A solo semanas de que se supone que se celebre una elección especial para elegir seis cabilderos a favor de la estadidad en Washington, no aparecen los fondos para el evento. El presidente senatorial, José Luis Dalmau, reconoció que el gobernador, Pedro Pierluisi, podría autorizar transferencias de fondos de otras agencias a la Comisión Estatal de Elecciones, pero esta acción tendrá que contar con el aval del Senado.
Fuente: El Vocero
La Cámara de Representantes y el Senado detuvieron las sesiones hasta la semana que viene tras reportarse varios casos de empleados contagiados con Covid-19. Personal de los cuerpos legislativos fueron sometidos a pruebas para detectar el virus. Se espera que a partir del martes las labores sean reanudadas.
Fuente: El Vocero
El gobierno comenzó a cobrar $2.00 por el uso de la playa La Jungla, ubicada en el Bosque Estatal de Guánica. Según se informó, el dinero le será cobrado a todo aquel que no sea residente del municipio.
Fuente: Metro PR
El secretario de Salud, Carlos Mellado, informó que desde el lunes todas las escuelas deben volver a la modalidad virtual debido al alto nivel de contagio de COVID-19.
“Ante el repunte de casos y hospitalizaciones por COVID-19 y cumpliendo con nuestro deber de salvaguardar la seguridad de nuestros niños, hemos determinado que el sistema educativo, tanto público como privado, tienen que adoptar una modalidad virtual para la educación por las próximas dos semanas. Esta decisión se toma en conversación con el Gobernador, Pedro Pierluisi, y la Secretaria del Departamento de Educación, Elba Aponte. No habrá clases presenciales desde el próximo lunes 12 de abril”, sostuvo.
“Aunque no tenemos brotes en las escuelas, debemos tomar medidas cautelares ante la incidencia y positividad de los pasados siete días que elevaron el nivel de riesgo a uno crítico por tres días consecutivos al amparo del protocolo del Departamento de Salud. Exhortamos a la ciudadanía y hacemos un llamado a la prudencia y a continuar con los protocolos de protección”, agregó.
La presidenta del Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI), Nydia Cotto Vives, confirmó que si la contratista Katherine Erazo no hubiese firmado un acuerdo de cooperación con los fiscales especiales independientes hubiese sido incluida en las denuncias presentadas junto a la hoy ex presidenta del Negociado de Telecomunicaciones, Sandra Torres.
Erazo era una de las principales recaudadoras de fondos de la campaña política del exgobernador Ricardo Rosselló.
Torres enfrenta cargos son por aprovechamiento ilícito de trabajos y servicios públicos (Art. 252 del Código Penal) y por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental en su Artículo 4.2 en sus incisos b y m. Estos incisos son los que prohíben que se utilice el cargo para obtener para sí o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley; y que se exija o solicite a otros servidores públicos que hagan contribuciones económicas o empleen de su tiempo para realizar o participar en una actividad política.
“La señora Erazo estaba siendo investigada al igual que la señora Sandra Torres y cuando ella ofrece prueba a los fiscales se llega a un acuerdo de colaboración y la convierte en testigo del caso”, dijo Cotto Vives.
“Dentro de ese acuerdo de colaboración ella (Erazo) presentó una declaración jurada en la que ofrece otra serie de detalles que fortalecen la investigación de los fiscales especiales independientes y luego de la información que ella presentó se radicó una denuncia adicional”, agregó Cotto Vives.
La presidenta del Panel del FEI reconoció que “no hay arreglos perfectos” pero “la protección de los testigos es importante para sacar a los corruptos”.
El referido al Panel de Fiscal Especial Independiente (PFEI) surge tras una investigación de Jay y sus Rayos X, que se remonta a octubre de 2019, en la que se reveló que Torres obligó a un empleado a vender boletos de $1,500 para una actividad de recaudación de fondos del entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares.
En la investigación de Jay y sus Rayos X, López, el ex empleado del Negociado de Telecomunicaciones, Exel López, aseguró bajo juramento que había un esquema de donativos políticos ilegales.
López dijo que las personas que debía contactar, a pedido de su jefa, eran representantes de las mismas empresas reguladas. De hecho, el empleado alegó llegó a entregar dos boletos a una de las empresas, que primero fueron rechazados y luego Torres insistió por teléfono a la empresa que debían comprarlos.
