Larga la lista de irregularidades de Bancrédito

Decenas de reportes de actividad sospechosa que no se remitieron al gobierno federal; errores y análisis imprecisos en los reportes de bancos y cuentas de clientes en el extranjero; ausencia de un programa adecuado para prevenir que se lavara dinero a través de estas; y la falta de un oficial de cumplimiento que tuviera autonomía para tomar las decisiones necesarias, son varias de las violaciones de ley de Bancrédito, el banco de Luis Herrera Velutini, vinculado a la esquema de sobornos de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced.

Fuente: El Nuevo Día

Sin los votos Zoé Laboy para ser procuradora de la mujer

 El presidente del Senado y de la Comisión de Nombramientos, José Luis Dalmau, afirmó ayer que la exsenadora Zoé Laboy  no tendría los votos necesarios para ser confirmada como procuradora de la mujer.El presidente del Senado y de la Comisión de Nombramientos, José Luis Dalmau, afirmó ayer que la exsenadora Zoé Laboy  no tendría los votos necesarios para ser confirmada como procuradora de la mujer.

Fuente: El Vocero

Gobierno no tiene cifra precisa de cuántas personas están sin cobertura médica en la isla

El secretario de Salud, Carlos Mellado, y la directora ejecutiva de ASES, Edna Marín Ramos, estimaron que la cifra de personas sin cobertura médica rondaría entre 240,000 a 300,000 personas, o lo mismo que entre el 10% al 13% de la población. Sin embargo, reiteraron que el número exacto es difícil de puntualizar por una serie de factores, como la pérdida de empleo, la migración y la acogida a la tarjeta de salud del gobierno, Plan Vital.

Fuente: Metro PR

Alerta ante múltiples casos de fraude con el “Child Tax Credit” en Puerto Rico

Mientras que un consultor contributivo asegura conocer cientos de casos en los que ciudadanos solicitaron el crédito para sus menores dependientes y ya aparecían reclamados, el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés ) no pudo brindar información acerca de reclamaciones de este tipo que haya recibido por parte de puertorriqueños.

Tampoco pudo precisar cómo están trabajando este tipo de casos ya que “esto del Child Tax Credit de este año es nuevo, entonces la información no está muy clara”, comentó Alejandra Castro, portavoz del IRS.

Castro se refiere a que fue en 2021 que este crédito contributivo se extendió a más personas en Puerto Rico, anteriormente una familia podía solicitarlo si contaba con tres menores o más.

En una investigación de Cuarto Poder (WAPA-TV) una mujer relató el proceso en el que lleva meses esperando recibir el beneficio, luego de que su nieto, de quien tiene la custodia, fue reclamado por alguien cuya identidad desconoce.

La abuela aseguró que durante una llamada con el personal de servicio al contribuyente del IRS le indicaron que su nieto había estado siendo reclamado por años y que son “millones” los casos de fraude al Child Tax Credit en Puerto Rico.

Por su parte, el contador público autorizado Giancarlo Esquilín explicó que muchos puertorriqueños se toparon con este escenario en el que el fraude habría estado ocurriendo anteriormente.

“Quizás había sido ese el caso por años y nunca se dieron cuenta porque nunca habían radicado planilla [federal]”, añadió.

¿Cuál es el proceso para denunciar el fraude ante el IRS?

Esquilín detalló que en casos de robo de identidad lo que procede es radicar la planilla en papel y enviarla por correo al IRS.

Esto implica que el proceso de evaluación e investigación se dilate pues, según explicó, la agencia “ha tenido un atraso significativo en el procesamiento de planillas y formularios radicados en papel”.

Incluso, el también contador público autorizado, indicó que hay planillas de 2019 que aún no han sido procesadas.

¿Qué pasa cuando los padres están divorciados?

Castro enfatizó en que en muchas ocasiones lo que sucede es que los padres están separados y no se ponen de acuerdo para decidir quién reclamará al menor.

Ante situaciones como esta le correspondería reclamar el beneficio a la persona con quien el menor haya vivido mayor tiempo durante ese año. Cosa que se demuestra a través de una serie de documentos que pueden incluir certificado de nacimiento, documentos escolares, entre otros, expuso la portavoz.

Igualmente, esto debe ir acompañado de una declaración jurada y la planilla radicada en papel.

Sin embargo, Esquilín recalcó que en su oficina la mayoría de los casos de planillas rechazadas no tuvieron que ver con desacuerdos entre los padres “si no que era que cuando se comunicaba uno con el IRS en otro estado ya alguien había solicitado el Child Tax Credit para ese dependiente”.

