La aparente disparidad que la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) mantiene con otras agencias y dependencias de los Gobiernos estatales, federales y municipales con respecto a las torres de telecomunicaciones, se mantiene bajo lupa en distintos foros judiciales y son también analizadas por la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico.
Esto sucede gracias a varios casos de comunidades oponiéndose al establecimiento de antenas, los más recientes en Ciales y Manatí, donde además se reclama que no han tenido participación ciudadana en los dictámenes de OGPe, a la vez que se ignoran los peligros ambientales de estas construcciones.
Por un lado, abogados de las vecindades agrupadas en el Frente de Comunidades contra la Proliferación de Antenas han llevado ya varios casos ante el Tribunal Supremo y otros foros judiciales, a favor de comunidades en Las Piedras, Gurabo, Salinas, Aguas Buenas y Aguada.
Por otro lado, tanto el representante Denis Márquez como la senadora María de Lourdes Santiago han presentado proyectos que aún esperan por mayor dilucidación en el Capitolo. Márquez ha calificado esta situación como “una soberana responsabilidad” de OGPe.
Mientras, las desarrolladoras despliegan su ofensiva legal para buscar cumplir sus propósitos de construcción. Por ejemplo, esta semana el juez Santiago Cordero Osorio, del Tribunal Superior de Arecibo, pautó para el 2 de noviembre una vista para ver una demanda de la empresa QMC Telecom, LLC., en contra de ciudadanos del barrio Frontón, en Ciales, alegando que estes últimos no les permiten realizar las edificaciones de sus torres, aún cuando los permisos para la construcción de las mismas se siguen cuestionando, y se presentó un recurso de auxilio de jurisdicción ante el Tribunal Supremo. Los ciudadanos mantienen un campamento de protesta pasiva en la zona y no se han registrado altercados fisicos de obstrucción en el área.
Las representaciones legales de los vecinos de Frontón y de QMC Telecom, LLC no pudieron llegar a un acuerdo tras una vista de interdicto celebrada ayer, viernes 21 de octubre, en la sala 403 del Centro Judicial de Arecibo, y el juez Cordero Osorio señaló una vista a fondo, para ver los planteamientos y alegatos de ambas partes.
“Este proceso ha sido atropellado debido a que, tan reciente como el martes, los ciudadanos fueron emplazados”, apuntó en entrevista con Cuarto Poder y Jagual Media previo a la vista del viernes el abogado de los ciudadanos y vecinos de Frontón, el licenciado Carlo Rivera Turner.
“De un día para otro han buscado representación legal, lo que hace casi imposible tener la preparación adecuada, a la vez que todavía la comunidad sigue el procedimiento administrativo para agotar los recursos ante el Tribunal Supremo y no se entiende que el permiso que tiene la compañía que pretende instalar la antena sea final y firme, está en proceso de ser cuestionado”, acotó el letrado.
La empresa en cuestión, QMC Telecom LLC, presenta a José R. Stella como su agente y oficial principal, según el registro de corporaciones.
Además de Frontón, en Ciales se viven otras situaciones similares en los sectores de Toro Negro y Cialito.
Disparidades entre OGPe y los requerimientos estatales federales
Al igual que en todos los casos, los vecinos de Frontón cuestionan los permisos otorgados por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). El licenciado Jesús Morales Irizarry ha logrado que el Tribunal Supremo atienda varios casos similares, debido a cuán incongruentes aparentan ser los procesos de permisología en esa agencia, y la carencia de coordinación que apuntan a tener con otras dependecias, ya sean municipales, estatales o federales.
En el caso particular de Frontón en Ciales, aluden a que no son cónsonos con lo que requieren las autoridades estatales y federales para construir en esta zona, la cual es calificada como agrícola productiva y agrícola general, y mantiene terrenos susceptibles a los deslizamientos, según estudios del United States Geological Survey (USGS), adscrita al Departamento del Interior de los Estados Unidos, entidad que vigila asuntos geológicos y de tierras, y los efectos, como inundaciones y deslizamientos, que causa el impacto del desarrollo desmedido y la planificación paupérrima.
En entrevista con Cuarto Poder y Jagual Media, el licenciado Morales Irizarry recordó que en enero del 2021 “se pasó una ley federal, llamada el National Landslide Preparedness Act”, que junto al Geospacial Data Act, del 2018, recopilanan y diseminan información correspondiente a las susceptibilidades e inundabilidades de los suelos y la propensidad a derrumbes en zonas como las mencionadas en Ciales.
En el 2020 se publicó el mapa de susceptabilidad de deslizamientos en Puerto Rico, que incluye las zonas de Ciales dónde QMC Telecom, LLC pretende levantar as torres.
“Ahí es que confirmamos lo que ya los vecinos han vivido, y es que estos terrenos son suceptibles a deslizamientos, tanto ahí en Frontón, como en Cialito, en esa carretera núm. 146 y la 149 ha habido muchos deslizamientos. El desarrollo ha provocado que haya muchos deslizamientos, por eso tras el huracan María abundaban los videos en esa zona de montaña, donde se veían casas que bajaban y despues de eso las agencias federales y estatales se dedicaron a hacer esos mapas”, expresó el licencaido Morales Irizarry.
Pero eso no evitó que OGPe emitiera los permisos a favor de los desarrolladores. Parecería como si la agencia no se mantiene atenta a las responsabilidades que tiene que atender, como atemperarse a estos tipos de mapas y estudios propulsados por agencias federales de mayor jurisdicción, y solo se enfocan en agilizar cualquier desarrollo.
