Senador Javier Aponte enfrentará cargos nuevamente por supuesta agresión a su chofer

El senador popular Javier Aponte Dalmau regresará al Tribunal de Carolina el 30 de marzo luego de que el ministerio público solicitó una vista de causa para arresto en alzada.

Enfrentará cargos de alteración a la paz y agresión menos grave relacionados a un altercado con su entonces chofer Rafael Rivera Ramos el pasado 4 de febrero mientras se encontraban en la Ruta 66 en Canóvanas.

El pasado 8 de marzo, el juez Orlando Puldón Gómez no encontró causa para el arresto del político debido a que concluyó que el ministerio público no cumplió con el requisito de identificación del imputado, una conclusión que el fiscal Omar Barroso Rosario rechazó. En esa ocasión, el fiscal presentó el caso mediante declaraciones juradas y utilizó al agente investigador para cumplir con el requisito de identificar al senador en corte abierta, según lo permite la Regla 6 de Procedimiento Criminal.

De acuerdo a las denuncias, el senador agarró al chofer “por el cuello en dos ocasiones y lo agredió con puño en el brazo derecho, ocasionándole dolor y molestia a consecuencia de esa agresión”. También le profirió palabras soeces.

“En una forma agresiva le manifestó mámame el bicho, pendejo, cabrón, yo me baje aquí para darte un par de puños cabrón por lo cual el perjudicado Sr. Rafael Rivera Ramos comenzó a llorar y se sintió ofendido”, reza la denuncia que imputa el cargo de alteración a la paz.

Las denuncias detallan que el ministerio público utilizará como testigos al chofer, a los agentes Fernando Morales Canales y Elisabeth Chaves Rentas, al alcalde de Luquillo, Jesús G. Márquez Rodríguez, y a la esposa del senador, María Josefa Dabastos Anglade.

Mira los documentos aquí: Denuncias contra Javier Aponte Dalmau

Gobierno presenta presupuesto de $28,785 millones

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.

Flanqueado por distintos jefes de agencia, el gobernador Pedro Pierluisi presentó un presupuesto consolidado de $28,785 millones para el próximo año fiscal, que incluye $12,573 millones de Fondo General, $4,976 millones de fondos especiales y $11,236 en fondos federales.

“Estamos ante un escenario nuevo, una nueva era, en la que dejamos atrás la quiebra y nos enfocamos en cumplir nuestras obligaciones”, expresó Pierluisi en una conferencia desde La Fortaleza.

Se informó que las partidas del Fondo General se subdividen en $4,362 millones para gastos operacionales; $3,355 millones en gastos de nómina; $2,297 millones en pagos de pensiones; $1,100 millones para el Fideicomiso de Reserva de Pensiones; $771 millones en el servicio a la deuda, $413 millones en servicios profesionales y $268 millones en gastos de obras de capital.

Reducción a contratos por servicios profesionales

El mandatario explicó que se redujo en 13% los gastos en contrataciones por servicios profesionales y un aumento de 20% a la nómina pública.

“Como política pública de mi administración estamos en el proceso de reducir los gastos en contratos de servicios profesionales y a la vez aumentando las partidas de nómina para lograr que sean nuestros servidores públicos los que realicen el trabajo”, dijo.

“Garantizado” el aumento salarial a los maestros

Pierluisi se sostuvo en el aumento de $1,000 a los maestros del servicio público, cuya partida viene de $153 millones del Fondo General y $241 millones de los fondos federales ESSER (Elementary and Secondary School Emergency Relief Fund).

“Ya hemos ido identificando las partidas de las cuales podremos asegurar que todo el aumento sea del Fondo General. Que quede meridianamente claro, los aumentos a nuestros maestros están garantizados de forma permanente”, destacó.

Apuntó que la meta es que cuando los fondos ESSER caduquen, puedan sustituirlos con fondos estatales.

Asimismo, se expresó “comprometido” a mejorar la pensión de los jubilados.

La propuesta de presupuesto fue sometida a la Junta de Control Fiscal. También deberá ser evaluada por la Asamblea Legislativa.

Junta Fiscal niega acceso a fondo de emergencias para aliviar alza en luz, propone uso de fondos federales

La Junta de Control Fiscal (JCF) rechazó hoy una petición del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia para usar una partida del fondo de emergencias para paliar el impacto del aumento en la factura de la luz.

En cambio, el ente fiscal recomendó al mandatario usar fondos federales disponibles a través de varios programas federales “para ayudar a los hogares vulnerables a mitigar el aumento del costo de la electricidad de las recientes subidas del precio del combustible”. 

