Como parte de la pesquisa contra el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, el Departamento de Justicia hizo una requisición de documentos a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Las Piedras, informaron fuentes de EL VOCERO.
De acuerdo con las fuentes, el subpoena —que fue emitido hace unas semanas— requería documentos relacionados a la ejecución de hipoteca sobre el Palacio de Recreación y Deportes, los estados financieros del municipio y de sus corporaciones.
El conflicto en los muelles resultó en que comercios como ferreterías y farmacias de la comunidad se vieran cortos con sus materiales e incluso tuvo como consecuencia un aumento inesperado en sus precios.
Entre enero y julio se presentaron 127 quiebras comerciales, un 2.4% más que en el mismo periodo del año pasado. La mayor parte corresponden a restaurantes, oficinas de abogados, panaderías y negocios agrícolas y ganaderos.
El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia evalúa ampliar el mandato de vacunación contra el COVID-19 para extenderlo a los contratistas del gobierno, entre otras medidas, en un intento por frenar la propagación del virus, según fuentes de jayfonseca.com.
Aunque no está decidido, el mandatario podría realizar el anuncio mañana.
Hoy, el país alcanzó una tasa de positividad de 11%, una marca que recoge el alarmante patrón en el alza de contagios de COVID-19 en el País, particularmente entre la población de 20 a 29 años.
Esta mañana, el Departamento de Salud reportó cuatro muertes. La isla también amaneció con 206 adultos hospitalizados y 44 en unidades de cuidado intensivo. Otros 23 menores permanecían hospitalizados y 3 en unidades de cuidado intensivo.
La semana pasada el gobernador adoptó una política pública de vacunación contra el COVID-19 para los empleados que laboran en las 65 agencias públicas bajo la jurisdicción del Ejecutivo, como un primer paso para mitigar este último repunte del virus en la isla.
Previamente, el Departamento de Salud promulgó una directriz para requerir evidencia de la vacunación a todos los empleados y estudiantes mayores de 12 años como un requisito para el retorno a las escuelas y universidades públicas y privadas durante el nuevo año académico, que inicia en dos semanas.
¿TE DIJERON QUE ES OBLIGATORIO VACUNARTE PARA PODER CONTINUAR CON TU EMPLEO?- Una Orden Ejecutiva exige que todos los empleados públicos estén vacunados y se instó a los patronos privados hacer lo mismo. ¿Cuáles son las excepciones que te eximen de la vacunación? Jessica Santiago de Recursos Humanos con Calle te explica.
La sala de emergencias de Centro Médico es escenario de un brote de COVID-19 desde la semana pasada, pero el administrador Jorge Matta aseguró que la situación está controlada y monitoreada.
Un brote es calificado si hay tres contagios o más, y en la sala de emergencia se han registrado ocho, de acuerdo a la información confirmada por el administrador de la Administración de Servicios Médicos (Asem).
Este portal de noticias supo sobre el brote a través de empleados que se mostraron preocupados porque se alega que comenzó debido a que no se hizo una prueba diagnóstica de COVID-19 a un paciente ingresado a la sala de emergencias. Dos fuentes de este portal aseguraron que el brote involucra 25 empleados.
No obstante, Matta negó esta versión y dijo que “el paciente cero”, es decir el primer contagio, fue identificado y que ocurrió el brote porque la prueba que se hizo arrojó un falso negativo.
Matta dijo que el rastreo de contactos de estos ocho empleados está monitoreado por la institución médica y que no debe existir temor por parte de la ciudadanía que tenga que recurrir a solicitar servicios a la sala de emergencias.
Indicó que de los ocho contagiados solo uno está hospitalizado y los demás son monitoreados. Aseguró que desde el primer día la situación fue notificado al Departamento de Salud.
Ante denuncias de falta de reactivos para hacer las pruebas de COVID-19, el administrador de Asem aseguró que no hay escasez de materiales, pruebas ni reactivos.
Indicó que se le está solicitando a los empleados de Centro Médico que vayan a una carpa en el Departamento de Salud para hacerse la prueba. Antes las pruebas se hacías en los predios de las oficinas del Centro Médico o en el hospital.
El Departamento de Salud está ubicado a pasos de la Sala de Emergencia de Centro Médico, por lo que Matta entiende que no debe haber problema para que el empleado o empleada pueda hacerse la prueba.
Agregó que si algún empleado se siente enfermo no debe reportase a trabajar y debe llamar al 787 777-3535 extensión 3434 de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.
El proceso de evaluación de los candidatos para presidir la Comisión Estatal de Elecciones empezó esta tarde luego de que el gobernador y presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi Urrutia sometió cuatro candidatos.
En una reunión breve en la sede del ente electoral, la comisionada electoral del PNP, Vanessa Santo Domingo Cruz, y el comisionado alterno, Edwin Mundo Ríos, presentaron a los comisionados electorales del Partido Popular Democrático, Partido Independentista Puertorriqueño, Movimiento Victoria Ciudadana y el Proyecto Dignidad los nombres de los dos jueces y las dos juezas escogidos por el líder de la Palma.
Mundo Ríos explicó que como parte del trámite, los comisionados electorales recibieron el resumé de cada uno de los candidatos, quienes tendrán hasta el viernes para completar la evaluación y decidir si se procede con la etapa de entrevista.
