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El Departamento de Justicia dejó claro que no procesará a las mujeres o profesionales de la salud por la práctica de dicho procedimiento en la Isla. Emanuelli, indicó que el estado de derecho vigente en la Isla no ha sido trastocado por la opinión emitida por el Supremo federal, que revocó la jurisprudencia que reconocía una protección constitucional al aborto.
Fuente: El Vocero
La portavoz de Proyecto Dignidad en la Cámara de Representante, Lisie Burgos, retiró anoche la medida que buscaba enmendar el Código Penal, para disponer que el delito de aborto será castigado con pena de reclusión por un término fijo de 99 años.
Fuente: El Vocero
El gobernador Pedro Pierluisi encabeza los recaudos electorales. Al finalizar el 2020, Pierluisi tenía un balance de $357,195.48. Entre el 2021 y el primer trimestre del 2022 -cerca de año y medio después de llegar a La Fortaleza- logró recaudar $801,666.91. En la actualidad, tiene un balance de $986,645.89.
Fuente: El Nuevo Día
Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, dijo que dentro de las enmiendas propuestas al Código Electoral hay algunas que son positivas, como la que aumentaría de 12 a 13 las regiones electorales y la que establece un término mayor para llenar la vacante en una alcaldía.
Fuente: El Vocero
A horas de que mayoría conservadora de la Corte Suprema federal anulara el histórico fallo Roe v. Wade que protege el derecho al aborto, un grupo de legisladoras y legisladores presentó una medida para garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre cuerpo en Puerto Rico.
La decisión de la Corte delegó a los estados y territorios la facultad de regular el aborto o las terminaciones de embarazo. Ocurre a tres días de que el Senado de Puerto Rico aprobara una medida que prohibiría las terminaciones de embarazos después de las 22 semanas a menos que la mujer o persona gestante enfrente una emergencia médica. Pero la Cámara de Representantes dejó la discusión del polémico Proyecto del Senado 693 para la próxima Sesión Ordinaria.
Ante ese escenario, las senadoras Ana Irma Rivera Lassén (MVC), María de Lourdes Santiago Negrón (PIP), Migdalia González Arroyo (PPD), Elizabeth Rosa Vélez (PPD) y Rosamar Trujillo Plumey (PPD), junto a los senadores Rafael Bernabe Riefkohl (MVC), José Vargas Vidot (IND) y Juan Zaragoza Gómez (PPD), presentaron esta tarde el Proyecto 929 que crearía la Ley para la Protección de los Derechos Reproductivos de las Mujeres y de las Personas Gestantes.
En la Cámara de Representantes, la legisladora Mariana Nogales Molinelli (MVC) y los legisladores José Bernardo Márquez Reyes (MVC) y Denis Márquez Lebrón (PIP) presentaron el Proyecto de la Cámara 1403, una medida hermana.
A través de un comunicado de prensa, el grupo indicó que la medida busca ratificar, defender y codificar mediante ley el derecho al aborto reconocido al amparo del derecho a la intimidad contenido en la Constitución de Puerto Rico.
“El estado de derecho en Puerto Rico sigue siendo que el aborto es legal para proteger la vida y salud de las mujeres y personas gestantes. Mediante este proyecto queremos darle seguridad a ese estado de derecho, que no se menoscaben sus derechos sexuales y reproductivos. Que no se confunda nadie, no hay crisis legal, no hay crisis de abortos realizados sin reglamentación como dicen las personas anti-derechos. Tampoco hay miedo a defender nuestros derechos. No podemos retroceder al pasado de dolor y sangre de quienes no pudieron tener un aborto seguro”, aserveró la senadora Rivera Lassén.
La senadora Santiago Negrón añadió que la determinación de la Corte entrega al Estado el control del cuerpo de las mujeres y constituye el anticipo de otras iniciativas para menoscabar más derechos humanos y civiles.
“En ese escenario es imperativo que desde la Asamblea Legislativa se escuchen las voces que creemos en la defensa de esos derechos, y eso es lo que representa esta medida”, indicó.
El proyecto, que se presenta en las postrimerías de la tercera Sesión Ordinaria, ofrece un recuento de la historia para “exponer cómo históricamente se ha pretendido ejercer control sobre los derechos reproductivos de las mujeres, cómo en Puerto Rico existe el derecho al aborto desde 1902 y cómo se ha reiterado su importancia en numerosas veces”.
Las legisladores y legisladores resaltaron que el caso normativo es Pueblo v. Duarte Mendoza, resuelto en 1980, el cual ató directamente el derecho al aborto con el derecho constitucional a la intimidad.
Al lamentar la decisión de hoy, la senadora González Arroyo indicó que la decisión representa un retroceso en la lucha de los derechos reproductivos de la mujeres.
“Con este fallo se anula el derecho constitucional al aborto que había existido por más de 50 años en Estados Unidos tras la sentencia en el caso de Roe vs Wade. No obstante en la Constitución de Puerto Rico sí está garantizado el derecho a la intimidad, que les permite a las mujeres decidir sobre su cuerpo y el tratamiento médico que necesitan”, manifestó.
