La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) ha gastado más de $72 mil en cinco elecciones para llenar vacantes de funcionarios que fueron arrestados o convictos por corrupción.
Fuente: El Nuevo Día
Más de una tercera parte de los supermercados visitados la semana pasada por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) fueron multados, y el 92% de las infracciones fueron por tener en sus góndolas y neveras productos expirados. Vea la lista en esta historia de El Nuevo Día.
Fuente: El Nuevo Día
Algunos de los municipios que se encuentran en observación por sequía son Las Piedras, Juncos, Morovis, Lares, Utuado, Peñuelas y Aibonito, que se sirven de la planta de filtración de Humacao. Mientras que Caguas se incorporó a la lista luego que se añadiera a la lista de vigilancia la planta de Caguas Sur. Loíza y Canóvanas ya se encuentran bajo racionamiento desde el pasado domingo. En tanto,Río Grande iniciará el plan de racionamiento, hoy, 8 de junio, con interrupciones de servicio por periodos de ocho horas, que iniciarán a las 9:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana.
Fuente: Metro
En un intento de obtener una sentencia leniente, el abogado del ex alcalde de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiqués, el exfiscal federal Ernesto Hernández Milán, expuso para el récord la primera alegación que coloca al ex alcalde de Cidra, Javier Carrasquillo Cruz tomando parte activa en el esquema de corrupción de Oscar Santamaría Torres y Waste Collection.
El abogado le recordó a la jueza que su cliente se acercó voluntariamente a las autoridades federales en la primera semana de diciembre pasado y dijo todo lo que sabía sobre Mario Villegas Vargas y Raymond Rodríguez Santos, exsocios fundadores de J.R. Asphalt, Inc., otra de las empresas ligadas al esquema.
En 2016, Arroyo Chiqués había decidido no volver a postularse y negoció un soborno de $5,000 mensuales a cambio de firmarle a Waste un contrato de recogido de desperdicios sólidos por vigencia de 10 años. El soborno sería cada mes durante la vigencia completa del contrato, por lo que Arroyo Chiqués se garantizó una especie de pensión.
En la oficina de Carrasquillo Cruz en la alcaldía de Cidra se discutió que “era importante que el que se convirtiera en alcalde aceptara el contrato”, dijo el abogado. Entonces, Carrasquillo Cruz “coordinó la reunión con el alcalde entrante” y el contrato con Waste se mantuvo vigente, añadió.
El alcalde entrante era Javier García Pérez, correligionario de Carrasquillo Cruz, quien en mayo pasado fue arrestado y acusado de recibir $32,000 de parte de Santamaría Torres y Rodríguez Santos a cambio de pagarle facturas a Waste.
Uno de los cambios que podría tener el borrador de proyecto de estatus que evalúa el Congreso se refiere a las definiciones sobre qué pasará con la ciudadanía estadounidense que tienen las personas nacidas en Puerto Rico. otros estados. Bajo la fórmula de libre asociación, nacer en la Isla ya no se constituiría en condición para obtener automáticamente la ciudadanía estadounidense, a menos que ambos padres de la persona nacida en Puerto Rico tengan ciudadanía de Estados Unidos.
La ciudadanía condicionada a la paternidad se mantendría vigente mientras dure el acuerdo de transición hacia la soberanía.
Bajo la independencia, quienes son ciudadanos no perderían la ciudadanía de Estados Unidos, aun cuando en Puerto Rico ya no aplicaría ninguna ley federal.
Fuente: El Vocero
Una exempleada de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizó durante el día de ayer un referido de investigación a la División de Integridad Pública y al Secretario de Justicia, Lcdo. Domingo Emanuelli Hernández para que investigue un posible patrón de conducta delictiva por parte del Representante Orlando Aponte Rosario.
En el referido se establece que el Representante Orlando Aponte Rosario le mintió al Departamento de Justicia al declarar en una querella tener conocimiento personal de la comisión de delito sobre la exempleada y luego reconocer mediante declaración jurada que sus alegaciones no eran ilegales.
La petición de investigación de la exempleada menciona posibles violaciones por parte de Aponte Rosario a los Artículos 268- Declaración o alegación falsa sobre delito y el Artículo 26 -Perjurio del Código Penal de Puerto Rico, posibles faltas éticas y/o administrativas.