Por acuerdo previo y para evitar que las personas consideradas y luego no sean designadas queden identificadas por su ideología estadista, no se divulgaron los nombres de los cuatro nominados.
De esos nombres, saldrán los sucesores del presidente Francisco Rosado Colomer y la presidenta alterna Jessika Padilla Rivera. Los términos de ambos jueces expiraron el 30 de junio.
Pierluisi Urrutia tenía siete candidatos ante su consideración: cuatro jueces y tres juezas. Descartó el nombre del juez Juan Carlos Negrón Rodríguez porque su término expira antes de que acabe este cuatrienio.
El comité, que elaboró el listado de nombres que consideró el Presidente de la Palma, también indagó sobre el juez Luis Roberto Rivera Cruz del Tribunal de Caguas y la jueza Cristina Córdova Ponce, del Tribunal de Aibonito. Córdova Ponce laboró con el excontralor electoral Manuel Torres Nieves. Debido al acuerdo de no divulgación, los comisionados electorales no confirmaron si evaluaban esos candidatos.
Si no existe consenso entre los comisionados electorales, corresponderá a la Cámara de Representantes y al Senado ofrecer su consejo y consentimiento a ambas designaciones. El PNP no tiene mayoría en ninguna de las cámaras legislativas.
Pero si la Asamblea Legislativa rechaza los nombramientos sometidos por el Gobernador y Presidente de la Palma, la decisión recaerá sobre la mayoría del Tribunal Supremo, dominada por los jueces de ideología estadista.
Los nuevos regentes del ente electoral serán confirmados a un término de cuatro años.
La compañía Luis Ayala Colón y la unión ILA 1740 llegaron a un acuerdo esta tarde sobre las operaciones de carga internacional en los puertos.
Se agregó un coordinador de la llegada de barcos o “checker” adicional para hacer el trabajo en los muelles, se informó desde La Fortaleza.
Se espera que mañana a las 7:00 a.m. se reanude el movimiento de carga internacional.
Aún queda por negociar un convenio colectivo que incluye cláusulas económicas que está implicada esta controversia.
La Junta de Planificación ordenó la paralización de la construcción de una piscina en el condominio Sol y Playa, en Rincón, tras concluir que el proceso que desembocó en el otorgamiento del permiso de construcción del proyecto incumplió con leyes y reglamentación vigente.
El permiso de construcción fue emitido por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) el pasado 29 de enero de 2021.
Mediante resolución, la Junta consignó que acudirá al tribunal para solicitar la revocación o nulidad dicho permiso y ordenó a la división legal a remitir el expediente de la auditoría a la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico y al Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico ante posibles faltas cometidas por el ingeniero Enrique Santiago Arroyo, quien realizó el trámite.
“La Junta ha evaluado con detenimiento y rigor el expediente administrativo de este caso, incluyendo el informe con ocho hallazgos preparado por los auditores y se han tomado decisiones contundentes al respecto con la intención de remediar los múltiples incumplimientos que fueron detectados en este caso”, indicó Manuel Hidalgo, presidente designado de la Junta de Planificación en declaraciones escritas.
El informe de auditoría refleja que, a pesar de que se certificó el cumplimiento del proyecto como una exclusión categórica, este no cumplía con las disposiciones de la Resolución R-11-17 de la Junta de Calidad Ambiental ni con la Orden Administrativa 2020-17, vigentes al momento de la radicación del permiso de construcción consolidado.
Además, el proyecto no cumple con las zonas de separación establecidas en la reglamentación vigente ni con las disposiciones del Reglamento de Planificación Número 13 sobre Áreas Especiales de Riesgo e Inundación. Tampoco cumple con disposiciones del Reglamento 4860 del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.
Como parte de los hallazgos, la auditoría determinó que la Oficina de Gerencia de Permisos aprobó la solicitud de permiso de construcción consolidado “sin contar con los documentos mínimos” requeridos por disposición reglamentaria. Por ello, determinó que las deficiencias del permiso “no son subsanables” y recomendó la paralización de la obra y la revocación del permiso.
La Oficina de Ética Gubernamental mantiene abierta una investigación relacionada al ex alcalde de Isabela, Charlie Delgado Altieri, tras denuncias de alegado nepotismo, venta de influencias y conflicto de intereses ante la contratación de compañías de corredores de seguros que eran patrono de su hija.
Sin embargo, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), resolvió acoger una recomendación del Departamento de Justicia y archivó un referido sobre estas alegaciones porque no se pudo constatar que el Municipio de Isabela tuvo contratos con las corporaciones ni emitió pagos a estas.
A Ia luz del derecho aplicable, Justicia concluyó, que no existía evidencia en el expediente investigativo de que Delgado Altieri cometiera delito. Igualmente, que su hija obtuviera beneficios por su relación con Ia compañía. Tampoco Justicia encontró violaciones de índole penal a Ia Ley de Ética Gubernamental referente al articulo 4.2 (b).
No obstante, lo relacionado con cualquier posible infracción a la Ley de Ética Gubernamental en el ámbito administrativo deberá ser determinado por esa oficina.