Guardia Nacional reacciona a pérdida del contrato para manejar vacunas de COVID-19

El gobernador Pedro Pierluisi se vacunó en uno de los centros que administraba la Guardia Nacional.

Luego de un año distribuyendo vacunas, operando centros de vacunación y vacunando a la población a través de la isla, la Guardia Nacional de Puerto Rico confirmó hoy que concluyó esta etapa de su misión.

“Al comienzo de la emergencia causada por la pandemia del COVID-19, la Guardia Nacional de Puerto Rico recibió un permiso temporero del CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) para administrar vacunas en la isla hasta el 9 de diciembre de 2021, para acelerar y expandir el proceso de inmunización”, dijo el ayudante general de Puerto Rico, General de División José J. Reyes en un parte de prensa.

“Hace poco más de tres meses terminamos las operaciones en los diversos centros de vacunación que administrábamos alrededor de la isla. A ese momento, el 83% de la población elegible ya había sido completamente vacunada”, agregó.

Recientemente, la GNPR recibió una comunicación del CDC en Atlanta donde notificaba la no renovación de la licencia o permiso temporero, como resultado de la vacunación a niños próximos a cumplir los 12 años.

Ayer, Reyes recibió una carta de los CDC donde le indicaban que daban por terminado el acuerdo porque violentó disposiciones del mismo al vacunar a menores de 16 años cuando todavía no existía una autorización oficial de las autoridades sanitarias para inocularlos. Los CDC recibieron la información en octubre pasado y ayer cancelaron de forma inmediata el acuerdo firmado el 9 de diciembre de 2020.

Después que trascendió la información sobre la vacunación a menores de 12 años, la Guardia Nacional informó en julio pasado que ya no vacunaría a menores de 18 años para evitar que ese error se volviera a repetir.

En el parte de prensa, Reyes mencionó que la GNPR ha sido reconocida local y nacionalmente como una pieza clave del gobierno en todo lo referente a lucha contra el COVID-19, apoyando la gestión del Departamento de Salud de PR.

“Ante la emergencia suscitada por el COVID-19 sobre 1,500 Ciudadanos-Soldados y Aviadores de nuestra Guardia dijeron presente para enfrentar esta Pandemia, convirtiéndose así en la piedra angular de la seguridad del país. Hombres y mujeres, que sin importar el riesgo trabajaron con un solo propósito en mente, el proteger la salud del pueblo de Puerto Rico. Hoy podemos ver el resultado de su esfuerzo y devoción. A cada uno de ellos les debemos el agradecimiento por su sacrificio, dedicación, lealtad y compromiso en bien de nuestra isla.

“Ahora el Departamento de Salud, con más de 900 proveedores, estará al frente de esta etapa de vacunación que incluye a niños de 5 años en adelante, así como la administración de terceras dosis a la población”, señaló Reyes.

“La GNPR continuará apoyando al Departamento de Salud realizando cernimiento médico en los aeropuertos”, abundó.

Durante los meses de mayor actividad la GNPR administró centros de vacunación en San Juan, Bayamón, Caguas, Arecibo, Ponce, Barranquitas, Humacao, Mayagüez y Trujillo Alto, mientras llevaba a cabo cernimiento en todos los aeropuertos y muelles del país.

Aumentan llamadas al FBI luego que “El Cano” se declaró culpable

Después de la inesperada declaración de culpabilidad del exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado Montalvo, han aumentado las llamadas con información sobre corrupción pública que recibe el Negociado Federal de Investigaciones (FBI).

Así lo indicó esta tarde, el jefe del FBI en la Isla, Joseph González, durante una rueda de prensa para ofrecer detalles de una nueva colaboración entre las autoridades federales y estatales para investigar casos de corrupción gubernamental.

“Hemos visto un incremento en las llamadas que tienen que ver con corrupción”, apuntó a preguntas de la prensa.

“Son más de lo normal. Están dando información que tienen sobre algo que puede ser un delito federal”, agregó.

El martes pasado, Delgado Montalvo renunció al cargo que ocupó durante unos cinco años a horas de declararse culpable de un cargo de conspiración para cometer soborno y recibir comisiones ilegales. La noticia de su dimisión sorprendió a muchos porque la información de su convicción trascendió al día siguiente.

Aunque firmó la alegación de culpabilidad el 25 de noviembre o Día de Acción de Gracias, el acuerdo de colaboración con las autoridades federales comenzó a cocinarse hace más de un año. Como parte del acuerdo de cooperación, Delgado Montalvo grabó conversaciones con otros funcionarios públicos. A cambio de esa ayuda, las autoridades federales han ofrecido al exalcalde un trato especial. Hasta el momento permanece libre sin fianza. No fue arrestado. Tampoco ha sido fichado.

