El amigo del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y contador público autorizado, Joseph Fuentes Fernández, pisará la cárcel porque no divulgó a la fiscalía federal todo lo que sabía.

Por eso, hoy, el juez federal Joseph Laplante lo condenó a 14 meses de prisión. Luego cumplirá otros tres años de libertad supervisada.

En esa determinación del juez pesó la decisión de Fuentes Fernández de convertirse en un doble agente y divulgarle a otros investigados que las autoridades velaban sus andanzas.

“Esta es una de las peores obstrucciones que he visto… fue una obstrucción clara, tipo Hollywood”, apuntaló Laplante en la sala 5 del Tribunal Federal en el Viejo San Juan.

El togado mencionó una ocasión en que el ahora convicto entregó un papel a uno de los investigados mientras se encontraban en un restaurante para advertirle que tuviera cuidado porque estaba alambrado.

Fuera de sala, el licenciado Joaquín Monserrate Matienzo confirmó que Fuentes Fernández calló para no implicar a sus allegados. Aunque inicialmente no divulgó la identidad de la persona que pidió a su cliente establecer el comité de acción política Salvemos a Puerto Rico, luego indicó a Cuarto Poder (WAPA-TV) que Pierluisi Urrutia realizó la petición.

“Su amigo Pedro le pidió que estableciera el Súper Pac”, manifestó el abogado a este medio.

También señaló que Fuentes Fernández no grabó a Pierluisi Urrutia como le había pedido las autoridades federales porque hubiera constituido una traición a esta amistad, que inició en la universidad.

En su alocución ante el juez Laplante, Fuentes Fernández indicó que lo reclutaron para establecer a Salvemos a Puerto Rico y que le plantearon el asunto de mantener la identidad de los donantes de forma anónima. No divulgó la identidad de la persona que le hizo la petición.

Al concluir la vista, el abogado señaló que su cliente “se sacrificó” y que ese silencio pesó en el ánimo del togado a la hora de sentenciarlo.

“El juez entendió, de acuerdo a lo que expresó ahí, es que el hombre se quedó callado sobre cosas. Él no quiso involucrar a más gente”, contestó Monserrate Matienzo.

Aunque indicó que no sabía a quién hubiera salpicado Fuentes Fernández si hubiera cooperado con los fiscales, insistió que en que en el ADN de su cliente no estaba ser “soplón”.

¿La insistencia de la fiscalía en pedir carcel se debió a que no dijo todo lo que sabía?, cuestionó la prensa.

“Eso se lo deben preguntar a los fiscales, pero sin lugar a dudas afectó en la sentencia”, indicó el abogado.

“Creo que sí, costó mucho eso. Tomar en consideración que él advirtió a sus amigos lo que estaba pasando, eso nos afectó”, abundó.

Pese a que Fuentes Fernández no tiró a sus amigos al medio, Monserrate Matienzo recordó que el ahora convicto cooperó en la investigación que desembocó en la presentación de cargos contra el banquero venezolano Julio Herrera Velutini, acusado junto a la gobernadora Wanda Vázquez Garced y el exagente del FBI, Mark Rossini, por participar en un esquema de sobornos que tenía como objetivo descarrilar una investigación que la Oficina del Comisionado de Investigaciones Financieras realizaba a Bancrédito. Según la acusación, el CPA participó como encubierto para agarrar al banquero realizando un supuesto soborno.

Herrera Velutini, quien se encuentra prófugo, es el dueño de Bancrédito. Pese a sus alegados intentos de soborno, la entidad bancaria inició el proceso de liquidación.

“Él (Fuentes Fernández) cooperó en los casos de los extranjeros y en el caso que le pidieron que cooperara se abstuvo”, soltó el abogado.

El jefe de los fiscales, Stephen Muldrow, coincidió en que la actitud de Fuentes Fernández contribuyó a la sentencia a pesar de que el ahora convicto federal hizo alegación de culpa en mayo pasado tras alcanzar un acuerdo con el ministerio público.

“Nosotros respetamos la sentencia del juez y creo que el mensaje es bien claro: “si decides cooperar con el gobierno, tienes que cooperar completamente con la verdad y una de las consecuencias, en este caso, es que el señor Fuentes decidió no decir toda la verdad y por eso recibió una sentencia de 14 meses”, afirmó Muldrow a su salida del juzgado federal.

“Es un mensaje (que se envía) que si decide cooperar es un beneficio, pero si está cometiendo un delito de esa forma, hay una probabilidad de que va a estar preso”, agregó en alusión a los actos de obstrucción del convicto federal.

¿Las actuaciones de Fuentes previnieron que otras personas puedan ser acusadas o que den con todos los hechos o los implicados?, preguntó la prensa.

“No voy a entrar en los detalles de los otros casos que pueden ser que estén pendientes”, apuntó.

Los abogados de defensa Monserrate Matienzo, José Aguayo y Peter Koski pidieron al juez una sentencia suspendida o probatoria, mientras que los fiscales Jonathan Jacobson y Seth Erbe reclamaron dos años de prisión.

Para inclinar la balanza a su favor, el CPA presentó varias cartas de apoyo, entre ellas una misiva del exgobernador Luis Fortuño Burset.

El juez federal Joseph Laplante sentenció esta mañana al contador público autorizado y amigo del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, Joseph Anthony Fuentes Fernández, a 14 meses de cárcel, acogiendo así una petición del ministerio público para que tomara en cuenta que el ahora convicto federal torpedeó la investigación.

Luego de extinguir la sentencia, el todavía CPA cumplirá tres años de libertad supervisada.

