Casi 200,000 personas en Puerto Rico de 60 años o más no se han vacunado aún, mientras que 130,070 menores entre 10 y 19 años tampoco han recibido ni la primera dosis de la vacuna contra COVID-19. En el caso de los adultos mayores, el grupo de no vacunados se distribuye en 45,497 que superan los 80 años y 141,445 de 60 años o más.
El regreso a clases presenciales en escuelas públicas y privadas reveló que los menores perdieron destrezas de socialización durante la pandemia de COVID-19, de acuerdo a varios docentes y profesionales de la conducta.
“No identificamos mucho miedo a lo que es el COVID, pero sí mucha ansiedad del regreso en general, muchos estudiantes que, sorprendentemente, se habían adaptado a lo que eran las clases virtuales y, aunque estaban deseosos y entusiasmados por volver, había ansiedad”, sostuvo la sicóloga escolar Viviana Burgos, consultada por El Nuevo Día.
La Oficina de la Administración de Tribunales (OAT) identificó 1,126 casos de desahucio en el Sistema Unificado de Manejo y Atención de Casos (SUMAC).
Estos casos fueron presentados entre el 13 de marzo de 2020 y el 9 de septiembre de 2021, lo que significa que pudiesen calificar para el Programa de Asistencia para la Renta que provee ayuda para el pago de atrasos en renta de vivienda alquilada, luz y agua.
La iniciativa de la rama judicial surgió luego de que el administrador de la AVP, Alejandro Salgado, advirtiera que Puerto Rico está en riesgo de perder más del 75% de los $325 millones que destinó el gobierno federal para el programa porque puede haber un recogido de los fondos en aquellas jurisdicciones que no hayan desembolsado 65% o más de la ayuda.
Del total de 6,616 proyectos de obras permanentes pendientes bajo el programa de asistencia pública apenas 328 se han completado en cuatro años tras el paso del huracán María.
El programa de asistencia pública cuenta con fondos para obras solicitadas por las agencias de gobierno, los municipios, las corporaciones públicas y entidades sin fines de lucro.
Una vez más, Manuel Laboy, director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, por sus siglas en inglés) dijo que se espera que para el próximo año cientos de proyectos entrarán por fin en la fase de construcción.
De las 4,282 empresas elegibles en el Registro Único de Licitadores (RUL), requerido para poder venderle productos y servicios al gobierno de Puerto Rico, solo hay 351 pequeñas y medianas empresas (pymes) certificadas, según informó la Administración de Servicios Generales (ASG).
La administradora de Servicios Generales, Karla Mercado, dijo según la Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019, el gobierno gasta más de $6,000 millones en bienes y servicios cada año.
De dicha cuantía, el 20% de las compras de las agencias del gobierno debe realizarse a empresas nativas y el 10% a negocios que pertenecen a mujeres.
El Departamento de Justicia recibió una querella en contra de la legisladora Mariana Nogales, quien ayer aceptó que un “error” la llevó a omitir datos sobre su rol en la compañía Ocean Front Villas Corp. y otras organizaciones al redactar el informe financiero que los legisladores deben radicar ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).
Justicia confirmó al periódico El Vocero que la querella fue presentada por el portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Thomas Rivera Schatz, aunque no entró en detalles sobre el contenido de la misma. Tampoco el legislador detalló la querella pero en sus redes sociales dijo que que una asesora legislativa de Nogales mantiene una posición en la organización Brigada Legal Solidaria, en la que la representante del Movimiento Victoria Ciudadana ofrece servicios legales.
Ayer el presidente de la Cámara, Rafael Hernández y el presidente del Senado, José Luis Dalmau, sostuvieron una reunión con la Junta de Control Fiscal donde se iban a discutir dos propuestas, con las cuales condicionan los votos en el cuerpo legislativo que necesita el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD).
La propuesta principal es aumentar el tope de protección en los recortes de $1,500 a $2,000, lo que significa que las pensiones de $2,000 o menos al mes no serían ajustadas y con ello se protege a la mayoría de los empleados públicos del gobierno central.
Si se le da paso, esta propuesta y la que otorgaría más fondos a los municipios estarían incluidas en el PAD, confirmaron los representantes.
El artista puertorriqueño Bad Bunny aparece en la conocida lista de la revista TIME como una de las personas más influyentes de este año bajo la categoría de artistas. Su perfil fue escrito por el artista colombiano J Balvin y narra la impresión que el puertorriqueño causó cuando se conocieron.
“La gente espera a que alguien muera para decir ‘Oh, el fue una leyenda’, pero le digo a Benito ahora: eres uno de los artistas más grandes en la historia de la música latina”, dijo J Balvin.
El exboxeador Juan Manuel López Rivera fue trasladado esta noche a la cárcel de Bayamón luego que el Tribunal de Caguas le revocó la fianza.
La unidad de arrestos del Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ) arrestó a López Rivera, luego de que ese programa canceló la fianza diferida concedida al expúgil por violar las condiciones de su libertad provisional al enviar un mensaje a su expareja Andrea Ojeda Cruz durante una entrevista de televisión que concedió ayer.
El PSAJ presentó la fianza de $175,000 que permitió a “Juanma” -como se le conoce al expúgil- permanecer bajo arresto domiciliario y con grillete electrónico, mientras enfrenta un proceso judicial por cargos de violencia de género.