“Cuando dan el permiso en Frontón ya estaban los mapas de suceptibilidad y la constatación del impacto que eso causará, pero aún así la OGPe les da el permiso”, resaltó Morales Irizarry.
Para colmo, el licenciado recordó que, según una guía que conformó durante el pasado año la USG tras junto al Recinto Universitario de Mayaguez (RUM), titulada Gúia para Residentes sobre Deslizamientos en Puerto Rico, “se enumeran varios puntos de peligro, de los cuales seis ó siete están presentes en las instalaciones de estas torres”.
Entre ellos, señaló el licenciado, figuran las excavaciones. Según indicó la excavación para la base de la torre como tal es de 40.6 pies, mucho más de lo recomendado.
Además, señaló Morales Irizarry que “los drenajes que tienen las tortas de cemento de las bases, ademas de sostener el inmenso peso de sus antenas, le da un peso añadido y aumenta la suceptabilidad que puedan tener esos suelos”.
Al OGPe ignorar su responsabilidad de atemperar este aspecto científico en sus permisologías y considerando que dichos mapas son cónsonos con los ya establecidos en los Reglamentos Conjuntos de 2010, 2019 y 2020, el letrado expresó que ha recurrido a los Artículos # 3 y # 16 del Código Civil, que aluden a que lo que no contemplan las leyes esta ahí, deben considerarse nulos cuando suceden actos que van en contra de las mismas.
El pasado jueves, 20 de octubre, Morales Irizarry presentó una solicitud de expedición de Auto de Certiorari para que se revoque la permisología que OGPe le aprobó a QMC Telecom, LLC:
“El tribunal supremo ha dicho en reiteradas ocasiones que cuando algo es nulo es inexistente en derecho y existe la obligacion en declararlo nulo, no aplica términos algunos. Esos permiso que se han expedido se hicieron mediante un acto prohibido y, por ende, debe declararse nulo”, subrayó Morales Irizarry.
Actos y permisos sin participación comunitaria
Otro asunto pertinente con respecto a la instalación de antenas en distintas comunidades alrededor de Puerto Rico es el de la carencia de participación comunitaria, reclamo que ha llevado desde el principio los portavoces del Frente de Comunidades contra la Proliferación de Antenas.
Un reportaje del Centro de Periodismo Investigativo publicado en septiembre pasado, profundiza en este aspecto. En síntesis, esa investigación de la periodista Gabriela Carrasquillo detalla cómo el procesamiento automático de solicitudes en la OGPe obvia la intervención de residentes y el impacto al ambiente, favoreciendoa los desarrolladores mientras los tribunales actúan cuando ya las construcciones están en marcha.
Además, destaca la investigación que “para evitar que se construyan demasiadas donde solo hay antenas de una sola compañía, la Ley 89 del 2000 sobre la construcción de torres de telecomunicaciones en Puerto Rico dispuso la norma de coubicación de antenas de varios carriers en una sola estructura. Para la instalación de una torre se requiere que la constructora mantenga contrato con al menos una compañía de celulares”.
“Al menos 22 comunidades en Puerto Rico han denunciado a estas y otras empresas ante las agencias y tribunales por incumplir con los debidos procesos de permisos y de participación ciudadana. Se trata de un problema sistémico que surge de la reglamentación de la Junta de Planificación (JP) que utiliza la Oficina de Gerencia y Permisos para otorgar este tipo de permiso”, puntualiza la periodista en el reportaje, el cual pasa revista sobre el caso del sector Goyito Ruiz de Aguada, posiblemente el más emblemático por los múltiples encontronazos de los ciudadanos con la Policía de Puerto Rico, que defienden estas construcciones, sin importar los procesos legales existentes.
El más reciente de estos reclamos de inhibición de participación ciudadana se da en la comunidad Cantito de Manatí, dónde el representante Denis Márquez realizó una visita realizada a la comunidad el pasado miércoles.
“He tenido al oportunidad de visitar multiples comunidades afectadas por la profliferacion de antenas hoy sabado incluso estuve en la urbanización Monte Real en Coamo. He estado en Caguas, Las Piedras, el hilo conductor siempre ha sido al ausencia de participacion de las comunidades y el rechazo irresponsable de OGPe a esto, pensando que quizás las comunidades no van a presentar oposición”, apuntó Márquez en entrevista con Jagual Media.
“Hay que legislar. Los proyectos están radicados y establecen que para cambiar la política publica, para que los criterios sean de proteccion a las comunidades, extendiendo las distancias que deben haber”, agregó.
“Esto no se trata de ir en contra de las telecomunicaciones. Hay estudios, no solo ambientales, sino también sobre los efectos a la salud que causan las proximidades de las antenas, como el cáncer. Lo que hace OGPe, de aprobar esto de una manera expedita, es una soberana irresponsabilidad”, manifestó Márquez.
Según indicó Márquez, los proyecto radicados es el P. de C. 0663 y el P. del S. 0319-21, presentado por la senadora María de Lourdes Santiago.
P. de C. 0663, radicado el 20 de abril de 2021
P. del S. 0319-21, radicado el 21 de abril de 2021
Mientras, las comunidades siguen haciéndose sentir y buscan el respaldo del pueblo para las luchas que llevan. En Corozal se mantienen vigilantes en los sectores de Frontón y Cialito. Ayer, domingo, la comunidad El Cantito de Manatí celebró a una manifestación para crear conciencia en la opinión pública sobre la situación que allí viven.
Cuarto Poder solicitó una reacción de la OGPe a este reportaje.
