En las últimas seis semanas la tasa de positividad en pruebas de COVID-19 subió de un 1.4% a 6.9% marcando el inicio de un repunte de casos que se desarrolla, principalmente, entre ciudadanos del grupo a 20 a 29 años que residen en pueblos del oeste de Puerto Rico donde los alcaldes y epidemiólogos de las zonas han tenido que trabajar con el manejo de diversos brotes.
Científicos entienden que la variante Delta es bastante transmisible y que está afectando a personas no vacunadas, principalmente a los jóvenes adultos entre los 20 y 29 años.
Primera Hora
Desde el viernes la hoy ex directora del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos, Yonaica Plaza, denunció que su trabajo se ha visto limitado desde hace dos meses por la Oficina de Epidemiología. Alega la doctora la falta de acceso a la información que se desprendía de las entrevistas que generaban los equipos municipales que ella lideraba.
Mientras el secretario de Salud, Carlos Mellado, aseguró que la agencia se ha mantenido desde el primer día informando a la ciudadanía, con informes diarios y múltiples informes semanales y destacó la creación del dashboard que mantiene los datos históricos de la pandemia en Puerto Rico.
El Nuevo Día
Por ejemplo. Apple decidió posponer de septiembre a octubre la reincorporación de los trabajadores a sus puestos, y otras grandes compañías han comenzado a exigir nuevamente el uso de mascarillas en sus instalaciones y muchas ciudades sopesan finalmente obligar a los empleados municipales a vacunarse. Ya en California y Nueva York es un requisito estar vacunado para los empleados gubernamentales. Según datos de la firma Kastle, que gestiona tarjetas de acceso a las oficinas de decenas de miles de empresas, menos de un 35% de los empleados están acudiendo a sus puestos en las principales ciudades de Estados Unidos.
El representante legal de la Unión, William Marrero, explicó que el conflicto responde a que el patrono implementó un nuevo sistema de tecnología para entrar datos, pero se niega a contratar personal para realizar esas funciones.
Eso ha provocado un conflicto obrero patronal entre la empresa Luis Ayala Colón, operador del Muelle de San Juan y la Unión de Trabajadores de los muelles —International Longshoremen’s Association (ILA Local 1740)— que mantiene varado desde el pasado sábado el 25% de la mercancía internacional que llega a la Isla, equivalente a 3,000 vagones, principalmente con abastos de productos farmacéuticos y alimentos perecederos.
La Junta de Control Fiscal no le ha puesto punto final a la controversia por las tarifas de los camioneros y dejaron saber que evalúan las alternativas que tienen bajo la Ley Promesa ante los tribunales .La semana pasada, el Frente Amplio de Camioneros realizó una manifestación que paralizó el suplido de productos en la Isla. Con esto, forzaron una reunión en La Fortaleza, donde acordaron radicar en el Departamento de Estado un reglamento estipulando el aumento de tarifas.
La presidenta de Amnistía Internacional en Puerto Rico, Lisa Gallardo, dijo que presentará una querella contra la Policía, particularmente al monitor federal, luego que ayer agentes removieran a una manifestante de la playa halándola del pelo. Mientras, la secretaria de la gobernación, Noelia García, dijo que el gobernador Pierluisi no le ha retirado la confianza al secretario de Recursos Naturales y Ambientales, Rafael Machargo por la controversia con los permisos de construcción de una piscina en el condominio Sol y Playa de Rincón.
La jueza federal Laura Taylor Swain aplazó hasta el próximo jueves, la segunda parte de la vista para aprobar la Declaración Informativa que justifica el Plan de Ajuste de la Deuda del gobierno central y dio hasta hasta mañana para que la Junta de Control Fiscal presente los cambios hechos al documento.
El Colegio de Ingenieros y Agrimensores levantaron bandera por alegadas deficiencias en las subastas que se realizan para reparar los planteles escolares que sufrieron daños con los terremotos y que tienen el problema de la columna corta.
Según expresó el organismo, los trabajos descritos en las subastas para reparar las escuelas públicas “no resolverá el problema de vulnerabilidad sísmica de los planteles y solo funcionará como un paliativo en muchos casos”.
La Universidad de Puerto Rico (UPR) contará con un nuevo presidente interino electo en una elección dividida y confusa, según algunos miembros de la propia Junta de Gobierno encargada del proceso.
El doctor César Cordero Montalvo fue electo ayer como presidente interino en una elección en la que las reglas no estuvieron claras para algunos integrantes de la Junta de Gobierno previo a que se emitieran los votos. La otra persona nominada fue el doctor Brad Weiner.
Seis integrantes de la junta votaron a favor de Cordero Montalvo y al menos dos dijeron que emitirían posteriormente su voto explicativo. Otras cinco personas favorecieron al doctor Weiner, mientras que tres miembros que estaban opuestos a ambos candidatos fueron contabilizados como abstenidos, lo que generó una discusión.
“Yo no me abstuve, dije que estaba en contra de ambos”, declaró molesto Herman Cestero Aguilar, integrante del organismo. “Independientemente del vocabulario… usted ha actuado como si no estuviera aquí”, le respondió el parlamentarista Miguel Santiago.