Reacciona a homenaje de Perelló
De otro lado, lamentó que el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, presentara y aplaudiera ayer en el hemiciclo de la Cámara al ex presidente del cuerpo Jaime Perelló Borrás con motivo del Mensaje de Situación de Estado del País.
“Cuando pasan estas cosas nos impacta. Nos impacta porque los casos que se llevan aquí son casos bien cuesta arriba porque es difícil de conseguir testigos y convicciones, y en este caso fue el señor Perelló quién hizo alegación de culpabilidad y el Capitolio es la casa del Pueblo, y cuando tu invitas a una persona que ha faltado a la honestidad, que ha defraudado al Pueblo de Puerto Rico y ha incurrido en un delito de corrupción, tú tienes que preguntarte si esa invitación es merecida”, sostuvo en entrevista con Jay Fonseca en Día a Día.
Exel J. López Vélez, el empleado que denunció que la entonces presidenta del Negociado de Telecomunicaciones, Sandra Torres, lo obligó a vender boletos para una actividad de recaudación de fondos a las empresas que regulaban exhortó hoy a los funcionarios públicos a denunciar los actos de corrupción que presencien.
López Vélez cuenta con inmunidad como testigo de cargo, según decidió el Panel del FEI en un memorando del 17 de febrero de 2021.
“No se logra un cambio positivo para erradicar la corrupción si nosotros, los que advenimos en conocimiento sobre actos de corrupción, ventas de influencias, abuso del poder o cualquier intento de lacerar el bienestar del pueblo, no damos un paso al frente y denunciamos estos actos que atentan contra nuestra sociedad”, dijo en declaraciones escritas.
López Vélez dijo que “bajo consecutivas presiones y con repercusiones como perder mi empleo, fui obligado (como mencioné en Jay y Sus Rayos X en octubre de 2019) a realizar gestiones para recaudar fondos para una actividad política”.
“El Tribunal de Justicia tendrá ahora la oportunidad de ver la evidencia documental que presenté ante la Oficina del Panel para el Fiscal Especial Independiente. Puerto Rico conocerá al detalle los actos ilegales cometidos por exfuncionarios de la pasada administración. Que sepa Puerto Rico que me mantengo firme en denunciar la corrupción de frente, y llegaré hasta las últimas consecuencias”, concluyó.
El Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, determinó causa para arresto contra la hoy ex presidenta del Negociado de Telecomunicaciones.
Torres enfrenta tres cargos mientras la contratista Katherine Erazo, que también había sido referida para investigación, será testigo y coopera con el Fiscal Especial Independiente (FEI).
El referido al Panel de Fiscal Especial Independiente (PFEI) surge tras una investigación de Jay y sus Rayos X, que se remonta a octubre de 2019, en la que se reveló que Torres obligó a López Vélez a vender boletos de $1,500 para una actividad de recaudación de fondos del entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares.
En la investigación de Jay y sus Rayos X, López, el ex empleado del Negociado de Telecomunicaciones aseguró bajo juramento que había un esquema de donativos políticos ilegales.
López dijo que las personas que debía contactar, a pedido de su jefa, eran representantes de las mismas empresas reguladas. De hecho, el empleado alega llegó a entregar dos boletos a una de las empresas, que primero fueron rechazados y luego Torres insistió por teléfono a la empresa que debían comprarlos.
Torres era además la directora de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico.
López alegó que no había hecho las denuncias con anterioridad porque temía ser despedido de su empleo. En entrevista con Jay y Sus Rayos X, López alegó que fue amenazado en más de una ocasión si se negaba a vender los boletos de recaudación de fondos que tenían un costo de $1,500.
El Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, determinó causa para arresto contra la hoy ex presidenta del Negociado de Telecomunicaciones, Sandra Torres.
Torres enfrenta tres cargos mientras la contratista Katherine Erazo, que también había sido referida será testigo y coopera con el Fiscal Especial Independiente (FEI).
Los cargos son por aprovechamiento ilícito de trabajos y servicios públicos (Art. 252 del Código Penal) y por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental en su Artículo 4.2 en sus incisos b y m. Estos incisos son los que prohíben que se utilice el cargo para obtener para sí o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley; y que se exija o solicite a otros servidores públicos que hagan contribuciones económicas o empleen de su tiempo para realizar o participar en una actividad política.
Se le fijó una fianza de $45,000 a Torres y la vista preliminar quedó pautada para el 21 de abril de 2021 a las 10:00 am.
