Para 2022 aumento de casi 6% en cheque de seguro social

En Puerto Rico, 850,804 personas se beneficiarán del aumento de 5.9% en su cheque mensual del Seguro Social.El beneficio que anunció ayer la Administración del Seguro Social entrará en vigor en 2022. De acuerdo con los estimados publicados por la agencia, el ajuste resultaría en un incremento promedio de $92 al mes para el trabajador retirado.

El Vocero

Hace falta más de 5 mil policías

A la Policía le hacen falta 5,600 agentes para cubrir todas las bases en su lucha contra el crimen, dijo el comisionado Antonio López Figueroa.

La meta que se ha fijado es reclutar unos 1,000 nuevos agentes, mientras ayer graduaba a 122 nuevos agentes. Actualmente, la Policía tiene 10,400 policías activos.

Primera Hora

Senado aprueba medida para que convictos por asesinato puedan salir en libertad bajo palabra

El Senado aprobó un proyecto de ley que flexibiliza los criterios bajo los cuales la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) puede evaluar la concesión de ese beneficio a confinados por la mayoría de los delitos, particularmente asesinato, que aplicará de forma retroactiva.

La medida, que pasa a la consideración de la Cámara de Representantes, propone que todo confinado, no importa la cantidad de años que representa la pena impuesta, podrá ser elegible a libertad bajo palabra a más tardar 15 años desde su reclusión y cinco cuando se trata de un menor procesado y sentenciado como adulto.

La fórmula es 75% del tiempo de condena, pero nunca más de 15 años. En condenas de asesinato, reduce de 35 a 25 años, y de 15 a 10 años si es menor procesado y sentenciado como adulto, el tiempo de reclusión mínimo antes de que la persona pueda ser considerada para dicho privilegio.


Noticel

Gran Jurado sesiona sobre investigación relacionada a políticos bajo administraciones Rosselló y Wanda Vázquez

Clemente Ruiz Nazario US Courthouse (Hato Rey)

Líderes políticos de alto nivel bajo las administraciones de los gobernadores Wanda Vázquez y Ricardo Rosselló —y algunos incumbentes— son objeto de la pesquisa federal que indaga en aportaciones a campañas políticas y en contratos con el gobierno de Puerto Rico, confirmaron fuentes de EL VOCERO.

El medio reportó que un Gran Jurado federal ha sesionado en más de una ocasión en relación a la pesquisa durante las pasadas semanas.


El Vocero

Aumentan de 170 a 920 mil las llamadas buscando ayuda sicológica a la línea PAS durante la pandemia

Previo a la pandemia, la línea recibía cerca de 170 mil llamadas al año, mientras que, cuando llegó el covid-19, hubo un aumento exponencial de 920 mil llamadas.

El director de ASSMCA Carlos Rodríguez Mateo. indicó que el periodo de mayores llamadas de esas 920 mil fue durante el encierro que ordenó el gobierno como parte de las órdenes ejecutivas.

Este aumento de llamadas es algo positivo, según el director de ASSMCA, debido a que se ha reflejado un descenso en la tasa de suicidio.Comparando con el año anterior, se llevan 11 suicidios menos este año. Si usted, o alguien que conoce, necesita ayuda, puede llamar a la línea PAS al 1-800-981-0023. La línea está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.


Noticel

Segunda al mando de Vivienda federal dice atraso en reconstrucción tras María fue culpa de Trump

La subsecretaria del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD, en inglés), Adrianne Todman, justificó ayer que la reconstrucción de la Isla con fondos federales tras el huracán se haya tardado porque la Administración de Donald Trump puso reglas innecesarias para el uso de estos fondos.

“El dinero no estuvo disponible hasta este año. Fue este año que tuvieron acceso y estoy complacida con lo que he visto. Sé que hay otras cosas que hacer y estamos trabajando en equipo con ellos (los funcionarios de la Isla)”, indicó. El Departamento de la Vivienda en la Isla, mediante el Programa de Reconstrucción, Reparación y Reubicación (R3) ha terminado la construcción de 1,814 viviendas.

