El Senado aprobó con 24 votos a favor y uno abstenido, una medida que suspende por cuarenta y cinco días el impuesto al arbitrio de la gasolina y el diésel, conocido como “la crudita”. Mientras, el presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez ha dicho que está en contra del proyecto ya que el dinero recaudado por la llamada crudita está comprometido. La crudita es el arbitrio sobre la gasolina de 16 centavos por galón y los cuatro centavos sobre “gas oil” o diésel.
El liderato del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) denunció un esquema de acaparamiento de una treintena de edificios por inversionistas extranjeros al amparo de los privilegios contributivos de las Leyes 20 y 22 en la histórica comunidad sanjuanera, considerada una de las más antiguas de la Capital.
Denunciaron que la compra venta de las propiedades ha provocado el desplazamiento de decenas de residentes, muchos de ellos nacidos en la zona.
Un examen que abarcó 58 contratos de 203 que fueron otorgados por la Autoridad de Tierras (ATPR) a las entidades desde enero de 2021 hasta la fecha reveló que
los acuerdos son tan riesgosos como dar un cheque en blanco.
Los contratos hicieron viable la transferencia de millones de dólares de fondos públicos a decenas de organizaciones sin fines de lucro y no detallan cuándo, cómo, a quién y dónde se realizarían las obras o servicios.
La industria del cannabis medicinal ve con buenos ojos la apertura al cannabis recreacional para mayores de 21 años, para aliviar la saturación de dispensarios que supuestamente amenaza esta actividad económica de 2,000 empleos directos y $500 millones de inversión.
Los 194 menores que fueron adoptados en Puerto Rico durante el pasado año 2021, representaron 69 más que el año anterior, según el informe anual sobre el tema que prepara el Departamento de la Familia.
Según se indicó, 100 de las adopciones fueron de niños varones, 94 corresponden a féminas y 60 de esas adopciones son parte de un grupo de hermanos.
En esta última ronda de nombramientos judiciales, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia nominó a juezas superiores a Karen Pagán Pagán, una exjueza municipal suspendida por el Tribunal Supremo en el 2005 por violaciones éticas, y a Myrna Ayala Díaz, una exjueza rechazada por la Comisión de Evaluación Judicial.
También pasó por debajo del radar otra designación política. Al finalizar la sesión pasada, el Senado confirmó a Carol Marie Ortiz Rivera como jueza superior. La nueva jueza es la hija del alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez.
El jueves pasado, el mandatario sometió al Senado 18 nombramientos para ocupar diversos puestos en la judicatura. Algunos son fiscales, que ahora quieren vestir la toga y tener un trabajo de oficina. Otros son jueces y juezas, que están o estuvieron en la nómina de la Rama Judicial.
Pagán Pagán ocupó el cargo de jueza municipal en Aguadilla, pero actualmente se desempeña como abogada. El 20 de junio de 2005 el Tribunal Supremo la suspendió de empleo y sueldo por tres meses por violar los cánones de ética al impugnar dos multas de tránsito sin seguir el procedimiento establecido, que requería que ese trámite se atendiera en otra jurisdicción para evitar conflictos de interés. Una secretaria del juzgado de Aguadilla presentó la revisión de los dos boletos: uno por estacionarse en un lugar donde había línea amarilla y otro por bloquear el tránsito. La revisión la atendió de forma expedita su compañera de oficina, la entonces jueza municipal Jeannette González Acevedo, a quien el Supremo también suspendió de empleo y sueldo durante los últimos tres meses de su nombramiento. González Acevedo acogió las revisiones de multas de su colega sin realizar una vista evidenciaria y sin citar al policía que emitió los boletos de tránsito, que sumaban $65. Tras cumplir su término, González Acevedo se ha mantenido activa en su práctica privada.
“No sólo presentó los recursos de revisión en una sala que carecía de competencia para considerarlos, sino que toda la evidencia demuestra que lo hizo a sabiendas de que serían asignados a la sala a la que estaba asignada su compañera de oficina”, afirmó la sentencia de 28 páginas escrita por el ex juez presidente, Federico Hernández Denton.
