La directora y fundadora hace 36 años de la organización sin fines de lucro La Perla de Gran Precio, Lissette Alonso Quintero, señaló los problemas de salud mental como el principal problema que provoca que gente con hogar termine durmiendo en la calle. Este “fenómeno” viene acompañado de un incremento de personas que, empujados por la pobreza, el uso de drogas o la violencia intrafamiliar.
Fuente: Primera Hora
La Cámara de Representantes dejó sobre la mesa por falta de votos una medida que busca establecer que ninguna pensión alimentaria sobrepase el 40% del ingreso mensual del alimentante y que fue enmendado para reducir de 21 años a 18 años la edad máxima en que un progenitor no custodio tendrá que hacer ese pago en beneficio de un hijo menor.
Fuente: El Vocero
El Municipio de Aguadilla ordenó el cese y desista a todas las actividades y usos de una propiedad de alquiler a corto plazo del convicto por corrupción Anaudi Hernández hasta tanto se realice una investigación, luego de que se alegara el uso ilegal de la propiedad.
A eso se suman alegaciones de descarga de “aguas negras al mar”.
La comunicación del Municipio de Aguadilla al exrecaudador del Partido Popular Democrático (PPD) sostiene que actividades y construcción llevadas a cabo no fueron autorizadas.
Fuentes de Cuarto Poder aseguran además que la hospedería y salón de actividades conocido como Casa Herdz está, además, “invadiendo” otra propiedad, afectando la “libertad de movimiento”, causando ruidos y “tráfico automovilístico inapropiado” para la zona.
También que la propiedad es utilizada “varias veces en semana” provocando mal olor debido a que se desborda el pozo muro.
Mientras tanto, videos suministrados a este medio muestran actividades festivas, fuegos artificiales y música alta en horas de la noche en la propiedad.
Fotos suministradas por fuentes evidencian fiestas nudistas en los predios de la propiedad que pueden ser vistas fácilmente por los vecinos.
Hernández aguarda por su vista de sentencia luego de declararse culpable por tres esquemas de fraude en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Administración de Derecho Laboral y en la Cámara de Representantes.
Tres personas recibieron heridas de bala durante una graduación en Xavier University en Nueva Orleans.
Una mujer mayor murió y dos hombres sufrieron heridas menores.
Según la policía, algunas personas conectadas al suceso han sido detenidas. Varias armas fueron encontradas en la escena.
Se cree que la balacera se originó en un pelea en las afueras de la ceremonia de graduación de escuela superior.
“Esto tiene que parar. Debemos unirnos como comunidad, como país, y atender el daño causado por el acceso a armas y llegar a la raíz de la ira y la desesperación que lleva a los individuos a pensar en hacer daño a otros. Todos nuestros niños tienen el derecho de estar seguros y debemos hacer todo lo posible para proteger ese derecho”, expresó el superintendente de la policía de Nueva Orleans, Dr. Henderson Lewis Jr.
Fuente: WDSU News
Hasta el momento, el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, se prepara para juicio y anticipa que sentará a declarar a unos 5 testigos.
Así lo indicó esta tarde su abogado, Osvaldo Carlo Linares, durante una vista con antelación al juicio ante la jueza federal Aida Delgado Colón.
“En este momento, a la espera de que el gobierno nos entregue la totalidad del descubrimiento de prueba, mi cliente parece estar listo para ver su caso en un juicio”, afirmó Carlo Linares a preguntas de la togada sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo.
Durante la video conferencia, que se extendió unos 10 minutos, el fiscal Nicholas Cannon apuntó que el ministerio público había entregado toda la evidencia en su poder y que la próxima semana entregaría la prueba que se extrajo de un celular ocupado durante el arresto de Pérez Otero.
“No usamos ese material para la acusación”, apuntó el fiscal.
Cannon también aseguró que el desfile de prueba del ministerio público se extendería una semana y que estimaba que utilizaría de 10 a 15 testigos.
“Esto es un caso fáctico”, apuntaló.
Ante los asuntos que quedan pendientes, la jueza Delgado Colón pautó otra vista para el 5 de julio a las 3:00 p.m. Ese día la defensa el acusado deberá informar si continúa con su plan de ir a juicio y se escogerá la fecha del proceso judicial.
En una vista previa, el fiscal federal Scott Anderson había informado que la evidencia del caso era robusta y que no descartaba alguna negociación. En esa audiencia, detalló que había entregado a la defensa tres vídeos y cinco o seis grabaciones de llamadas telefónicas, que mostraban al acusado recibiendo sobornos del otrora contratista del ayuntamiento Oscar Santamaría Torres.
