Ante la alta exposición mediática del caso, el juez federal Raúl Arias Marxuach propuso hoy imponer una orden de mordaza para garantizar el derecho a un juicio justo e imparcial de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, quien el pasado jueves fue acusada por conspirar para recibir sobornos junto al banquero Julio Herrera Velutini y al exagente del FBI, Mark Rossini.
En una orden que incluye un borrador de la llamada orden protectora, Arias Marxuach consignó el interés nacional e internacional que generó el arresto de Vázquez Garced y la presentación de la acusación en contra del trío. Explicó que ante la amplia cobertura procura establecer un balance entre el derecho a la libertad de prensa y el derecho de los acusados a ser juzgados por sus pares de forma imparcial.
Por tanto, ordenó a los fiscales y a los abogados defensores a expresarse en o antes del 11 de agosto sobre el alcance de la orden.
Inicialmente, la divulgación del borrador causó confusión porque apareció en el docket o registro electrónico sin la orden procurando que las partes de expresaron dando la impresión que se trataba de una directriz. Posteriormente, la propuesta del juez Arias Marxuach fue divulgada con su orden y el borrador.
El borrador de la orden establece que los tres acusados no podrían realizar expresiones a la prensa, ni a través de las redes sociales.
También prohibiría a los abogados defensores y a los fiscales realizar comentarios salvo para comentar de forma general y sin elaborar las alegaciones del caso. Tampoco podrían hacer comentarios los potenciales testigos, los agentes investigadores y el personal de las diversas agencias involucradas en esta pesquisa federal.
La propuesta veda o mordaza estará vigente hasta que concluya el proceso judicial.
Agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) arrestaron a Vázquez Garced el pasado jueves luego de que un gran jurado federal autorizó una acusación en su contra por supuestamente participar en un esquema de sobornos para financiar su fallida campaña primarista en el 2020.
Según el pliego acusatorio de 42 páginas, la entonces gobernadora aceptó un acuerdo para que Herrera Velutini costeara los servicios de una firma de consultoría extranjera a cambio de la destitución del comisionado de instituciones financieras, George Joyner, para descarrilar una auditoría a Bancrédito International Bank and Trust Corporation.
Herrera Velutini es el dueño de Báncrédito, mientras que Rossini es un exagente del FBI que brindó servicios de consultoría a la institución financiera y, de acuerdo a la acusación, facilitó los pagos a la firma que ayudaría con la campaña primarista.
Hasta el jueves, el banquero se encontraba en Inglaterra y Rossini estaba en España. Contra ambos pesan órdenes de arresto.