El Vocero

Hacienda deja de recibir $2 mil millones al año por evasión contributiva

El Departamento de Hacienda deja de recibir al año aproximadamente más de $2,000 millones a causa de la evasión contributiva, aseguró el secretario Francisco Parés. Dijo que tanto el recaudo del IVU como de las planillas de contribución sobre ingreso ronda el 75 por ciento de captación y que trabaja en medidas agresivas para cobrar ese dinero mediante procesos que antes eran administrativos pero no criminales. 

El Nuevo Día

Dos muertes adicionales y 119 hospitalizaciones por COVID-19

El Departamento de Salud reportó dos muertes por COVID-19 e indicó que uno de los fallecidos no estaba vacunado. “Ambos fallecidos presentaban condiciones preexistentes”, agregó.

Además, se reportaron 119 hospitalizados entres estos 98 adultos de los cuales 39 están en cuidados intensivos. Mientras, hay 21 pacientes pediátricos hospitalizados pero ninguno en intensivo.

Velázquez pedirá al Congreso detener fondos si Luma Energy insiste en ocultar información sobre sus operaciones

Congresista Nydia Velázquez.

Ante la resistencia de LUMA Energy a entregar los documentos relacionados a la operación del sistema de transmisión y distribución eléctrico, la congresista puertorriqueña Nydia Velázquez no descartó procurar enmiendas a las medidas que asignan las partidas presupuestarias para reparar el sistema eléctrico de Puerto Rico.

También está sobre la mesa la opción de pedir la intervención del Departamento de Justicia federal para obligar a LUMA a entregar la información solicitada por el Congreso de Estados Unidos.

“Nosotros podemos utilizar el Comité de Apropiaciones de la Cámara (federal) para incluir lenguaje que le diga tanto a LUMA como al Gobierno de Puerto Rico que no recibirán fondos hasta que ellos no hagan disponibles la documentación que se requiriendo” afirmó anoche la congresista demócrata en entrevista con el programa Cuarto Poder.

Durante la conversación con Jay Fonseca, Velázquez enfatizó que los congresistas tienen la autoridad para solicitarle al consorcio privado información y documentos para evaluar su desempeño y garantizar que el buen uso de los fondos públicos. 

“Aparentemente LUMA y otros oficiales creen que ellos pueden negar acceso a documentos que son importantes para que el Congreso de Estados Unidos pueda determinar si los fondos asignados por el Congreso, que son fondos de los contribuyentes americanos, se están gastando y utilizando de la forma en que los obligamos los fondos”, insistió. 

La AEE recibirá unos $10,510 millones para la reconstrucción de la red eléctrica, pero con la privatización LUMA administra ese dinero. El consorcio privado tampoco invertirá capital propio como parte del contrato pactado con la Autoridad para las Alianzas Público Privadas. 

FAVORECE LA TRANSPARENCIA

Mientras hoy, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia abrazó la transparencia, pero respondió que desconocía si el gobierno tenía a su alcance la información que tanto la Cámara de Representantes de Puerto Rico y el Congreso de los Estados Unidos requerían al operador privado, que administra el sistema de distribución y transmisión de la red eléctrica del archipiélago desde el pasado 1 de junio, y refirió las preguntas a la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad para las Alianzas

El jueves pasado, durante su comparencia a una vista congresional, el presidente de LUMA, Wayne Stensby, rechazó ofrecer información de la operación del consorcio amparado en consideraciones de confidencialidad y protección de secretos de negocios. Por ejemplo, la congresista Rashida Tlaib preguntó a Stensby cuántos de sus empleados tenían un salario que excede los $200,000 anuales. 

El Presidente de LUMA se negó a proveer la información a pesar de que Tlaib le ripostó que su empresa operaba con fondos públicos y que tenía que responder este tipo de preguntas.