Cuarto Poder contactó al Departamento de Hacienda para saber si tenían conocimiento sobre este tipo de fraude, pero la agencia afirmó que no esta a cargo de este programa y por lo tanto no tienen información al respecto.

No obstante, Hacienda contó con personal capacitado por el IRS para brindar apoyo a personas en el proceso de radicación de planillas federales en centros destacados en diferentes puntos de la isla.

Cuarto Poder solicitó el número de planillas que al ser radicadas en estos centros habrían sido rechazadas, pero al momento de esta publicación no ha obtenido esa información.

Vea la investigación de Cuarto Poder aquí.

Panel del FEI archiva caso contra exsecretario de Salud, Rafael Rodríguez y exsecretaria de Familia, Glorimar Andújar

Luego de evaluar todos los hechos y pruebas de la investigación preliminar realizada por el Departamento de Justicia, el Panel sobre el FEI acogió su recomendación de no asignar un Fel al exsecretario de Salud y la exsecretaria del Departamento de la Familia, Rafael Rodriguez Mercado y Glorimar Andujar Matos, respectivamente.

Este caso se originó con un referido al Departamento de Justicia de parte de la inspectora general, Ivelisse Torres Rivera.

La misma se relacionaba con el alegado pago ilegal de nómina a varios empleados del Departamento de Salud (DS) con fondos de Medicaid con el propósito de realizar tareas no pertinentes a dicho programa.

Además, incluyó el hallazgo de un pago ilegal denominado con fondos federales del PAN al empleado Gian J. Vale del Río, asignado en destaque en Salud.

La Investigación Preliminar destaca entre sus hallazgos lo siguiente:

• Que no surgió prueba de que Andújar Matos tuviera control sobre el manejo de esos fondos porque las operaciones de Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (DSEF) le competería a su administrador. Tampoco hubo prueba que relacionara a dicha funcionaria con el desembolso ilegal de los fondos del PAN por concepto del pago del salario de Vale del Río durante su destaque en Salud. Asimismo, no existe prueba de que por esos hechos Ia ADSEF perdiera fondos públicos.

• En cuanto a la alegación contra Quiñones Suárez sobre su expediente de personal, no existe prueba de que ésta se lo llevara de ADSEF. Más aún, no surgió prueba de que algún funcionario del DF o de ADSEF le hubiera requerido a ella que devolviera, el expediente que alegadamente se llevo.

• Tomando en consideración que los fondos Medicaid son custodiados por el gobierno federal hasta el momento en que son solicitados y todos los errores administrativos que provocaron que se tuviera que reembolsar los aludidos fondos Medicaid, la Investigación subraya que no existe causa suficiente para entender que el exsecretario Rodríguez Mercado cometió el delito de malversación de fondos públicos. En vista de ello, la Investigación Preliminar concluyó que no existe causa suficiente para creer que el doctor Rodríguez Mercado, ni la Dra. Concepción Quiñones de Longo, exsubsecretaria de Salud, cometieron delito por los hechos investigados.

Asimismo, determino que tampoco incurrieron en conducta delictiva la exadministradora de ADSEF, Surima Quiñones Suárez, ni la Lcda. Glorimar Andújar. Por consiguiente, se aconsejó no designar un FEI para realizar una investigación a fondo.

Fiscalía Federal presentará oferta para que Ángel Pérez se declare culpable y evitar así un juicio

La Fiscalía Federal anunció esta tarde que presentará antes de este viernes un ofrecimiento de cambio de alegato al exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero.

El ex ejecutivo municipal tendrá 10 días para evaluar el ofrecimiento de los fiscales y determinar si cambia su alegación de no culpabilidad en los tres cargos por corrupción pública que pesan en su contra en el foro federal.

De no aceptar la oferta, el “pre trial” pudiera comenzar en septiembre de este mismo año con la presentación de cuatro a cinco testigos tanto por parte de la Fiscalía como de la defensa lo que extendería el juicio por dos semanas, se informó hoy en una vista de status del caso ante la jueza federal Aida Delgado Colón.

Por su parte, la defensa del ex mandatario municipal, liderada por el abogado Osvaldo Carlo Linares adelantó que no ha podido tener acceso a la extracción de información de un teléfono celular que presentó como evidencia el Ministerio Público. La Fiscalía notificó que no había recibido la notificación de este problema con anticipación a la vista de hoy.

La acusación de un Gran Jurado imputa a Pérez Otero cuatro cargos: conspiración para cometer soborno y pago de comisiones ilegales con fondos federales (cinco años de cárcel), ayuda y asistencia en la comisión de soborno (10 años de cárcel), extorsión so color de autoridad (20 años de cárcel) y un cargo de confiscación.

