En lo que va de año, en Puerto Rico se han reportado, al menos, 112 carjackings, lo que representa un alza de 21 robos de auto a mano armada para la misma fecha el año pasado.
La Policía sostuvo que no se trata de “una ganga dedicada a cometer ‘carjackings’”.
Fuente: El Nuevo Día
El doctor Carlos Díaz se alzó como presidente del Colegio de Médicos Cirujanos esta tarde, reconoció el doctor Roberto Pérez Nieves, su contrincante para liderar la organización profesional.
“Felicito al Dr. Carlos Díaz al ser electo presidente del Colegio de Médicos, le deseo el mayor de los éxitos en su encomienda durante los próximos 2 años. Le agradezco a todos los colegiados que me confiaron su voto en estas elecciones y sepan que continuaré desde donde se me necesite para seguir luchando por mejorar las condiciones de trabajo de nuestra clase médica”, sostuvo.
Así las cosas, acaba la presidencia del doctor Víctor Ramos como presidente del Colegio de Médicos tras ocho años y su aspiración en esta contienda a la vicepresidencia de la organización profesional.
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El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Víctor Ramos enfrenta una demanda de cobro que sometió la corporación HMI Group, que alega se le debe $331,601.94, por servicios prestados entre enero a agosto de 2017.
La demanda, cuya copia obtuvo Cuarto Poder (Wapta-TV), también incluye a CMC Care Holdings LLC, y pide se “ordene el pago de 20% en honorarios de abogado, más las costas y gastos incurridos por la HMI ante la falta de pago de los demandados.”
HMI fue contratada en junio de 2016 por el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico para asesoría en la gestión del desarrollo de un nuevo médico “que favoreciera la matrícula”, y el pago “tarifas justas” con el propósito de evitar el éxodo de médicos.
De acuerdo con los alegatos en la demanda, el equipo de HMI trabajó esos ocho meses “en el desarrollo de todo lo concerniente a lo que sería la operación de GCHP” (Golden Cross Health Plan).
El Colegio de Médicos, según la demanda de cobro, tenía interés en desarrollar Golden Cross Health Plan como su plan médico.
La demanda presentada el 13 de abril en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, relata que, ante la falta de pago, el doctor Ramos le informaba a HMI que “se estaba a la espera de que se recibiera el producto de la inversión privada para realizar el pago de estas facturas y facturas posteriores.”
HMI, sostiene en el documento legal que el Colegio de Médicos y CMC Care actuaban ante ellos como una sola entidad.
Incluso la licenciada Griselle Sepúlveda en el recurso que el doctor Ramos era “quien presidía la Junta de CMC Care, y de hecho, los miembros de ambas juntas eran los mismos, por lo que el Dr. Víctor Ramos tenía autoridad aparente ante HMI para obligar a CMC Care al pago como en efecto lo hizo.”
La contralor de Puerto Rico Yesmín Valdivieso entiende que “se está jugando con el lenguaje” al rendir explicaciones sobre la contratación de la empresa JR Asphalt tras las brigadas de “bacheo” en las comunidades de San Juan previo a que Miguel Romero ganara las elecciones como alcalde.
Valdivieso confirmó que mantiene activa una investigación luego que la exdirectora de la Autoridad de Tierras, Dorally Rivera Martínez, la llamara para pedir su intervención.
“Fue un barril (de tocino) completamente escondido que tiraron ahí…estaba bien escondido dentro de un proyecto de ley que era para hacer enmiendas al Código de Rentas Internas”, sostuvo Valdivieso cuando se le preguntó si el Fondo de Mejoras Municipales a cargo de la Autoridad de Tierras era una especie de “barril de tocino” de dónde los legisladores sacaban fondos para cumplir con promesas de campaña en sus distritos.
Las declaraciones de Valdivieso surgen luego que Cuarto Poder (Wapa-TV) reveló que sí hubo contratos de JR Asphalt para realizar trabajos en el Municipio de San Juan (MSJ) pagos con fondos de la Autoridad de Tierras (ATPR).
El contrato identificado con fecha del 29 de junio de 2021 se otorgó tras una resolución del representante por el Distrito 3, Juan Oscar Morales. El contrato pasó el proceso de subasta y se otorgó porque JR Asphalt presentó la propuesta más económica, aseguró Rivera Martínez.
JR Asphalt licitó en subasta en competencia previo al escándalo surgido en el Municipio de Cataño y antes de que entrara en vigor la Ley 73 de centralización de compras en el Gobierno de Administración de Servicios Generales (ASG).