“Apoya esta conclusión el hecho de que en al menos otras cuatro ocasiones la Jueza Pagán Pagán presentó recursos de revisión en el Tribunal de Aguadilla por multas que le fueron impuestas en los pueblos de Manatí, Toa Baja y San Juan. De estos recursos, tres fueron declarados Ha Lugar por la co-querellada González Acevedo. Sólo uno, que no fue considerado por la Jueza González Acevedo, fue trasladado al tribunal con competencia”, abundó.
La sentencia apuntaló que Pagán Pagán no ofreció argumentos para apoyar la impugnación. Solo indicó que no cometió las infracciones. Esa ausencia de justificación, según Hernández Denton, “sugiere que en lugar de ejercer su derecho a cuestionar una multa de tránsito que le fue impuesta ilegalmente, pretendía evadir su responsabilidad ciudadana de responder por una falta en la que incurrió”.
Al imponer las sanciones a ambas juezas, Hernández Denton enfatizó que a los jueces y a las juezas se les requiere cumplir la ley como una norma ética básica.
A pesar de esta sanción, en el 2014, la Comisión de Evaluación Judicial la encontró “muy bien calificada” para mantenerse en el cargo de jueza municipal o recibir el ascenso a jueza superior que procuraba en ese momento.
Seis años más tarde, la Comisión evaluadora no recomendó a Myrna Ayala Díaz, entonces jueza superior en el Tribunal de San Juan, “en su solicitud de renominación al cargo de Jueza Superior y ascenso al cargo de Jueza del Tribunal de Apelaciones”. La carta que la jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez envió a la exgoberandora Wanda Vázquez Garced el 17 de junio de 2020 no detalló las razones para recomendación, pero consignó que incluía el informe final con las calificaciones.
Tres fuentes de Cuarto Poder (WAPA-TV) confirmaron que Pierluisi Urrutia ha incluido nombramientos de personas vinculadas al Partido Popular Democrático en las designaciones que ha envidado para el consejo y consentimiento del Senado.
Pero la mayoría pasa inadvertida como ocurrió con la designación de la hija del alcalde de Cayey. Contrario a otros informes, el informe positivo que recibió de la Comisión de Nombramientos no mencionó el nombre de su padre o madre. El reporte señaló que Carol Marie Ortiz Rivera reside en Cayey junto a su compañero y su hija. Fue asesora legislativa del exsenador Ángel Rodríguez Otero y trabajó de abogada y fiscal en el Departamento de Justicia.
Una fuente cercana al Ejecutivo indicó que el alcalde de Cayey pidió ese nombramiento para su hija directamente al gobernador. El Senado aprobó el nombramiento sin objeciones el 5 de octubre de 2021.
El listado de los últimos nominados incluye a la fiscal Begoña Inés De Jesús Meléndez como jueza superior. De Jesús Meléndez fue asesora legal del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares y es la esposa del exdirector ejecutivo de la Compañía de Turismo, José izquierdo, destituido del cargo en medio de imputaciones de hostigamiento sexual que no prosperaron luego que el Departamento de Justicia archivó el caso porque “se refería a denuncias de índole laboral y no de acoso sexual”.
Pierluisi Urrutia también nominó al fiscal Obdulio Eloy Meléndez Torres como juez superior. Meléndez Torra es el hijo del jefe de fiscales de la administración de Luis Fortuño Burset, Obdulio Meléndez.