Stensby también rechaza entregar información a la Cámara de Representantes. Por eso, la Cámara lo demandó en un litigo que llegó al Tribunal Supremo. En ninguna de las instancias, LUMA ha prevalecido. 

El pasado 25 de junio, el juez El juez Anthony Cuevas Ramos del Tribunal de San Juan ordenó a LUMA Energy entregar la información requerida por la Cámara de Representantes en las próximas 24 horas so pena de desacato civil, tras una demanda radicada por el cuerpo legislativo. Tras la decisión del Supremo, que esta semana rechazó por segunda ocasión una petición de reconsideración, el caso regresa a la sala de Cuevas Ramos para la disposición final.

“Cuando exista una decisión final y firme de los tribunales de Justicia, LUMA la va a tener que acatar porque aquí no hay excepciones, todos tenemos que acatar la Ley”, apuntó Pierluisi Urrutia al final la ceremonia de graduación en la Academia de la Policía en Gurabo. 

“Ya yo he dicho que creo en la transparencia y que es importante que en gran medida la información solicitada se divulgue. El único reclamo que puede tener cierta validez desde mi punto de vista, es asumiendo que estén pidiendo nombres, direcciones, números de teléfono, información privada, personal. Ahí yo pudiera entender la objeción porque aquí tenemos que proteger la integridad de todos incluyendo el personal que labora para LUMA. Esa es la única objeción que he escuchado y que reconozco que tiene cierta validez”, agregó ante preguntas de la prensa. 

Confrontado con expresiones de la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, Pierluisi Urrutia se expresó con cautela. 

“Ese detalle no lo tengo a la mano. Yo desconozco si tenemos esa información que está siendo solicitada. Ya ese detalle tendrían que preguntárselo al licenciado Fermín Fontanez o la propia Autoridad de Energía Eléctrica”, respondió.

Fermín Fontánez Gómez es el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, agencia a cargo de fiscalizar el contrato de LUMA Energy por Ley y según el acuerdo entre las partes.

“No sé a qué se refiere la Secretaria de la Gobernación. Otra vez no sé que detalle tenemos nosotros. No la tengo a la mano”, añadió.

¿Si la tuviera la información, la compartiría con el país?, insistió la prensa.

“Estás haciéndome una pregunta hasta cierto punto injusta. Yo no puedo saber exactamente toda la información que obra en los expedientes del gobierno”, contestó. 

Posteriormente, La Fortaleza aclaró al periódico Primera Hora que García Bardales no tenía la información, que reclamaba la Cámara baja.

Mira el programa aquí: Cuarto Poder

Cuarto Poder: Inversionismo del desastre

En el universo del oportunismo del desastre, los bienes raíces de Puerto Rico son una brillante constelación, aunque puede complicarse si no eres un inversionista que se mudó a Puerto Rico por sus exenciones contributivas. Entre huracanes, terremotos y pandemia, inversionistas, avalados por leyes con grandes bondades fiscales, adquieren edificios a muy bajo precio y en muchas ocasiones los dejan perderse.

De hecho, los mismos inversionistas promulgan en los medios cibernéticos y sus redes sociales que han sido los desastres naturales y la legislación cuadrada desde el Capitolio y La Fortaleza para beneficiarles lo que les ha puesto en bandeja de plata una economía paradisiaca en el centro del Caribe.

Sin embargo, la entrada a ese edén fiscal es mucho más difícil para las comunidades, las organizaciones sin fines de lucro y el ciudadano de Puerto Rico que no se beneficia de exenciones de impuestos que ofrecen legislaciones como la Ley 60-2019, conocida en su redacción como “el Código de Incentivos Económicos”, o la Ley 20-2012, creada “para Fomentar la Exportación de Servicios”, o la Ley 22-2012, cuya redacción indica que existe “para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”.

Por eso quizás se puede ver mucho edificio abandonado cerca de los cascos urbanos del país y hasta en las costas y campos de Puerto Rico, y se piensa que no tienen dueño, pero resulta que esto es parte de un asunto más complicado. Hay edificios que yacen así por problemas de sucesión, mientras que otros han sido vendidos en subastas de estorbos públicos al mejor postor, que en muchas ocasiones resultan ser corporaciones cobijadas por estas leyes ya mencionadas que no exigen impuestos a sus administradores.