Posterior a la entrada en vigor de la Ley 73 de centralización de compras en el Gobierno, Romero firmó junto con la entonces directora de la ATPR, Rivera Martínez, la transferencia de fondos para realización de mejoras como “construcción de caminos para un fin público, áreas recreativas, canchas” entre otras. Estos fondos transferidos provenían del Fondo de Mejoras Municipales para que el municipio determinara con que empresas realizaría los trabajos.
Según la búsqueda realizada, las transferencias de fondos ocurrieron al menos desde mayo de 2021 hasta marzo de 2022 y ascienden a cerca de $900,000.
Vea la entrevista: Los datos son los datos
La fiscal Janet Parra presentó esta mañana su renuncia ante el gobernador Pedro Pierluisi.
Diversas fuentes nos informaron que la División de Crimen Organizado y Drogas que esta fiscal dirigía se había movido rápidamente para poder presentar acusaciones de asesinatos y crímenes de hasta hace 10 años y por la lentitud y burocracia no se acaban de radicar lo que llevó a la frustración de la reconocida fiscal hasta que hoy decidió presentar su renuncia tras más de 20 años como fiscal.
Esta renuncia se une a las de otras ex funcionarias de alto nivel que han mostrado malestar con el secretario actual por entender que este no domina el Departamento y que ahora mismo hay falta de liderato y premura ante situaciones apremiantes como lo son múltiples acusaciones detenidas.
También, fiscales con experiencia se comunicaron con Cuarto Poder (WAPA-TV) para decir que otras renuncias pueden estar en camino por lo mismo. Solicitamos una entrevista a la fiscal Parra, pero esta no estuvo disponible al momento de publicar.
La renuncia es efectiva el 25 de mayo de 2022.
“Hace escasamente unas horas que advenimos en conocimiento de la renuncia de la fiscal Janet Parra, la cual nos toma por sorpresa. En reconocimiento de su gran desempeño y compromiso, el año pasado la nombré directora de la División de Crimen Organizado del Departamento de Justicia, un cargo muy importante dentro de la misión de la agencia y los esfuerzos dirigidos a erradicar la criminalidad”, reaccionó el secretario.
“Agradezco su labor, entrega y empeño en todas las tareas que le encomendé desde que asumí el cargo de secretario, así como la defensa a las víctimas del crimen”, agregó el secretario de Justicia.
La secretaria interina del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anís Rodríguez, ordenó la intervención y paralización de los trabajos que se estaban llevando a cabo frente al antiguo muelle de azúcar en Aguadilla.
Se trata de un nuevo caso sobre peligro ambiental donde se reportó que hay una construcción que se extiende hasta la orilla de la playa y afecta el hábitat de la fauna en el área.
El Cuerpo de Vigilantes, por instrucciones de la secretaria interina se dirige al área de Aguadilla junto a personal de la Oficina Regional de Mayagüez, Arecibo y la Oficina de Zona Costanera del DRNA, donde alegadamente se realizan trabajos no autorizados o en incumplimiento con las leyes y reglamentos ambientales.
Este grupo de trabajo incluye a especialistas ambientales y a un biólogo forestal, quienes evaluarán la zona para identificar posibles daños y emitir las recomendaciones que procedan. El Cuerpo de Vigilantes, según su facultades, determinará las acciones a tomar.
El Tribunal falla a favor de la delegada congresional Elizabeth Torres y resuelve que era una Cuestión Política el procedimiento para sacarla porque la ley que escribieron fue chapucera por lo que no procede sacarla conforme al proceso de ley.
Tras la decisión, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, informó que considera apelar la determinación del juez Anthony Cuevas de desestimar el recurso especial mediante el cual solicitó la destitución de la delegada congresional Elizabeth Torres por su incumplimiento craso con los deberes y funciones del cargo para el cual fue electa.
“Respetamos, pero diferimos de la determinación del honorable juez en cuanto a este caso, por lo que estamos considerando seriamente presentar un recurso de apelación. La solicitud fue presentada conforme al mandato expreso de la Ley para Crear la Delegación Congresional de Puerto Rico, yno representa una cuestión política, ya que no se configuran los elementos de dicha doctrina. Aquí se planteó una controversia justiciable y clara de si esta persona está cumpliendo o no con los deberes establecidos en la legislación; para responder a esa controversia, el juzgador no tiene más que evaluar la evidencia y para eso precisamente está la Rama Judicial.”