Pérez Otero enfrenta cargos por participar en un esquema de sobornos para enriquecerse. La acusación federal en su contra imputa delitos de conspiración para cometer soborno y recibir comisiones ilegales (kickbacks), así como soborno y extorsión por recibir $5,000 mensuales desde finales del 2019 hasta mayo pasado. Por los delitos imputados, se expone a una pena de hasta 35 años de cárcel.
La acusación no identifica al contratista pero consigna que era dueño y tenía interés financiero en una compañía de construcción. Posteriormente la entonces vicealcaldesa del ayuntamiento, Luis Colom García, identificó la empresa como Island Builders y ordenó la cancelación del contrato que mantenía con el municipio. La empresa es otro frente corporativo vinculado a Santamaría Torres, quien hizo alegación de culpa en noviembre pasado y coopera con las autoridades federales.
El Departamento de Educación desconoce cuántos empleados y empleadas de la agencia portan armas en las escuelas públicas u las oficinas de la agencia. Tampoco informa a las madres, padres y tutores si el personal a cargo de sus hijos e hijas carga un arma al salón de clases, comedor u oficina.
A preguntas de Cuarto Poder (WAPA-TV), Educación indicó que lleva un registro de arma y despachó esa función al Negociado de la Policía.
“No tenemos un registro oficial sobre la cantidad de personal que tiene armas en los planteles. El registro lo tiene la policía de Puerto Rico, la agencia que expide la misma”, indicó la portavoz de prensa Michelle de la Cruz en declaraciones escritas.
“El DE (Departamento de Educación) no interfiere con la facultad que tiene el Estado para regular el derecho de portar armas. Si hay ciudadanos que tienen derecho de portar armas, que ya pasaron por ese escrutinio por parte de la Policía de Puerto Rico, no tienen la obligación de informarlo a sus patronos o a otras personas”, añadió.
La agencia también evalúa enmendar la política pública sobre posesión de armas para atemperarla a la legislación, pero la agencia dijo que esa revisión no tiene la intención de flexibilizar la portación de armas en las escuelas públicas.
“La División Legal de la agencia está analizando todas las vertientes de la nueva Ley armas del 2020 y la política pública del Estado, para atemperar la carta circular, siempre tomando como prioridad la seguridad de los estudiantes y de toda la comunidad escolar, y en balance con los derechos constitucionales de los seres humanos. Esto no significa que se flexibilizará la misma o que será más fácil entrar armas a un salón de clases, sino que está en estudio. El DE no promueve el uso de armas, pero igualmente respeta las leyes del estado. La posición del DE es garantizar la seguridad en los planteles, por lo que ese siempre será el norte”, indicó la agencia a preguntas de este medio.
“El DE ha establecido varias estrategias efectivas para minimizar los actos violentos en los planteles tales como el aumento de guardias de seguridad, la instalación de cámaras de seguridad y la firma de un acuerdo colaborativo con el Negociado de Seguridad Pública para orientar a nuestros estudiantes y personal de las escuelas sobre cómo mitigar la violencia”, abundó de la Cruz.
El Departamento de Educación, bajo la administración de Alejando García Padilla y del entonces secretario Rafael Román Meléndez, aprobó una carta circular que permite a todos los empleados de la agencia portar armas siempre y cuando la mantengan oculta, es decir que mantengan su arma en un bulto, la cintura o en su pierna.
Pese a que la política pública se adoptó en el 2014, existía desconocimiento sobre dicha directriz. Pero ahora que reavivó el debate reavivó sobre los maestros y las armas tras la matanza ocurrida el martes pasado en la Robb Elementary School en Uvalde, Texas, la agencia confirmó a este medio la existencia de dicha política pública
El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) informó hoy que mañana radicará cargos contra el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez.
Según una comunicación enviada por la agencia, la vista de radicación de cargos será mañana, miércoles, a las 9:00 a.m. en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.
También enfrentará cargos Yahaira Valentín Andrades, directora de Finanzas y Presupuesto.
El comunicado no detalló los cargos que se le van a presentar.
En noviembre del año pasado, el Panel del FEI anunció que investigaría a Rodríguez ante sospechas de haber incurrido en malversación de fondos públicos y omisión en el cumplimiento de su deber, así como violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.
Ya los maestros portan armas en las escuelas públicas de Puerto Rico, auque la aprobación de dicha política pública pasó por debajo del radar.