Vea la investigación Inversionismo del deastre aquí

Comida pa’ los pobres versus oportunismo del desastre

En Caguas, por ejemplo, el edificio #70 en la calle Vizcarrondo, que hace esquina con la calle Baldorioty #25, y a pasos del Paseo Gautier, parecía haber sido echado a su suerte cuando el huracán María devastó a Puerto Rico en 2017. Poco después del azote del temporal y tras semanas realizando labor comunitaria en respuesta al desastre, Giovanni Roberto y Marisel Robles, de Comedores Sociales, entendieron que el “rescate” de ese local era propicio para el bienestar de la comunidad, en una cuadra donde ya la organización Urbe a Pie había comenzado años antes un proceso orgánico de revitalización de esa parte del casco urbano de Caguas.

“Esto era un sitio lleno de animales y ratones, un chiquero, básicamente. Estaba lleno de madera, lleno de porquería y hemos ido limpiando durante los pasados cuatro años y lo hemos ido transformando a lo que es hoy porque ni se parecía te lo juro”, explicó Roberto en entrevista con Cuarto Poder sobre el momento en que decidieron ocupar el edificio, a semanas de la embestida del huracán María, el fenómeno atmosférico que más destrucción ha causado en el archipiélago durante el pasado siglo.

En ese local consolidaron los servicios que ya ofrecían a la comunidad mediante la formación del Centro de Apoyo Mutuo (CAM), como desayuno y almuerzo a los necesitados, y que ya se expande con servicios alternativos de salud física y mental, con entregas de compras gratuitas a personas en necesidad, una cooperativa de alimentos y talleres de autosuficiencia y actividades extracurriculares, como la formación de una academia de danza, un club de tenis de mesa deportes, entre otros particulares.

“El Centro de Apoyo Mutuo surge como un espacio que al estar abandonado luego del huracán María fue bien importante para nosotros poder utilizarlo para organizar la labor de suministros y de trabajar el comedor social y atender desayunos ya almuerzos luego del huracán María y después de ahí ha seguido sirviendo a la comunidad”, señaló Robles.

Roberto señaló que investigando en el pueblo habían encontrado que este lugar fue sede de las oficinas del Seguro Social de Caguas durante décadas, pero tras realizar las gestiones a la vista de la ciudadanía no habían podido dar con su propietario actual. Con la preocupación de haber invertido ya más de $100 mil en el desarrollo del CAM mediante donativos y trabajo físico, se dieron a la tarea de ir más allá para encontrar quién ostentaba el título de propiedad, pues no era público. 

Vea el Programa Cuarto Poder aquí

“Para que de verdad se pueda transformar el espacio y poder tener el acceso a energía eléctrica regularmente, porque trabajamos con comida, y la comida se pierde si no tenemos un buen servicio de electricidad en este espacio, necesitamos hacerlo como se debe. Para la comunidad, más que para nosotros, es muy importante salvaguardar lo que construimos aquí y queremos hacerlo como se debe”, destacó, por su parte, Robles.

Roberto, quien popularizó la frase “comida pa’ los pobres” durante la pandemia, puntualizó que el Municipio de Caguas tiene conocimiento del trabajo comunitario que realizan en el CAM, y que no han intervenido pues “el edificio es de una entidad privada”.

“Básicamente”, señaló Roberto, “respetan la ocupación” y entienden que la dependencia municipal mantiene un parecer cónsono con el trabajo de asistencia y bien común que provee el CAM.

“Hay personas que trabajan en el mismo municipio que han participado de aportar su tiempo también y de recibir algún servicio. No hemos tenido ningún issue al respecto”, subrayó.