La Ley 167 del 2020 dispone específicamente en el artículo 12 que “el incumplimiento de alguno de sus deberes dará paso a un proceso, que podrá ser incoado por el Secretario de Justicia ante el Tribunal de Primera Instancia para destituir al delegado si se demuestra su incumplimiento”.
La doctrina de cuestión política impide la revision judicial de asuntos delegados a otras ramas políticas de gobierno o, en última instancia, al electorado.
El secretario reiteró que “permitir que la señora Torres Rodríguez permanezca como delegada derrota el propósito de la legislación y representa la erogación de fondos públicos para propósitos ajenos a la función pública”.
“A la señora Torres Rodríguez no se le paga su salario para que invierta su tiempo en asuntos personales y rechace cumplir con su función, justificando su salario con una bitácora de opiniones y quejas personales. Si bien la peticionada tiene derecho a ejercer su libertad de expresión, a la misma vez tiene la obligación de realizar las gestiones por las cuales fue electa”, señaló el secretario al momento de presentar el recurso especial ante el tribunal.
Actualmente, Torres Rodríguez devenga un salario de $90,000 al año y podría solicitar hasta $30,000 anuales en reembolsos. Estos fondos provienen del presupuesto asignado por el Gobierno de Puerto Rico a la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, por sus siglas en inglés), por lo que es dinero que proviene del Pueblo y se consideran fondos públicos.
Aunque el alcalde Miguel Romero negó haber otorgado contratos a JR Asphalt, una investigación de Cuarto Poder (Wapa-TV) reveló que sí hubo contratos para realizar trabajos en el Municipio de San Juan (MSJ) pagos con fondos de la Autoridad de Tierras (ATPR).
El contrato identificado con fecha del 29 de junio de 2021 se otorgó tras una resolución del representante por el Distrito 3 Juan Oscar Morales. El contrato fue otorgado mediante subasta y se otorgó porque JR Asphalt presentó la propuesta más económica, aseguró la exdirectora Dorally Rivera Martínez, en declaraciones a este medio.
JR Asphalt licitó en subasta en competencia previo al escándalo surgido en el Municipio de Cataño y antes de que entrara en vigor la Ley 73 de centralización de compras en el Gobierno de Administración de Servicios Generales (ASG).
Posterior a la entrada en vigor de la Ley 73 de centralización de compras en el Gobierno, Romero firmó junto con la entonces directora de la ATPR, Rivera Martínez, la transferencia de fondos para realización de mejoras como “construcción de caminos para un fin público, áreas recreativas, canchas” entre otras. Estos fondos transferidos provenían del Fondo de Mejoras Municipales para que el municipio determinara con que empresas realizaría los trabajos.
Según la búsqueda realizada, las transferencias de fondos ocurrieron al menos desde mayo de 2021 hasta marzo de 2022 y ascienden a cerca de $900,000.
En la actualidad, hay una investigación para determinar cómo se usó el dinero del Fondo de Mejoras Municipales que administra la ATPR.
De hecho, la contralora Yesmín Valdivieso ordenó una auditoría sobre el manejo en la ATPR de los sobre $20 millones de este fondo que es distribuido por legisladores de distrito, y a eso se suma una investigación del Departamento de Justicia.
La exdirectora de la ATPR, Rivera Martínez, indicó que hizo un referido a la Oficina del Inspector General (OIG) y el Contralor de Puerto Rico el 4 de febrero 2022 para que se auditara la operación del Fondo de Mejoras Municipales.
Después de hacer el referido, Rivera Martínez fue destituida de su puesto el 17 febrero de 2022.
Fuentes aseguran que Rivera Martínez recibía críticas por parte de legisladores por, supuestamente, dilatar el desembolso del dinero del Fondo de Mejoras Municipales para hacer trabajos en los distritos. Otra fuente aseguró que fue destituida del cargo porque hizo el referido al OIG y al Contralor de Puerto Rico cuando el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró quería hacer una investigación interna con una firma de abogados privada.
González Beiró como secretario de Agricultura es el presidente de la Junta de Gobierno de la ATPR.
El excandidato independiente a la Gobernación, Eliezer Molina fue demandado por cobro de dinero, ejecución de hipoteca y ejecución de gravamen mobiliario tras incumplimiento de su obligación de hacer pagos por un préstamo de más de $320,000.
El préstamo fue hecho por el Banco de Desarrollo Económico (BDE), una entidad gubernamental que otorga préstamos a interés preferencial a proyectos que impulsen la economía. El préstamo fue hecho el 4 de febrero de 2019.
La demanda fue presentada ayer por el Banco de Desarrollo Económico (BDE).