De las escoltas de los políticos y funcionarios públicos se ha hablado mucho y han llovido propuestas para eliminarlas o reducirlas.
Pero hay otras escoltas que pasan por debajo del radar y sin fiscalización.
La jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, va con escolta a todas partes, pero rehusó ofrecer a Cuarto Poder (WAPA-TV) información detallada de ese gasto.
El uso de las escoltas para tareas mundanas, como para caminar la mascota familiar o cargar la compra a su apartamento, provocó que vecinos molestos se comunicaran con este medio para denunciar la situación y reclamar que se investigue esa erogación de fondos públicos en momentos en que empleados y empleadas del Poder Judicial reclaman mejores condiciones de trabajo.
Los vecinos también compartieron fotos y un vídeo que muestra a dos alguaciles escoltando a Oronoz Rodríguez y a su esposa, la también jueza del Apelativo, Gina Méndez Miró, mientras caminan a su mascota. La perrita, según una vecina de un edificio contiguo, se llama “Rua”. Otras veces, corresponde a un alguacil sacar a la mascota a hacer sus necesidades.
Varios residentes de esta comunidad sanjuanera señalaron que dos alguaciles pasan horas largas acampando en el vestíbulo del edificio donde reside la jueza, mientras afuera, en el parking, siempre se mantienen dos vehículos asignados a Oronoz Rodríguez. En ocasiones, hay dos guaguas marca Durango. Otras veces, descansan en el parking una Durango y una guagua blanca Cherokee.
También notaron el contraste con otro vecino juez. El juez federal Gustavo Gelpí, que vive en la zona, camina y hace ejercicios solito. Nada de guardaespaldas. En octubre pasado, el Senado federal confirmó a Gelpí como juez del Primer Circuito de Apelaciones de Boston, una posición que Oronoz Rodríguez interesaba y que de haberla logrado la hubiera despojado de ese séquito de seguridad que la acompaña a todas partes.
El Poder Judicial confirmó que Oronoz Rodríguez tiene escolta, pero despachó las preguntas puntuales de Cuarto Poder con respuestas genéricas, que impiden calcular cuánto dinero se gasta en el pago a funcionarios que forman parte de su escolta y cuántos vehículos se utilizan para esas labores de seguridad.
A través del director interino de la Oficina de Comunicaciones, Jean-Carlo A. Pérez Nieves, informó que el salario promedio de un alguacil de seguridad asciende a $2,786, pero la nómina de empleados, que el Poder Judicial divulgó en el 2020, consigna que varios alguaciles de seguridad ganan salarios que oscilan entre los $3,400 a los $3,620 al mes.
“No podemos comentar o reaccionar a un video de la Jueza Presidenta y su familia de ida o regreso a la escuela de sus hijos, pues no hemos tenido acceso al mismo. Entre otras funciones, los alguaciles están a cargo de la seguridad de los Jueces y Juezas del Tribunal Supremo. La ejecución de esa labor de seguridad requiere que los alguaciles asignados estén con ellos en su proximidad, dentro o fuera del Tribunal”, indicó Pérez Nieves en declaraciones escritas.
“Al presente, el tipo mínimo de la escala de retribución para la clase de alguacil auxiliar de seguridad es de $1,840 al mes, con una retribución salarial promedio de $2,786.34 respecto a los 29 alguaciles auxiliares de seguridad que actualmente ocupan sus puestos en el Tribunal Supremo. En lo que respecta al pago de horas extras para el referido personal, en lo que va del 2022 no se han emitido pagos por este concepto a alguaciles asignados al Tribunal Supremo”, agregó.
El funcionario no especificó cuántos alguaciles están asignados a cada juez o jueza asociada. También ignoró preguntas sobre el tipo de vehículo asignado a cada miembro de la curia para desplazarse a sus funciones.
Fuentes de este medio aseguran que la Jueza Presidenta tiene al menos cinco vehículos a su disposición. Pero un reportaje del periodista Orlando Rivera Martínez de Noticentro señaló que Oronoz Rodríguez utiliza seis guaguas, cuyo uso intercala para pasar inadvertida. El periodista también reveló que el año pasado Oronoz Rodríguez ordenó una guagua “con parámetros específicos de seguridad” que se encuentra cogiendo polvo en el estacionamiento de la Administración de Tribunales en Hato Rey porque no cumplió con las expectativas de la togada.
“Sobre los vehículos asignados para uso de los Jueces y Juezas del Tribunal Supremo, al presente existen 13 unidades en total de los años 2012, 2019, 2021 y 2022. Estos vehículos son parte integral de la flota del Tribunal Supremo, por lo que pueden ser asignados a usos administrativos, tales como traslado de funcionarios, para la coordinación de eventos o para uso de las Comisiones adscritas al Tribunal Supremo, de ser necesario. Los referidos vehículos tienen características similares a los utilizados por la Policía y por el Departamento de Corrección y Rehabilitación debido a los aspectos de seguridad que se requiere en estos casos”, indicó Pérez Nieves a preguntas de este medio.
Actualmente, el Tribunal Supremo tiene 8 miembros porque todavía está vacante la silla que de la jueza asociada Anabelle Rodríguez Rodríguez, quien se acogió al retiro obligatorio el 24 de diciembre de 2020.
En el 2007, el periódico Primera Hora publicó que los seis jueces del Tribunal Supremo (el número aumentó de 6 a 9 en el 2010) tenían 16 escoltas que los acompañan prácticamente todo el tiempo. El entonces juez presidente, Federico Hernández Denton, tenía seis escoltas asignadas que se dividían en tres turnos de manera que tuviera seguridad las 24 horas del día, incluyendo los fines de semana.
Pero en este momento, según Pérez Nieves los alguaciles auxiliares de seguridad “no proveen servicios de seguridad las veinticuatro horas del día” a los jueces y juezas del Tribunal Supremo.
Sin embargo, vecinos de Oronoz Rodríguez aseguraron que los alguaciles la acompañan los 7 días de las semana, desde las 7:00 a.m. hasta cerca de las 10:00 p.m. Indicaron también que utiliza el vehículo oficial todo el tiempo, incluyendo para paseos con su familia.
El gasto excesivo que de las escoltas -que velan las espaldas de los funcionarios públicos, exgobernadores y miembros de la Junta de Control Fiscal- ha copado titulares en medio de la estrechez fiscal del gobierno, que recién comenzó a pagar la deuda pública. Entre el 2016 al 2021, el gobierno pagó $9.6 millones solo en el “overtime” de esas escoltas, reveló una investigación de Cuarto Poder.
Mira el reportaje aquí: Entre lujos y poder
