La representante del Proyecto Dignidad, Lisie Burgos, se opone a que se prohiban las terapias de conversión porque entiende que la familia debe tener la potestad de llevar a sus hijos a terapias y el Estado no debe intervenir en eso.
Burgos, quien además es sicóloga clínica y pastora, alegó en entrevista con Jay Fonseca en Día a Día, que hay menores que han sido abusados sexualmente y que este proyecto prohibiría dar atención terapéutica a estas personas.
La legisladora no reconoció que las terapias de conversión son consideradas como tortura por entidades como la Organización de las Naciones Unidas o la Asociación de Sicología de Estados Unidos.
El gobernador Pedro Pierluisi y el secretario designado de Salud, Carlos Mellado, dejaron clara hoy su oposición a las terapias de conversión.
Las terapias de conversión son administradas por lo general para menores de edad homosexuales o transgénero con la alegación de que se puede cambiar la orientación sexual o la identidad de género de las personas.
Las terapias de conversión, están basadas en la idea de que la homosexualidad es un trastorno mental que puede tratarse o curarse. Esta postura ha sido condenada de manera generalizada por los defensores de los derechos humanos y desacreditada por los profesionales de la salud mental debido al “daño grave y potencial” que puede provocar, según un informe emitido por la Asociación de Psicología Estadounidense.
El tema volvió al debate público luego que las senadoras y los senadores José Vargas Vidot, Ana Irma Rivera Lassén, María de Lourdes Santiago Negrón y Rafael Bernade Riefkohl presentaron el Proyecto del Senado 184 para ampliar las protecciones de la salud física y mental de menores de edad y prohibir la práctica de la terapia de conversión contra personas LGBTIQ+.
