Agentes de la Oficina del Inspector General (OIG) allanan esta mañana las oficinas del Departamento de Educación y una residencia en un condominio de Hato Rey.
El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés reaccionó esta mañana en el exterior de la agencia y aunque prefirió no hacer comentarios sobre la investigación y confirmó el requerimiento de información.
“Es lamentable que una vez más la reputación del Departamento de Educación esté en tela de juicio. Desconocemos la información de esta investigación federal, pero de lo que sí estamos seguros es de que al final del día quienes sufren las consecuencias de estas situaciones son nuestros niños y jóvenes del sistema público de enseñanza. Hay que darle el espacio a los federales para que sigan investigando y cuando ellos se expresen y brinden más información sobre esta situación estaremos ofreciendo nuestra postura y opinión al respecto”, sostuvo el presidente de la Asociación de Maestros, Víctor M. Bonilla Sánchez, sobre el allanamiento.
Según datos del Departamento de la Familia provistos a EL VOCERO, en lo que va de año, los hospitales públicos y privados de la Isla han radicado 709 reclamaciones en la agencia por ancianos abandonados. Entre los años 2017 y 2018, el número de casos fue 285.
Algunos de los envejecientes abandonados en hospitales fallecen antes que el Departamento de la Familia pueda reubicarlos.
Las pérdidas anuales que causan los actos de corrupción en Puerto Rico se han estimado en un 10% del presupuesto gubernamental, indicó a EL VOCERO la contralora Yesmín Valdivieso. El cálculo de 10% de pérdidas implica que de un presupuesto del Fondo General de $12,400 millones para las operaciones diarias del gobierno de Puerto Rico, se malgastan unos $1,240 millones.
Julio Herrera Velutini, coacusado en el caso de Wanda Vázquez se le imputa sobornar a la ex gobernadora Wanda Vázquez y en Reino Unido las repercusiones de esa acusación pueden llegar a afectar hasta la elección del sustituto del exprimer Ministro, Boris Johnson, quien renunció el mes pasado.
La Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM) radicó el pasado 5 de agosto una querella contra el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) por casos de hostigamiento sexual y acoso laboral.
La querella firmada por la exprocuradora de la mujer Lersy Boria, detalla que el PIP podría enfrentar hasta 30 mil dólares en multas por incumplir con la obligación de proveer un espacio de trabajo libre de hostigamiento sexual a sus empleadas y por fallar en tener un protocolo de prevención y acción contra el acoso laboral.
Durante el mes de junio varias mujeres integrantes del partido presentaron quejas de acoso laboral, hostigamiento sexual y acoso cibernético por parte de hombres también militantes del partido.
El PIP tiene 30 días para contestar la querella. Mañana reaccionarán en conferencia de prensa desde su sede en Hato Rey.
La Universidad Interamericana demandó al expresidente de la institución, Manuel J. Fernós, para que entregue los datos que le permitan acceder al “backup” o archivo de resguardo del teléfono celular, que le asignó como parte de las herramientas de trabajo y que le pertenece.
En la demanda presentada ayer, el licenciado Luis Rodríguez López planteó que Fernós alegadamente desechó su iPhone 8 y compró un celular personal un día después de recibir una carta en la cual se le informaba que la institución investigaba a su mano derecha, Dominique Gilormini De Gracia, y se le requería preservar todos los equipos electrónicos, comunicaciones, documentos, así como archivos físicos y electrónicos relacionados a dicha pesquisa.
“Sin que la UIAPR fuera notificada, el 24 de marzo de 2022, el Lcdo. Fernós canceló la cuenta de celular propiedad de la UIAPR y adquirió un teléfono celular personal para utilizarlo en sus funciones como presidente”, reza la demanda de 14 páginas.
La Inter se enteró del cambio de equipo cuando pidió a Fernós que entregara su celular el 16 de mayo pasado con el nombre de usuario y contraseña. En respuesta a esa petición, el todavía presidente de la Inter notificó al presidente de la Junta de Síndicos, José Muñoz Ávila, que había dado de baja la cuenta del celular asignado por la institución desde el 24 de marzo y que había adquirido otro bajo una cuenta personal.