Los nominados y nominadas son:
1) Lcdo. Alexander Espinosa Santiago a juez municipal
2) Lcdo. Gerardo Rafael Sarriera Lázaro a juez superior
3) Lcdo. Rodney José Ríos Medina a juez superior
4) Lcda. Elizabeth Ann Rice Dilmé a jueza superior
5) Lcda. Karen Pagán Pagán a jueza superior
6) Lcdo. Obdulio Eloy Meléndez Torra a juez superior
7) Lcdo. Pedro Carlos Hernández Zumaeta a juez superior
8) Lcda. Myrna Esther Ayala Díaz a jueza superior
9) Lcda. Lourdes Lynnette Gómez Torres a jueza superior
10) Lcda. Begoña Inés De Jesús Meléndez a jueza superior
11) Hon. Juan Miguel Guzmán Escobar ascenso a juez superior
12) Hon. Marta Lizzette Marchany Justiniano a nuevo término como jueza superior
13) Hon. Ángel Manuel Llavona Folguera a nuevo término como juez superior
14) Hon. Wanda Cintrón Valentín a nuevo término como jueza superior
15) Hon. Heidi Denyse Kiess Rivera a nuevo término como jueza superior
16) Hon. Karilyn Marie Díaz Rivera a un ascenso como jueza del Tribunal de Apelaciones
17) Hon. Waleska lvette Aldebol Mora a un ascenso como jueza del Tribunal de Apelaciones
18) Hon. Arlene de la Matta Meléndez a un nuevo término como jueza superior
El 22 de marzo de 1873, se aprobó en las Cortes Españolas una ley que abolió la esclavitud en Puerto Rico dejando en libertad a las 30,000 personas esclavizadas que vivían en la Isla.
Aún así, la libertad fue condicionada a hacer contratos de trabajo por tres años. El decreto también establecía que no tendrían derechos políticos hasta cinco años después y que los hacendados recibirían inmunización por la pérdida de su “propiedad”.
Según la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, los hombres, mujeres, niñas y niños esclavizados representaban el 5% de la población. Eran pocos, en comparación con Cuba o Haití.
Algunos estudiosos opinan que la abolición se logró por presiones de un sector liberal de hacendados puertorriqueños y antiesclavistas españoles. Otros académicos opinan las personas esclavizadas gestionaron su propia libertad a través del cimarronaje; debilitando la estructura esclavista desde adentro. Y hay quienes piensan que ambas empresas funcionaron paralelamente para lograr el mismo fin.
Lo cierto es que Ramón Emeterio Betances fundó en 1858 una sociedad abolicionista en Mayagüez que utilizó una ley del gobernador Pezuela para liberar esclavos mediante su compra en la pila baustismal. Más adelante, en 1867 difundió una proclama clandestina en la que abolir la esclavitud ocupaba el primer lugar en la lista de los “Diez Mandamientos de los Hombres Libres”.
Mientras en España, en 1865, un grupo de puertorriqueños fundaron la Sociedad Abolicionista Española la cual exigía la abolición de la “funesta institución de la esclavitud”.
Se cree, que las presiones de Inglaterra y Estados Unidos, más la revolución en España y el Grito de Lares en Puerto Rico aceleraron el proceso.
Finalmente, el puertorriqueño Joaquín María Sanromá, presentó el proyecto de abolición que se aprobó un día como hoy hace 149 años.
Puerto Rico fue el penúltimo país en abolir la esclavitud en el Caribe, solo por delante de Cuba en dónde se abolió en el 1886 casi un siglo después de sus vecinos haitianos quienes se liberaron en 1793.
La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) va contra Naturgy y NF Energía para recobrar por gas natural que no han suplido.
Las empresas de España y Estados Unidos están obligadas por contrato a traernos gas natural como combustible para operar las centrales Costa Sur y San Juan, sin embargo, ambas empresas han sido incapaces de suplir la cantidad de gas necesario y la AEE ha tenido que usar destilado número dos y búnker C por lo que ha gastado mucho más en combustible.
El gas de Naturgy cuesta a 10 Mmbtu y el de NF a 13 Mmbtu, mientras el diesel y el búnker cuestan el doble o el triple de esa cantidad.
La expectativa de Carlos Crespo, presidente del Comité de Centros de Inspección del Centro Unido de Detallistas (CUD) es que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) aumente el costo de la inspección de los $11 que cuestan actualmente, a $20.
El Vocero
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