La jueza Darina Vázquez Ríos del Tribunal de Fajardo declaró no ha lugar la moción de desestimación de cargos presentada por la defensa de Salil Zaveri, el empresario acusado de matar un perro en un campo de golf en Río Grande el pasado 8 de mayo.

“En conclusión, la desestimación al amparo de la Regla 64 (p) de Procedimiento Criminal, supra, sólo procede cuando se ha demostrado que hubo ausencia total de prueba durante la vista preliminar, o que durante la misma se violó al imputado el debido proceso de ley, en su modalidad procesal. En ausencia de alguna de estas circunstancias, no procede la desestimación de los pliegos acusatorios al amparo de la referida regla”, reza la resolución de 22 páginas de la togada.

Zaveri enfrenta cargos por maltratar a un animal y por apuntar y disparar un arma de fuego en un lugar público.

Como parte del análisis, la jueza Vázquez Ríos repasó la evidencia presentada por el ministerio público durante la etapa de vista preliminar. Detalló que la prueba estableció que tres perros jugaban y corrían en el campo de golf. El perro más pequeño, en algún momento, se acercó al carrito de golf que manejaba el acusado.

El acusado, de acuerdo al resumen de la jueza, acercó el carro hacia el perro y se estacionó a su lado. Según un testigo, disparó tres veces al animal que previo a ese momento “agarraba las bolas y las traía de vuelta”.

“Examinada la totalidad de la prueba desfilada en vista preliminar resulta forzoso concluir que existe ausencia de los elementos y/o requisitos necesarios para establecer la legítima defensa. La prueba vertida en vista preliminar demuestra claramente que el acusado nunca estuvo en peligro de ser atacado. Los perros a su alrededor en manera alguna actuaron de forma agresiva”, destacó la jueza.

Tras la vista judicial celebrada ayer, la fiscal de distrito de Caguas, Aracelis Pérez Correa, sostuvo una reunión en la que atendió los reclamos de Andrea Ojeda Cruz, víctima de violencia de género en el caso contra el boxeador Juan Manuel López Rivera.

“Pudimos aclarar sus inquietudes. Según nos explicó, su inconformidad no es con el fiscal que atiende el caso, sino con los procesos; particularmente con el hecho de tener que ofrecer su testimonio ante la prensa y el acusado en un juicio público. Le orientamos sobre los derechos que tiene una persona acusada de delito. No obstante, atendiendo su petición, le aseguramos que el Ministerio Público tomará todas las medidas cautelares disponibles durante su testimonio para garantizar su protección”, afirmó Pérez Correa.

Las expresiones de Pérez Correa surgen luego de que Ojeda Cruz, mejor conocida como La Pekistana, arribó ayer al Tribunal de Caguas en compañía del abogado Juan Medina. La “influencer” explicó que contrató representación legal para que vele por sus intereses.

El fiscal Jaime Perea Mercado, informó que la Oficina de Compensación y Servicios a Víctimas y Testigos de Delito del Departamento de Justicia le ha ofrecido a Ojeda Cruz servicios de acompañamiento durante las vistas, sicológicos y rondas preventivas en coordinación con la Policía. Además, la víctima cuenta con una intercesora legal.

“Le hemos brindado protección y apoyo desde el inicio y así lo continuaremos haciendo. Entendemos el proceso físico y mental por el que atraviesan las víctimas de violencia de género y vamos a continuar defendiédola hasta las últimas consecuencias en este caso”, sostuvo el fiscal, quien posee experiencia como coordinador de la unidad de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores.

En torno a la comparecencia de dos abogados que acompañaron Ojeda Cruz a la reciente vista, la fiscal de distrito advirtió que “no permitiremos que ningún abogado externo controle un proceso criminal. Les explicamos el proceso y les informamos que cualquier actuación que no sea conforme a derecho o al Código de Ética que rige la profesión no tiene cabida”, estableció Pérez Correa.

El pasado 8 de septiembre, el juez Isander Rivera Morales, del Tribunal de Caguas, halló causa para arresto contra López Rivera, luego de que el Departamento de Justicia le radicara siete cargos de maltrato físico, sicológico, mediante amenaza y daños a la propiedad, relacionados con cuatro incidentes de violencia de género contra su expareja, quien denunció a través de sus redes sociales un patrón de agresiones y maltrato al que alega fue sometida por parte del boxeador.

La jueza municipal Ingrid Alvarado Rodríguez del Tribunal de Caguas renunció a su cargo efectivo el 14 de diciembre, confirmó a este medio la Oficina de la Administración de los Tribunales (OAT).

Alvarado Rodríguez, cuñada del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, fue una de las dos juezas que intervino en el caso de Andrea Ruiz Costas, cuyo cuerpo apareció el pasado 29 de abril en un paraje de Guavate en Cayey.

La dimisión ocurre a un mes de que la OAT archivó las quejas que la madre de Ruiz Costas presentó contra las dos togadas que atendieron las solicitudes mediante las cuales su hija intentó, sin éxito, protegerse de su expareja, Miguel Ángel Ocasio Santiago. El hombre se suicidó antes de enfrentar cargos por el feminicidio.

Pese al testimonio de Ruiz Costas, Alvarado Rodríguez no encontró causa para el arresto de Ocasio Santiago durante una vista en la que mostró indiferencia ante las alegaciones de la víctima.

Fue nominada por el entonces gobernador Alejandro García Padilla y confirmada al cargo por el Senado en 2016.

La portavoz de prensa del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, Sheila Angleró Mojica, confirmó que La Fortaleza recibió la carta de renuncia hoy puesto que el Ejecutivo es el ente nominador. Los gobernadores suelen aceptar todas las renuncias de los jueces y juezas.