Pierluisi no ve contradicción con su política pública indultar a convicto por violencia de género

 Para el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia no existe una contradicción entre decretar un estado de emergencia para frenar la violencia de género y conceder un indulto completo a un hombre convicto por cargos de violencia doméstica y por violentar una ley de protección a menores. 

La cabildera por la estadidad, Elizabeth Torres Rodríguez, pidió al mandatario que conceda una clemencia ejecutiva completa a su compañero Edwin Domínguez Torres, quien extingue su condena bajo arresto domiciliario luego que la exgobernadora y exprocuradora de las Mujeres, Wanda Vázquez Garced, liberalizó las condiciones de su castigo.

Hoy Pierluisi Urrutia, a preguntas de la prensa, indicó que todavía no ha recibido el informe con la evaluación de caso. 

“Estás hablando de mensajes y eso uno puedo considerarlo pero ante una petición de indulto, uno tiene que evaluar el caso que tiene ante sí. No es justo para la persona concernida que uno esté pensando en esto como si fuera un asunto de relaciones públicas o de mensaje en términos generales”, apuntó ante una pregunta sobre el mensaje incongruente que enviaría si concede el indulto. 

“Aquí hay que atender cada caso en sus propios méritos y yo voy a ser bien juicioso cuando otorgue indultos. No lo he hecho hasta ahora y he dicho y repito que no voy a esperar a un periodo navideño o final de año o cuatrienio para hacerlo. Si me llega un expediente lo voy a evaluar. Hay que hacer justicia en todo momento y hay veces que eso está en manos de un gobernador y es una responsabilidad que uno no debe rehuir porque quizás el indulto pueda ser controversial o pueda general disgusto en un sector de la población”, agregó.

Domínguez Torres estuvo casado con la excandidata a la gobernación Alexandra Lúgaro. Cumplía una sentencia de cinco años de cárcel por violar una orden de protección a favor de la hija de Lúgaro al publicar fotos de la menor en sus redes sociales. También resultó convicto de tres cargos de violación de órdenes de protección al amparo de la Ley 54 de Violencia Doméstica y la Ley 246 de Bienestar de Menores. Por estos cargos, lo sentenciaron a 3 años de cárcel.

Al extender el indulto condicionado el 31 de diciembre de 2020, Vázquez Garced recortó la pena y permitió que cumpla dos años en un régimen de arresto domiciliario. No puede acercarse, ni tener contacto con la menor.

Mientras hablan de la premisa por articular nos roban el país

Hoy de nuevo caemos en la trampa. La Legislatura está a punto de aprobar una medida que le regala $7 billones en CASH a los bonistas de fondos buitres que compraron la deuda de Puerto Rico y otros $7 billones en bonos que se van a vender en sobre 5.4% de interés mientras que en otros lugares se está pagando 2 y 2.5%.

Esto representa que se le van a dar $14 billones en CASH a los bonistas.

¿A cambio de qué? ¿Por qué nuestra Legislatura aprueba esta medida? ¿A cambio de desarrollo económico? No. ¿A cambio de un fondo perpetuo de $200 millones anuales para dar becas a especialistas médicos tan necesarios para que las citas no sean de aquí a 8 meses? ¿A cambio de que el Centro Médico tenga los neurocirujanos allí y no en sus oficinas privadas? ¿A cambio de garantizar de verdad las pensiones a perpetuidad sin recortes? Porque los legisladores saben que en 10 años cuando se acaben los fondos federales no habrá pagar esas pensiones.

O sea, mientras nuestra Legislatura y el gobernador dicen que favorecen el Plan de Ajuste de la Deuda para supuestamente salir de la Junta de Control Fiscal, en realidad lo que están haciendo es coger chavitos para la Legislatura pueda repartir a alcaldes y unas migajas a la Universidad de Puerto Rico (UPR), a sabiendas de que los recaudos en el futuro no se van a dar, y le vamos a garantizar a los bonistas que cobren mientras el pueblo verá futuros recortes y futuras juntas.

Lo que está haciendo la Legislatura es pasarles a los próximos 30 años el problema para ahora coger chavitos adelante y repartir unos pocos mientras le pasamos los billones largos a los fondos buitres.

Yo sé que esto no es chulo y que hoy todos estamos pendientes de otras cosas, pero me siento cómplice si no les escribo como me tripeaba antes Macetaminofén… mientras tú estás hablando de la tortuga capitalista y los cabilderos de la estadidad, nos roban el país.

