Hasta ayer, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) había recibido apenas 78 solicitudes de exención por parte de patronos que han alegado no pueden pagar el Bono de Navidad a sus empleados cifra muy por debajo de la del año pasado que fue 364
De las 65 solicitudes analizadas, se concedió la exención a 52 patronos.
El Nuevo Día
Pedro Pierluisi supera con gran diferencia los recaudos de los políticos con aspiraciones a correr en las elecciones de 2024 con $1,455,621 en su cuenta, seguido por Jenniffer González que tuvo ingresos por $560,343.93 y gastos por $407,384.14, lo que la dejó con un balance de $152,959.79.
Mientras, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández cuenta con $98,376.06; el excandidato a la gobernación del Partido Popular Democrático (PPD) Carlos Delgado Altieri con $68,711, y el presidente del Senado, José Luis Dalmau, con $54,178.97, según los informes
El comisionado de Seguros, Alexander Adams, indicó a EL VOCERO que aunque las pólizas de seguro tradicional cubren la mayoría del gasto por pérdida ante el aumento de robo de catalíticos en la Isla, el aumento de esta reclamación pudiera provocar que las aseguradoras excluyan la pieza automotriz de las cubiertas.
El Vocero
La empresa operadora del sistema de transmisión y distribución de energía en Puerto Rico, Luma Energy, negó que haya solicitado un aumento a su presupuesto operacional para el presupuesto del próximo año.De esta forma, reaccionaron a denuncias del representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Tomás Torres Placa que denunció que LUMA había solicitado unos 7 millones de dólares adicionales a los que recibe anualmente.
Grupos de personas expresaron su frustración ante la estricta política gubernamental “Cero-Covid” protestando en diferentes ciudades de China durante el fin de semana.
El aumento de las infecciones por Covid-19 provocó el aumento de los controles locales luego de que a principio de este mes un cambio en la política del gobierno central había generado esperanzas de una relajación gradual de los protocolos de seguridad para Covid.
Casi tres años de controles han arrastrado a la economía.
El Diario del Pueblo, el periódico oficial del Partido Comunista, publicó un artículo de opinión de primera plana el lunes sobre la necesidad de hacer que los controles de covid sean más específicos y efectivos, mientras se eliminan los que deberían eliminarse.
En Beijing, muchas comunidades de apartamentos convencieron con éxito a la gerencia local de que no tenían base legal para un cierre. Eso se produjo después de que cada vez más recintos en la ciudad capital prohibieran a los residentes salir de sus casas.
El domingo, las autoridades municipales dijeron que los prohibiciones temporales de movimiento no deberían durar más de 24 horas.
En los últimos tres días, estudiantes realizaron protestas en muchas universidades, mientras que la gente salió a la calle en partes de Beijing, Shanghái, Wuhan y Lanzhou, entre otras ciudades, según videos ampliamente difundidos en las redes sociales.
Las manifestaciones comenzaron inicialmente en Urumqi, Xinjiang, el viernes después de que un incendio en un edificio mató a 10 personas el día anterior, en un área que había estado cerrada durante meses. La narrativa en las redes sociales se centró en cómo los controles de Covid impidieron que los residentes y los rescatistas salvaran vidas.
Si bien no está claro qué causó exactamente las muertes, las autoridades locales declararon posteriormente que el riesgo de covid había disminuido y comenzaron a relajar los controles.
El sábado en Shanghái, una vigilia por las muertes de Urumqi se convirtió en una protesta contra el covid y el gobernante Partido Comunista de China.Los videos en las redes sociales mostraron a la policía arrestando a algunos manifestantes.
Fuente: CNBC
El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, afirmó hoy que no favorece la privatización del sistema de generación de energía en momentos en que diversos medios han reportado que la Autoridad para las Alianzas Público Privados (AAPP) ya seleccionó a la empresa que estaría a cargo de las plantas generatrices que actualmente opera la Autoridad de Energía Eléctrica.