La solicitud de la exempleada al Departamento de Justicia hace referencia a una Querella que realizó el Representante y abogado Orlando Aponte Rosario el pasado 21 de agosto de 2020, en donde certifico tener conocimiento personal, sobre la comisión de delito en contra de la propia exempleada. En el referido se establece que Aponte Rosario cambio su declaración y verbalizó no tener conocimiento personal de los hechos.
“La querella y las alegaciones del Sr. Aponte Rosario activaron el sistema investigativo del Departamento de Justicia con una mentira, que a nuestro juicio, trajo consigo una asignación innecesaria e irresponsable de recursos del Estado; y eso es lo que el Departamento de Justicia debe investigar, con los documentos sometidos a la División de Integridad Pública y la Oficina del Secretario del Departamento de Justicia. Mi única petición al Departamento de Justicia es que se atienda este asunto con la celeridad y seriedad que amerita una situación como esta”, expuso la señora Zayas.
Los documentos que contienen las posibles alegaciones falsas de Aponte Rosario constan en la Resolución de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (NA-FEI-2021-0007), quien determinó no asignar un FEI al ex Representante y en una petición de información pública que realizó la exempleada en virtud de la Ley Núm. 141 de 1 de agosto de 2019, según enmendada conocida como “Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública” al FEI, especificamente, la querella que presentó Aponte Rosario con la alegada información falsa.
Por otra parte el representante del PPD Orlando Aponte Rosario ha expresado que las acusaciones de la Sra. Zuleika Zayas, exempleada de la Cámara de Representantes son falsas y parte de una campaña en su contra.
“Cuando determiné entrar al servicio público por medio de un cargo electo, siempre fui advertido por personas con más experiencia política, que los derrotados no perdonan. Hoy se evidencia dicho consejo. Un candidato derrotado de Villalba, y una empleado del candidato derrotado a la Cámara de Representantes dedican todo su tiempo o esfuerzo a lanzar inuendos y falsedades. Cada caso tendrá su día, y ambos serán desmentidos.
Durante el periodo de la campaña política, el exrepresentante Urayoán Hernandez y su equipo de campaña han realizado ataques en contra de mi persona y la de mi familia.
La ex empleada de la Cámara de Representantes, Zuleika Zayas presentó otra queja frívola en mi contra ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, aduciendo exactamente lo mismo que aduce en el día de hoy ante el Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia validó nuestra petición de investigación cuando recomendó a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) que realizara una investigación más exhaustiva sobre la posibilidad de comisión de delitos ‘kick backs’ entre el legislador y su ayudante cuyo aumento de sueldo superaba el salario del propio legislador”, expresó Aponte Rosario.
El capítulo final del drama legal del condominio Sol y Playa en Rincón estuvo lleno de sosiego y prudencia, como los tinglares que alguna vez vieron amenazada su existencia ante el desarrollo inescrupuloso en la zona marítimo-terrestre de la playa Los Almendros.
Trascendió que hoy el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) anuló el deslinde del condominio Sol y Playa, apenas horas después de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitiese un “no ha lugar” a una moción en auxilio de jurisdicción que habían emitido algunos residentes del edificio, que buscaban echar hacia adelante la controvertible construcción de una piscina en esos predios.
De esta forma, el Tribunal Supremo también confirma la decisión anterior del Tribunal de Aguadilla de tumbar la verja en zona marítimo-terrestre, la cual fue respaldada en el Tribunal Apelativo. En esas conclusiones se determinó y se reiteró que los permisos tenían defectos insubsanables.
Desde hace poco más de un año, activistas ecológicos protestan en las inmediaciones del Condominio Sol y Playa, ante la insistencia de algunos residentes de realizar una construcción en zona marítimo-terrestres que, por alguna razón, parecían recibir el respaldo del entonces secretario del DRNA, Rafael Machargo, quien no actuó e contra de esto hasta que recibió la presión de la opinión pública y tuvo que lidiar con una querella de la Junta de Planificación, que llevó el caso hasta las últimas consecuencias.
Activistas apuntan a que estas construcciones eran protegidas por el Gobierno, pues Walter Pierluisi, primo del gobernador Pedro Pierluisi, es titular en ese edificio.