La vista en la cual se declaró culpable Delgado Montalvo se celebró de forma virtual ante el juez federal Raúl Arias Marxuach el 30 de noviembre. Tres días después, la Fiscalía Federal ofreció detalles generales de la acusación estipulada entre las partes en rueda de prensa desde su oficina en Hato Rey.

Las autoridades federales han sido parcas en torno a dicha investigación, pero han insistido en su mensaje para que las personas implicadas o con información se entreguen voluntariamente o se acerquen a colaborar con ellos.

En esa línea, la Fiscalía Federal solo divulgó los primeros hallazgos de la pesquisa por corrupción gubernamental que involucra al exalcalde y a Mario Vargas Villegas, uno de los dueños de la empresa de asfalto, J.R. Asphalt. Aunque el jefe de los fiscales, W. Stephen Muldrow, no confirmó la identidad de las otras dos personas que también hicieron alegación de culpa el 30 de noviembre, las acusaciones divulgadas el pasado jueves dejan entrever las identidades de Oscar Santamaría Torres, abogado y pasado presidente de Waste Collection Corp. y de Raymond Rodríguez Santos, codueño de J.R. Asphalt.

Delegación del PNP pide a Hacienda investigar a representante Nogales por posibles delitos contributivos

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes solicitó al secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, iniciar una investigación sobre las finanzas de la representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinelli, por omitir información en el informe que radicó ante la Oficina de Ética Gubernamental sobre sus activos y funciones en la corporación Ocean Front Villas Corporation y otras empresas familiares.

En la misiva de dos páginas, los representantes de la delegación de minoría reclamaron el inicio de una investigación para determinar si la represente y abogada incumplió con su responsabilidad contributiva.

“Solicitamos se proceda con una investigación para determinar si la representante Nogales Molinelli utilizó sus corporaciones familiares como salvoconducto o subterfugio para evadir el pago de contribuciones y recibir beneficios marginales, sin tribunal los mismos”, reza la misiva.

Nogales Molinelli aparecía como presidenta y tesorera de Ocean Front Villas Corporation, una empresas de bienes raíces que su familia mantiene en el área de Palmas del Mar, en Humacao. Ante la controversia pública que generó la divulgación de esta información, la funcionaria indicó que no generó ingresos de este activo y que se retiraría de sus funciones. Enmendó los documentos de incorporación y ahora su madre, Rita Molinelli, ocupa esos cargos.

“La evasión contributiva es un serio problema que afecta los recaudos del gobierno y a los contribuyentes responsables”, apuntan los legisladores del PNP.

“De igual manera, corresponde al Departamento de Hacienda, en el ejercicio de sus deberes ministeriales, llevar a cabo una fiscalización efectiva para erradicar la evasión contributiva”, agregaron.

Ayer, la Cámara de Representantes sancionó a la legisladora con una multa de $2,000 y una reprimenda pública por omitir la información sobre su participación en corporaciones y entidades sin fines de lucro en el informe financiero, que radicó ante la OEG.

Justicia solicita copia del expediente ético de Mariana Nogales

El Departamento de Justicia solicitó hoy copia certificada del expediente ético de la representante Mariana Nogales, informó el presidente de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, Ángel Matos García.

Anoche, la Cámara baja sancionó a la legisladora del Movimiento Victoria Ciudadana con una multa de $2,000 y una reprimenda pública por omitir información sobre su participación en corporaciones y entidades sin fines de lucro en el informe financiero que radicó ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG). El informe con el castigo recibió 41 votos. Nadie votó en contra.

“A eso de las 9:45am, mediante correo electrónico, recibimos un requerimiento de información del Secretario de Justicia a través de la fiscal auxiliar Yirianis Figurola, requiriendo copia certificada del expediente del caso ético de la representante Mariana Nogales, una vez terminados los trabajos en la Comisión de Ética”, indicó Matos García en declaraciones escritas.

“De inmediato di instrucciones para que copia del requerimiento le fuera suministrada a la defensa legal de la representante y a la propia Nogales. De inmediato se estará trabajando la entrega de la información solicitada por Justicia, mediante copia certificada, lo que ocurrirá durante los próximos días. Esta Cámara de Representantes colaborará con las autoridades estatales y federales, en este y cualquier otro asunto que el Departamento esté investigando”, agregó.