En entrevista con Jay Fonseca en el programa Los datos son los datos (WAPA-TV) Dalmau Santiago indicó que no cree que los servicios esenciales deben estar en manos privadas. En el caso específico de la generación eléctrica reveló que ese sistema debe permanecer en manos de la AEE.
Hoy el diario estadounidense informó que el gobierno de Puerto Rico mantiene negociaciones para “para ceder el control de las plantas de energía a uno de los proveedores de gas más grandes de la isla, New Fortress Energy, con sede en Houston, con la esperanza de que invierta en mejoras de plantas”. Previamente El Vocero reseñó que Genera PR, antes conocido como Encanto Power LLC, era el proponente preferido de la AAPP. Genera PR está compuesto por tres compañías: NFR Energía LLC una filial de New Fortress, Peak Energy y Black & Veatch.
“No tengo conocimiento de eso específicamente, pero la Ley de Reforma Energética establece que la generación de energía -y no quiere decir que estoy de acuerdo- lo que establece es que se creen distintas corporaciones que puedan producir energía más barata a la Autoridad de Energía Eléctrica con fuentes de energía renovable”, apuntó el senador y presidente de la Pava.
¿La AEE debe quedarse operando las plantas que tiene hasta ahora?, preguntó Fonseca.
“En lo que viene la sustitución de otros tipos de plantas para energía renovable”, respondió.
¿Con su voto no cuentan para cambiar esas plantas a un operador privado?, continuó Fonseca.
“Hasta este momento no. Quiera ver toda la información de cuál es la transacción y encaminado a qué, pero no estoy de acuerdo con que un servicio esencial esté en manos privadas”, concluyó.
La privatización del sistema de generación requiere el voto unánime de los cinco miembros de la Junta de Gobierno de la AAPP. El licenciado Eduardo Ferrer Ríos representa a Dalmau Santiago ante ese cuerpo rector.
Mira la entrevista aquí: Presidente del Senado analiza el futuro del contrato de LUMA Energy
A dos días para que expire el contrato suplementario de LUMA Energy, el futuro del consorcio privado en el archipiélago todavía es confuso.
El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y su gobierno impulsan la permanencia del operador privado de la red eléctrica a través de un contrato que tiene pocas garras, pero los líderes legislativos buscan cambiar las condiciones de esta polémica contratación, que se ha convertido en un balón político, y no descartan acudir a los tribunales si finalmente rechazan el acuerdo.
Pierluisi Urrutia se reunió esta tarde con el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, y el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, se conectó mediante teleconferencia luego de que surgió una controversia sobre el proceso de votación de la propuesta para extender el contrato suplementario de LUMA, que expira automáticamente el 30 de noviembre.
El director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), Fermín Fontanés Gómez, convocó una reunión para la tarde de hoy para refrendar la propuesta de extensión del contrato. Pero en esa recomendación postuló que el voto de los representantes del interés público no era necesario en esta votación porque una continuación del contrato suplementario no constituía una contratación nueva, que requiera el voto unánime de los cinco miembros de la Junta de Directores.
Fontanés Gómez arguyó que este tipo de trámite estaba contemplado al amparo de la Ley 29 de 2009 o Ley de Alianzas Públicos Privadas, que fue enmendada en el 2017 para eliminar que las decisiones de la Junta tengan que ser avaladas por una mayoría extraordinaria. Según ese cambio, las decisiones se aprueban por mayoría simple de 3 a 2, lo que dejaría fuera a los representantes del interés público que representan al Senado y la Cámara en ese cuerpo.
Ante un reclamo de los líderes legislativos, el gobernador accedió al cónclave de última hora. Poco después de salir del encuentro, Dalmau Santiago indicó en entrevista con Jay Fonseca en el programa Los datos son los datos (WAPA-TV) que la votación se aplazó hasta mañana para darle tiempo a los representantes del interés público de realizar preguntas y recibir información.
Los representantes del interés público son: el licenciado y exlegislador Eduardo Ferrer Ríos, quien representa al presidente del Senado, y la licenciada Liza Ortiz Camacho, quien representa al presidente de la Cámara.