La semana pasada, el presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (Codepola), Ariel Torres Meléndez, planteó en entrevista con Jay Fonseca en el programa Los datos son los datos (WAPA-TV) que debía haber educadores armados en los planteles escolares.
“Yo te garantizo que los maestros en Puerto Rico que tienen licencias de armas están yendo con sus armas de fuego a las escuelas. Tienen que hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a decir ‘llega a la escuela y déjala en el auto para que cuando salgas de la escuela estés seguro'”, apuntaló a preguntas de Fonseca.
Aduciendo razones de seguridad, Torres Meléndez también abogó para que se autorice a los maestros y maestras del sistema público a portar armas de fuego en momentos en que reavivó el debate sobre los maestros y las armas tras la matanza ocurrida el martes pasado en la Robb Elementary School en Uvalde, Texas.
Ayer, el Departamento de Educación confirmó a este medio que hace 8 años la agencia aprobó una carta circular que autoriza a los empleados y empleadas con licencia de portación a entrar a los planteles con su arma de fuego.
“La política pública vigente, del 2014, le permite a los maestros y otro personal, hasta la fecha de su emisión, que porten armas de manera oculta, siguiendo todos los procedimientos de ley”, indicó la portavoz de prensa de la agencia, Michelle de la Cruz.
“En efecto, no se han registrado incidentes en los planteles, los cuales son seguros para estudiantes y otro personal; sin embargo, esa política pública se va a revisar para atemperarla, con el fin de cumplir con las leyes actuales”, agregó.
No especificó el número de maestros y personal, que acude a trabajar con su arma. Ni señaló si existe un registro. Tampoco indicó si las madres, padres y tutores conocen que el personal que atiende a sus hijos e hijas se encuentra armado.
El 30 de enero de 2014 el entonces secretario de Educación, Rafael Román Meléndez, promulgó la política pública sobre la portación y posesión de armas en las escuelas e instalaciones del Departamento de Educación. En la misiva de tres páginas, estableció que los empleados con licencia podrán portar “el arma durante su jornada laboral en la escuela o en cualquier otra instalación del Departamento”.
“Asimismo, podrán portarla durante cualquier actividad escolar u oficial que se celebre en la escuela o en cualquier otra instalación del Departamento de Educación durante y fuera de su jornada laboral pero, de igual forma, no podrá estar visible”, matiza la carta circular.
En la carta circular, Román Meléndez menciona la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece el derecho a portar armas, y aclara que la agencia ya no comparecerá ante el tribunal para endosar las solicitudes de portación de armas del personal de la agencia.
Consigna también que los estudiantes no podrán portar, ni introducir armas a las escuelas. De hacerlo, se exponen a medidas disciplinarias y referidos al Departamento de Justicia.
Pese a que la carta circular está dirigida a todo el personal de la agencia, maestras y personal consultado por este medio desconocían de la existencia de esta política pública.
La autorización para portar armas en las escuelas en Puerto Rico ocurrió primero que en el estado de Florida, que aprobó legislación en el 2019 luego de la matanza en la Escuela Superior Marjory Stoneman Douglas en Parkland.
Como en el archipiélago, los estados de Alabama, Oregon, Rhode Island, Utah, Idaho, Indiana y Missouri permiten la portación de armas de manera oculta, según el National Conference of State Legislatures.
En Alaska, Arizona, Connecticut, Georgia, Iowa, Kansas, Louisiana, Massachusetts, Michigan, Montana, New Jersey, New York, Nevada, Ohio, Oklahoma, Oregon, Texas, Utah y Vermont, el personal escolar puede portar armas con el permiso de las autoridades escolares.
Pero mientras Torres Meléndez propone armar a los maestros para combatir ese tipo de violencia, el presidente de Canadá, Justin Trudeau, presentó ayer un proyecto de ley que congelaría la importación, compra y venta de pistolas a nivel nacional.
Ante tragedias similares, países como Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda aprobaron leyes para controlar de manera estricta la portación de armas y han logrado evitar que este tipo de masacre se repita.
El año pasado en Estados Unidos, donde el culto a las armas evita que se aprueban medidas para limitar el acceso a las armas, ocurrieron 21 tiroteos en escuelas, según el Washington Post. Al menos, 185 niños, maestros y otro personal han sido asesinados en este tipo de ataques y 369 han resultado heridos. En Uvalde murieron 19 estudiantes, dos maestras y otros 17 menores resultaron heridos.
Mira la entrevista aquí: ¿Deben estar armados los maestros para protegerse y a los estudiantes?
Todas las mañanas, Jay Fonseca te pone al día con las noticias más importantes para Puerto Rico y el mundo.