampando en el vestíbulo del edificio donde reside la jueza, mientras afuera, en el parking, siempre se mantienen dos vehículos asignados a Oronoz Rodríguez. En ocasiones, hay dos guaguas marca Durango. Otras veces, descansan en el parking una Durango y una guagua blanca Cherokee.

También notaron el contraste con otro vecino juez. El juez federal Gustavo Gelpí, que vive en la zona, camina y hace ejercicios solito. Nada de guardaespaldas. En octubre pasado, el Senado federal confirmó a Gelpí como juez del Primer Circuito de Apelaciones de Boston, una posición que Oronoz Rodríguez interesaba y que de haberla logrado la hubiera despojado de ese séquito de seguridad que la acompaña a todas partes.

El Poder Judicial confirmó que Oronoz Rodríguez tiene escolta, pero despachó las preguntas puntuales de Cuarto Poder con respuestas genéricas, que impiden calcular cuánto dinero se gasta en el pago a funcionarios que forman parte de su escolta y cuántos vehículos se utilizan para esas labores de seguridad.

A través del director interino de la Oficina de Comunicaciones, Jean-Carlo A. Pérez Nieves, informó que el salario promedio de un alguacil de seguridad asciende a $2,786, pero la nómina de empleados, que el Poder Judicial divulgó en el 2020, consigna que varios alguaciles de seguridad ganan salarios que oscilan entre los $3,400 a los $3,620 al mes.

Una de las guaguas de la flota de vehículos que usa la Jueza Presidenta. (Suministrada)

“No podemos comentar o reaccionar a un video de la Jueza Presidenta y su familia de ida o regreso a la escuela de sus hijos, pues no hemos tenido acceso al mismo. Entre otras funciones, los alguaciles están a cargo de la seguridad de los Jueces y Juezas del Tribunal Supremo. La ejecución de esa labor de seguridad requiere que los alguaciles asignados estén con ellos en su proximidad, dentro o fuera del Tribunal”, indicó Pérez Nieves en declaraciones escritas.

“Al presente, el tipo mínimo de la escala de retribución para la clase de alguacil auxiliar de seguridad es de $1,840 al mes, con una retribución salarial promedio de $2,786.34 respecto a los 29 alguaciles auxiliares de seguridad que actualmente ocupan sus puestos en el Tribunal Supremo. En lo que respecta al pago de horas extras para el referido personal, en lo que va del 2022 no se han emitido pagos por este concepto a alguaciles asignados al Tribunal Supremo”, agregó.

El funcionario no especificó cuántos alguaciles están asignados a cada juez o jueza asociada. También ignoró preguntas sobre el tipo de vehículo asignado a cada miembro de la curia para desplazarse a sus funciones.

Fuentes de este medio aseguran que la Jueza Presidenta tiene al menos cinco vehículos a su disposición. Pero un reportaje del periodista Orlando Rivera Martínez de Noticentro señaló que Oronoz Rodríguez utiliza seis guaguas, cuyo uso intercala para pasar inadvertida. El periodista también reveló que el año pasado Oronoz Rodríguez ordenó una guagua “con parámetros específicos de seguridad” que se encuentra cogiendo polvo en el estacionamiento de la Administración de Tribunales en Hato Rey porque no cumplió con las expectativas de la togada.

“Sobre los vehículos asignados para uso de los Jueces y Juezas del Tribunal Supremo, al presente existen 13 unidades en total de los años 2012, 2019, 2021 y 2022. Estos vehículos son parte integral de la flota del Tribunal Supremo, por lo que pueden ser asignados a usos administrativos, tales como traslado de funcionarios, para la coordinación de eventos o para uso de las Comisiones adscritas al Tribunal Supremo, de ser necesario. Los referidos vehículos tienen características similares a los utilizados por la Policía y por el Departamento de Corrección y Rehabilitación debido a los aspectos de seguridad que se requiere en estos casos”, indicó Pérez Nieves a preguntas de este medio.

Actualmente, el Tribunal Supremo tiene 8 miembros porque todavía está vacante la silla que de la jueza asociada Anabelle Rodríguez Rodríguez, quien se acogió al retiro obligatorio el 24 de diciembre de 2020.

En el 2007, el periódico Primera Hora publicó que los seis jueces del Tribunal Supremo (el número aumentó de 6 a 9 en el 2010) tenían 16 escoltas que los acompañan prácticamente todo el tiempo. El entonces juez presidente, Federico Hernández Denton, tenía seis escoltas asignadas que se dividían en tres turnos de manera que tuviera seguridad las 24 horas del día, incluyendo los fines de semana.

Pero en este momento, según Pérez Nieves los alguaciles auxiliares de seguridad “no proveen servicios de seguridad las veinticuatro horas del día” a los jueces y juezas del Tribunal Supremo.

Sin embargo, vecinos de Oronoz Rodríguez aseguraron que los alguaciles la acompañan los 7 días de las semana, desde las 7:00 a.m. hasta cerca de las 10:00 p.m. Indicaron también que utiliza el vehículo oficial todo el tiempo, incluyendo para paseos con su familia.

El gasto excesivo que de las escoltas -que velan las espaldas de los funcionarios públicos, exgobernadores y miembros de la Junta de Control Fiscal- ha copado titulares en medio de la estrechez fiscal del gobierno, que recién comenzó a pagar la deuda pública. Entre el 2016 al 2021, el gobierno pagó $9.6 millones solo en el “overtime” de esas escoltas, reveló una investigación de Cuarto Poder.

Mira el reportaje aquí: Entre lujos y poder