“Con esta decisión se afectan las mujeres más vulnerables y deprimidas económicamente, que tendrán que recurrir a otros medios que pueden poner en riesgo su vida y seguridad. Ni en Estados Unidos, ni en Puerto Rico, ni en ninguna parte del mundo debemos permitir se eliminen derechos a las mujeres”, agregó González Arroyo.
El senador Vargas Vidot reiteró “que la decisión emitida hoy supone un daño irreparable para los derechos de las mujeres y las personas gestantes, además de la peligrosa puerta que queda abierta para que se continúen restando derechos arduamente luchados y basados en el derecho a la intimidad. No podemos quedarnos de manos cruzadas y, con este proyecto,
pretendemos garantizar los derechos sexuales y reproductivos para todas las mujeres y personas gestantes como derechos fundamentales bajo la Constitución de Puerto Rico”.
Abogados que analizaron la decisión de la Corte Suprema señalaron que, en su opinión concurrente, el juez Clarence Thomas consignó que ahora corresponde evaluar otras decisiones judiciales en las cuales se reconoció el derecho a los anticonceptivos, la prohibición a la criminalización de la sodomía y el matrimonio igualitario.
“Ante esta embestida anti-derechos tenemos que reafirmar que en Puerto Rico seguimos teniendo derecho a decidir. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Debemos actuar para preservar ese derecho, para que quede meridianamente claro que aquí no vamos a permitir más retrocesos que pongan en riesgo nuestra libertad, nuestra salud y nuestra vida”, concluyó la representante Nogales Molinelli.
Se da otra baja en el Gobierno. En esta ocasión, se trata del secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe), Gabriel Hernández, quien renunció a su cargo efectivo el 30 junio.
Varias fuentes de Cuarto Poder indicaron que la salida del ingeniero Hernández se da por presiones “de arriba.” La dimisión del funcionario estaba en agenda para diciembre, pero ante “las presiones” la adelantó para junio.
Hernández fue diagnosticado con cáncer y eso también influyó en su determinación.
La Fortaleza ya tiene conocimiento y la carta de renuncia, aseguraron las fuentes a este medio digital.
Por su parte, la secretaria de la Gobernación, Noelía García dijo a Cuarto Poder que el gobierno “procura constantemente diferentes formas y maneras de maximizar los recursos y posicionarlos estratégicamente.”
Agregó que desde el 1ro de julio el Ingeniero “estará ocupando la posición de Director de Proyectos Públicos y Privados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Agradecemos su labor al mando de la OGPe durante los pasados años y le deseamos éxito en su nueva encomienda en la AAA,” enfatizó García.
Se espera que la arquitecta María Reina Cintrón sea la nueva Secretaria Auxiliar de OGPe a partir del 1º de julio. La funcionaria ocupó el cargo bajo la administración de Ricardo Rosselló y renunció en verano de 2019.
Cabe recordar que, en la controversia del Condominio Sol y Playa en Rincón, Hernández reconoció en una vista pública en la Cámara de Representantes en agosto de 2021, que un funcionario de La Fortaleza, lo convocó a una reunión para discutir este caso.
En esa vista legislativa el Secretario Auxiliar de OGPe, confirmó que hubo irregularidades en el manejo del caso del Condominio Sol y Playa.
El funcionario está en OGPe desde el verano del 2019.
La defensa del suspendido alcalde de Mayagüez, José Guillermo “Guillito” Rodríguez, solicitó la desestimación de los cargos presentados en su contra alegando que los fiscales especiales independientes ocultaron dos cartas del municipio, que consignaban que el ayuntamiento recuperó los $9 millones en fondos legislativos destinados para mejoras al hospital de trauma que se le imputa malversar.
La moción titulada “Escrito solicitando desestimación por quebranto al debido proceso de ley” incluye copias de dos misivas del ayuntamiento y de los cheques que totalizan $9 millones, que fueron depositados en las cuentas del municipio.
“El ministerio público ocultó evidencia exculpatoria, la cual de haber sido llevada ante el tribunal, obligaba a éste a determinar que no había causa probable para ordenar el arresto del aquí compareciente”, afirmó el licenciado Harry Padilla Martínez en la moción de 19 páginas.
El pasado 1 de junio, los fiscales especiales independientes Miguel Colón Ortiz y Manuel Núñez Corrada presentaron dos denuncias en contra de Rodríguez y de la directora de Finanzas del ayuntamiento Yahaira Valentín Andrades. Imputaron al dúo incurrir en un delito de omisión en el cumplimiento del deber (Artículo 262 del Código Penal) y otro de malversación de fondos públicos (Artículo 264).
En la vista de determinación de causa para arresto celebrada ese día, Colón Ortiz argumentó que el alcalde colocó en riesgo los $9 millones asignados al ayuntamiento a través de tres resoluciones legislativas al traspasarlos a la empresa municipal Mayagüez Economic Development (MEDI) y permitir inversiones riesgosas contrarias a la intención legislativa.
