En su edición impresa, El Nuevo Día reporta que el 13 y 14 de julio, la jueza federal Laura Taylor Swain examinará la Declaración Informativa presentada por la Junta de Supervisión Fiscal, documento que representa el primer paso para modificar $35,000 millones en todo tipo de deuda del Gobierno Central bajo la protección del Título II de la Ley Promesa. La Declaración Informativa es un documento de 2,500 páginas, que incluye el Plan de Ajuste de la Deuda, que busca explicar cómo la propuesta de reestructuración de la deuda afecta a cada tipo de acreedor del Gobierno.
El Plan de Ajuste entre otras cosas propone que el efectivo que el Gobierno ha acumulado en los pasados 5 años pase a pagar a los bonistas, la cancelación de un número no identificados de contratos y arrendamientos del Gobierno, y que los jubilados y empleados públicos renuncien de por vida a la posibilidad de ajustes para compensar el costo de vida a través de sus pensiones.
