Pierluisi defiende contrato de LUMA y dice que volver al pasado “sería una película de horror”

A cuatro semanas para que acabe el contrato suplementario de LUMA Energy, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia reiteró su apoyo al polémico operador privado, mientras alegó que la salida del consorcio canadiense atrasaría la reconstrucción de la red eléctrica, un proceso que ya había iniciado la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Al defender la gestión del operador privado, cuyo desempeño y respuesta ante el huracán Fiona ha estado bajo fuego, el primer ejecutivo describió la gestión previa de la AEE “como una película de horror”.

“Ese contrato vence el 30 (de noviembre), y ese contrato es meramente un contrato, que establece unos procesos diferentes al contrato de 15 años que es el contrato base, que es el contrato principal, el contrato de la P3 de la Alianza Público Privada. Y ¿por qué unos procesos diferentes? Porque hay un proceso de quiebra en curso y básicamente LUMA pidió que hubieran unos procesos diferentes mientras la quiebra se está dilucidando”, apuntó Pierluisi Urrutia desde Utuado, donde anunció mejoras a la carretera PR-10.

“Cuando llegue el 30 de noviembre, lo que queda por verse es si LUMA básicamente opta, como la quiebra no ha terminado, ni se vislumbra que vaya a culminar para el 30 de noviembre, lo que queda por verse es si LUMA opta por cambiar entonces y aceptar que se sigan los procesos establecidos en el contrato de quince años que son diferentes. La paga es menor. Hay un proceso de bonificaciones o multas establecidos en el contrato de 15 años que ahora mismo no aplican durante la quiebra”, añadió.

El 30 de noviembre acaban de manera automática tanto el contrato suplementario como el acuerdo a 15 años para la operación y mantenimiento de la red eléctrica, según un análisis del Centro para la Nueva Economía y varios abogados que evaluaron ese acuerdo. Para que LUMA continúe a cargo del sistema de transmisión y distribución, la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) tendría que extender el contrato, una acción que la Legislatura busca detener a través de una medida que ordena a la AAPP o P3, como se le conoce, y a la AEE rescindir el acuerdo por violaciones a las cláusulas contractuales. 

Una comisión cameral, bajo el liderato del legislador Luis Raúl Torres Cruz, ha rendido varios informes que exigen la cancelación del contrato porque “es leonino e ilegal”.

“Así que cuando se venza ese contrato suplementario el 30 (de noviembre), LUMA tiene que decidir si se va a recibir la paga menor que se establece en ese contrato de 15  años o bonificaciones o multas que se establece en ese contrato de 15 años. Esa decisión a todas luces LUMA no ha tomado hasta el momento”, indicó Pierluisi Urrutia a preguntas de la prensa.

“Qué pudiera pasar si decide que no se va a aceptar el cambio de paga y de términos y condiciones. Entonces pasaría a estar en transición. Ahí recibe una compensación diferente y es mayor por sus servicios. Es lo mismo que recibía antes de que comenzara el contrato, que tomó control de la red que fue el 1 de junio de 2021. Si está en transición eso significa que tendríamos que comenzar todo un proceso de nuevo de una P3 para otra alianza público privada que la sustituiría. Ese proceso como he dicho antes podría tomar año y medio hasta dos años”, agregó.

Ante este escenario, Pierluisi Urrutia argumentó que cancelar el contrato atrasaría los trabajos de reconstrucción de la red eléctrica, diezmada tras el paso del huracán María hace cinco años. Sin embargo, ha habido señalamientos sobre la falta de experiencia de LUMA para trabajar con los fondos federales asignados por FEMA para esa proceso de reconstrucción. El propio Negociado de Energía ha cuestionado a LUMA que no incluya en su presupuesto una partida para los fondos de pareo, que el consorcio privado insiste corresponde al gobierno pagar.

“Eso para mi es crucial, obviamente si LUMA entrara en transición se a afectar esa reconstrucción, se cae de la mata que se va a afectar, porque no es lo mismo tener a la entidad con un contrato a 15 años que tenerla a la salida. No va a ser igual y quien se va a perjudicar es el pueblo”, indicó el mandatario.

“Además de eso, lo que hemos dicho es que vamos a continuar fiscalizando a LUMA para que mejore el servicio, para que tengamos menos interrupciones, y algo que indiqué que lo repito que me consta porque lo vi con mis propios ojos, que luego de Fiona lo que ha pasado aquí es que poste que se cayó es poste que se reemplazó por uno de acero en mejores condiciones. Lo mismo ocurrió con cualquier equipo o cualquier interruptor o transformador se averió se cambió por uno nuevo al día y eso es importante porque tenemos una red más resiliente que teníamos en esas áreas”, abundó el gobernador.

Pero mientras el gobernador alabó el trabajo de LUMA en Peñuelas, por ejemplo, hay comunidades con problemas de voltaje y esta semana explotaron contadores en algunos hogares de este pueblo, un asunto que el excelador Blas Pizarro explicó a Cuarto Poder (WAPA-TV) se debe a los empleados que reestablecieron el servicio tras el apagón causado por Fiona dejaron las ” líneas abiertas” o hicieron una reparación a medias.

“No voy a estar hablándole a las gradas, no voy a estar diciendo vamos a cancelar el contrato y a Dios que reparta suerte, no. Ni hablarme de regresar al pasado, ni hablarme de eso porque eso es una película de horror. Eso es lo que no queremos vuelva a suceder. Lo que pasó en María eso fue una cosa increíble. No queremos arriesgarnos a que eso vuelva a pasar”, apuntaló.

A LUMA le tomó un mes restaurar el servicio a todo el país tras el paso de Fiona, un huracán categoría 1 que afectó mayormente la región sur y oeste de Puerto Rico. Todavía hay bolsillos en algunos pueblo. El huracán María, un huracán categoría 4, devastó al archipiélago. Dejó al 100% del país a oscuras y al 60% de la gente sin agua. Acabó con las telecomunicaciones y provocó daños por $100,000 millones.

Por eso, FEMA asignó $9,000 millones para reparar la red eléctrica. Organizaciones como Queremos Sol han pedido la cancelación del contrato de LUMA y usar el dinero federal para impulsar un proyecto de energía solar, que aprovece los techos de las casas y negocios. Ese propuesta a 15 años también contempla la creación de una nueva corporación pública, que administre esa red solar, y que venga acompañada de una gobernanza democrática y sin la politización que permeaba en la administración de la AEE.

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