Si no me crees, lee el Plan de Ajuste de la Deuda, lee lo que ha dicho el Dr. Martin Guzmán, lo que dijo el Dr. Joseph Stiglitz, lo que advierte el economista Daniel Santamaría Otts, y si luego de eso no te convences en llamar a tu legislador para que te explique por qué va a votar a favor de eso, pues, ok, no pasa nada.

Pero si lees todo eso y te convences de que esto es malo para el futuro de Puerto Rico, llama a tu legislador al: 787-721-6040 y pídele que te explique su posición sobre esto. Porque la verdad es que mientras hablan que están protegiendo las pensiones, y dando dinero a los municipios le están pasando $14 billones a los bonitas.

Gobernador defiende que Supremo seleccione jefatura de la CEE

La intervención del Tribunal Supremo en el proceso de selección de la jefatura de la Comisión Estatal Elecciones (CEE) está justificado, a juicio del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, aunque abogados constitucionalistas aseguran que esa nueva competencia de la curia violenta la separación de poderes, que caracteriza el gobierno y evita la concentración del poder.

La semana pasada, tras invocar una regla de necesidad, el Supremo acogió una petición de certificación para que ese foro atienda la demanda incoada por el Senado y que impugna la facultad que le delegó el Código Electoral vigente para nombrar al presidente y presidente alterno del ente electoral. 

“En esta situación, la Rama Judicial está entrando a actuar ante la inacción de parte -tanto de la Rama Ejecutiva y como la Rama Legislativa, en este caso más bien la Rama Legislativa. El Senado de Puerto Rico tuvo la oportunidad de pasar juicios sobre dos jueces designados por el Gobernador y no lo hizo. Ante su inacción el Tribunal Supremo puede intervenir para proteger la democracia porque aquí estamos hablando de una entidad autónoma, que está adscrita a la Rama Ejecutiva por razones presupuestarias, que todos debemos velar porque esté funcionando y que su labor no sea interrumpida”, apuntó el mandatario en rueda de prensa en Dorado.

“Así que desde mi punto de vista, la Rama Judicial tiene todo el derecho de proteger al pueblo de Puerto Rico en general, a las tres ramas del gobierno para que la labor de la Comisión Estatal de Elecciones no se interrumpa. Se cumpla. Se lleve a cabo y esta es mi posición”, abundó.

La semana pasada, el Senado, representando por su presidente José Luis Dalmau Santiago, presentó una petición de sentencia declaratoria y de injunction preliminar y permanente ante el Tribunal de San Juan. Pero hoy solicitó a la curia que certificara el recurso legal. La certificación es un trámite extraordinario que permite al Supremo atender un caso pendiente aunque no haya sido resuelto por los tribunales de menor jerarquía.

El debate constitucional ocurre luego que los comisionados electorales no lograron consenso en torno a la terna de candidatos que sometió el Gobernador y Presidente del Partido Nuevo Progresista y el Senado rechazó evaluar los dos nominados para evaluación.

Ante este escenario, el nuevo Código Electoral, aprobado por la mayoría penepé a cuatro meses de las pasadas elecciones generales, dispone que la decisión pase al Tribunal Supremo.

Así las cosas, el Senado demandó a la jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez en representación del Supremo y al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, en representación del Gobierno de Puerto Rico para frenar el trámite y tratar de que declare inconstitucional la disposición del Código Electoral que delega esa facultad del poder político a Rama Judicial.

Mañana vencen el término para que las partes sometan sus escritos ante el Supremo, dominado por una mayoría de jueces estadistas.

“La Rama Judicial interviene en asuntos electorales consistentemente y lo hace como si fuera un árbitro. Aquí hasta cierto punto está haciendo lo mismo. Hubo un impasse. Sometí unos candidatos y ni tan siquiera le dieron una audiencia y ante esta situación pues entiendo que hay más que justificación para que la Rama Judicial intervenga, en este caso el Tribunal Supremo, porque es lo que dispone la Ley”, esgrimió Pierluisi Urrutia.

Pierluisi no disolverá cabilderos de la estadidad

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia rechazó hoy la petición de la cabildera por la estadidad Elizabeth Torres Rodríguez para que disuelva la delegación congresional y aunque no le pidió la renuncia, dejó la puerta abierta para referirla a las autoridades si falló en su obligación de adelantar la anexión de Puerto Rico a Estados Unidos como exige la Ley que creó ese grupo.

Pierluisi Urrutia también rechazó que el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares utilice el cargo de delegado a la Cámara de Representantes federal como un trampolín político para rehabilitar su imagen, como señaló Torres Rodríguez en el informe de progreso que sometió ayer.

