La Asociación Puertorriqueña de la Judicatura respondió a las críticas que hizo la Asociación de Fiscales de Puerto Rico sobre las instancias en que el sistema judicial le falló a Andrea Ruiz Costas, joven asesinada por su ex pareja luego que no pudo obtener una orden de protección en el Tribunal de Caguas.

“El sistema le falló a Andrea al no levantar expediente o sumario fiscal en el caso sometido ante la Jueza (Ivette) Alvarado Rodríguez. No entrevistarla en detalle, ni incluir en la lista de testigos a declarar todas las personas que durante el testimonio Andrea mencionó como personas que tenían propio y personal conocimiento de lo que ella estaba declarando”, sostuvo la la entidad que agrupa a los miembros de la judicatura.

“El sistema le falló a Andrea cuando la Policía de Puerto Rico, al entrevistar a Andrea el día 25 de marzo de 2021, la envió directamente al Centro Judicial de Caguas a solicitar una Orden de Protección sin primero llevar a Andrea ante un Fiscal que le atendiera. De hecho, el agente que la acompañó en el proceso no pudo particularizar la identidad de ese agente en la vista de determinación de causa para arresto al amparo de la Regla 6 de Procedimiento Criminal. La consecuencia de esa determinación del día 25 de marzo de 2021 aclara el inciso 2 de las incluidos en las expresiones de los distinguidos Fiscales, ya que al haberse sometido la Solicitud de Orden de Protección ese día, ya que no se denegó, resultó en una citación efectuada por una Jueza de igual jerarquía, por lo que la Jueza Alvarado estaba impedida de tomar una determinación en cuanto a esa solicitud”, agrega.

Al mismo tiempo, la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura dijo que “el sistema le falló a Andrea al no solicitarse una Vista de Regla 6 en Alzada inmediatamente después de que la Jueza Alvarado tomara su determinación Judicial de No Causa para Arresto, siendo el Departamento de Justicia los únicos llamados a hacer esa solicitud. Mediante este recurso, se celebraría una nueva vista, ante otro u otra Juez, y se pudieron haber atendido las tres instancias que los distinguidos Fiscales indican fueron fallas en el sistema en contra de Andrea”, sostuvieron.

La entidad que agrupa a los jueces indicó que la solicitud de vista de Regla 6 en alzada se pudo haber presentado durante los 34 días posteriores a la vista antes de que la joven fuera asesinada.

“Las juezas y los jueces de nuestro Poder Judicial están comprometidos a atender las situaciones que le sean presentadas para ser adjudicadas conforme a derecho. Y estamos en la mejor disposición, de corregir aquellas situaciones y detalles que nos permitan ser más eficientes y sensibles en el trámite adjudicativo, dentro del esquema de nuestros Cánones de Ética Judicial. Reconocemos aquello que esté bajo nuestro control. Esperemos que los demás integrantes del sistema de justicia criminal en nuestra isla hagan lo propio”, concluye la declaración.

Lea además:Asociación de Fiscales enumera instancias en que el sistema judicial le falló a Andrea Ruiz Costas

La Asociación de Fiscales de Puerto Rico enumeró hoy varias instancias en el que el sistema judicial le falló a Andrea Ruis Costas, joven asesinada por su ex pareja y que no recibió una orden de protección en la sala del Tribunal de Caguas.

“Conforme a las normas de derecho aplicables, y según dispuesto en la Regla 6 (a) de Procedimiento Criminal, la Jueza Ingrid Alvarado Rodríguez podía entender que existía la creencia razonable de que probablemente se había cometido un delito grave y que el imputado lo cometió, sin la necesidad de que se le presentara evidencia física de los mensajes. Entiéndase, bastaba su testimonio bajo juramento”, aseguró la Asociación de Fiscales de Puerto Rico.

El organismo que agrupa a los fiscales sotuvo además que “la norma vigente establece que, el estándar para la determinación de causa para arresto (creencia razonable de que se cometió un delito) es una menor a los requeridos en vista preliminar o en un juicio”.

“Lo cierto es que la Regla 6 de Procedimiento Criminal no requiere que se presente evidencia física, basta con el testimonio bajo juramento o afirmación de una persona con conocimiento personal de los hechos, e incluso, es suficiente para los miembros de la Policía Estatal, en todos los casos, y otros funcionarios y empleados públicos, en los casos relacionados con el desempeño de sus deberes y funciones, … jurar denuncias cuando los hechos constitutivos del delito les consten por información y creencia”, agregaron.

De acuerdo a la entidad que agrupa a los fiscales, las normas de autenticación no aplican en la vista de determinación de causa para arresto. La Regla 103 (d) (2) (A) de Evidencia, dispone que las Reglas de Evidencia no obligan en los procedimientos relacionados con la determinación de causa probable para arrestar o expedir orden de registro y allanamiento.

“Qué quiere decir lo anterior, que en una vista de determinación de causa para arresto, no hay que autenticar la evidencia material/física. Basta con la evidencia testimonial de un testigo con conocimiento de los hechos”, sentenciaron.

“Ahora bien, si es errada la contención de que para la determinación de causa para arresto era necesario la presentación de los mensajes de texto, es aun de mayor alcance el error, cuando se le expresa a los medios y a la ciudadanía, que los mensajes de texto había que autenticarlos en esa etapa”, continuaron.

“En algo estamos de acuerdo con el Juez de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura: El sistema le falló a Andrea al:

Decidir aplicar por analogía las normas de otras etapas del procedimiento criminal, a la etapa de determinación de causa para arresto.

El sistema le falló a Andrea cuando:

A pesar de Andrea haber narrado el patrón de acecho del cual fue víctima y haber esbozado clara y detalladamente los elementos para expedir al menos una orden de protección, no la expidieron.

El sistema le falló a Andrea cuando:

A pesar de Andrea haber puesto a disposición como evidencia el contenido de su celular, éstos no fueron evaluados en el momento de hacer la determinación de causa/no causa de su hoy asesino confeso.

El sistema le falló a Andrea al:

No tomar en consideración los mensajes del celular de Andrea, cuando ésta podía testificar sobre las características distintivas del contenido recibido conforme a lo resuelto en el caso de Rosado vs. Global Healthcare, 2020 T.S.P.R. 136.

“Para finalizar, que nuestra ciudadanía tenga la certeza que el Departamento de Justicia de Puerto Rico representado por los Fiscales y Procuradores, continuaremos, procurando vigorosa y diligentemente ante los foros judiciales del país, el auxilio y amparo que necesitan todas las víctimas de la violencia de género”, concluyeron.

El boxeador Félix Verdejo se declara no culpable de los cargos imputados en relación a la muerte de Keishla Rodríguez.

Verdejo que, según se dijo en la vista tiene 27 años y estudió hasta cuarto año de escuela superior, permanecerá encarcelado hasta que se lleva a cabo el juicio en su contra.

La Fiscalía Federal solicitó que se mantenga ingresado en prisión por considerar que “es un peligro para la comunidad”.

Enfrenta cargos por secuestro con resultado de muerte, robo vehicular con resultado de muerte y asesinato intencional de un bebé por nacer. También enfrenta cargos por poseer un arma de fuego durante y en relación a un crimen violento.

Posteriormente, Luis Cadiz-Martínez co acusado se declaró no culpable en una vista por separado. Cadiz-Martínez tiene 29 años, tiene dos convicciones previas y dos revocaciones previas. Permanecerá detenido en la cárcel federal de Guaynabo.