Luego, el 17 de mayo en una carta a la Junta de Síndicos, informó que desechó el equipo y que, por tanto, no podía devolver el celular. Tampoco ofreció el nombre de usuario y contraseña para acceder al iCloud o nube con la información de resguardo de su móvil.
Siete días después la Junta de Síndicos destituyó a Fernós. Ayer, casi dos meses después, acudió al tribunal para obligar al expresidente a proveer la información que forma de la pesquisa en curso, que precipitó su salida.
Dos unidades de generación de energía en EcoEléctrica y AES salieron de servicio esta tarde por lo que se experimentaron apagones generalizados.
Las cogeneradoras de energía experimentaron problemas por un disturbio en las línea de transmisión operada por LUMA Energy.
“En la tarde de hoy nuestra turbina de combustión número uno salió de servicio al activarse su protección ante una avería en el sistema de transmisión del sistema eléctrico. No tenemos detalles técnicos de lo ocurrido en el sistema pero luego de inspeccionar nuestros sistemas y confirmar que no hubo daños, hemos iniciado los preparativos de arranque de la unidad para entrar a servicio temprano en la noche de hoy”, expresó EcoEléctrica.
“Ocurrió una operación en la línea de 230kv #51200 que discurre entre el Centro de Transmisión en Cambalache y el Centro de Transmisión de Costa Sur que ocasionó la salida de la unidad CT#1 de ECO y la unidad #2 de AES”, especificó Josué Colón, director de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
A través de su cuenta de Twitter, LUMA Energy exhortó a conservar energía entre 6:00 y 10:00 pm.
Pero antes de la 6:00 p.m., la AEE anunció que la unidad AES #2 entró en servicio y que la otra unidad también estaba en proceso.
“Lamentamos los inconvenientes ocasionados por lo ocurrido en el sistema de T&D (transmisión y distribución)”, indicó la corporación pública en el aviso colgado en su cuenta de Twitter.
LUMA, sin embargo, todavía mantenía su mensaje de conservación de energía pasadas las 6:23 p.m.
La comisionada de Instituciones Financieras, Natalia I. Zequeira Díaz, anunció hoy el comienzo del proceso de liquidación voluntaria de Bancrédito International Bank & Trust Corporation.
Al final de este trámite, el banco tendrá que entregar su licencia de entidad bancaria internacional (EBI) y dejará de operar en Puerto Rico.
El anuncio ocurre a cinco días de que un gran jurado autorizara una acusación en contra de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, del dueño del banco, Julio Herrera Velutini y del exagente del FBI, Mark Rossini por supuestamente participar en un esquema de sobornos para financiar la fallida campaña primarista de la entonces mandataria a cambio de la destitución del excomisionado George Joyner, quien mantenía abierta la auditoría de la institución bancaria por diversos señalamientos.
“Lo que comenzó en el 2019 como un examen de rutina para una de las entidades bancarias internacionales (EBIs) más grandes y con mayor madurez operando en Puerto Rico hoy llega a su último capítulo”, indicó Zequeira en un comunicado de prensa.
Como parte del proceso de liquidación voluntaria—que podría tomar hasta seis meses—la OCIF velará que la EBI cumpla con las obligaciones de los depositantes y se asegurará de que un tercero independiente evalúe y pase juicio sobre las transacciones efectuadas por y a través del banco.
Zequeira informó que Kaufman Rossin—una firma especializada en cumplimiento con
reglamentación bancaria—ha sido designada para revisar el 99% de las transacciones llevadas a cabo por y a través del banco entre 1 de octubre de 2016 y el 17 de diciembre de 2020, con un valor agregado de más de $10,000 millones.
Al cabo de ese proceso, la firma emitirá un informe con sus hallazgos para consideración de OCIF, quien se mantendrá vigilante, en la eventualidad que se requieran actos adicionales de su parte como regulador.
Como parte de las sanciones impuestas al presente, Bancrédito acordó pagar una multa de $250,000 para cerrar el procedimiento administrativo que está en curso.
Señaló que Bancrédito ha contratado a otra entidad independiente, Driven Administrative Services LLC. (“Administrador”) para llevar a cabo la liquidación ordenada de la entidad.