Por ejemplo, la JCF recomendó utilizar $35 millones disponibles a través del Programa de Asistencia para la Energía de Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP, en inglés) y $565 millones del Programa de Asistencia de Emergencia para el Alquiler (ERAP, en inglés).

“La Junta de Supervisión no estuvo de acuerdo con la solicitud del Gobernador de recurrir a la Reserva de Emergencia Estatal debido a una serie de preocupaciones económicas y fiscales. Una inyección única de efectivo a la AEE por parte del Gobierno solo brindaría a los clientes un alivio a corto plazo, ya que los dejaría expuestos a mayores aumentos en el futuro, además de que no prioriza los hogares de bajos ingresos, que son más vulnerables a los aumentos del precio de la energía”, señaló el ente fiscal en declaraciones escritas.

El mandatario había solicitado acceso a $200 millones ante el incremento en los precios de los combustibles a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania. La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que administra el proceso de generación, tiene a su cargo la compra de combustible. Al realizar la petición, Pierluisi Urrutia explicó que ese dinero se desembolsaría a la AEE a manera de reembolsos que la corporación pública tendría que justificar y vincular a la crisis creada por el conflicto bélico.

Aunque la AEE realiza las compras de combustible, corresponde a LUMA Energy presentar ante el Negociado de Energía la reconciliación de cuentas, que incluye cuadrar el costo de la compra de combustible y de energía con la partida presupuestada para ese gasto.

Hace dos días, LUMA presentó el informe trimestral y solicitó un aumento de 4 centavos en la tarifa de luz. Ahora corresponde al Negociado aceptar o rechazar esa petición. De aprobar el alza, entraría en vigor el 1 de abril.

Ricardo Rosselló regresa a la Isla

El exgobernador Ricardo Rosselló Nevares y su esposa Beatriz Areizaga llegaron a Puerto Rico esta mañana para participar en una actividad política relacionada a la delegación extendida, una iniciativa suya para ampliar el esfuerzo de los cabilderos por la estadidad.

La actividad se llevará a cabo este sábado en la sede de la Asociación de los Miembros de la Policía en Caguas, según información que Areizaga colgó en su cuenta de Instagram.

Rosselló Nevares forma parte de la llamada delegación congresional, un criticado grupo de seis cabilderos que debe luchar para que la isla se convierta en un estado.

Durante su visita de cuatro días, Rosselló Nevares contará con servicio de escolta del Negociado de la Policía, confirmó a agencia a Cuarto Poder (WAPA-TV). Por razones de seguridad, la agencia no informó la cantidad de agentes y vehículos asignados al exgobernador, que renunció al cargo el 1 de julio de 2019 tras la oleada de manifestaciones ciudadanas causadas por la divulgación del contenido de un chat que mantenía con su equipo de trabajo cercano.

La visita de Rosselló Nevares coincide con la celebración de la Asamblea General del Partido Nuevo Progresista, que se celebrará el domingo, 20 de marzo, en Manatí.

Esta es la segunda vez que Rosselló Nevares pisa la isla tras su renuncia. En octubre del año pasado, visitó la isla y ofreció un mensaje en Bayamón. Inicialmente, la Cámara de Representantes citó a Rosselló Nevares como parte de una investigación que intentó encaminar sobre los gastos de los cabilderos por la estadidad. Pero tras la polémica que generó dicha citación, la Cámara canceló la audiencia pública. A pesar de la cancelación, Rosselló Nevares y su esposa viajaron a la isla.

Estudiantado y profesores piden explicaciones a presidenta de la Junta de la UPR ante crisis fiscal en Ciencias Médicas

Esta es la tercera carta que se envía a la Presidenta de la Junta de Gobierno. En la foto el Recinto de Ciencias Médicas.

Integrantes de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) le pidieron ayer cuentas a la presidenta de ese ente rector, Mayda Velasco sobre las gestiones que realiza para atender la precaria situación fiscal del Recinto de Ciencias Médicas (RCM).

La acreditación que otorga la Middles States Commission on Higher Educational está bajo advertencia porque la administración no mostró suficiente evidencia de cumplimiento con el estándar VI; de planificación, recursos y mejoras institucionales.

Asimismo, no se presentó evidencia de que están cumpliendo con el requisito de afiliación 11. Ambos están relacionados al aspecto financiero, según explicó la rectora de Ciencias Médicas, Ilka Ríos.

“Nos preguntamos también qué acciones concretas se están gestando desde la Junta de Gobierno para apoyar al Recinto de Ciencias Médicas a lograr este cumplimiento,” reza la carta enviada a Velasco por los representantes claustrales y estudiantiles.