“Desde que empezamos a ocupar, siempre hemos querido saber quienes tienen la titularidad para pedirle que nos hagan ese traspaso para poder operar. Estamos operando con luz solar, pero aun así necesitamos poder conectarnos a los servicios públicos de agua, electricidad y demás. Queremos tener la permisología adecuada para poder operar un centro de la envergadura que nosotros aspiramos a que sea el CAR”, puntualizó Roberto, sobre la lucha que libran para adquirir la titularidad del edificio.

Fue un proceso de más de un año, pero, con ayuda del Centro para la Reconstrucción del Hábitat (CRH), dieron con quiénes poseen el título de propiedad. Según explicó el director del CRH, Luis Gallardo, durante más de un año estuvieron comunicándose con el Federal Deposit Insurance Company (FDIC), ya que el edificio había pasado a ser parte de las propiedades que esta entidad tenía el deber de liquidar tras la debacle del banco Doral. Las cualidades arcaicas y confusas del Archivo de la Propiedad de Puerto Rico obligaron a que tuviesen que investigar durante horas en esas oficinas para dar finalmente con el tenedor.

Roberto subrayó que “después de mucha búsqueda, incluso de búsqueda física en los folios del CRIM, entonces los paralegales del Centro para la Reconstrucción del Habitat dieron con el titular, el nombre de esta compañía de Ley 22 que se llama Morgan Reed”.

Bueno, según el contrato de compra y venta, fue MR CTC Caguas, una corporación que apunta a estar vinculada a Morgan Reed Group P.R., la que adquirió el edificio. Morgan Reed Group P.R. es una empresa de bienes raíces que en su página indica que opera propiedades “desde Rincón hasta San Juan hasta Caguas hasta Arecibo hasta Isabela”. Tanto CTC Caguas como Morgan Reed Group P.R. presentan a Robert Danial como su gerente principal y a Javier Feliciano Guzmán como la persona autorizada para sus transacciones. En el contrato de compra y venta, aparece Brian Tenembaum como “secretario asistente” de MR CTC Caguas.

Según la página Little Sis. Org, Tenembaum, es el Chief Operating Officer de Morgan Reed desde 2016. De hecho, Tenembaum indica esa información en su propio perfil de LinkedIn. La transacción se hizo en 2015, cuando MR CTC Caguas adquirió esta propiedad de la FDIC, que, como indicamos, la tenían tras asumir las propiedades que dejó Doral tras su debacle en febrero de ese mismo año. Curiosamente, CTC se incorporó el 4 de noviembre, 15 días antes de que se completase la transacción para adquirir el edificio el 19 de noviembre de 2015. Así fue que ese edificio de 1,700 pies cuadrados, una estructura de esquina en pleno centro urbano de Caguas, fue adquirido en apenas 108 mil dólares. Lo compraron y lo dejaron allí sin tocarlo.

Mientras tanto, nuestra investigación encontró que la propiedad aún aparece a nombre de la FDIC en el Centro de Recaudación Ingresos Municipales (CRIM) y que la última vez que se pagó el impuesto inmueble fue en 2019. No pudimos encontrar cuál es la deuda actual.

“Si buscamos el récord, el valor inicial de este edificio era $600,000 y se liquidó a $108,000 a esta compañía subsidiaria (MR CTC Caguas) porque tenían el efectivo, el conocimiento y el acceso a este tipo de subasta. Lamentablemente, la política pública tiene una preferencia para la adquisición a través de inversionistas y está dejando en un segundo plano la vivienda asequible y proyectos de participación ciudadana”, indicó Gallardo, director del CRH.

Tras encontrar los propietarios del edificio, Gallardo señaló que “se hizo un acercamiento formal a la representación legal de esta compañía subsidiaria, se enfatizó que es subsidiaria de Morgan Reed, porque para eso mismo crean la subsidiaria, para proteger a la compañía matriz”. Lo que procede ahora, dijo Gallardo, “es una negociación, una conversación entre Morgan Reed y la comunidad”.