Se alega que Pérez Otero recibió $5,000 mensuales de parte de un empresario que se presume es Oscar Santamaría Torres, que ya se declaró culpable por pagar sobornos al también convicto alcalde de Cataño, Félix “Cano” Delgado. Los pagos se emitieron entre fines de 2019 y mayo de 2021 para asegurar negocios a las compañías del contratista en el municipio.

Se alega que el total aproximado de los pagos es al menos $85,000.

Crean becas para médicos a cambio de años de servicio

La Puerto Rico Medical Foundation es una organización sin fines de lucro que a través de fondos privados provee becas para estudios de especialidad en medicina a cambio de años de servicio en el país.

Como estrategia para aliviar los costos de estudio y retener a los médicos en la Isla, la fundación cubre el costo total de la matrícula a cambio de que el especialista se comprometa a trabajar de 3 a 6 años en Puerto Rico. Se evalúa la necesidad de la especialidad para determinar el tiempo de servicio. Además, ayudan con el andamiaje de negocio una vez completan los estudios.

Vea la entrevista

PIP arremete contra exprocuradora de la mujer tras querella contra colectividad

La senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, lamentó que la exprocuradora de la mujer, Lersy Boria, hiciera una querella con “falta de seriedad” y que no se custodiaran adecuadamente documentos que son parte de una investigación por alegado hostigamiento laboral que contienen información personal de los implicados y que fueron filtrados y circulan en las redes sociales.

Santiago indicó que la denuncia se trató de una conducta de alegado “hostigamiento laboral” y no de hostigamiento o acoso sexual.

La denuncia por alegado hostigamiento laboral fue contra Eliezer Ríos Santiago, asesor legislativo del PIP en el Senado que renunció a su cargo el pasado 22 de julio debido al “costo emocional” que conllevaron las denuncias, aseguró la senadora Santiago.

Santiago agregó que ni la Comisión Especial del PIP ni la propia Boria encontraron evidencia de hostigamiento sexual o laboral presentada por tres mujeres.

“La propia procuradora de la mujer concluyó que no hubo hostigamiento sexual o laboral”, dijo Santiago al tiempo que admitió que la colectividad no tenía un protocolo para manejar este tipo de denuncias.

Santiago dijo que a raíz de este incidente se elaboró un protocolo para atender este tipo de casos y que fue entregado a la Oficina de la Procuradora de la Mujer.

La senadora acompañada del liderato del partido calificó como “abuso del derecho” la querella que emitió Boria antes de que renunciara a su cargo como procuradora de la mujer el viernes pasado.

“Es un ejercicio vergonzoso lo que la nueva subsecretaria de Estado ha hecho sobre esta querella (al PIP)”, sentenció Santiago sobre Boria.

Por su parte, el secretario general del PIP, Juan Dalmau, apuntó que la querella emitida por Boria está plagada con “falsificaciones jurídicas”.

El PIP tiene 30 días para contestar la querella y se expone a una multa de $30 mil; $10 mil por cada una de las alegadas fallas en el manejo de las denuncias de hostigamiento.

Anuncian instalación de generadores en La Plata y nueva planta de tratamientos en Salinas

El gobernador Pedro R. Pierluisi Urrutia junto al secretario de Vivienda, William Rodríguez Rodríguez, anunció la firma de un acuerdo interagencial entre Vivienda y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), que da paso a la inversión de $35 millones en dos proyectos de la corporación pública y a su vez inaugura el Programa de Subvención para Mitigación de Riesgos, el primero de los nueve que lanzarán este año bajo la partida de fondos CDBG-MIT.

Mediante el programa, que parea fondos de mitigación con los de FEMA, la AAA se propone instalar cuatro generadores de energía para la represa del lago La Plata que reducirá la interrupción del servicio de agua potable a 369,000 personas, en caso de alguna falla en el sistema eléctrico. Además, desarrollará una planta de tratamiento de agua para la población del municipio de Salinas, que actualmente es susceptible a eventos de sequía. 

Aunque ambos proyectos se encuentran en etapa de diseño, su desarrollo tomará de 3 a 4 años. La AAA estimó que el proceso de subasta para la instalación de los generadores iniciará a finales del próximo año, mientras que la planta podría estar en servicio en unos 4 años.