El referido al Panel de Fiscal Especial Independiente (PFEI) surge tras una investigación de Jay y sus Rayos X, que se remonta a octubre de 2019, en la que se reveló que Torres obligó a un empleado a vender boletos de $1,500 para una actividad de recaudación de fondos del entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares.
En la investigación de Jay y sus Rayos X, López, el ex empleado del Negociado de Telecomunicaciones, Exel López, aseguró bajo juramento que había un esquema de donativos políticos ilegales.
López dijo que las personas que debía contactar, a pedido de su jefa, eran representantes de las mismas empresas reguladas. De hecho, el empleado alega llegó a entregar dos boletos a una de las empresas, que primero fueron rechazados y luego Torres insistió por teléfono a la empresa que debían comprarlos.
Torres era además la directora de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico.
El referido también se hizo para López, el ex ayudante especial de Torres que denunció que lo obligaban a vender boletos para actividades de recaudación de fondos para Ricardo Rosselló.
López alegó que no había hecho las denuncias con anterioridad porque temía ser despedido de su empleo. En entrevista con Jay y Sus Rayos X, López alegó que fue amenazado en más de una ocasión si se negaba a vender los boletos de recaudación de fondos que tenían un costo de $1,500.
La Cámara de Industria Mercadeo y Distribución de Alimentos (MIDA) radicó hoy en el tribunal federal una acción legal para detener la puesta en vigor de las nuevas tarifas aprobadas recientemente por el Negociado de Transporte y Otros Servicios Público (NTSP) con el fin de proteger los acuerdos contractuales existentes para el transporte de alimentos y evitar un aumento en los costos de alimentos que impacte el bolsillo de los consumidores.
De acuerdo a MIDA, la demanda radicada busca que la regulación y carta circular de la NTSP, que instituye las nuevas tarifas, sea declarada nula e inaplicable, así como la declaración de un interdicto permanente impidiendo al gobierno de emitir sanciones por alegado incumplimiento.
“Hemos tomado esta acción legal urgente, luego de haber agotado todas las vías, con el ánimo de proteger el bolsillo de los consumidores y detener otro aumento desmedido a los costos de operación de la industria de alimentos en Puerto Rico”, dijo Manuel Reyes Alfonso, Vicepresidente Ejecutivo de la organización.
Este agregó que las acciones de la NTSP están en violación de la Ley Promesa, ya que la carta circular no fue sometida a la Junta de Supervisión Fiscal previamente para revisión y aprobación. Asimismo, las tarifas están en contraposición con el Plan Fiscal aprobado para el año fiscal 2020-2021.
Según Reyes, existe desinformación porque no se trata de incrementar unas tarifas que ya existían sino de imponer un nuevo sistema de tarifas a sectores que operaban bajo contratos privados negociados en el libre mercado en beneficio de ambas partes y sobre todo del consumidor. Por tanto, lejos de desregular lo que estaba reglamentado como ordena el Plan Fiscal, se está expandiendo la autoridad del NTSP y cambiando dramáticamente la forma de hacer negocios en nuestra economía. El alza resultante que pretende implantar el gobierno va en perjuicio de la industria de alimentos y por ende de los consumidores, quienes se verán afectados por cualquier aumento en precios que resulte por la aplicación de las nuevas tarifas.
“Cuando el NTSP impuso en diciembre las tarifas temporales de transporte lo hizo ignorando las relaciones comerciales existentes entre los carreros independientes y los comercios de alimentos. No se hizo un análisis serio del impacto de un cambio de esta envergadura para nuestra economía. Históricamente, la Comisión de Servicio Público, entidad predecesora del NTSP, había respetado estas relaciones, excluyéndolas de sus tarifas reglamentarias por ser las mismas pactadas entre dos entes privados, el carrero y el comerciante. Es absurdo, y derrota el propósito de los contratos privados, pretender aplicar unas tarifas diseñadas para viajes individuales cuando se contratan miles de viajes, ofreciendo garantías y certeza a las empresas de transporte”, puntualizó Reyes Alfonso.
El portavoz de MIDA subrayó que las tarifas incluidas en la nueva reglamentación del NTSP no consideraron el funcionamiento de la industria de distribución de alimentos. Explicó que el andamiaje de la distribución y transporte de alimentos es uno complejo en el que las compañías contratan de manera individual con los dueños de los camiones independientes.
