Ante la escasez de mano de obra para los trabajos de reconstrucción de la red eléctrica, el gobierno pidió ayuda la semana pasada al gobierno de la República Dominicana para atraer y reclutar personal. Esta semana está haciendo la misma solicitud en España.

Busca reclutar mano de obra cualificada como ingenieros eléctricos, peritos electricistas y otros profesionales afines.

El director de Política Energética de Puerto Rico y del Fideicomiso de Energía Verde del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Francisco Berríos Portela, informó que se necesitarán unas 20,000 personas para los trabajos de reconstrucción de la red de transmisión y distribución, así como para los proyectos de energía renovable que se construirán.

Fuente: El Vocero

El islote Caja de Muertos, una de las reservas administradas por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, se encuentra en abandono y sin supervisión.

Pese a ser una importante reserva natural de anidaje de tortugas marinas, manatíes y de aves migratorias, desde hace un año no recibe ningún tipo de vigilancia del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

La estructura en concreto de la reserva, donde pernoctaban los vigilantes asignados al lugar, sufrió daños tras el paso del huracán María el 20 de septiembre de 2017 y por los fuertes terremotos de enero de 2020. Desde ese momento, los vigilantes fueron sacados de la reserva, aunque continuaban dando patrullaje marítimo al islote.

Pero el año pasado, la única embarcación que quedaba en pie en la Unidad Marítima del Cuerpo de Vigilantes de la Playa de Ponce se dañó y desde entonces Caja de Muertos no tiene ningún tipo de vigilancia. Esto ha provocado que el islote quede a la merced a merced de vándalos y de personas que ignoran la importancia ecológica del ecosistema.

Fuente: Primera Hora

Como parte de una investigación, hace 18 meses, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales pidió ayuda al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) para confirmar los nombres de los titulares de 29 residencias que estaban en incumplimiento con los reglamentos de construcción, permisos y planificación en la Bahía de Jobos de Salinas. 

Los números de catastro que Recursos Naturales pretendía confirmar muestran un buen número de médicos ingenieros y contratistas prominentes. Sus nombres están incluidos en una carta, con fecha del 22 de septiembre de 2020, que fue dirigida al director ejecutivo del CRIM, Reinaldo Paniagua Látimer, y está firmada por el entonces secretario de Recursos Naturales, Rafael Machargo Maldonado, quien renunció el lunes a la posición.

Las 29 residencias, de acuerdo al documento de la agencia, pertenecían a una menor cantidad de titulares porque más de uno tiene dos o hasta tres propiedades a su nombre en la zona.

El documento identifica con números de catastro propiedades pertenecientes a Jorge L. Torres Martínez, José M. Rivera Lamboy- dos propiedades- Ramón Antonio López Vélez, Celestino Flores Carmona, Eduardo N. Hernández Rodríguez, Jorge R. Arce- dos propiedades-, Luis R. Paraliticci Lizardi, Juan Jusino Díaz, Guillermo Cedre Miranda, Jorge Oppenheimer Méndez- dos propiedades-, Guillermo Torres Cabrera- tres propiedades y Manuel Pérez Faura- tres propiedades.

Además, se identifica a Enrique Jr. Báez, Gilberto Senosse Ramírez- dos propiedades-, David De Sevilla Quintero, María I. Arrufat Ríos, Héctor M. López, Luis Rafael Soler, Juan A. Rodríguez y Julio A. Calcaño.

Fuente: NotiCel

Luego de evaluar la investigación a fondo realizada por el Fiscal Especial Independiente, Emilio E. Mill García y la Fiscal Delegada, Leticia Pabón Ortiz, el Panel sobre el FEI emitió una Resolución haciendo constar el archivo del caso, según se concluye en la investigación a fondo de los FEI. El mismo, está relacionado con alegadas actuaciones ilegales atribuidas al Alcalde de Guayama, Eduardo E. Cintrón Suárez y la Directora de Finanzas municipal, Lilliam D. Rodriguez López.

Previamente, el Departamento de Justicia (DJPR) Labia realizado una Investigación Preliminar sobre este asunto, y lo refirió al PFEI con la recomendación de que se realizara una investigación a fondo a cargo de
Fiscales Especiales Independientes.

En la Resolución del Panel se explica sucintamente que este caso se originó con una querella anónima sometida al DJPR, que adujo violaciones de ley relacionadas con la otorgación de un contrato, a una compañía privada,
para el recogido y disposición de desperdicios sólidos. Esto, sin que se realizara una subasta y sin el referido correspondiente a la Legislatura Municipal.

Agrega el documento que, luego de una amplia investigación los fiscales especiales concluyeron, que no contaban con prueba más allá de duda razonable para presentar cargos penales contra Cintrón Suárez y Rodriguez López.

“No obstante, los fiscales remitieron copia de este informe a la Hon. Yesmín Valdivieso, Contralora de Puerto Rico, para que evalúe si hubo irregularidad en cuanto a los pagos efectuados por el municipio, en virtud del contrato de referencia así como, que determine si procede alguna acción de recobro por los pagos efectuados”, precisa la Resolución.

Finalmente, el Panel decretó el archivo de este asunto en cuanto al ámbito penal se refiere. Igualmente, dispuso su Resolución fuese notificada a la Oficina del Contralor de Puerto Rico.