“Lo importante de este programa es que permite utilizar estos fondos para adelantar los proyectos y el total del costo se le aplica al pareo global de la aportación estatal que incluye todos los proyectos bajo el programa de subvención para Mitigación de Riesgos de FEMA. Es decir, en vez de tener que aportar a cada proyecto por separado, se acumula para el total. De esta forma este programa particular nos va a permitir desarrollar proyectos de infraestructura que no se habían podido hacer antes y que van a atender las vulnerabilidades que hemos sufrido y fortalecer nuestro entorno en beneficio del pueblo de Puerto Rico. El Departamento de la Vivienda estará administrando este programa en coordinación con la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico (COR3), para asegurar el cumplimiento con todos los requisitos de HUD y de FEMA”, comentó el gobernador sobre el acuerdo que fue firmado por el secretario de Vivienda y la presidenta de la AAA, Doriel Pagán. 

“Estos son los primeros de muchos otros proyectos que se están evaluando para realizarse a través de este programa. El mismo incluye cientos de millones en proyectos de la Autoridad, tales como mejoras a represas, plantas de aguas usadas y optimización del sistema de manejo y distribución de agua potable, así como proyectos de control de inundaciones. Asimismo, se evaluarán proyectos de mejoras al sistema eléctrico, de infraestructura crítica y otros que nos ayuden a mitigar el impacto de desastres naturales en Puerto Rico”, añadió el primer ejecutivo en un parte de prensa.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD, en inglés), asignó $8,285 millones para actividades de mitigación y asistencia al Gobierno de Puerto Rico bajo el Programa CDBG-MIT. De acuerdo con el Plan de Acción que elaboró la agencia local, el enfoque de este nuevo programa también conocido por sus siglas en inglés como HMGP-MIT, es completar proyectos de mitigación actualmente administrados por FEMA. 

El secretario de la Vivienda, explicó que “este programa es una gran oportunidad para desarrollar proyectos de infraestructura que, de otra manera, probablemente no serían posibles. Vivienda entiende que los desastres naturales de los pasados años han expuesto vulnerabilidades que ahora serán atendidas bajo este y el resto de los programas de mitigación que nos proponemos lanzar antes de culminar el año”.

En tanto, la presidenta de la AAA expresó que este Acuerdo “reafirma el compromiso del Gobierno de Puerto Rico para continuar de forma ininterrumpida los esfuerzos de reconstrucción de la Isla. La Autoridad tiene como meta el maximizar las oportunidades de financiamiento y así continuar mejorando nuestra infraestructura de manera resiliente para el beneficio de nuestros abonados. Agradecemos el apoyo incondicional del Departamento de Vivienda, COR3 y FEMA en todo el proceso, quienes junto al equipo de la AAA han logrado que estos proyectos fueran aprobados.”

La aportación del gobierno federal, desembolsada mediante FEMA, típicamente consiste en un 75% y requiere que la entidad receptora, en este caso la AAA, aporte un 25%. Este nuevo programa permite que Vivienda pueda utilizar fondos CDBG-MIT para cubrir el 100% de proyectos estratégicamente seleccionados entre COR3 y Vivienda, los cuales representan el 25% del pareo requerido globalmente para todos los proyectos del Programa de FEMA. 

El Acuerdo firmado es la primera inversión de fondos de mitigación que realizará el Departamento de la Vivienda mediante el programa que cuenta con un presupuesto de $1,000 millones, y del que se podrán beneficiar también organizaciones, y agencias estatales. 

Bajo este programa, Vivienda atenderá proyectos de infraestructura con una gran envergadura. Al momento, los proyectos preliminarmente contemplados bajo HMGP-MIT incluyen mejoras mayores a represas, plantas de tratamiento de aguas usadas, mejoras sustanciales a sistemas de manejo y distribución de agua potable y sistemas de control de inundaciones.  

Vivienda logra los $1,000 millones en desembolsos de fondos de recuperación

El gobernador y Rodríguez Rodríguez también informaron que bajo los fondos de recuperación CDBG-DR se superó el desembolso de $1,000 millones, meta que se había establecido para el final de este año.

“Los $1,000 millones ya desembolsados incluyen proyectos para proveer vivienda digna a personas de bajos y moderados ingresos, iniciativas de desarrollo económico y emprendimiento, proyectos de infraestructura municipal y multisectorial, programas de planificación y mitigación, y de promoción del turismo. Esto es importante porque, luego de años previos a nuestro gobierno con restricciones administrativas impuestas por HUD, nuestro Departamento de Vivienda ha sido clasificado como una jurisdicción que se encuentra en el ritmo adecuado de gastos de recuperación”, añadió Pierluisi quien en sus visitas cada semana a municipios entrega llaves de hogares reconstruidos afectados por los huracanes Irma y María. 