Esta noche, la directora del PSAJ, Janet Rodríguez, indicó a este medio que los agentes llevarán a López Rivera al Tribunal de Caguas para una vista en la cual un juez o jueza determinará si acoge la petición de revocación o aumenta la fianza, que ahora el expúgil tendrá que presentar a través de un fiador o activos suyos.
“Nosotros entendemos que él violó las condiciones de la fianza. Nosotros le damos una fianza diferida a cambio de que cumpla con unas condiciones y una de las condiciones es que no se puede comunicar la sobreviviente”, indicó Rodríguez.
“Luego de ver la grabación determinamos que le habló directamente a ella y en la tarde de hoy radicamos una petición de cancelación de fianza diferida. El juez la declaró ha lugar y nos dio la orden (de arresto)”, agregó.
La acción de PSAJ ocurre después que el Departamento de Justicia presentó una moción urgente para que se revocara el privilegio de libertad provisional del exboxeador y el juez José D’Anglada Raffucci del Tribunal de Caguas pautó la vista para atender la petición para el 21 de septiembre, el mismo día en que debe celebrarse la vista preliminar.
Ayer, López Rivera ofreció una entrevista al programa televisivo “Día al Día” en la cual afirmó que quería hacer unas “declaraciones para el pueblo y para la misma Andrea” a pesar de que existe una orden protectora que impide que se comunique con su expareja.
El propio López Rivera reconoció la existencia de esa veda en la entrevista al afirmar que no había hablado con la mujer porque “tenemos una orden de protección y estamos completamente distanciados. No podemos tener ningún tipo de comunicación”.
También dijo que amaba a la mujer y dejó en manos de Dios que la relación continúe cuando culmine el proceso criminal. Estas expresiones, según los expertos, buscan manipular a su excompañera y son ordinarias en los contextos de violencia doméstica.
El exboxeador encara siete cargos criminales por maltrato físico, sicológico, mediante amenaza y daños a la propiedad, en violación a los artículos 3.1 y 3.3 de la Ley 54 o de Violencia Doméstica. Ojeda Cruz denunció a través de sus redes sociales que el excampeón la sometió a un patrón de maltrato físico, verbal y psicológico. Luego lo denunció ante las autoridades.
El juez Anthony Cuevas Ramos del Tribunal de San Juan desestimó la demanda incoada por el equipo de las Sanjuaneras de la Capital en contra de la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) porque no tiene jurisdicción para atender la controversia surgida luego de que la federación impidió al sexteto sustituir a una jugadora de refuerzo con un embarazo de alto riesgo en la serie postemporada.
En síntesis, el apoderado del equipo, Marcos Martínez, solicitaba al juez Cuevas Ramos que revirtiera la decisión del organismo y autorizara la sustitución de Destinee Hooker-Washington, quien por una directriz médica no podía jugar. También pedía que se dejara sin efecto la determinación de la FPV de cancelar la serie final y de proclamar al equipo de las Criollas de Caguas campeonas del torneo.
La Federación tomó la decisión luego de que el equipo no se presentó a jugar al primer juego de la temporada final a la espera del desenlace del proceso judicial.
En la demanda, Martínez planteó que el razonamiento utilizado por la FPV para no autorizar la sustitución de Hooker-Washington no se ajustaba a una interpretación lógica de lo que constituían una lesión incapacitante. La Federación no permitió la sustitución por entender que un embarazo no constituía una lesión, la única razón que ofrecía el reglamento para autorizar un reemplazo de jugadoras en la serie final.
También argumentó que la FPV no actuó conforme a su reglamento al no designar a un facultativo médico para acreditar el embarazo de alto riesgo de la jugadora y legitimó conductas discriminatorias en contravención a la Constitución del Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR).
En la sentencia de 27 paginas, el juez Cuevas Ramos reconoció la autonomía de la FPV para tomar decisiones conforme a sus reglamentación interna.
“La política pública en Puerto Rico está concebida en garantizar que sean los organismos deportivos los que atiendan sus asuntos según sus propios reglamentos y determinaciones, libres de la intervención gubernamental”, afirmó el togado.
“La política pública del estado, establecida mediante legislación, es de total autonomía del COPUR y las federaciones que se asocian a esta. La intervención de este Tribunal en el caso implicaría subvertir el orden contractual voluntariamente adoptado entre las partes en circunstancias ajenas a una violación de derechos constitucionales y sin que se pudiera demostrar que las entidades son actores de estado o que se violentó el debido proceso de ley contractual”, agregó en otro momento.
Pero en su decisión también reconoció la necesidad de revisar los reglamentos con perspectiva de género.
“Nos parece importante expresar que las federaciones deportivas en Puerto Rico, en específico aquellas que tienen ligas de deportes femeninos, deben ser mucho más proactivas y sensibles”, apuntaló el juez Cuevas Ramos.
“La superación del androcentrismo debe ser tarea de todes! Nos parece lógico pensar que son las mismas mujeres las que tienen el ímpetu y el brío para que el deporte femenino prospere en Puerto Rico”, añadió.
Por esa falta de jurisdicción, declaró ha lugar las mociones de desestimación del COPUR y la FPV.
La sentencia ocurre luego que la FPV levantó “voluntariamente” la suspensión de un año impuesta a las jugadoras y al cuerpo técnico de las Sanjuaneras, pero mantuvo el castigo al apoderado, al coapoderado y a la franquicia.
Lee el documento aquí. Sentencia Sanjuaneras