“La postura nuestra, la de la organización es de apoyo al CAM, a la comunidad en general, y a todas las comunidades que tienen que sufrir estos riesgos que existen a raíz de los estorbos públicos. Este edificio ha recibido una inversión brutal de parte de la comunidad, de cariño, de mantenimiento. Rescataron, literalmente, un edificio que estaba cayéndose en cantos, así que eso es algo que las compañías (MR CTC Caguas y Morgan Reed P.R.) tienen que tomar en cuenta al momento de negociar con la comunidad. Esto es un activo comunitario, la compañía adquirió la propiedad, acumula CRIM, y es una dejadez que la misma comunidad, por su activismo y por su abogacía, ha logrado reconstruirlo para proveer servicios esenciales”, apostilló Gallardo.

En el macro, más allá de las inversiones millonarias con cualidades que algunos pudieran calificar como “buitres”, Gallardo, experto en manejo de propiedades abandonadas, apunta a un problema de política pública que comienza en los cimientos de la propia burocracia gubernamental.

“Como cualquier investigador de título, comenzamos por el CRIM pero, lamentablemente, los records del CRIM no estaban actualizados. Aparecía como si la propiedad era del FDIC”, dijo Gallardo; algo que este medio pudo constatar.

“Empezamos con el CRIM, pero cuando llegamos al registro de propiedad no aparecía por ningún lado su inscripción. Eso es la norma, que las propiedades no tienen título o que el título está perdido o que está mal escrito o que ni siquiera está registrado. Pero, buscando página por página, literalmente página por página en el registro de propiedad, en libros que tienen casi cien años y huelen a polvo y enfermedades, ahí fue que encontramos por fin la inscripción que evidenció que esa propiedad había pasado del Doral Bank, al FDIC tras su colapso y luego a un subsidiario de Morgan Reed (MR CTC Caguas), una compañía que montó Morgan Reed para este propósito”, explicó.

Gallardo señaló que con muchas propiedades como estas, “la norma es que son de sucesiones y tienen mas deudas de lo que vale la propiedad, o que falleció la persona y no dejó herencia, o que quizás ni está inscrita”.

“Son propiedades zombies, pero ahora vemos que entran estas compañías grandes que se especializan en esto del ingreso pasivo y del flipping, que tiene que ver con comprar, abandonar en lo que suben de valor y vender a un precio mayor. Montan compañías para adquirir propiedades y pueden tienen varias en una misma calle. De nuevo, no hay nada ilegal aquí, ellos están aprovechando las leyes que aquí mismo han manufacturado para eso, solo que se convierte en un gran problema para la vivienda asequible, y para el acceso a estos bienes por parte de los ciudadanos que viven en estas comunidades, a la vez que sigue el problema de los estorbos públicos pues son edificios que no atienden”, añadió, resumiendo cómo suceden los desplazamientos de las personas con escasos recursos y la deplorando además en algunas ocasiones las zonas urbanas del país.

“Y lo vamos a seguir viendo, es un problema que va a seguir sucediendo. Lamentablemente nuestras leyes están diseñadas para liquidar propiedades a través de subastas y las subastas son personas que llegan con la mayor cantidad de efectivo en mano, para decir que voy a pagar cien mil dólares en cash, como sucedió aquí”, apuntó. 

Los propulsores del CAM, no obstante, siguen en espera de que se concrete una reunión para dilucidar las posibilidades de traspasar el edificio, pero, según Roberto, “no han venido por aquí nunca, en cuatro años que estamos aquí y creemos que en seis años que tienen la titularidad no han puesto ni un vellón para ocuparse del espacio”.

Esto les preocupa, más cuando la inversión económica en donativos que han recibido para el espacio y su recuperación sobrepasa ya los $108,000 que pagaron los dueños por ese edificio. En las redes sociales hicieron un llamado a la acción mediante una campaña de recolección de firmas. La organización sin fines de lucro cree que lo correcto es luchar por este edificio para que no vuelva a ser un estorbo público, aún cuando las propias leyes del archipiélago lo han hecho cuesta arriba.