Fue el año pasado bajo el mandato del gobernador Pierluisi, y luego de transcurridos varios años de los huracanes de 2017, que el gobierno local consiguió el acceso a la totalidad de los fondos de recuperación, en el año 2021 y activó el trabajo de reconstrucción en Puerto Rico a través  del programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación (R3), mediante el cual se han impactado a más de 5,600 familias puertorriqueñas. La inversión supera los $530 millones y en la actualidad, se han comprometido $6,654 millones para diferentes actividades de recuperación que representan el 66% de todos los fondos CDBG-DR asignados a Puerto Rico.

El secretario de la Vivienda apuntó que “estamos sumamente motivados en continuar con la aceleración del trabajo que se ha realizado durante los pasados meses y que ha sido completamente transparente, tanto con el gobierno local como con el federal. No hemos tenido un solo señalamiento de mal manejo de fondos y, por el contrario, seguimos día a día mejorando la eficiencia de los programas y ampliando los canales de visibilidad para nuestra gente”.

Tras varios años de restricciones administrativas iniciales, Vivienda aceleró su ritmo de gastos por lo que el gobierno federal concluyó que Puerto Rico se encuentra en el ritmo adecuado de gastos de los fondos de recuperación on pace spender, según el informe financiero de los fondos CDBG-DR. Como cuestión de hecho, Rodríguez Rodríguez recordó que, como una autogestión, el Departamento de la Vivienda lanzó un Portal de Transparencia que provee información detallada sobre el desembolso de fondos CDBG-DR en cada uno de los programas de recuperación. 

El gobernador y Rodríguez Rodríguez destacaron que para el sector de Vivienda se han desembolsado más $693 millones, mientras que para el de Desarrollo Económico se ha hecho lo propio con más de $153 millones. Los municipios han sido apoyados por el sector de Infraestructura y Multisectorial con $44 millones en desembolsos y $15 millones en el sector de Planificación que ayudarán a promover la estrategia global de recuperación con el fin de asegurar la preparación y protección ante eventos futuros.

También informaron que algunas de las aportaciones más notables a la cifra de desembolsos se consiguieron mediante el Programa de Brecha de CDBG-DR de los Créditos Contributivos de Vivienda por Ingresos Bajos (LIHTC, por sus siglas en inglés), con $56,466,139 para la construcción de viviendas de alquiler a bajo costo. De igual forma, en  el Programa de Asistencia Directa al Comprador se utilizaron $3,321,604.76 para la compra de nuevas propiedades, y en el Programa Subsidio de Alquiler con $10,048,712 se subvencionó el alquiler de residencias a personas mayores de 65 años. Asimismo, a través del Programa de Financiamiento para Pequeñas Empresas se desembolsaron $91,339,076 para la recuperación de pequeños negocios mientras que con el Programa Renacer Agrícola se utilizaron $11,401,601 para el fortalecimiento de la producción de alimentos en la Isla. Por último, con el Programa de Pareo de Partidas No Federales se continúan pareando los proyectos elegibles que sometieron los gobiernos municipales ante la Agencia federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) mediante un desembolso de $35,497,140.

Estos anuncios se dieron en la coyuntura de la celebración del 50 aniversario del Departamento de la Vivienda. 

Gobernador asegura allanamiento en Educación no está relacionado a Héctor Joaquín Sánchez

El Departamento de Educación separó de sus funciones al empleado involucrado en la pesquisa que realiza la Oficina del Inspector General (OIG), reveló el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, quien aseguró que esa investigación no se extiende al pasado subsecretario de Educación, Héctor Joaquín Sánchez.

Esta mañana agentes de la OIG allanaron las oficinas del Departamento de Educación y una residencia en un condominio de Hato Rey de un empleado del área de Educación Técnica de la agencia.

En rueda de prensa para anunciar el desembolso de fondos federales de vivienda, Pierluisi Urrutia explicó que la intervención ocurrió en el área de Educación Vocacional y que el empleado cuya residencia fue allanada ocupa un cargo de carrera como gerente de operaciones de dicha división.

“Se va a relevar de la posición en lo que se dilucida la situación. Se le va a separar del cargo”, indicó a preguntas de la prensa.

No mencionó el nombre del empleado, pero Bonita Radio lo identificó como Kelvin Pagan La Luz.

“No tiene nada que ver con esa persona que mencionas”, respondió cuando un periodista preguntó si la pesquisa involucraba a Sánchez antes rumores que circularon durante el allanamiento.

El polémico exsubsecretario y pasado comisionado electoral de la Palma, salió de la agencia en medio de una investigación ante quejas de que supuestamente intervino con integrantes de un comité a cargo de seleccionar a los maestros y maestras más destacados del año para que solo seleccionaran a militantes del Partido Nuevo Progresista.