Salud toma control de vacunación contra el COVID luego que Guardia Nacional pierde autorización para manejo de vacunas

El Departamento de Salud anunció hoy que retomó el control del proceso de distribución de las vacunas contra el COVID-19, luego de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) revocaron la autorización como proveedor de las vacunas que ostentaba la Guardia Nacional de Puerto Rico.

Los CDC cancelaron el acuerdo con la Guardia Nacional después de que el ente violó varias disposiciones de dicho acuerdo al vacunar a menores de 12 años, cuando todavía no existía autorización para la inoculación de este grupo, según una misiva enviada al general José Reyes.

Pero al reaccionar a la noticia divulgada inicialmente por El Nuevo Día, Salud se limitó a indicar que ayer “los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) notificó al DS que la misión de la Guardia Nacional ha terminado”. No ofreció detalles sobre la cancelación de la autorización.

En cambio, destacó que a partir de hoy y acorde a la política pública del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la agencia “retoma la tarea de distribución y administración de vacunas contra el COVID-19 basado en las estrategias organizadas que supone garantizar el arribo de las dosis del medicamento contra el SARS-CO-V-2 en toda la Isla”.

Indicó que los proveedores certificados y autorizados por el DS estarán recibiendo los productos biológicos necesarios para continuar el esfuerzo y aumentar la cobertura de vacunación.

Apuntó que previamente la distribución de las vacunas contra el COVID-29 había sido delegado a la Guardia Nacional, pero tras la decisión de los CDC la agencia asumía el control de la operación.

“Por el pasado año, hemos contado con la activa colaboración de la Guardia Nacional de Puerto Rico en la distribución y administración de vacunas, esfuerzos que nos permitieron atender el inicio de la inoculación. Ahora, estamos tomando el control de la logística de recibo y entrega para continuar avanzando en la vacunación y en los refuerzos. Estaremos garantizando la continuidad de los servicios y promoviendo la accesibilidad de la vacuna a la población hábil, a través de los proveedores, como lo hemos hecho hasta ahora. El Departamento de Salud tiene un largo historial efectivo de administración de vacunas en Puerto Rico y es apropiado que, ya habiendo pasado casi un año del proceso de vacunación, sea el DS quien lidere todas las estrategias”, insistió la principal oficial médico del DS, Iris Cardona en un comunicado de prensa.

“Conocemos de la investigación sobre incidentes aislados de vacunación a menores, por lo que seguimos siendo celosos y sobre todo rigurosos en la fiscalización de los procesos que llevan a cabo todos nuestros proveedores. Es sumamente importante el cumplimiento de los requisitos del Programa de Vacunación y toda la reglamentación del Gobierno Federal”, agregó Cardona. 

La agencia concluyó informando que no emitirá comentarios adicionales sobre el tema.

La carta de dos páginas, enviada a Reyes ayer y cuya copia recibió Cardona, consignó que la cancelación del acuerdo tenía vigencia inmediata. También detalló que la agencia federal ofrecerá instrucciones sobre el manejo de las vacunas que todavía se encuentran en posesión de la Guardia Nacional.

Incendio en el residencial El Manantial en San Juan

Durante la mañana de hoy los bomberos intentaban contener un incendio que se propagó a través de tres apartamentos en el residencial El Manantial. Hasta el momento no se han reportado personas afectadas por el fuego.

Fuente: El Vocero

Niño de 12 años dispara contra maestra y trabajadora social con pistola de pellets

Un niño de 12 años, estudiante de educación especial, disparó un proyectil pequeño de plástico a la trabajadora social de la escuela cuando se le pidió que entregara la pistola de aire que llevó al salón de clases. El menor luego disparó a otro estudiante y a la maestra. El estudiante fue llevado por paramédicos a un hospital luego de poder controlarlo. La policía incautó la pistola neumática.

Fuente: El Vocero

Ética asegura está pendiente a estilos de vida de funcionarios públicos

El director de la Oficina de Ética (OEG) , Luis Pérez Vargas aseguró que su agencia realizaba una auditoría forense sobre el estilo de vida de “El Cano” Delgado pero el proceso se pausó ante la acusación federal. En sus informes financieros de la OEG, bajo la categoría de joyería, artes, mobiliario y enseres, Delgado reportó tener bienes por $23,200. Siempre informó la misma cifra desde que radicó su informe de toma de posesión hasta el informe financiero de 2020. El director de la OEG defendió el trabajo fiscalizador de esa oficina, a pesar de que ninguno de los cinco informes presentados por el exalcalde fueron objeto de auditoría forense antes, ni se habían radicado querellas por sus reportes financieros.

Fuente: El Nuevo Día