Como parte de las responsabilidades acordadas, Bancrédito, por conducto del Administrador, deberá:
• notificar a sus depositantes para coordinar la devolución ordenada de sus depósitos;
• emitir informes mensuales sobre el estado de los procedimientos de liquidación;
• pagar, dentro de 30 días, a los depositantes no relacionados a la institución;
• transferir y/o vender, dentro de 60 días, a otras instituciones financieras fuera de los Estados Unidos y Puerto Rico los depósitos de los clientes que no deseen retirar su dinero;
• pagar, dentro de 90 días, los depósitos de las entidades relacionadas a la institución a otra institución autorizada por el depositante, siempre que existan fondos suficientes en una cuenta de reserva de efectivo que Bancrédito acordó mantener para el beneficio de todos los depositantes; y
• pagar sus obligaciones cuando venzan, según los términos y condiciones del contrato suscrito.
Señaló que no se podrá hacer ninguna distribución de activos al Accionista Mayoritario Bancrédito Holding Corporation hasta tanto se le haya pagado a todos los depositantes.
Dentro de los 10 días siguientes a haberse satisfecho las obligaciones de la entidad, Bancrédito entregará su licencia de EBI a la OCIF y dejará de operar en Puerto Rico.
“Los esfuerzos llevados a cabo por la OCIF en la supervisión y fiscalización de la banca internacional en Puerto Rico demuestran nuestro compromiso con el cumplimiento de nuestro deber de proteger contra daño irreparable la solidez y reputación del sistema financiero de Puerto Rico. No hay duda de que el trabajo que hemos realizado durante los pasados 18 meses envía un mensaje contundente de que la OCIF no va a permitir que ninguna entidad bancaria internacional que ostente una licencia otorgada por el Gobierno de Puerto Rico opere al margen de la ley o ignore los claros mandatos de los estatutos y reglamentos aplicables”, concluyó la comisionada.
El jueves pasado, agentes del FBI arrestaron a Vázquez Garced en su residencia en San Juan y esta mañana, Rossini, quien se encontraba en España, se entregó a la autoridades federales. Contra Herrera Velutini pesa una orden de arresto. Hasta el jueves pasado, se encontraba en Inglaterra.
El contador público autorizado Joseph Anthony Fuentes Fernández reforzó su representación legal con la contratación de un exfiscal federal luego de que se declaró culpable el pasado el pasado 5 de mayo.
Ese día también se declaró culpable el comité de acción política Salvemos a Puerto Rico, que Fuentes Fernández creó para promover la campaña en contra de los contrincantes políticos de su amigo, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.
Según una anotación en el “docket” del caso, el licenciado Peter Koski del bufete Covington & Burling LLP, con sede en Washington D.C., se sumó al equipo legal compuesto por los abogados Joaquín Monserrate Matienzo y José Aguayo.
El perfil de Koski en la página web del bufete indica que representa a empresas y personas involucradas “en asuntos gubernamentales y de cumplimiento regulatorio sensibles y de alto riesgo e investigaciones internas”.
Koski formó parte del equipo de fiscales que procesó al exgobernador Aníbal Acevedo Vilá y encabezó el equipo que acusó al exsenador Héctor Martínez y al senador estadounidense Bob Menéndez. Perdió los tres casos de alto perfil.
El pasado 18 de julio presentó una moción para unirse a la defensa a través de un trámite conocido en inglés como “pro hac vice” o una admisión de cortesía puesto que no tiene autorización para practicar la abogacía en Puerto Rico.
La vista de sentencia de Fuentes Fernández y de Salvemos a Puerto Rico estaba pautada para el 15 de agosto ante el juez federal Joseph Laplante, pero quedó aplazada para el 26 de agosto a las 9:00 a.m.
Fuentes Fernández y el Súper Pac se declararon culpables de mentir en los informes presentados ante la Comisión Federal de Elecciones para encubrir los donantes reales de dicho comité de acción política, que apoyaba a Pierluisi Urrutia.
El ahora convicto también grabó conversaciones como parte de un operativo encubierto del caso de Bancrédito International Bank & Trust, según reveló la acusación presentada la semana pasada en contra de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, del dueño del banco Julio Herrera Velutini y del exagente del FBI, Mark Rossini.