Asimismo, los pagos a los transportistas están basados en la cantidad de cajas o “bultos” entregados a los detallistas. Las tarifas varían según la localización de las tiendas a recibir mercancía, y por el tipo de carga a entregar: seca, fresca, refrigerada o congelada. También influyen en la contratación otros factores, tales como el peso y tamaño de los bultos. Los viajes de entrega de carga conllevan múltiples paradas en diferentes tiendas y municipios.
Aclaró que esa contratación típicamente se revisa anualmente por lo que también es incorrecto alegar que las tarifas no han cambiado en 15 años sino que se han ido ajustando de manera mucho más eficiente que cualquier proceso regulatorio.
“Han creado un problema donde no lo había. La industria siempre ha tenido buena relación con sus miles de carreros lo que se evidencia con relaciones comerciales que duran décadas. Toda parte en una negociación puede aspirar a más pero es ese proceso de negociación el que asegura eficiencia en la cadena de abastos en beneficio del consumidor. Estos aumentos se sumarían a los ya impuestos por los operadores de los muelles con los que el gobierno no ha querido intervenir, a los de la electricidad y a los internacionales que no controlamos. Hacemos un llamado urgente al gobernador Pierluisi a que escuche a la industria de alimentos, a que defienda a los consumidores de estos aumentos y nos permita clarificar la confusión que ha provocado un pequeño sector que no representa a toda la industria del transporte privado”, dijo Reyes.
El recurso radicado por MIDA es el segundo radicado por entidades del sector privado en relación a esta regulación habiendo la Cámara de Comercio radicado otro en el Tribunal Apelativo local a finales del mes de enero.
El Departamento de Justicia radicó cargos contra dos funcionarios del Departamento de la Familia y el administrador de una institución de cuidado de larga duración por explotación financiera de personas de edad avanzada y fraude, entre otros.
Según Luis Freire Borges, director ejecutivo de la Unidad de Control de Fraude al Medicaid (MFCU, por sus siglas en ingles), la investigación surge como producto de un referido del Departamento de la Familia a la MFCU. De esta, se desprende un patrón de explotación financiera y maltrato institucional contra una persona de edad avanzada en un establecimiento de cuidado de larga duración.
El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, explicó que los eventos ocurrieron entre el mes de octubre de 2015 al 26 de junio de 2019, mientras Johnny Pitre Acevedo era operador y/o administrador del Hogar Mi Pequeño Paraíso de Isabela. Este manejó ilegalmente los beneficios de Seguro Social de la víctima, de edad avanzada, durante treinta y nueve meses. Como consecuencia, logró apropiarse de $87,112.00, producto de los beneficios federales destinados a la septuagenaria, a través de la Corporación Mi Pequeño Paraíso.
Emanuelli agregó que Nereida Rivera Feliciano, supervisora local de Isabela y Ernesto Tavárez Ramos, director regional Aguadilla, ambos funcionarios del Departamento de la Familia para entonces, obviaron los procesos, reglamentos y órdenes de la agencia. Como producto de ello, beneficiaron a Pitre Acevedo.
La jefa de los fiscales, Melissa Vázquez Sandoval indicó que, a Pitre Acevedo se le radicaron cargos por explotación financiera de personas de edad avanzada, negligencia en el cuidado de personas de edad avanzada e incapacitados, posesión y traspaso de documentos falsos, intervención indebida, fraude y archivo de documentos falsos.
En cuanto a los funcionarios del Departamento de la Familia, la Jefa de los Fiscales señaló que Tavִárez Ramos enfrenta cargos por intervención y Rivera Feliciano por falsificación de documentos, perjurio, falsedad ideológica, posesión y traspaso de documentos falsos, intervención indebida y fraude.
La investigación estuvo a cargo de las fiscales Janice Maymí Camacho y Brenda Rosado Aponte, junto a los agentes Gricel García Gregory del MFCU y el agente Aneudi Mercado Cortés de la División de Propiedad del CIC de Aguadilla, de la Policía de Puerto Rico.
A partir de mañana entrará en vigor la nueva orden ejecutiva firmada por el gobernador, Pedro Pierluisi, la cual contiene una serie de cambios debido al repunte de casos y hospitalizaciones por Covid-19. El toque de queda ahora será de 10:00 pm a 5:00 am, mientras que se ordenó el cierre de comercios a las 9:00 pm. La ocupación de los comercios y restaurantes continuará en 50%. En la orden se prohibió la aglomeración de personas en playas, ríos, balnearios, marinas, piscinas y otros cuerpos de agua.
Fuente: El Vocero