“Totalmente descarta esa opción,” respondió a preguntas de la prensa tras anunciar una inversión millonaria en el sector agrícola. 

“No hay fundamento para eliminar la delegación congresional. No hay base alguna. Esto no es cuestión de quejarse”, agregó.

Indicó que hoy recibió el informe de Torres Rodríguez, que evaluará junto a su equipo de trabajo para determinar si cumplió con las obligaciones, que le asignó la Ley.

“Cada uno de los delegados y delegadas tiene la responsabilidad individual adelantar la estadidad y es una obligación a tiempo completo”, acentuó.

“Si determinamos que hubo una violación de ley se harán los referidos. Aquí no hay excepciones”, añadió.

Diversos sectores dentro del Partido Nuevo Progresista (PNP) ha reclamado la renuncia de Torres Rodríguez ante las críticas que lanzó a la colectividad y que luego consignó en su informe de más de 200 páginas. La cabildera describió la delegación congresional como un “embeleco”, que no justifica la erogación de fondos públicos y acusó al PNP de usar la estadidad como gancho político para agenciarse votos

Ya el Consejo Ejecutivo de la Juventud Demócrata de Puerto Rico se querelló ante el Departamento de Justicia para que investigue si cometió perjurio porque juramentó trabajar a tiempo completo pero dedica tiempo a otras causas.

“Eso ciertamente es un opinión personal. Por lo que he visto en los medios, no hay duda de que ha hecho gestiones por la estadidad”, respondió ante las alegaciones de Torres Rodríguez sobre Rosselló Nevares.

Ex Alcalde de Santa Isabel enfrenta querella ética por no reportar datos en informes financieros

El ex alcalde de Santa Isabel, Enrique “Quique” Questel enfrenta multas de hasta $40,000 por no reportar información financiera en dos informes que tenía que someter ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

Se alega que el ex ejecutivo municipal dejó de presentar información requerida en dos informes financieros, por lo q le podrían imponer hasta $20 mil por cada infracción.

Se trata de los informes financieros de 2016 y 2017. La querella fue presentada el 14 de septiembre de 2021 y el ex alcalde tiene 20 días para contestar o sino se le impone pagar las multas.

La querella no detalla qué tipo de información dejó de notificar el ex alcalde.

Una muerte adicional y 166 hospitalizados por COVID-19

El Departamento de Salud reportó una muerte adicional y 166 hospitalizados por COVID-19.

El fallecimiento corresponde a un hombre de 74 años de la región de Caguas que murió el 28 de septiembre. El total de muertes acumuladas desde el comienzo de la pandemia, en marzo del 2020, incrementó a 3,149.

Mientras, hay 166 personas hospitalizadas por coronavirus: 148 adultos y 18 pacientes pediátricos. Ayer, miércoles, había 163 hospitalizados. En cuanto a cuidados intensivos por COVID-19, hay 48 adultos en esa unidad y 18 adultos conectados a ventiladores.

Documento de Luma revela que tardó el doble en restaurar apagones en comparación con la AEE

Un informe de las métricas de confiabilidad de LUMA Energy denominado como ell índice CAIDI (Customer Average Interruption Duration Index, en inglés) promedia el tiempo en que una compañía eléctrica, en este caso LUMA, repara las interrupciones. Para los meses de junio, julio y agosto de 2021, fue de 323 minutos. El año anterior, en esos mismos meses, cuando la AEE aún administraba el sistema de transmisión y distribución, el índice era bastante menor: 155 minutos. En 2019, eran 152 minutos. En EE. UU., el promedio es de 82 minutos.


Centro de Periodismo Investigativo

Cámara refiera a Justicia al ex director de la AEE y su expresidente de la Junta

En el referido de tres páginas el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández y el representante Luis Raúl Torres, señalan que los funcionarios de alta gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) incumplieron con los deberes fiduciarios para identificar, notificar, denunciar y corregir las deficiencias en el sistema de generación de energía.

Fueron referidos el hoy ex director de la AEE, Efrán Paredes y el ex presidente de la Junta, Ralph Kriel. También fueron referidos el subdirector de Operaciones de la AEE, Fernando Padilla y el director de Generación, William Ríos Mera, por hechos que se remontan al pasado 9 de septiembre, cuando los cuatro funcionarios comparecieron a una vista pública de la Comisión de Energía de la Cámara.

El referido señala que los ejecutivos comparecieron a la vista pública para exponer bajo juramento que las unidades generatrices de la AEE estaban en condiciones óptimas para operar, a pesar de que “conocían sobre la falsedad de estas declaraciones”.

El Vocero