Enfatizaron además, su preocupación ante “la falta de acciones concretas y peticiones presupuestarias adecuadas, ponga al Recinto de Ciencias Médicas en una posición de tener que mostrar causa (show cause) según establecido el Accreditation Actions Procedures de la Middle States Commission on Higher Education.”

De igual manera, los integrantes solicitaron la siguiente información:

1. Un desglose detallado de lo que la Oficina Transformación Institucional (OTI) hizo o dejó de hacer para impedir este tipo de comunicaciones de parte de la Middle States Commission on Higher Education.

2. Un informe de las recomendaciones hechas por el Comité de Revisión Externa, designado por usted, con las recomendaciones y estrategias que discutieron o presentaron hasta el momento para evitar que se continúen viendo afectadas las acreditaciones en RCM.

3. Un desglose detallado de los próximos pasos que llevarán a cabo para lograr el cumplimiento del Recinto de Ciencias Médicas con el Estándar V y el Requisito de Afiliación 11.

4. Un desglose detallado de las asignaciones que se autorizarán desde la Administración Central de la UPR para lograr el cumplimiento del Recinto de Ciencias Médicas con el Estándar V y el Requisito de Afiliación 11.

5. Un desglose detallado de las enmiendas al Plan Fiscal de la Universidad de Puerto Rico que se presentarán para atender los retos fiscales que señalan las casas acreditadoras.

6. Un desglose detallado de las enmiendas al presupuesto del Año Fiscal 2023 de la Universidad de Puerto Rico que se presentarán para atender los retos fiscales que señalan las casas acreditadoras.

7. Un desglose detallado de las propuestas que se presentarán ante la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) para que los $500 millones no estén restrictos y puedan servir para el funcionamiento operacional de los 11 recintos de la Universidad de Puerto Rico y no para cubrir servicios en instrumentalidades del Gobierno.

En febrero Cuarto Poder (WAPA TV) reveló que la Junta de Gobierno gastó sobre $35,000  -que luego resultó ser unos $65,000-  para llevar a cabo el Segundo Encuentro del Comité de Colaboradores Externos de la Oficina de Transformación Institucional (OTI) que está adscrita a la Junta de Gobierno y cuyo fin es transformar el Recinto de Ciencias Médicas.

Juez regaña a Educación por dejadez en contrato multimillonario

El Tribunal de Apelaciones sostuvo la determinación de la Junta de Revisión Administrativa (JRA) del Departamento de Educación que otorgó a la empresa Require Puerto Rico, Inc. la adjudicación de una propuesta para crear una plataforma digital de contenido para todos los grados del sistema escolar público. La 

La subasta de $35 millones para una plataforma digital para estudiantes y maestros se había detenido por impugnaciones debido a actuaciones indebidas de la Oficina de Compras del Departamento de Educación. El Departamento de Educación  nunca compareció al tribunal para plantear una posición sobre este trámite, lo que provocó un regaño del juez Roberto Sánchez Ramos.

“Es altamente inusual y desafortunado que el Departamento de Educación haya optado por no asumir postura ante este Tribunal en cuanto al asunto objeto de revisión: la corrección de la adjudicación de un RFP (request for proposal) que conlleva el desembolso de decenas de millones de dólares. Por su parte, el Procurador General tiene la obligación, más todavía en casos de alto interés público donde la agencia pudiese confrontar algún problema o conflicto interno, de adoptar, comunicar y defender, ante este Tribunal, aquella postura razonable que resulte más cónsona con el bien común, en defensa de los intereses del Estado Libre Asociado”, sostuvo.

Noticel

Revisarán este año las tablas de pensión alimentaria

El Departamento de la Familia aseguró que completará el trámite de revisión de las tablas de pensión alimentaria antes de que termine el 2022 luego de 8 años sin revisarse. Se supone que cada cuatro años se revisen. Según las guías actuales se le protege al progenitor alimentante una reserva de $615 mensuales. El proyecto de ley cambiaría para establecer que la pensión que se imponga al alimentante “no sea mayor al 40% del ingreso neto del alimentante”.

Primera Hora

Aumentan las violaciones en la Isla

El Negociado de la Policía ha contabilizado unos 41 delitos de violación en Puerto Rico desde que inició el año hasta el 28 de febrero, confirmaron las autoridades a Metro Puerto Rico. De acuerdo a las estadísticas de la Uniformada, la jurisdicción que más casos de esta índole registró fue la de San Juan, con 11 violaciones. De estos, ocho casos fueron esclarecidos. Le sigue Carolina, con siete casos de violaciones, pero ninguno ha sido esclarecido. Se trata de jovencitas que conocen varones a través de la redes y luego reportan haber sufrido violación o actos lascivos y otros por pareja en casos de violencia de género”, expresaron las autoridades al entregar las estadísticas.

Metro