El Tribunal Supremo de Estados Unidos acogió el recurso que evaluará la elegibilidad de los residentes de Puerto Rico al Seguro de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés).
La decisión judicial revisará la planteada por el Primer Circuito de Apelaciones de Boston que establece que los residentes en Puerto Rico podrán ser elegibles para recibir fondos de este programa que paga beneficios a los adultos y niños incapacitados que tienen ingresos bajos y recursos limitados, y a las personas mayores de 65 años de edad que cumplen con ciertos límites económicos.
El caso discute si el Congreso violó el componente de igual protección de la cláusula de debido proceso de la Quinta Enmienda al establecer el SSI en los 50 estados y el Distrito de Columbia, y en las Islas Marianas del Norte mediante un convenio negociado, pero sin extenderlo a Puerto Rico.
El Departamento de Justicia federal sometió ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos un “certiorari” sobre el caso de Luis Vaello Madero, un ex residente de Nueva York que se mudó al Municipio de Loíza y a quien el Seguro Social (SS), pretendía que devolviera $28,000 por no haber informado que se había mudado a la Isla donde no se reciben los beneficios del programa SSI.
Tanto el juez del Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico, Gustavo Gelpí, como el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito con sede en Boston, determinaron que Vaello Madero no tenía que devolver el dinero.
La Administración del Seguro Social estima que extender el SSI a los residentes de Puerto Rico costaría aproximadamente $ 23,000 millones durante los próximos 10 años.