“Hay varios escenarios que hay que discutir en la Junta (de la AAPP) e información que requerir. ¿Cuánto sería el término?, ¿Cuáles son las condiciones?, ¿Qué pasaría si no se extiende el contrato suplementario con la quiebra?, ¿Qué pasaría con los fondos de reestructuración?. Todo eso hay que evaluarlo para poner por encima los intereses de Puerto Rico sobre cualquier otro interés en una decisión como esta”, explicó Dalmau Santiago.
Actualmente, LUMA Energy opera el sistema de transmisión y distribución de la red eléctrica desde el 1 de junio de 2021 bajo un contrato suplementario que tenía un término de 18 meses para permitir que la Autoridad de Energía Eléctrica culminara el proceso de reestructuración de su deuda. El contrato a 15 años entraría en vigor después y con la deuda resulta, algo que no ocurrió.
Ante la fecha de la expiración automática del acuerdo comenzaron los reclamos de diversos sectores para que el gobierno cancele el contrato del operador canadiense ante las constantes interrupciones de servicio y su resistencia a atender el déficit de personal diestro para atender las averías de servicio. También ha habido críticas por el costo oneroso del contrato, que no exige a LUMA invertir un solo centavo de su capital en la operación del sistema eléctrico.
Hoy Dalmau Santiago se mostró abierto a la posibilidad de extender el contrato suplementario por un término de cuatro a seis meses como había adelantado la secretario de la Gobernación Noelia García Bardales, en lo que se toma una decisión prospectiva sobre el futuro del sistema eléctrico, diezmado tras el paso del huracán María hace cinco años.
“Esto es lo que estamos evaluando hoy, si es necesario o no dada la información que se nos dé, que se le dé un contrato suplementario a término en lo que se resuelve la situación de la quiebra con la juez (federal) Taylor Swain donde se inicien los proyectos de recuperación y no se pierdan los fondos de la transformación de energía eléctrica. Todo eso va a considerarse”, indicó Dalmau Santiago.
“De votar en contra, los representantes del interes público prácticamente se cancela el contrato e inicia un proceso de transición a unos costos. Eso ya está determinado ya y cuáles con las consecuencias de esa decisión”, añadió.
El presidente cameral aclaró que la decisión de aplazar hasta mañana la votación sobre la extensión del contrato de LUMA Energy no significa que cambió su postura.
Hernández Montañez, quien se encuentra en un viaje de trabajo por varias ciudades de Estados Unidos, reiteró que se opone a la contratación del operador canadiense, pero que “agota los remedios” ante un posible pleito judicial.
En entrevista telefónica con este medio explicó que su representante ante la Junta de Gobierno de la AAPP hoy solicitará el análisis jurídico que realizó el ejecutivo para proponer continuar el contrato suplementario fuera del alcance de la Ley 120 de 2018 o Ley de Transformación del Sistema Eléctrico.
“Aquí se hacen las cosas bien”, afirmó.
“Esto no va a ser decisión caprichosa, será una decisión con toda la información”, añadió.
Hernández Montañez también indicó que su representante evaluará la información que reciba hoy y que mañana informará su decisión. “Yo no descarto nada, siempre que sea por los mejores intereses”, dijo.
Ante el escenario de que sus representantes ante la Junta de la AAPP voten en contra de la extensión del contrato y sus votos sean ignorados, ambos líderes legislativos aseguraron que acudirán al tribunal para impugnar la decisión del Ejecutivo.
“De no llegar a un acuerdo y no quiero cruzar el puente antes de llegar al río, si no se atiende nuestra petición de que nuestros votos cuenten en la Junta, tendríamos que buscar nuestros remedios y entre los remedios está ir a los tribunales”, apuntaló Dalmau Santiago.
Mira la entrevista aquí: Presidente del Senado analiza el futuro del contrato de LUMA Energy
El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia adelantó que mañana ofrecerá los detalles de la extensión del contrato de LUMA Energy, a pesar de que existen diferencias sobre el trámite que debe seguir la Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) para refrendar ese acuerdo.