“Finalmente todo ese esfuerzo de tantas personas rindió fruto. La lección que esto nos da es que, si usted como ciudadano ve algo que está haciéndose mal, tiene que tomar acción. Tiene que impugnar. La única forma de proteger nuestros recursos naturales y proteger nuestro país es señalar cuando está mal y denunciar cuando el gobierno no actúa para proteger nuestra naturaleza y viola las leyes”, dijo al medio independiente ¡Ey, Boricua! el licenciado José Barea, quien radicó también una querella ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE) en abril de 2020, en oposición a la gestión del Consejo de Titulares que pretendía construir una piscina y una verja que perdieron durante el huracán María, ocupando una zona pública.
Barea también había radicado una querella en enero de 2020 ante el Departamento de Asuntos para el Consumidor (DACO).
Mira el documento de la resolución del Supremo publicado por Ey Boricua:
Por otro lado, la oficina de prensa del DRNA explicó mediante comunicación escrita que la secretaria interina de Recursos Naturales y Ambientales, Anaís Rodríguez Vega, acogió el informe de un oficial examinador y declaró nula ab initio la certificación de deslinde de la zona marítimo terrestre concedida al condominio Sol y Playa, en Rincón, en noviembre 2020.
“He evaluado el expediente administrativo con mucho detenimiento y decidí acoger el informe del oficial examinador que recomienda declarar nula la certificación de deslinde de zona marítimo terrestre emitida en noviembre 2020 por esta agencia”, señaló Rodríguez Vega, abogada con experiencia en asuntos legales del gobierno.
Según señalaron, el caso del condominio Sol y Playa comenzó el 17 de mayo de 2021 con una querella ante DRNA, donde se impugnó dicho deslinde al amparo del Reglamento 4860 de la agencia, conocido como Reglamento para el aprovechamiento, vigilancia, conservación y administración de las aguas territoriales, los terrenos sumergidos bajo estas y la zona marítimo terrestre.
La querella alegaba que el deslinde aprobado no cumplía con las disposiciones de ley aplicables. Luego de un proceso de vistas administrativas durante el 2021 y 2022, se produjo el informe del oficial examinador, el cual fue acogido hoy por la titular ambiental interina.
“Debo reiterar que el asunto del condominio Sol y Playa tuvo en general varias incidencias, dos de las cuales fueron de la jurisdicción del DRNA que son: la protección de la vida silvestre, ya resuelto, y la impugnación del deslinde, que resolvemos con esta resolución administrativa. El aspecto de los permisos de construcción es jurisdicción de la Oficina de Gerencia de Permisos y la Junta de Planificación, el cual fue resuelto en los tribunales”, señaló Rodríguez Vega.
Según ese informe, el DRNA no cumplió oportunamente con el requisito procesal de publicar en su portal de internet, como exige el Reglamento 4860 en la sección 3.1 (Deslinde de la zona marítimo-terrestre), la información requerida en la solicitud de deslinde y el término para que la ciudadanía presentara información o pudiera emitir comentarios. Tampoco se notificó oportunamente a través de ese portal electrónico la certificación del deslinde emitida por el DRNA y el término que tienen los ciudadanos para ofrecer información, emitir comentarios o presentar una acción para impugnar ante la agencia el deslinde.
El DRNA informó que la solicitud de deslinde de 6 de diciembre de 2019 se publicó en el portal el 3 de agosto de 2021. Mientras, la certificación de deslinde de 17 de noviembre de 2020 se publicó en el portal el 4 de agosto de 2021. “Tal incumplimiento hace el proceso seguido para la certificación del deslinde erróneo y defectuoso”, concluyó el oficial examinador en el informe.
“El pueblo debe tener confianza en que los asuntos ante el DRNA se llevan a cabo de acuerdo con las leyes y reglamentos. Eso incluye enmendar posibles errores en los mismos. Con esta resolución le damos certeza a los procedimientos que se llevan a cabo en la agencia”, sostuvo la licenciada.La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU) le permite a la parte afectada por la determinación del DRNA solicitar reconsideración de la resolución y, de reiterarse la agencia, acudir en revisión al Tribunal de Apelaciones. Por otro lado, cualquier parte interesada puede comenzar un nuevo proceso de deslinde.
Todas las mañanas, Jay Fonseca te pone al día con las noticias más importantes para Puerto Rico y el mundo.
El Departamento de Asuntos del Consumidor informó que los precios de la gasolina amanecieron con nuevos aumentos. La gasolina regular marca Shell se venderá en algunas estaciones a $1.35 centavos, la ‘premium’ a $1.50 y el diésel a $1.44 centavos.
En el renglón de la gasolina ‘premium’, los precios varían por marca desde 136.7 a 150.7 centavos el litro.