Evidentemente molesto, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia aseguró hoy que no está ni para “dimes y diretes” ni para “peleas chiquitas” con la Legislatura en cuanto a los proyectos que sometió para su aprobación en la sesión extraordinaria, que convocó la semana pasada y que comenzó hoy.
En recientes días, tanto el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, como el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, dejaron saber que no había “urgencia” para atender las medidas enviadas por Pierluisi Urrutia.
Específicamente, Hernández Montañez anticipó que no atendería los proyectos enviados por el mandatario porque no eran medidas que habían quedado pendiente de la segunda sesión ordinaria y que podían evaluarse con detenimiento al inicio de la próxima sesión, que arranca en enero. En cambio, propuso al gobernador enmendar la convocatoria a sesión extraordinaria para aprobar la reforma laboral, que la Cámara baja aprobó, pero quedó pendiente en el Senado.
“Yo no estoy aquí para peleas chiquitas, no estoy aquí para entrar en dimes y diretes en cuanto a quién manda más. Aquí manda el pueblo”, expresó Pierluisi Urrutia en un encuentro con la prensa para hablar sobre asuntos relacionados a fondos federales para Puerto Rico.
“El decir que no se van a atender (las medidas) porque no son importantes me parece una falta de respeto”, apuntó.
ALGUNAS MEDIDAS PENDIENTES
El primer ejecutivo aludió a varias de las medidas que provocaron la convocatoria a la sesión extraordinaria, y que insistió ya había sometido a la Legislatura sin que fueran atendidas durante las primeras dos sesiones de este cuatrienio.
Mencionó un proyecto que envió en febrero “con el propósito de que pensionados puedan trabajar a tiempo parcial en el gobierno sin que se afecte su pensión”.
“No hay tiempo que perder”, expresó sobre lo urgente de que se dé paso a esta medida.
También destacó un proyecto que beneficiaría el programa ‘Family First’, del Departamento de la Familia, que busca atender y brindar más herramientas para prevenir el maltrato a menores. Esta medida procura atemperar la legislación local a la nueva política pública federal, que busca evitar la remoción de menores y prevenir la separación de las familias a través de servicios y de programas de apoyo.
“Si no se aprueba antes de final de este año, se ponen en riesgo esos cientos de millones de dólares”, explicó el gobernador en referencia a los fondos federales que recibiría el programa.
“Basta ya de excusas para menospreciar un proyecto como ese”, apuntó.
La senadora Rosamar Trujillo Plumey, una trabajadora social que laboró en el Departamento de la Familia antes de incursionar en la política, rechazó que estén en juego fondos federales y cuestionó que el Ejecutivo presentara esa pieza a última hora pese a su importancia. Además, indicó en entrevista radial en WKAQ que las autoridades federales están al tanto del trámite legislativo y saben que la medida se aprobará durante la próxima sesión.