Los abogados de defensa Joaquín Monserrate Matienzo, José Aguayo y Peter Koski habían pedido una sentencia suspendida o probatoria, mientras que los fiscales Jonathan Jacobson y Seth Erbe reclamaron dos años de prisión para el hombre que aseguraron obstruyó la pesquisa al advertirle a personas investigadas que las autoridades federales le tenían el ojo encima.

El hombre de 62 años se mantuvo calmado mientras escuchaba al juez explicar la sentencia e indicar que quería que fuera “adecuada, pero no mayor de lo necesario”. En primera fila en la sala 5 del juzgado federal en el Viejo San Juan, uno de sus tres hijos lloraba y otra mujer sollozaba. Dos filas más abajo, el jefe de los fiscales Stephen Muldrow y el fiscal Timothy Henwood seguían con atención el proceso.

Fuentes Fernández, quien reside en el estado de Virginia, permanecerá en libertad hasta el 26 de octubre cuando se entregará al Buró Federal de Prisiones para empezar a cumplir el castigo. Laplante también sentenció al comité de acción política Salvemos a Puerto Rico a tres años de sentencia suspendida y al pago de una multa de $150,000.

El pasado 4 de mayo el CPA , que perderá su licencia por la convicción, y el Súper Pac se declararon culpables de mentir en sus informes a la Comisión Federal de Elecciones (FEC, en inglés) para encubrir los nombres de los verdaderos donantes de dicho comité de acción política, que promovió una campaña en contra de los contrincantes políticos de Pierluisi Urrutia.

Antes de imponer la sentencia, el juez Laplante admitió que era la primera vez que llegaba a sala sin una idea clara del castigo que impondría.

“Este es un caso retante, con factores agravantes y mitigantes”, afirmó en una sala de audiencias medio vacía.

“No lo quiero hacer difícil para nadie, ni torturarlos”, agregó.

Pero previo a tomar una decisión indagó sobre un préstamo de $250,000 que Fuentes Fernández tomó del dinero que recibió Salvemos a Puerto Rico. El fiscal Jacobson lo describió como un acto de malversación que nunca informó a la FEC, pero Koski insistió en que se trató de un préstamo que su cliente comenzó a pagar antes de que los agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) tocaran a su puerta. Inicialmente las autoridades federales investigaban si el CPA usaba el dinero recaudado para su propio beneficio. El abogado también dijo que Fuentes Fernández no se benefició de esta acción.

“No es malversación, pero decir que no se benefició tampoco tiene sentido. Tomó un préstamo sin ni siquiera tener que llenar una solicitud. La verdad está a medio camino”, afirmó.

El juez, además, indagó sobre un proyecto de vivienda asequible que Fuentes Fernández inició en Puerto Rico después del paso de huracán María y que mencionó en su alocución como de los proyectos que le causaba gran ilusión. Sin remilgos, el togado preguntó al fiscal Jacobson si ese proyecto de alguna manera se benefició de los donantes que contribuyeron al Súper Pac.

“No tenemos información de que se hubiera beneficiado”, respondió el fiscal.

Contrario a la defensa, que insistió en que Fuentes Fernández actuó motivado por la gran amistad y la lealtad que lo une a Pierluisi Urrutia, el juez planteó que aunque esos valores no eran iguales a “la avaricia y la codicia” el amiguismo era parte del problema porque creaba las condiciones de complicidad para delinquir. También reconoció que el CPA colaboró en la pesquisa federal, pero que obstruyó de “forma clara” la investigación al alertar a otros investigados y luego negar esa acción a las autoridades federales.

“Estamos viviendo tiempos en los cuales las instituciones democráticas están bajo ataque”, afirmó el juez, quien mostró preocupación por el impacto de las acciones del convicto en el proceso electoral de Puerto Rico.

En una alocución en inglés, Fuentes Fernández indicó que esta convicción destruyó su carrera como CPA. Mencionó el daño que sus acciones han causado a su familia y habló de su amistad con el gobernador. Recordó que se conocieron en la universidad y que se apoyaron mutuamente cuando ambos atravesaron por el divorcio. Reveló que conoció a su actual esposa en la segunda boda de Pierluisi Urrutia.

“Todo lo que quería hacer era ayudar a un amigo. Hasta contribuí $40,000 a su campaña”, afirmó.

Parado frente al juez Laplante, contó que recibió un acercamiento para colaborar con la campaña electoral del 2020 y que en ese contexto surgió el asunto de los donantes anónimos.

Explicó que esa necesidad de mantener a los donantes del comité de acción política en el anonimato lo llevó a investigar el asunto y así descubrió las corporaciones sin fines de lucro. En su alegación de culpa, el convicto federal aceptó que antes de las elecciones generales del 2020 se crearon dos corporaciones sin fines de lucro pasivas para recoger fondos de manera anónima, que luego se transfirieron a Salvemos a Puerto Rico. El Súper Pac informó a la FEC que recibió $495,000 de parte de ambas corporaciones fantasmas. Fuentes Fernández era el tesorero y presidente de Salvemos a Puerto Rico.

“Ahora me percato que estaba mal y acepto mi responsabilidad”, afirmó.

“Después de esta experiencia traumática, terminé con la política”, agregó Fuentes Fernández.

Aunque Salvemos a Puerto Rico todavía sigue activo, el licenciado Koski informó que completado el proceso de sentencia y enmendado los informes de la FEC para revelar los nombres de los verdaderos donantes, el comité de acción política será disuelto cuando se complete un procedimiento que todavía queda pendiente ante el ente fiscalizador.