Señaló que el municipio recuperó unos $4 millones de la Comisión de Intercambio y Valores (SEC, en inglés), pero que pagó $1.2 millones en gastos de honorarios de abogados. Reconoció también que el ayuntamiento recibió $1.8 millones como parte de la alegada ganancia del dinero invertido, pero no lo sumó como parte del dinero recuperado por el municipio.
Padilla Martínez rechazó esas aseveraciones y aseguró que los delitos imputados no se configuraban porque, contrario a lo que alegaba el ministerio público, no había habido pérdida de fondos públicos, un elemento indispensable que debía probar el Estado. El veterano abogado insistió en que el municipio había recuperado la totalidad del dinero asignado por la Asamblea Legislativa. También dijo que su cliente era víctima de un timo. Colón Ortiz, en su turno, refutó los planteamientos del abogado.
Ni la defensa, ni el ministerio público presentaron una certificación ese día.
“Es totalmente falso. Tan reciente como unas semanas atrás volvimos a pedir a finanzas de Mayagüez que nos certificara el dinero recibido y no llega a lo que alega. Nuestra prueba y lo que tenemos acreditado es que se recibieron $4 millones a través del SEC”, apuntó fuera de sala el fiscal especial ante preguntas de Cuarto Poder (WAPA-TV).
Ante el choque de versiones, Padilla Martínez formalmente solicitó al ayuntamiento información relacionada al dinero recuperado y copia de las misivas enviadas al ministerio público.
En una carta del 4 de mayo de 2022 dirigida al fiscal Colón Ortiz, la directora de finanzas e imputada en este caso desglosó las partidas recibidas:
-$1.8 millones que remitió ex asesor financiero del alcalde, Eugenio García Jiménez, como adelanto de los intereses de los fondos invertidos.
-$746,250 que pagó el SEC el 30 de septiembre de 2021.
– $2.9 millones de la demanda de daños y perjuicios incoada por MEDI, que recibió $4,118,876. La diferencia se debe a los gastos de honorarios de abogados.
-$2.9 millones de otra transacción que logró MEDI, que recibió $4,100,000. La diferencia responde al pago de honorarios de abogados.
Estas partidas suman $8,346,250.
Pero en una carta del 13 de mayo al fiscal Colón Ortiz, el alcalde interino, Jorge Ramos Ruiz, informó que MEDI emitió al municipio un cheque de $653,750. Así las cosas, el municipio recibió los $9 millones exactos.
“Ese reembolso completa la devolución de las cuantías transferidas a MEDI provenientes de las resoluciones conjuntas que motivaron la investigación”, indicó Ramos Díaz en esta comunicación.
Posterior a la indagación del abogado, Ramos Díaz envió ambas cartas por mensajero a la Oficina sobre el Panel del Fiscal Independiente porque los registros mostraban que el fiscal especial había recibido las comunicaciones por correo electrónico, pero las cartas certificadas habían llegado de vuelta al ayuntamiento.
“La realidad fue que el FEI habiendo recibido la prueba del recobro, mucho antes de la vista de determinación de causa para arresto, no reveló la misma al imputado, menos aún al tribunal. Él sabía o debió haber sabido que dichos documentos eran evidencia exculpatoria y material”, apuntaló Padilla Martínez en la moción de desestimación del 9 de junio.
Según el tracto del expediente, la jueza Joie-Lin Lao Meléndez del Tribunal de San Juan atiende la moción, que objetó el fiscal Colón Ortiz.
Por el esquema de fraude con la inversión de $9 millones, ya se declaró culpable a nivel federal Roberto Mejill Tellado, otro asesor financiero. García Jiménez, Arnaldo Irizarry Irizarry y el entonces director ejecutivo de MEDI, Alejandro Riera Fernández, esperan por el juicio.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos anuló el histórico fallo Roe v. Wade que protege el derecho al aborto en todo el país desde hace 50 años.
La anulación ocurre luego que el Tribunal Supremo de Estados Unidos tras la determinación en el caso Dobbs v. Jackson.
El caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization se trata de una disputa sobre una ley estatal en Mississippi que prohibiría la mayoría de los abortos después de las 15 semanas de gestación, excepto en casos de emergencia médica o de anomalía fatal grave, e impone sanciones al personal médico encargado de facilitar un aborto.
Esta decisión cambia el derecho al aborto al dar a los estados la capacidad de decidir si pueden restringir el acceso a este procedimiento médico.
En mayo se filtró un borrador de la opinión del Supremo federal que adelantaba que el tribunal se estaba preparando para revocar Roe vs. Wade.
La mayoría de seis jueces conservadores votó a favor de revocar Roe v. Wade, aunque el juez presidente John Roberts emitió su propia opinión. Los tres liberales del tribunal, Stephen Breyers, Sonia Sotomayor y Elena Kagan, disintieron.