El director ejecutivo de AAPP, Fermín Fontanés Gómez, y Pierluisi Urrutia apoyan la permanencia del operador privado, pero los líderes camerales han expresado su oposición a ese acuerdo para la administración de red eléctrica y han anticipado que pedirán a sus dos representantes ante el cuerpo rector, que voten en contra de la extensión.
Actualmente LUMA opera el sistema de transmisión y distribución mediante un contrato suplementario que expira automáticamente el 30 de noviembre.
Por eso, esta tarde la Junta de Directores de la AAPP se reunirá para evaluar una petición de Fontanés Gómez para extender dicho suplementario. Pero según el análisis legal que acompaña la solicitud, ese cuerpo rector puede tomar la decisión en una votación de mayoría simple y sin el aval de los dos miembros del interés público.
La Junta de la AAPP está compuesta por cinco integrantes: Omar Marrero Díaz, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal; Francisco Parés Alicea, secretario de Hacienda; Julio Lassús Ruiz, presidente de la Junta de Planificación, y dos personas en representación del interés público Eduardo Ferrer Ríos y Liza Ortiz Camacho.
Ambos representantes del interés público fueron nombrados por Pierluisi Urrutia. Ferrer Ríos representa al presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, y Ortiz Camacho representa al presidente de la Cámara de Representes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez.
Ante el choque, Hernández Montañez y Dalmau Santiago solicitaron una reunión con el primer ejecutivo, que se celebra en la Fortaleza previo al cónclave de la Junta de la AAPP, para buscar algún tipo de acuerdo.
Esta mañana, luego de evento en Santurce, Pierluisi Urrutia avaló el análisis del director ejecutivo de la AAPP, que se apoya en una enmienda a la Ley de las Alianzas Público Privada. Esa enmienda del 2017 establece que las decisiones de la Junta de Gobierno se puede tomar por mayoría simple y no por mayoría extraordinaria como estipulaba el estatuto originalmente.
Pero el lenguaje confuso de esta enmienda junto a otras disposiciones de la Ley de Transformación del Sistema Eléctrica han provocado una controversia legal entre el Ejecutivo y el Legislativo, que amenaza con desembocar en los tribunales.
“La extensión del contrato no conlleva una enmienda al contrato. No conlleva una nueva transacción que requiere ese voto a favor de ambos representantes”, apuntó el gobernador a preguntas de la prensa.
“Si terminara en los tribunales, yo estoy confiado de que los tribunales estarían fallando a favor de la posición de la Rama Ejecutiva. No nos adelantemos. Vamos a ver que tal nos va en esa reunión, siempre está la posibilidad de que llegamos a algún tipo de consenso y eso voto afirmativo lo pueden dar los dos miembros que representan al presidente del Senado y la Cámara”, añadió.
El 1 de junio de 2021 inició contrato suplementario que estableció un término de 18 meses para que la corporación pública atendiera la restructuración de su deuda y entrara en vigor el acuerdo o contrato a 15 años. Ese término acaba el 30 de noviembre próximo. Desde el inicio, el acuerdo pactado entre las partes ha recibido críticas porque no exige al operador privado invertir ni un solo centavo de su propio capital. También establece tarifas fijas y contempla reembolsos de gastos de entretenimiento para los directivos de LUMA.
Recientemente, la organización CAMBIO advirtió que lejos de ahorros, el contrato de LUMA supone un aumento en gastos para el gobierno por la abultada lista de consultores y asesores legales que tiene el consorcio canadiense para compensar por la falta de peritaje para administrar la red eléctrica. Según el análisis de CAMBIO, el consorcio privado gastó $100 millones en asesoría, que se sumó a los $117 millones que recibió por hacerse cargo del sistema de distribución y transmisión.
En octubre pasado, una Comisión cameral concluyó que el contrato de la privatizadora es “leonino e ilegal”, pero el Departamento de Justicia evaluó el contrato y le dio su visto bueno.
Todas las mañanas, Jay Fonseca te pone al día con las noticias más importantes para Puerto Rico y el mundo.